El pasado 1 de octubre de 2019, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció un conjunto de medidas económicas, entre las que se incluía el Decreto ejecutivo 883, mediante el cual se eliminaban los subsidios a la gasolina y el diésel, vigentes en Ecuador desde décadas atrás. Al día siguiente, las principales organizaciones obreras e indígenas –Frente Unitario de Trabajadores (FUT); Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE); y el Frente Popular– rechazaron el paquete económico, especialmente la subida de los combustibles, y anunciaron movilizaciones. Al justificar la expedición del Decreto 883, el gobierno escamoteó el acuerdo que había asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) meses atrás, un asunto que explicaba el origen de las medidas.
Entre el 3 y el 13 de octubre se desencadenó una protesta popular masiva que bloqueó carreteras y paralizó a las principales ciudades; lo que desató, con el paso de los días, una convulsión social que desbordó las previsiones iniciales. Desde el principio, el gobierno no buscó una salida política o negociada con la dirigencia indígena; por el contrario, adoptó una estrategia que giraba en torno a dos ejes: el empleo de la fuerza policial con el fin de disolver la movilización; y la puesta en marcha de una campaña mediática dirigida a descalificar la protesta en términos políticos y morales. María Paula Romo, ministra de gobierno, y Oswaldo Jarrín, ministro de defensa, fueron los encargados de dirigir y justificar el primer eje. Un coro integrado por los voceros de las cámaras empresariales y un conjunto de hacedores de opinión de orientación neoliberal se hicieron cargo del segundo. Así, unos y otros coincidieron en diseminar a través de los medios un relato de respaldo a las medidas económicas y una desacreditación de la protesta indígena.
La protesta empezó el 3 de octubre con un paro convocado por los gremios del transporte; un día más tarde, los transportistas pactaron con el régimen y se retiraron. Al mismo tiempo, una marcha de estudiantes universitarios fue disuelta en las inmediaciones del Centro Histórico por la policía. Enseguida, la CONAIE anunció una movilización si el gobierno no derogaba el Decreto de elevación del precio de los combustibles. Por su parte, el presidente Moreno afirmó de manera tajante que no retiraría el Decreto, y ordenó el estado de excepción, abandonó Quito y trasladó la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil. La CONAIE respondió con el señalamiento de que la movilización en contra del combatido Decreto tendría un carácter indefinido y que movilizaría su estructura organizativa para que miles de indígenas marcharan hacia la capital, y así sumarse al paro nacional fijado para el 9 de octubre.
“El relato oficial retrató al movimiento indígena como una marioneta política e inmediatamente se atribuyó al expresidente Rafael Correa, opositor principal del actual régimen.”
Conforme la agitación, la represión y el descontento crecían, el gobierno prosiguió con la tarea de socavar la credibilidad del movimiento de protesta; para lograr esto se valió de su aparato comunicacional y, fundamentalmente, de los principales medios privados (TV, radio y prensa), los cuales reprodujeron exclusivamente la narrativa oficial. Los espacios informativos y de opinión se concentraron en resaltar la espiral de violencia en la que se debatía la protesta, y determinados actos de vandalismo, atribuidos directa o indirectamente a los indígenas, fueron proyectados visualmente como la marca de identidad de la protesta; sin embargo, el empleo desmedido de la violencia por parte del régimen nunca fue cuestionado. El relato oficial retrató al movimiento indígena como una marioneta política e inmediatamente se atribuyó al expresidente Rafael Correa, opositor principal del actual régimen, el manejo de los hilos ocultos de la movilización. Al mismo tiempo, se denunció una supuesta infiltración en la protesta de individuos enviados tanto por el gobierno venezolano, como por grupos delincuenciales. Una investigación sobre el contenido de lo que transmitió este cerco mediático durante la crisis revelaría la mirada esquemática que se difundió sobre la protesta, como parte de una estrategia diseñada probablemente en algún cuarto de guerra.
El momento más álgido de la movilización sucedió el sábado 12 de octubre, cuando la constatación del descontento llevó a que el gobierno ordenara de manera precipitada un toque de queda. En Quito rigió a partir de las 3 de la tarde y fue anunciado con muy poca anticipación. Una medida atropellada considerando la escala de la ciudad y el tiempo que la gente necesitaría para regresar a sus domicilios. El malestar se caldeó esa misma noche. Por medio de las redes sociales se convocó a un cacerolazo que confirmó, si alguna duda quedaba, el alcance masivo del descontento en contra del gobierno. Fue tan estruendoso y extendido el cacerolazo que inclusive el canal de televisión CNN lo transmitió en vivo. En esta acción convergía la expresión de descontento de quienes respaldaban la protesta, como de aquellos que aspiraban a una restauración pronta de la normalidad. Esa misma noche, luego del cacerolazo, hubo varias marchas barriales en diferentes ciudades que desafiaron el cumplimiento del toque de queda. Al día siguiente circulaban en las redes sociales videos que mostraban los peligrosos alcances del enfrentamiento entre los pobladores y los militares que salieron a patrullar.
