Política

Realinderamiento ideológico y recomposición del mundo político

EDICIÓN 94 SEP-NOV 2018

El momento político actual representa una ruptura sin precedentes con respecto a la tradicional historia política del país. La recom-posición y fragmentación políticas, junto con el realinderamiento ideológico de la población colombiana frente a la paz de Santos, enmarcan el inicio del gobierno de Duque.

Los comienzos del gobierno de Iván Duque evidencian la combinación de tensiones de corta duración, centradas en las dificultades del gobierno de Santos y su propuesta de paz, con problemas de mediana y larga duración: los primeros tienen que ver con las diferencias en torno al origen y naturaleza del conflicto armado reciente y los segundos, con la crisis gradual de representación de los partidos tradicionales.
En los tres tipos de tensiones planteadas aparecen como factores detonantes los cambios políticos producidos por la emergencia política de Álvaro Uribe Vélez, que significaron un momento culminante en el proceso de ruptura gradual del monopolio bipartidista de la vida política de Colombia en dos aspectos: por una parte, puso fin a la coexistencia, un tanto incómoda y conflictiva, entre varias posiciones y corrientes políticas que habían convivido dentro del partido liberal; por otra, representó un momento importante en el desdibujamiento gradual de la capacidad de los partidos tradicionales para representar el conjunto de la sociedad colombiana en el nivel nacional.

El regreso de Uribe en la persona del actual presidente Iván Duque representa un problema más profundo que tiene que ver con una dinámica de larga duración: la creciente deslegitimación de la capacidad mediadora de los partidos tradicionales frente a los problemas de la sociedad colombiana, junto con la fragmentación manifiesta de esos partidos, tanto en lo ideológico como en lo territorial. En ese sentido, el momento político actual representa una ruptura sin precedentes con respecto a la tradicional historia política del país: la culminación del proceso gradual del desdibujamiento del papel protagónico que los partidos políticos tradicionales habían jugado en la historia del país como intermediarios entre la nación, las regiones, subregiones, localidades y sublocalidades. Pero también, como factores de encuadramiento y cohesión de la mayoría de la población, así fuera por métodos clientelistas, en torno a ellos como dos “comunidades imaginadas”, opuestas pero complementarias, que compensaban de alguna manera la débil referencia a la identidad nacional.

“La coyuntura actual ha significado un realinderamiento de carácter ideológico, tanto de los políticos tradicionales como de amplios sectores de la sociedad colombiana”.

Junto con esta desarticulación de la intermediación entre la nación y sus territorios, la coyuntura actual ha significado un realinderamiento de carácter ideológico, tanto de los políticos tradicionales como de amplios sectores de la sociedad colombiana. Bajo el paraguas de las adhesiones bipartidistas habían coexistido tendencias políticas diferentes, y a veces hasta opuestas, con miradas un tanto divergentes sobre el modelo económico y social del Estado. Ahora, las discusiones sobre el proceso de paz, especialmente en lo que se refiere al reformismo agrario y la justicia transicional, han develado el profundo disenso existente entre la política y la sociedad colombiana.

Por eso, uno de los efectos fundamentales de la propuesta de paz negociada de Santos fue el realinderamiento ideológico de la política colombiana, que rompió con la difícil coexistencia de diferentes facciones dentro de los partidos tradicionales, cuyo carácter policlasista y su indefinición ideológica permitían cubrir intereses y posiciones diversas, que coexistían bajo sus banderas. En cambio, los acuerdos de La Habana produjeron una profunda polarización de la sociedad colombiana, que ni siquiera percibía la importancia del significado del aspecto central de los acuerdos como una ruptura con la asociación entre actividad política y lucha armada, que ha venido marcando tradicionalmente la historia de la nación. Tampoco se percibía la importancia de que las FARC-EP hubieran terminado por aceptar un modelo mixto de desarrollo rural integral, de índole multimodal, donde podrían coexistir el minifundio de la agricultura campesina tradicional, de tipo familiar, con el latifundio tradicional o moderno, y los proyectos agroindustriales de largo alcance (Restrepo y Bernal, 2014).

Otros puntos de polarización eran los relativos a la participación política de los movimientos de oposición y la organización de los movimientos sociales, que eran criticados porque se veían como muestra del excesivo participacionismo concedido a las FARC-EP, cuya actividad legal se veía como una amenaza más peligrosa que su acción armada, dada su omnipresencia en el movimiento sindical, los maestros y el poder judicial (Mendoza, 2013). También se mostraba cierto escepticismo frente al compromiso de colaboración de la guerrilla con la erradicación voluntaria de los cultivos como alguna resistencia al tratamiento penal diferenciado para cultivadores, raspachines, procesadores o grandes comerciantes. Pero tal vez el tema más conflictivo de los acuerdos es el relativo al sistema diferenciado de justicia transicional, de corte restaurativo y prospectivo, que contradice la mentalidad dominante en la opinión pública muy centrada en el carácter necesariamente punitivo de la justicia.

