La implementación del Acuerdo de Paz en tiempos de pandemia

EDICIÓN 98/99 ENE-JUN 2020

Por Vera Samudio R.

Han coincidido en el tiempo la pandemia más compleja que ha tenido la humanidad en el presente siglo y la implementación, aún joven, de un Acuerdo de paz histórico en Colombia. Esto constituye quizás el más grande desafío que atravesará esta generación como sociedad. Es así, porque implica buscar las fórmulas para evitar sucumbir ante una enfermedad que, si bien se ha dicho es “democrática” en su contagio, no lo es en sus consecuencias. Ya es claro que el virus logró esparcirse gracias a la globalización y sus viajeros recurrentes. 

Sin embargo, la coyuntura hizo aún más visible que este virus se ensaña particularmente con las capas más vulnerables de la sociedad, precisamente por sus debilidades socioeconómicas, físicas y ambientales. Un cuerpo maltratado por la pobreza y sin acceso a una adecuada atención en salud, tendrá siempre más probabilidad de perder la batalla contra el virus. El COVID 19 nos muestra que con los sistemas sociales parece ser similar.

Países con fracturas internas, desigualdad y pobreza, con gobiernos erráticos, sistemas económicos expoliadores, de espaldas al medio ambiente y con débiles sistemas de salud, están más expuestos a la pandemia. 

En el caso colombiano, a estas características habría que sumar la presencia de las múltiples violencias, la persistencia del conflicto armado, al igual que los retrasos y desvíos en la implementación del Acuerdo Final. Dicho Acuerdo ha tenido como propósito generar las condiciones para la superación de las brechas entre el campo y la ciudad, de la inequidad y la pobreza extrema, para el fortalecimiento de la democracia, el reconocimiento de los crímenes con verdad, justicia y reparación para las víctimas, así como la reconciliación de la ciudadanía con el Estado. Pero esto aún no termina de enraizar en un contexto en el que persisten visiones antagónicas del camino a tomar, tras la firma de la paz.  

Esta coincidencia de la pandemia con la implementación del Acuerdo, podría llevar al traste el proyecto de construir una sociedad más equitativa y en paz, aunque aún hay oportunidad para identificar las debilidades, construir planes de mitigación, proteger los avances y comenzar a abrir caminos inequívocos para superar las condiciones estructurales que nos hacen tan vulnerables.

En este contexto, el propósito de este artículo es revisar el estado de la implementación del Acuerdo en tiempos de la pandemia del COVID 19 y plantear algunos retos para su proyección. Para ello, en primer lugar, es importante reconocer en el diagnóstico de la implementación, cómo han sido sus avances: tenemos un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, vivo y en acción. En efecto, hay cerca de 13 mil personas comprometidas con la dejación de armas, muchos de ellos trabajando incesantemente en sacar adelante los proyectos colectivos e individuales; se ha construido participativamente un número importante de planes de desarrollo con enfoque territorial; y hoy existe el nuevo partido político de los excombatientes, haciendo los debates que ideológica y políticamente consideran importantes en el Congreso de la República¹Una visión crítica de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz se puede encontrar en los textos: Estado General de la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia de enero de 2020 y Los Acuerdos son para cumplirlos de mayo de 2020, publicados por CSIVI FARC y el Centro de Pensamiento y Diálogo político – CEPDIPO. En: https://cepdipo.org/.. 

Estos avances, en todo caso, no se sobreponen a las limitaciones y los retrasos en la implementación, entre los cuales se resalta que los propósitos centrales de la reforma rural integral siguen congelados; el fondo y adjudicación de tierras no ve la luz; se priorizó la erradicación forzada por encima de la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; no se han desarrollado las reformas necesarias para la reparación a las víctimas y, aún más lamentable, la violencia se ha ensañado sin tregua contra los líderes y lideresas sociales y los excombatientes, dejando cifras alarmantes que impiden que la sociedad sienta que se está haciendo un tránsito hacia la paz² Una visión crítica de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz se puede encontrar en los textos: Estado General de la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia de enero de 2020 y Los Acuerdos son para cumplirlos de mayo de 2020, publicados por CSIVI FARC y el Centro de Pensamiento y Diálogo político – CEPDIPO. En: https://cepdipo.org/..

En este diagnóstico también es necesario identificar las causas que les subyacen a estos primeros resultados y que explican el estado actual de las cosas. Colombia, aún con la ayuda internacional que ha logrado, no ha podido obtener los recursos económicos que se requieren para esta tarea de implementación de un Acuerdo de Paz. Mantiene, además, en el seno de su sistema político, partidos que, o se oponen tajantemente a que este Acuerdo eche raíces, como el partido de Gobierno, u oscilan entre un respaldo tímido y un distanciamiento a sus medidas, dependiendo del ambiente político y los temas de la agenda política. 

