A dos años del vencimiento de la vigencia de la Ley siguen siendo bastantes los reclamos de las víctimas por una reparación integral; sin embargo, se hace un llamado al Gobierno nacional y al Congreso de la República para prorrogar la Ley y adaptarla por una similar o una mejor.
Pensar en la judicialización y castigo de los responsables de los crímenes cometidos por los combatientes en términos maximalistas resulta desde el punto de vista político y práctico impensable de cara a una solución negociada al conflicto.