A estos malentendidos se sumaba el recurso a la emocionalidad por parte de la campaña Uribe-Duque que buscaba tergiversar los acuerdos e infundir temor hacia los candidatos que los apoyaban, bajo la premisa de que aquellos acuerdos eran una rendición del Estado a los terroristas que intentaban recrear en Colombia el modelo “castrochavista”. Este mensaje caló bastante en un contexto de creciente éxodo forzoso de venezolanos a Colombia.

Por otra parte, la personalización del poder alrededor de Uribe y su delegación en Iván Duque se enfrentaron con el movimiento, igualmente personalista y mesiánico, del exalcalde Gustavo Petro, favorecido —de manera paradójica— por la persecución del procurador Ordóñez y la estigmatización de algunos medios y sectores políticos en contra suya, junto con el descontento con las políticas del actual alcalde Enrique Peñalosa. Estas circunstancias, junto con el apoyo de los beneficiados por sus políticas como alcalde, fueron aprovechadas por Petro, a partir de su hábil defensa en la plaza pública, para generar, desde la izquierda, un movimiento que aprovechaba el descontento general contra la clase política tradicional y la desconfianza frente a las instituciones, para presentarse como el abanderado de la indignación. Esto atrajo una amplia movilización popular y llevó a algunos analistas a descubrir que Petro representaba un adversario más peligroso, y más real, que la supuesta amenaza castrochavista de las FARC-EP. Así, Nieto Loaiza (Nieto, 2018) señalaba que el populismo, con financiación venezolana, podría triunfar si la elección se polarizaba entre el sistema y el antisistema.

La campaña electoral de 2018: la recomposición del campo político colombiano

Por eso, esta contraposición de dos liderazgos de corte personalista, entre Duque, considerado como Uribe “en cuerpo ajeno”, y Petro, que apelaban directamente al pueblo, al margen de la mediación de las maquinarias de los partidos tradicionales, se combinó con la incapacidad de los candidatos más ubicados en el centro, como Fajardo y De La Calle, para lograr una coalición que representara una tercera opción. Esta incapacidad se evidenció en el moralismo descalificador de algunos de los partidarios de Fajardo, lo cual hizo imposible una alianza con lo que quedaba del liberalismo, cuya directiva, en manos del expresidente César Gaviria, optó por una alianza pragmática con el aspirante del uribismo para la segunda vuelta presidencial, después de un tibio apoyo a la candidatura de Humberto de La Calle, que era el candidato oficial de su partido.

Esta polarización entre los dos extremos del campo político representaba una cierta recomposición del sistema político colombiano, que significaba un capítulo final del ocaso de monopolio político del bipartidismo y hacía evidente la creciente separación de las lógicas nacional y regional de la vida política; donde la primera se movía más en el contexto de una política de masas, mientras la segunda respondía a los intereses de las regiones, subregiones y localidades.

“El contexto muestra un avance en la tendencia hacia la parlamentarización de los partidos tradicionales, muy clara en el partido conservador desde hace décadas”.

El contexto anterior muestra un avance en la tendencia hacia la parlamentarización de los partidos tradicionales, muy clara en el partido conservador desde hace décadas, como había mostrado Mónica Pachón (Pachón, 2002), pero que ahora se extiende al partido liberal, que había permanecido relativamente inmune a esa desagregación. Esta parlamentarización se hace evidente con la adhesión de última hora de la facción gavirista a la candidatura de Duque y en la manera como fueron confeccionadas las listas liberales para la Cámara de Representantes por el expresidente Gaviria, donde figuraban candidatos que se habían manifestado opuestos a la propuesta de paz de Santos, respaldada oficialmente por el partido liberal.

Ese doble divorcio hizo que la mayoría de los candidatos de la pasada contienda electoral se inscribieran por firmas, con las únicas excepciones de Humberto de La Calle, por el partido liberal, y de Iván Duque, por el Centro Democrático, este último conformado por Uribe para oponerse al gobierno de Santos. A esto se sumaba la estrategia oportunista de Vargas Lleras, que intentaba combinar la inscripción de su candidatura por firmas con el apoyo de su partido Cambio Radical, que se había formado a partir de algunos disidentes del partido liberal opuestos a la corriente de Ernesto Samper.

Esta tendencia se hizo aún más manifiesta con la baja votación en la consulta liberal para escoger candidato presidencial, el precario apoyo electoral que obtuvo la candidatura oficial de Humberto de La Calle y el acercamiento oportunista de César Gaviria, jefe de la facción mayoritaria de lo que quedaba del partido liberal, a la candidatura de Iván Duque. Todo esto evidenciaba la aceptación de la realidad política por parte del partido liberal, reducido ya a una coalición más de congresistas, que renunciaba así a una posición en el ámbito nacional.