El país, además, conserva una estructura y una cultura institucional que hacen deficientes los canales de comunicación entre las distintas entidades e impiden no solo la articulación de las tareas, sino la complementariedad y subsidiariedad entre la nación y los territorios, en medio de un exacerbado centralismo tradicional. Este panorama se agrava con una campante corrupción, peligrosamente arraigada en nuestros partidos políticos y en el sistema económico, social y cultural de nuestro país. 

Ante esta crisis y en este contexto, la mayor preocupación surge cuando, en medio de las medidas de atención a la emergencia sanitaria y económica, el Gobierno nacional insiste en una interpretación limitada del Acuerdo, basada en su política de “paz con legalidad”, mediante la concentración de acciones necesarias y propias de su función, en la gestión relativa a los PDET y ETCR, dejando de lado la implementación de los demás aspectos del Acuerdo. Esto puede entenderse, en tanto que, en el desarrollo de la contienda política nacional, el Gobierno intenta maniobrar entre quienes votan, quienes financian su elección y quienes lo observan desde el exterior, comprendiendo que la superación de la crisis requiere alianzas y que, pasada la pandemia, deberá recomponer sus fuerzas para intentar mantenerse en el poder. 

Así mismo, en los territorios apremia la atención en salud y la prevención del contagio, haciendo que las prioridades inmediatas de los gobiernos locales, cambien y superpongan la urgencia de la coyuntura sobre la importancia de los proyectos y programas vinculados al Acuerdo relevantes para el desarrollo de sus regiones. Entonces, el principal temor que surge es que la destinación de los recursos cambie y las inversiones para la paz deban ceder a las inversiones para la contingencia. 

También preocupa que en medio del caos político y económico que genera la alta transmisibilidad de la enfermedad, desde algunos sectores se pretenda posponer, modificar, desconocer o reescribir los Acuerdos. Además, quienes siguen utilizando la violencia para mantener sus rentas ilegales, no han dudado en continuar sus acciones, persiguiendo a las comunidades y sus líderes, agudizando así la situación de crisis y vulnerabilidad en los territorios³ Según cifras del Instituto para el desarrollo y la paz- Indepaz, a la fecha de escrito este artículo han sido asesinados solo en 2020: 119 líderes /as sociales, 8 familiares o personas relacionadas con líderes/as sociales y defensores de Derechos Humanos y 25 firmantes del Acuerdo de Paz, excombatientes de las FARC-EP, de 199 que han sido asesinados desde la firma. En: http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/. Recuperado el 03/06/2020.. Un riesgo adicional sigue siendo el que se termine tomando decisiones sin la participación genuina de las comunidades y las víctimas, so pretexto de la implementación, en el marco de las dificultades que genera la pandemia, pues el país tiene sobrada experiencia en la materia; sabe que la falta de legitimidad de cualquier plan o proyecto puede derivar en su fracaso absoluto.

Un panorama poco esperanzador, consecuente con la historia del país, pero que, cambiando el ángulo de análisis, abre oportunidades ciertas para generar las transformaciones estructurales necesarias para modificar su rumbo. Se dice que la pandemia ha desnudado las más crudas realidades de las sociedades por donde pasa. Desde otra perspectiva, esta experiencia es también la oportunidad para posibilitar las condiciones que requiere la construcción de un futuro distinto. 

Pero esto significa comenzar con no perder lo avanzado. Para ello, es necesario desarrollar un conjunto de medidas que mitiguen los estragos de la pandemia en la salud y en la economía del país, de tal suerte que sea posible aprovechar los esfuerzos del pasado reciente.  En este sentido, además de la entrega de ayudas humanitarias a las víctimas, el establecimiento de medidas sanitarias en los ETCR, y el seguimiento y aprobación de proyectos productivos, aún hay que plantear otro tipo de medidas concebidas desde la integralidad del Acuerdo, que requieren atención inmediata.

