{"id":4645,"date":"2018-09-02T21:57:23","date_gmt":"2018-09-02T21:57:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/?p=4645"},"modified":"2019-09-02T22:14:37","modified_gmt":"2019-09-02T22:14:37","slug":"la-palabra-dicha-no-vuelve-atras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/la-palabra-dicha-no-vuelve-atras\/","title":{"rendered":"La palabra dicha no vuelve atras"},"content":{"rendered":"\nEDICI\u00d3N 94 SEP-NOV 2018<\/font>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

La inauguraci\u00f3n del actual gobierno en temas de movilizaci\u00f3n social estuvo mediada tanto por declaraciones p\u00fablicas poco afortunadas del propio Presidente y de algunos de sus ministros, como por algunos asuntos que ya han incitado a la protesta social o que est\u00e1n a punto de provocarla, y en los cuales algunos miembros del gabinete (ministros y funcionarios, usuarios de las puertas giratorias) han tenido alguna injerencia, hoy o en el pasado reciente. Este art\u00edculo pone en el contexto de la movilizaci\u00f3n social dichas palabras y acciones, y sus implicaciones.<\/p>\n\n\n\n

En el primer discurso del presidente Duque, el d\u00eda de su elecci\u00f3n en segunda vuelta, dijo que la protesta social incentiva odios, que esta tiene lugar en zonas rurales y simplific\u00f3 la mirada al campo colombiano: <\/p>\n\n\n\n

Ese pa\u00eds ser\u00e1 tambi\u00e9n el pa\u00eds que en el campo colombiano en lugar de propiciar siempre la fractura y la protesta social incentivando odios, lo que va a hacer es generar la fraternidad entre empleadores y trabajadores, y generar\u00e1 la armon\u00eda vigorosa entre la agroindustria y el peque\u00f1o productor (\u2026).<\/p> El Espectador, 18 de junio de 2018 <\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Frente a la primera afirmaci\u00f3n presidencial respecto a la protesta social, hay que recordar que esta es una acci\u00f3n pol\u00edtica no institucional que expresa inconformidades y desacuerdos; denuncia injusticias y violaciones a derechos fundamentales, y pide bienes, servicios y garant\u00edas. Adem\u00e1s, entre sus prop\u00f3sitos no est\u00e1 el de \u201cincentivar odios\u201d, aunque s\u00ed delinear adversarios.<\/p>\n\n\n\n

Con relaci\u00f3n al segundo aserto, se entender\u00eda entonces que las ciudades no son un escenario propicio para la protesta, pero nada m\u00e1s lejano de las evidencias. Pi\u00e9nsese tan solo en las marchas de octubre y noviembre de este a\u00f1o en defensa de la educaci\u00f3n superior p\u00fablica, realizadas en varias ciudades del pa\u00eds<\/p>\n\n\n\n

En lo que respecta a la tercera afirmaci\u00f3n, los habitantes del campo ni son mano de obra disponible ni se definen \u00fanicamente por su actividad econ\u00f3mica. Como bien lo han venido se\u00f1alando con sus demandas de reconocimiento cultural y pol\u00edtico, las comunidades \u00e9tnicas y campesinas tienen sus propios proyectos de vida y en la mayor\u00eda de casos esos proyectos trascienden la necesidad de empleo rural. Pero eso ser\u00e1 discusi\u00f3n de otro art\u00edculo completo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos datos del Cinep presentan dos picos recientes en el n\u00famero de protestas: uno en 2007, cuando se registraron 1015, y otro en 2013, cuando estas acciones llegaron a 1027. Desde entonces, a\u00f1o a a\u00f1o, se ha presentado un descenso\u201d.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Un mes despu\u00e9s de ese discurso, Guillermo Botero, a\u00fan presidente de la Federaci\u00f3n Nacional de Comerciantes (Fenalco) y pr\u00f3ximo Ministro de Defensa, anunci\u00f3 durante la cumbre Concordia Am\u00e9ricas 2018 que el gobierno entrante promover\u00eda una ley para organizar la protesta social, y que esta deber\u00eda representar los intereses de toda la sociedad y no solo los de un grupo. En su momento, Mauricio Archila, investigador del Cinep, respondi\u00f3 que regular la protesta es una manera de cercenar la posibilidad de que diversos grupos expresen de manera p\u00fablica las carencias e injusticias que padecen y, por esa misma raz\u00f3n, es imposible que las manifestaciones obedezcan a un \u00fanico inter\u00e9s general (Jaimes Vargas, 2018). Seg\u00fan Botero, el aumento de las protestas requiere tal regulaci\u00f3n ya que \u201cde acuerdo con las cifras del Cinep, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1019\u201d (Olaya, 2018)[mfn]Los datos y las categor\u00edas que el ministro Botero endilga al Cinep en esa intervenci\u00f3n p\u00fablica son ap\u00f3crifos.[\/mfn]. Sin embargo, la Base de Datos de Luchas Sociales del Centro contiene unas cifras distintas a las entregadas por el Ministro (825 para el primer a\u00f1o citado y 777 para el segundo) y contradicen su pretensi\u00f3n de mostrar un crecimiento sostenido de las protestas sociales durante los dos cuatrienios de Juan Manuel Santos. Los datos del Cinep presentan dos picos recientes en el n\u00famero de protestas: uno en 2007, cuando se registraron 1015, y otro en 2013, cuando estas acciones llegaron a 1027. Desde entonces, a\u00f1o a a\u00f1o, se ha presentado un descenso. El decrecimiento de las protestas no significa que se hayan atendido las demandas que estas planteaban. Los datos hablan m\u00e1s de la esperanza que algunos grupos sociales fijaron en las posibles transformaciones que podr\u00edan derivarse del acuerdo de paz tras los di\u00e1logos de La Habana, acompa\u00f1ada, en muchas regiones, del descenso de los \u00edndices de violencia letal y, por ende, del declive de algunos de los motivos de movilizaci\u00f3n social relacionados con el clamor de la paz y el rechazo a las acciones de guerra de grupos armados y a sus consecuencias sobre la conculcaci\u00f3n de derechos, en particular a la vida, la integridad y la libertad<\/p>\n\n\n\n

