Géneros y diversidad

Por el derecho a existir: no más feminicidios

EDICIÓN 97 OCT-DIC 2019

Desde el 2008 el reconocimiento jurídico de la violencia contra la mujer ha tenido un balance positivo. En ese año se sancionó la Ley 1257 con la cual se dictaron normas de sensibilización y de prevención contra la violencia y discriminación hacia las mujeres; esto permitió modificar la Ley 294 de 1996 que exponía una violencia hacia la mujer dentro del amplio y ambiguo concepto de violencia intrafamiliar, y cuyo objetivo era el bienestar y armonía de la familia y no de la mujer.

Sin embargo, fue hasta el 2015 con la sanción de la Ley 1761, o Ley Rosa Elvira Cely, cuando Colombia reconoció el feminicidio como un delito independiente y con ello abrió un nuevo escenario jurídico para definir la violencia contra las mujeres, lo que significó no solo una penalización diferenciada por el maltrato y asesinato de una mujer por razones de género, sino un  marco institucional que incluyó un nuevo tipo de atención de la Fiscalía, las Comisarías y Secretarias de Familia, gobiernos locales y regionales. Este, sin duda alguna, fue uno de los mayores logros en los últimos diez años en el país en materia de género.

Ahora bien, aparte de lo que representa jurídicamente el reconocimiento del feminicidio, en términos sociales y culturales fue fundamental que el Estado aceptara que hay una violencia particular hacia las mujeres, cuya última y más grave expresión es el asesinato. El feminicidio como nuevo concepto, aún en permanente construcción, se define como el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres; no se reduce a la relación entre el feminicida y la víctima, sino que se refiere a una violencia estructural que destruye el tejido social (Rico, D. 2016) y que tiene detrás una serie de agresiones y discriminaciones cimentadas en una sociedad patriarcal y machista que avala la violencia contra la mujer a través de discursos sobre el amor, la ternura, la fragilidad, la fidelidad y la debilidad.

Como bien lo dice la profesora e investigadora Marcela Legarde, es relevante comprender que el Estado cumple un papel muy importante a la hora de hablar de feminicidio, incluso se convierte en responsable del aumento de esta violencia al no diseñar y aplicar políticas tanto de judicialización como de prevención y atención (Rusell, 2001).

“Un aumento de la protesta contra el feminicidio, lo cual ha sido el principal motor para que muchos casos no queden en la impunidad. Se puede asegurar que es gracias a la protesta junto con la sanción de la Ley 1761 que un fenómeno como el feminicidio ha tenido visibilidad.”

Con base en este escenario, se pueden destacar tres elementos a la hora de analizar el feminicidio en Colombia. El primero, es la falta de aplicación de la ley, lo cual se refleja en el alto número de feminicidios y en la débil respuesta del Estado frente a estos. El segundo, tiene que ver con acciones frente a la violencia contra la mujer mucho más regionales que nacionales1En cuanto a la prevención de esta violencia, se identifican ejercicios de prevención y sensibilización en su mayoría realizados por ONG y otras organizaciones como Fundación Feminicidios Colombia, Colectivo de Mujeres del Tolima y Observatorio de Feminicidios Santander, y no por las autoridades e instituciones estatales.; por lo tanto, es posible encontrar un avance importante en algunos departamentos, y en otros una presencia nula en la agenda política, situación que es visible, por ejemplo, en los programas de gobierno de las candidaturas a gobernación y alcaldía. Y el tercer elemento es un aumento de la protesta contra el feminicidio, lo cual ha sido el principal motor para que muchos casos no queden en la impunidad. Se puede asegurar que es gracias a la protesta junto con la sanción de la Ley 1761 que un fenómeno como el feminicidio ha tenido visibilidad, y a través de la protesta misma que algunos casos que estaban en impunidad han salido a la luz.

¿Cómo va el año para las mujeres?

A pesar del reconocimiento del feminicidio a partir de la Ley Rosa Elvira Cely, Colombia afronta una crisis respecto a las altas cifras de violencia que viven las mujeres y una gran brecha entre el deber ser que plantea la ley, y la realidad.

Es importante recordar que la reglamentación en contra de la violencia hacia la mujer no solo se refiere a la pena del asesino, sino que también a la prevención y la atención oportuna (Ley 1761 del 2015. Ley Rosa Elvira Cely. Artículos 7, 9, 10 y 11). Sin embargo, en lo que va del 2019 se han asesinado 201 mujeres por razones de género, de las cuales 24 son niñas menores de 16 años. Con estos feminicidios se ha identificado que la atención para las mujeres que denuncian riesgo inminente no ha sido oportuna, lo que ha concluido en su asesinato.

Figura 1.
No. De Feminicidios Reportados Enero-octubre del 2019

Fuente: Cifras a octubre del 2019 Base de datos del Observatorio de Feminicidio, Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN.