Pero, con el nuevo partido Fuerza Alternativa del Común, el encuentro con la real Politik, se evidenciaron los problemas del estilo político de las FARC para moverse en el sistema tradicional de pesos y contrapesos del equilibrio de poderes a lo Montesquieu, donde las Cortes y el Congreso limitaban la implementación de los acuerdos que habían concertado con la Rama Ejecutiva del poder. Sobre todo, como sucedía en el caso colombiano, cuando la presidencia está en manos de un presidente con un muy limitado poder personal, que lo lleva a depender demasiado de la clase política tradicional.

Los inicios del gobierno de Duque

La recomposición y fragmentación políticas, junto con el realinderamiento ideológico de la población colombiana frente a la paz de Santos, enmarcan el inicio del gobierno de Duque y las dificultades para asegurar su gobernabilidad en un Congreso donde ningún grupo tiene la suficiente mayoría para sacar adelante sus proyectos. Desde su discurso de posesión, en el que Duque adoptó un tono conciliador de llamado a la unidad nacional, pero reiterando todos los puntos que habían conducido a la polarización e impedían la conciliación, se preludiaban los problemas que iba a afrontar. Para empeorar más la situación, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, había pronunciado, previamente, un memorial de agravios, beligerante y agresivo, en contra del presidente saliente, que reiteraba todos los reclamos que la oposición tenía contra él, donde exageraba muchos de los problemas, tergiversaba los hechos y hacía acusaciones sin fundamento en la realidad. Por otra parte, algunas voces más moderadas, como la de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, insistían en que una cosa era el Centro Democrático y otra cosa el gobierno de Duque.

Ante esta dualidad de mensajes, los comentaristas se mostraban confundidos: para algunos, se trataba de una división de trabajo entre los uribistas de línea dura, que no aceptaban del todo a Duque ni a los más moderados, partidarios de un cierto acercamiento a posiciones de centro, en una estrategia de conjunto que buscaba complacer a todos los sectores y recoger el apoyo de los recién llegados a la campaña de Duque. Para otros, se trataba de un tímido intento de mostrar cierta distancia relativa frente a Uribe con un personaje joven, más moderado y menos comprometido en las controversias de los últimos años. Sin embargo, la insistencia del gobierno de nombrar a Claudia Ortiz en algún puesto importante, como la Unidad Nacional de Protección (UNP) o la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR), y la defensa de algunos nombramientos de personas vinculadas a las campañas uribistas mostrarían los límites de este intento de autonomía.

“Con el nuevo partido Fuerza Alternativa del Común, el encuentro con la real Politik, se evidenciaron los problemas del estilo político de las FARC para moverse en el sistema tradicional de pesos y contrapesos”.

La misma dualidad apareció en la composición del gabinete ministerial y de los funcionarios de alto nivel del nuevo gobierno: los uribistas de línea dura acapararon los ministerios y puestos más estratégicos para la formulación de políticas de orden público, como los Ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Hacienda y Trabajo; en cambio, Ministerios como los de Salud, Educación, Cultura y Comercio Exterior y el Departamento Nacional de Planeación fueron adjudicados a personajes de sectores más tecnocráticos y moderados, algunos de ellos bastante críticos del expresidente Uribe en el pasado, por lo que fueron descalificados por los uribistas de línea dura. Además, es notoria la presencia de antiguos dirigentes gremiales, como los directivos del sector comercial y avícola en los Ministerios de Defensa y Agricultura, lo mismo que el nombramiento de varios técnicos de la agroindustria palmera en altos cargos del Ministerio de Agricultura, especialmente en las agencias que tienen a su cargo los problemas de la distribución de tierras.

Pero tampoco los sectores conservadores y religiosos fundamentalistas quedaron por fuera de la burocracia estatal: además de la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez, el conservatismo obtuvo los Ministerios de Transporte y Comercio Exterior y la Consejería Para la Paz. Además, los sectores fundamentalistas, católicos o evangélicos fueron premiados con las embajadas en la OEA, a cargo del exprocurador Ordóñez, y Francia, a cargo de Vivian Morales. Es más, algunos de los que llegaron a apoyar a Duque en el último momento, —provenientes de Cambio Radical, Unidad Nacional y liberalismo—aunque no les tocó parte del botín burocrático tuvieron, al parecer, las garantías de respetarles los puestos del gobierno nacional que tenían en las regiones. Evidentemente esta congelación de puestos favorece a los sectores que están ahora apoyando al gobierno, e incluso a algunos independientes, pero no a los del Centro Democrático, que no tenían cuotas burocráticas previas por estar en la oposición a Santos, y cuyo descontento frente a algunos nombramientos de Duque es indiscutible (Semana, 2018).