Ya posesionado en su cargo como ministro de Defensa, Botero volvi\u00f3 a arremeter contra la protesta social, esta vez para criminalizarla al asegurar que es financiada con dineros il\u00edcitos de cinco grupos armados organizados (Revista Semana, septiembre de 2018). Esta temeraria afirmaci\u00f3n impacta la opci\u00f3n de que m\u00faltiples y diversos grupos sociales tengan voz y visibilidad; niega la autonom\u00eda de grupos, organizaciones y movimientos sociales para expresar desacuerdos, necesidades y propuestas; ocluye la posibilidad del di\u00e1logo social al que tantas veces se ha referido el actual presidente; y, lo que es peor, pone en riesgo la integridad y la vida de los protagonistas de esas protestas.<\/p>\n\n\n\n

Tres desafortunadas intervenciones p\u00fablicas sobre la movilizaci\u00f3n social en un corto lapso de tres meses obligan a estar alerta frente al incierto futuro de las acciones sociales colectivas contenciosas y de las respuestas a las demandas que estas plantean, a pesar de que tres d\u00edas antes del cambio de gobierno se emitiera el \u201cProtocolo para la coordinaci\u00f3n de las acciones de respeto y garant\u00eda de la protesta pac\u00edfica\u201d, con resoluci\u00f3n n\u00famero 1190 de 2018 del Ministerio del Interior[mfn]M\u00e1s informaci\u00f3n: https:\/\/www.elespectador.com\/sites\/default\/files\/pdf-file\/resol-1190-18-adopta_protocolo_protesta_pacifica.pdf[\/mfn]. Aunque este documento se reconoci\u00f3 como un avance en el tratamiento de la movilizaci\u00f3n social, la normativa se concentra en garantizar la realizaci\u00f3n de la protesta, como un evento \u00fanico y perform\u00e1tico, como una puesta en escena, y no contempla la atenci\u00f3n a las demandas que las luchas sociales llevan consigo ni las redes de conflictos que estas evidencian<\/p>\n\n\n\n

Este protocolo fue duramente criticado por las agremiaciones, que ya se hab\u00edan opuesto tanto a este como a las consultas populares, y que abogan por las consultas previas expr\u00e9s: las asociaciones de Petr\u00f3leo y Miner\u00eda; la Sociedad Colombiana de Agricultura; y, adem\u00e1s, los alcaldes de las principales ciudades. Todos estos actores argumentaron que la imposici\u00f3n del protocolo les impidi\u00f3 expresar sus observaciones, a saber, que la normativa se excedi\u00f3 en la creaci\u00f3n de disposiciones legales y de nuevas instancias y, lo que es peor, le asign\u00f3 funciones a la sociedad civil desconociendo las instituciones estatales (El Espectador, 3 de agosto de 2018). Por su parte, el Consejo Gremial agreg\u00f3 que este protocolo desconoce los derechos de quienes no protestan, que son los verdaderos \u201cafectados\u201d, entre los que sobresalen los pobres y Bruce Mac Master, presidente de la Asociaci\u00f3n Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), asever\u00f3 que garantizar el derecho constitucional a la protesta es una muestra de que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 permite m\u00e1s la defensa de las minor\u00edas que de las mayor\u00edas (Rueda, 2018)<\/p>\n\n\n\n

A pesar de los malos augurios para la protesta social, esta no se ha detenido como lo confirman algunas movilizaciones a las que nos referiremos a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

\u201cSe avisa al p\u00fablico de la rep\u00fablica que la educaci\u00f3n p\u00fablica se extingui\u00f3\u2026\u201d<\/h4>\n\n\n\n