En este sentido, la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación –CINEP/PPP—, ha señalado la urgencia de desarrollar un plan de choque, especialmente en los territorios PDET, con los siguientes objetivos⁴ Según cifras del Instituto para el desarrollo y la paz- Indepaz, a la fecha de escrito este artículo han sido asesinados solo en 2020: 119 líderes /as sociales, 8 familiares o personas relacionadas con líderes/as sociales y defensores de Derechos Humanos y 25 firmantes del Acuerdo de Paz, excombatientes de las FARC-EP, de 199 que han sido asesinados desde la firma. En: http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/. Recuperado el 03/06/2020.:

1. Realizar un esfuerzo de coordinación entre la nación y el territorio, que coadyuve a mitigar los daños tanto en la salud, como en los aspectos sociales y económicos ocasionados por la pandemia.
2.  Ampliar los recursos de salud existentes, disponer el acceso a elementos básicos de protección para el cuerpo médico y la población, y reforzar las relaciones entre las secretarías de salud municipales, departamentales y a nivel nacional para ampliar la capacidad de respuesta a la emergencia.
3. Crear las bases de programas de desarrollo que restablezcan el empleo y posibiliten la generación de ingresos a la mayor brevedad posible, para que a la pandemia no se sumen otras afectaciones que comprometan el mínimo vital de las personas. 
4. Fortalecer la producción alimentaria con medidas que permitan que la agricultura campesina, familiar y comunitaria puedan seguir operando, no solo como proveedoras sino en función también de la seguridad alimentaria. 
5. Brindar especial atención a las mujeres excombatientes gestantes, al incremento de violencias basadas en género, y a la educación de niños, niñas y adolescentes, con dificultades de acceso a medios digitales.
6. Atender y resguardar a las personas privadas de la libertad, firmantes del Acuerdo de paz, que aún siguen en las prisiones colombianas en condiciones de hacinamiento y alta probabilidad de contagio.

También es necesario, en el caso del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación,  comenzar a estudiar la conveniencia de modificar algunos tiempos de la implementación, como por ejemplo en la CEV, considerando su corto periodo de mandato y los impactos que le suponen la imposibilidad de hacer el trabajo presencial en los territorios; revisar que la virtualidad no afecte los debidos procesos de comparecientes y víctimas, cumpliendo su paso correspondiente por los mecanismos del SIVJRNR, así como sus condiciones de protección y seguridad en la actual coyuntura, así como ejercer control estricto en los cementerios, de tal manera que la búsqueda de personas desaparecidas no se vean afectadas por la disposición de cuerpos de víctimas de la pandemia. Es importante, también, evitar que se siga posponiendo en la agenda legislativa decisiones trascendentales como las circunscripciones especiales y la reforma a la política pública para las víctimas del conflicto. Conviene reconocer que este es uno de los subconjuntos nacionales que más tendrá afectaciones en la pandemia, lo cual implica que se deben tomar medidas para evitar la propagación del contagio en los barrios y comunas que habitan, potenciar la atención médica, y mantener, mediante subsidios y no préstamos, los ingresos económicos de las víctimas. 

Adicionalmente, es vital estar atentos frente a la posibilidad de que los planes de desarrollo local cambien sus objetivos y destinaciones presupuestales, y se desfinancien los programas de paz en sus municipios; proteger de manera particular a las comunidades indígenas que enfrentan el peor de los escenarios en sus territorios, al no contar con servicios de salud adecuados para atender este tipo de enfermedad, al igual que revisar si los mecanismos de participación construidos en tiempos de cuarentena y distanciamiento social, tienen las condiciones para ser efectivos y satisfacer este derecho. Por último, es indispensable realizar un control político y social horizontal y vertical permanente, a todas las decisiones de los gobernantes en tiempos de pandemia. 

Paralelamente, y reconociendo que tras el paso del contagio, nuestros problemas estructurales estarán lejos de ser superados, es necesario comenzar a construir lo que Francisco de Roux S.J. (presidente de la CEV) ha denominado una paz en grande⁵ En: ¿Cómo implementar el Acuerdo de Paz en medio del Coronavirus? Recuperado en: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/como-implementar-el-acuerdo-de-paz-en-medio-del-coronavirus-video-920305, el 03/06 /2020... Una paz que debe ser capaz de no temer la realización de cambios políticos, económicos, sociales y culturales que hagan temblar los cimientos de la violencia, la corrupción y la inoperancia estatal; una paz que conduzca a una presencia plena y garantista del Estado Social en todo el territorio nacional, que sea capaz de reconocer los derechos de quienes abandonaron las armas, y de invitar a quienes no lo han hecho, a que lo hagan. Una paz que no se determine por intereses extraños y ajenos a los de nuestras comunidades, y que se reconcilie con el ambiente y el territorio. Una paz que debe surgir de los aprendizajes sociales, políticos y económicos, derivados de seis décadas de guerra y, ahora, de una pandemia que nos dejó ver con crudeza, pero con claridad, las profundas debilidades de nuestra sociedad.

Foto portada: Katalina Vásquez.