Recién en este momento el gobierno aceptó dialogar. Con el patrocinio de la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Quito y la Conferencia Episcopal se realizó el esperado diálogo durante las últimas horas de la tarde del domingo 13 de octubre. Las organizaciones indígenas exigieron que el debate fuera transmitido en tiempo real a través de la televisión. De esta manera, tuvo lugar un acontecimiento sin precedentes; el presidente Moreno, que había insistido en no ceder, finalmente aceptó sentarse a conversar; concurrió con una parte mínima de su gabinete y apareció rodeado de representantes de otras instancias estatales. Por su parte, la dirigencia indígena en pleno, liderada por Jaime Vargas y Leonidas Iza, tomó asiento al otro lado de la mesa.
“El país (y el mundo) tuvieron la ocasión de ver en las pantallas los rostros de quienes habían sido estigmatizados como bárbaros, vándalos o títeres durante los días del conflicto.”
En estas circunstancias, el país (y el mundo) tuvieron la ocasión de ver en las pantallas los rostros de quienes habían sido estigmatizados como bárbaros, vándalos o títeres durante los días del conflicto; y al mismo tiempo, el público pudo escuchar las razones y las demandas de la protesta sin intermediaciones. Por primera y única vez la interpelación al poder político tuvo una audiencia vasta y un horario estelar, y al menos durante las horas que duró el diálogo, el cerco mediático fue fracturado. Es así que el presidente Moreno, emplazado ante las cámaras de televisión, no tuvo más que aceptar el pedido de derogatoria del Decreto que suscitó la protesta.
La presencia de miles de indígenas en Quito despertó reacciones opuestas. De un lado, emergió una respuesta de tipo excluyente e incluso racista, que responsabilizó a los indígenas de los destrozos ocurridos en el Centro Histórico y en otras áreas de la ciudad en las que transcurrió la protesta. De otro lado, en cambio, se manifestó una reacción solidaria con la movilización indígena, expresada en la provisión cotidiana de comida, ropa, medicinas, mantas, etc. Es importante resaltar, que no hubiera sido posible la continuidad de la presencia indígena en la capital sin aquella adhesión. Mientras tanto, el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se convirtió en el principal espacio de deliberación de la CONAIE y de otros sectores populares. La zona donde están ubicadas cuatro universidades en el Barrio de La Floresta, en Quito (la Universidad Salesiana, la Pontificia Universidad Católica, la Politécnica Nacional y la Universidad Andina) se transformó en ‘área de ayuda humanitaria’ durante el conflicto. En ella, estudiantes, docentes y administrativos colaboraron activamente para que la ayuda se hiciera efectiva. El asedio policial al Ágora fue brutal, y también se generaron ataques con gas lacrimógeno, en repetidas ocasiones, en contra de la zona de ayuda humanitaria, en la que pernoctaban las familias indígenas. Las arremetidas represivas motivaron a que estudiantes de medicina de diferentes universidades de la ciudad formaran un cordón humano de protección para esta área.
Los significados dominantes que se atribuyen a la protesta están profundamente influenciados por el leitmotiv de la política ecuatoriana: el expresidente Rafael Correa y la mezcla de temor y rechazo que suscita. La omnipresencia del exmandatario en la escena nacional no ha cesado y continúa manifestándose de maneras paradójicas. Como muchos reconocen, fue determinante durante el decenio en que concentró el poder (2007-2017). Lo que resulta contradictorio es que esa omnipresencia haya sido reinstalada precisamente por el régimen actual, los medios de opinión y todo el espectro político que no cesa de evocarlo. El así llamado ‘anti-correismo’ es un tipo de retórica binaria, en que la omnipresencia del ‘gran ausente’ (un apelativo que se dio anteriormente al cinco veces presidente Velasco Ibarra) vuelve a saturar la escena política. También es un comodín de uso arbitrario, una licencia para desacreditar lo que convenga. En esta última crisis, el gobierno de Moreno, las cámaras de la producción, buena parte de las figuras políticas, y muchos comentaristas denunciaron que el artífice de la protesta era el ex presidente. Algunos fueron más lejos: anticiparon que la protesta formaba parte de un golpe de estado que él puso en marcha. Con gran cinismo, todos escamotearon el hecho de que la protesta indígena durante el gobierno de Correa fue también duramente reprimida, criminalizada y judicializada.
“El así llamado ‘anti-correismo’ es un tipo de retórica binaria, en que la omnipresencia del ‘gran ausente’ (un apelativo que se dio anteriormente al cinco veces presidente Velasco Ibarra) vuelve a saturar la escena política. ”
Luego de que los manifestantes indígenas regresaron a sus comunidades y el Centro Histórico fuera convertido en objeto de una ‘minga’ (trabajo colectivo) de limpieza de los destrozos dejados por la protesta, permanecen los ecos de un grafiti viral que decía: “quisiera ser adoquín del Centro Histórico para que la gente se ofendiera si me pasa algo en la protesta”. La movilización expresó inequívocamente el reclamo de la gente común por la vulneración de sus derechos económicos y sociales. El empleo desproporcionado y violento de la fuerza por parte del gobierno de Moreno (y de los ministros Romo y Jarrín), documentado en el informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, incluyó “privaciones de libertad arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y degradantes” (Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, 2019). ¿Cuándo y cómo el estado de derecho cumplirá con la obligación de investigar, juzgar y reparar a las víctimas?
Fecha de escritura: 30 de octubre de 2019.
Historiador y profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Ph.D en historia en la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Temas de interés: historia social y cultural de la memoria, historia conceptual, historia urbana.