El caso anteriormente mencionado es la realidad de por lo menos 40 mujeres, quienes en lo que va del año han interpuesto entre dos y hasta cinco denuncias (Base de datos del Observatorio de Feminicidio, Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN,2019). Una de las mayores preocupaciones es que no hay una adecuada formación de los funcionarios de las instituciones a cargo, en donde se incluye a los jueces, quienes, según familiares de víctimas, no solo han desatendido y subestimado la denuncia, sino que no han demostrado una formación y un conocimiento respecto a las políticas de género hoy vigentes en el país.

En cuanto al feminicida, si bien la mayoría han sido capturados, los procesos han sido excesivamente largos, han revictimizado a las familias y muchos han sido acusados por homicidio y no por feminicidio, lo cual vulnera las garantías de las víctimas.

“Respecto a los feminicidios ocurridos, la mayoría han sido causados por parejas y exparejas, lo que convierte al hogar como el lugar más riesgoso para la mujer y también para las niñas menores de 16 años; es importante recordar que este año se han reportado varios casos de feminicidio infantil, por lo general perpetrado por familiares y personas cercanas a la familia.”

Ahora bien, respecto a los feminicidios ocurridos, la mayoría han sido causados por parejas y exparejas, lo que convierte al hogar como el lugar más riesgoso para la mujer y también para las niñas menores de 16 años; es importante recordar que este año se han reportado varios casos de feminicidio infantil, por lo general perpetrado por familiares y personas cercanas a la familia. Por otro lado, se ha reportado también un aumento de mujeres venezolanas asesinadas, lo cual responde a una situación de vulnerabilidad mayor ya que son migrantes, en busca de trabajo y oportunidades de vida, situación que las ha expuesto al maltrato, a la explotación laboral y sexual y al asesinato.

“La atención que reciben las mujeres por parte del Estado es mínima y que a pesar de que se han reportado solo en este año 230 niños huérfanos por este delito —de los cuales el 40 % han sido testigos del asesinato—, el Estado carece de directrices, políticas y protocolos de atención.”

Los asesinatos han sido ocultados o descritos como temas pasionales y motivados por celos, infidelidad e ira; estos argumentos esconden la instrumentalización del cuerpo de la mujer, el control que se pretende ejercer sobre ella y la violencia estructural en la que se encuentra inmersa, con lo cual estos asesinatos se suelen definir, finalmente, como homicidios aislados (Agatón, 2017). Asimismo, este escenario invisibiliza la violencia de género por parte de las autoridades cuando no actúan a tiempo y la falta de atención a los familiares víctimas. Es importante mencionar que la atención que reciben las mujeres por parte del Estado es mínima y que a pesar de que se han reportado solo en este año 230 niños huérfanos por este delito —de los cuales el 40 % han sido testigos del asesinato (Base de datos del Observatorio de Feminicidio, Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN, 2019)—, el Estado carece de directrices, políticas y protocolos de atención.2Derechos de petición a Defensoría del Pueblo No. Oficio 4010-466; Derecho de petición a Fiscalía General de la Nación, No. radicado 20196110694412; Derecho de Petición a Instituto de Bienestar Familiar. 01 de junio del 2019 (sin respuesta).

A pesar de este escenario, este tema tuvo una mínima atención en los programas electorales de los candidatos a las alcaldías. Por ejemplo, de nueve candidatos a la alcaldía de Cali, únicamente cuatro propusieron medidas contundentes tanto a nivel educativo como de justicia y atención; en Cartagena, a pesar de mencionar medidas a favor de la mujer, no se hizo alusión concreta al feminicidio; en Barranquilla únicamente dos candidatos a la alcaldía aludieron a la necesidad de prevenir la violencia contra la mujer; y en cuanto a Bogotá, los candidatos a la alcaldía mencionaron propuestas sobre políticas para la mujer, pero únicamente Claudia López habló abiertamente del tema y sus propuestas reflejaron un mayor conocimiento sobre este, sin embargo, en términos generales, no es un asunto central para las autoridades locales y regionales aún con la evidencia de las cifras reportadas y de las manifestaciones realizadas. En el caso de Barranquilla, Cali y Cartagena, en donde se han llevado a cabo varias manifestaciones, las candidaturas no mostraron tener mayor interés por la situación.3Ver programas de gobierno de candidatos a la alcaldía 2019. Registraduría Nacional de Colombia. https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2019/infocandidatos2019.php

Ni una más, Ni una menos: la protesta por el derecho fundamental a la vida

Es justamente por la desatención del Estado, la vulneración de los derechos de las mujeres a una vida digna y, en últimas, por un orden social que continúa siendo profundamente machista y patriarcal desde las instituciones de justicia hasta la educación, que la protesta cobra cada vez más importancia en cuanto a la violencia de género, específicamente al feminicidio. La violencia de género ha sido una de las razones por las cuales se han llevado a cabo algunas protestas en Colombia; además, durante este año la movilización en contra del feminicidio ha aumentado significativamente, en comparación con los años anteriores como puede verse en la Figura 2.

Asimismo, hay que destacar que se han llevado a cabo otro tipo de acciones en contra de esta violencia, como las realizadas a través de redes sociales y las lideradas por la campaña de la periodista Yineth Bedoya, ‘No es hora de callar’.