Por otra parte, los grupos declarados como independientes frente al nuevo gobierno, como Cambio Radical, hicieron ostentación de su poder para intentar bloquear la nominación de Ernesto Macías como presidente del Senado, mientras que la coalición liderada por el liberalismo, Cambio Radical y la Unidad Nacional logró derrotar al candidato de Uribe, José Félix Lafaurie, en la elección de contralor nacional, debido a la neutralidad del presidente Duque, que se negó a señalar un candidato de su preferencia. Algo parecido sucedió con la elección de los miembros de la Comisión I del Senado, encargada de los asuntos constitucionales, cuya mayoría quedó en manos de la oposición, lo que explica la derrota contundente sufrida por la propuesta del senador uribista, José Obdulio Gaviria, que se limitaba a volver a las listas cerradas eliminando el voto preferente, que fue reemplazada por una propuesta más integral de reforma, que recogía, en buena parte, las propuestas de la Misión de Observación Electoral (MOE), naufragadas en el anterior gobierno, para proponer mecanismos internos de democratización de los partidos con base en el registro único de sus miembros.

Sin embargo, el acercamiento entre Vargas Lleras y Uribe, propiciado por el mismo José Obdulio Gaviria, con el acuerdo de trabajar juntos en algunos temas como las reformas de la tributación y la justicia, junto con la evidente cercanía en torno a los reparos a la justicia transicional independiente de la justicia ordinaria, significaron una mejoría de las posibilidades de gobernabilidad del gobierno de Duque, frente a los reparos de algunos liberales y miembros del partido de la Unidad Nacional.

Por otra parte, las propuestas sobre la necesidad de la reglamentación de la protesta social y las afirmaciones criminalizantes que la asocian a la delincuencia y a la lucha armada, por parte del ministro de defensa, evidenciaban su concepción represiva de la movilización social. Además, el decreto del decomiso “administrativo” de la dosis personal, la propuesta de cadena perpetua contra los abusadores de menores, el regreso a la fumigación con glifosato y a la erradicación forzosa, el rechazo a la consideración del narcotráfico como delito conexo a la rebelión y la resistencia al manejo penal diferenciado de las diversas etapas del narcotráfico mostraban una mirada de la justicia desde el populismo punitivo y rigorista. Asimismo, la propuesta de modificar el acuerdo agrario para defender a los llamados “poseedores de buena fe” y la resistencia a la implementación de un catastro multipropósito indicaban la mentalidad enemiga de la reforma agraria integral de algunos políticos cercanos a Uribe.

Sin embargo, la lucha contra la corrupción, a la cual se sumó el presidente Duque en contra de la resistencia del expresidente Uribe y sus cercanos seguidores, fue de mucha utilidad para el inicio del gobierno de Duque, al permitirle asumir como propio el referéndum impulsado por varios sectores políticos independientes y de oposición. Con esta decisión Duque aprovechó así el rechazo generalizado contra la clase política tradicional en general y los congresistas en particular, para lograr un cierto consenso sobre algunos puntos de la reforma política, que se había hundido durante el gobierno de Santos debido al rechazo sistemático de los sectores uribistas a cualquier idea del gobierno de entonces. No todas las propuestas encontraron consenso total entre los congresistas, como hizo evidente el rechazo del presidente del Congreso a las propuestas de congelación de los sueldos de los congresistas.

Por otra parte, la confusión entre la necesaria negociación entre las ramas ejecutiva y legislativa y los abusos a que se podría prestar, dada la escasa vigilancia sobre la intromisión de algunos congresistas en las concesiones de megaobras de infraestructura y las negociaciones sobre el reparto de la burocracia, llevaron al presidente Duque a descalificar cualquier política transaccional con el legislativo. En parte, la desafortunada calificación de “mermelada” a cualquier intento legítimo de los congresistas para defender proyectos que beneficiaban a sus respectivas regiones, ocultó los problemas de fondo que tenían que ver con la necesaria redefinición de las relaciones entre la nación, las regiones, subregiones y localidades, y con la casi inexistencia de una seria carrera administrativa.

En conclusión, estos problemas no contemplados de las relaciones entre los ámbitos nacional, regional y local de poder, agravados por la crisis de representación de los partidos tradicionales—que en el pasado habían servido de puente entre esas instancias—constituyen el telón de fondo de los problemas políticos de la actual coyuntura. Por otro lado, en el mediano plazo la polarización de la sociedad colombiana frente a los procesos de paz ha llevado a una reideologización de la vida política colombiana, que enmarcó la confrontación política, de carácter muy personalista, entre Uribe y Santos, que significan una casi insuperable limitación para el discurso de unidad nacional propuesto por el actual presidente Duque.