Otra característica importante es que este tipo de protestas se han unido con las que reclaman un alto a la violencia contra los niños; esto debido al aumento de casos de niñas víctimas de feminicidio.

Figura 2.
Número de movilizaciones contra el feminicidio 2008-2019

Fuente: Cifras 2008-2018, Base de datos de Luchas Sociales en Colombia CINEP. Cifras a octubre del 2019. Elaboración propia a partir de revisión de prensa y otros medios de comunicación.

También es pertinente resaltar que este tipo de marchas no solo han sido integradas por mujeres, estas han contado, además, con la participación de hombres adultos, niños y abuelos. Adicionalmente, se evidencia que a pesar de que la mayoría de las protestas se han realizado históricamente en las principales ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, se han empezado a desarrollar movilizaciones en ciudades intermedias como Santa Marta, Barranquilla y Montería, así como en municipios periféricos como Puerto Asís (Putumayo), Buenaventura (Valle del Cauca), Cabuyaro (Meta), El Retorno (Guaviare) y Saravena (Arauca). (Ver anexo No. 1)

Hasta el día de hoy, se han llevado a cabo 34 movilizaciones, entre marchas, plantones y velatones: ocho en contra del feminicidio infantil, 14 por casos individuales, 12 en contra del feminicidio a nivel nacional y regional, cinco reclamando por la impunidad generalizada de los casos, y uno por los feminicidios de trabajadoras sexuales (Base de datos – elaboración propia).

Estas son manifestaciones que ya no están reclamando la igualdad entre hombres y mujeres por políticas laborales o participación política que reflejen una equidad de género, sino que reclaman el derecho fundamental a la vida, el derecho a ser mujer, el derecho a vivir en un país en el que no haya riesgos para ellas. Estas protestas están dirigidas a una sociedad que está permitiendo y naturalizando el asesinato de mujeres en las calles y en el hogar, y a un Estado que no lo considera como un asunto de primer nivel y que, por lo tanto, no despliega un plan de emergencia para frenar este tipo de violencia.

Este es un año que nos exige con urgencia una reflexión y unas acciones por parte del Estado y de la sociedad respecto a la condición de la mujer, un año que exige un cambio inmediato frente a las desigualdades de género, a la educación, a la justicia, y a la política; ya que este año terminará con una de las cifras más altas de asesinatos de mujeres, sin contar las agresiones, las tentativas de feminicidio y los hechos de violencia sexual, y sin analizar el contexto de la violencia contra la mujer en el conflicto armado que, sin duda, también es crítico. Hay que recordar que, en este tipo de conflictos, el cuerpo de la mujer se instrumentaliza y se convierte en un escenario de batalla, lo que se utiliza para amedrentar y derrotar al enemigo (Memoria Histórica, 2017).

Los debates que han girado en torno a las desigualdades laborales y en participación política y a la inseguridad en las calles son fundamentales, y todos los logros que se obtengan son conquistas; pero todo esto no es suficiente si los asesinatos de mujeres van incrementando, y si las brechas de atención en el escenario rural y urbano siguen creciendo, pues si la denuncia es desestimada en la ciudad, en el campo no hay posibilidad ni siquiera de hacerla. Este año 100 de los casos de mujeres asesinadas han ocurrido en la ruralidad (Base de datos del Observatorio de Feminicidio, Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN,2019 ); esto no quiere decir que el escenario rural sea más violento o no, quiere decir que las políticas de equidad de género no llegan al campo y que las instituciones, incluyendo las de justicia, no cubren a la mujer rural. 

“Las políticas de equidad de género no llegan al campo y que las instituciones, incluyendo las de justicia, no cubren a la mujer rural.”

Es necesario que el Estado haga de este problema una prioridad e implemente planes de educación con perspectiva de género, y que diseñe modelos de prevención efectivos y formaciones para los funcionarios encargados; lo cual requiere que se adopte un enfoque basado en la prevención y eliminación de esta violencia más que en la penalización, que si bien es fundamental y hace parte de las estrategias para frenarla debe estar unida a otro tipo de políticas.4Ver Capítulo III, artículo VIII, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención De Belem Do Para”.

Anexo

Referencias

Agatón Isabel. (2017). Si Adelita se fuera con otro. Del feminicidio y otros asuntos. Colombia: Temis.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2017).  La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado. Colombia: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Rico Chavarro Didima (ed).  (2016). Conversatorio a propósito del feminicidio. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Rusell, Diana. (2001). Feminicidio: una perspectiva global. México: Universidad Autónoma de México. p.20

Ley 1761 del 2015. Ley Rosa Elvira Cely. Artículos 7, 9, 10 y 11

Organización de los Estados Americanos. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención De Belem Do Para. Recuperado de: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Registraduría Nacional de Colombia. Programas de gobierno de candidatos a la alcaldía: Cali, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá.  Recuperado de: https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2019/infocandidatos2019.php


Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Conflicto, Estado y Desarrollo.