Esta fue una de tantas rimas coreada por los estudiantes en la noche del viernes 20 de octubre durante la marcha de antorchas que recorri\u00f3 varias calles de la capital del pa\u00eds. Era la tercera manifestaci\u00f3n realizada dentro del paro nacional de universidades e instituciones t\u00e9cnicas y tecnol\u00f3gicas p\u00fablicas de educaci\u00f3n superior para exigirle al gobierno Duque atender el inmenso hueco presupuestal que amenaza su existencia: cerca de 20 billones de pesos que hacen falta para las 61 instituciones. Dicho d\u00e9ficit deriva del modelo de financiamiento impuesto por la Ley 30 de 1992, agravado desde entonces por la asignaci\u00f3n presupuestal dentro de los planes de desarrollo, por algunos puntos contenidos en la reforma tributaria reciente que permitir\u00edan el desv\u00edo de recursos p\u00fablicos hacia las universidades privadas v\u00eda becas y cr\u00e9ditos educativos otorgados por el Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior (Icetex), y el programa Ser Pilo Paga<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl presidente Duque demuestra, al desconocer las demandas de estudiantes y profesores, su convencimiento de haber hecho lo suficiente por la educaci\u00f3n superior p\u00fablica\u201d.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Algunas de las acciones colectivas que han fortalecido al movimiento de la comunidad acad\u00e9mica de la educaci\u00f3n superior p\u00fablica han sido el paro nacional de las 32 universidades p\u00fablicas[mfn]El magisterio tambi\u00e9n se moviliz\u00f3 de manera casi simult\u00e1nea: la Federaci\u00f3n Colombiana de Educadores (Fecode) convoc\u00f3 a una jornada nacional de protesta el 23 de octubre para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2017 sobre mejoramiento de la calidad de los servicios de salud para los maestros, el descongelamiento de los ascensos en el escalaf\u00f3n, la revisi\u00f3n de la imposici\u00f3n de la jornada \u00fanica, el mejoramiento del Plan de Alimentaci\u00f3n Escolar, los planes de formaci\u00f3n magisterial, la protecci\u00f3n de los maestros amenazados, y el redise\u00f1o del sistema financiero de la educaci\u00f3n.[\/mfn] (iniciado el 11 de octubre); las inmensas marchas adelantadas en varias ciudades del pa\u00eds con el apoyo de estudiantes de secundaria (quienes aspiran a continuar sus estudios superiores dentro del sistema p\u00fablico), universitarios del sistema privado y una parte importante de la poblaci\u00f3n; y la intensa actividad acad\u00e9mica extramuros \u201cClase a la calle\u201d. Dichas acciones se constituyeron en catalizadores del acuerdo al que llegaron los rectores del Sistema Universitario Estatal con el presidente Duque y su Ministra de Educaci\u00f3n, el 26 de octubre.<\/p>\n\n\n\n

\u201cMejor imposible\u201d, as\u00ed calific\u00f3 la Rectora de la Universidad Nacional el acuerdo que contempla que durante el cuatrienio Duque las transferencias del gobierno nacional a las instituciones de educaci\u00f3n superior (IES) crezcan en un \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) m\u00e1s tres puntos porcentuales en 2019, y en IPC m\u00e1s cuatro por ciento de 2020 a 2022. Adem\u00e1s, el pacto compromete 300 mil millones de pesos con cargo al presupuesto nacional para inversi\u00f3n cada a\u00f1o, desde 2019 hasta 2022; y negociar con gobernadores, alcaldes y el Congreso la transferencia en 2019 y 2020 de un bill\u00f3n de pesos de las regal\u00edas para inversi\u00f3n en infraestructura de las IES.<\/p>\n\n\n\n

Pero, para la Asociaci\u00f3n Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), este result\u00f3 \u201cun muy mal acuerdo\u201d porque no permite superar la crisis para garantizar el cumplimiento ni de las funciones misionales de las universidades (docencia, investigaci\u00f3n y proyecci\u00f3n social), ni del r\u00e9gimen salarial y prestacional de los profesores universitarios (ASPU, 2018). De igual forma, la Uni\u00f3n Nacional de Estudiantes de Educaci\u00f3n Superior (Unees), la Asociaci\u00f3n Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educaci\u00f3n Superior (Acrees) y la Federaci\u00f3n Nacional de Representantes Estudiantiles Colombianos (Fenares) desaprobaron el pacto porque desconoci\u00f3 tanto a quienes han sostenido la movilizaci\u00f3n (estudiantes y profesores) como el pliego presentado por la comunidad educativa, que contiene tres puntos: 1. Financiaci\u00f3n, 2. Autonom\u00eda, y 3. Democracia y garant\u00edas para la movilizaci\u00f3n (especialmente, el no ingreso ni actuaci\u00f3n del Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios [Esmad] y la fuerza p\u00fablica dentro de los campus universitarios, y la participaci\u00f3n de todos los estamentos de las instituciones de educaci\u00f3n p\u00fablica superior en cualquier reforma a Ley 30) (El Espectador, 2 de octubre de 2018).
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El componente financiero del pliego fue atendido parcialmente porque no contempl\u00f3 la demanda de condonaci\u00f3n de deudas con el Icetex y el programa Ser Pilo Paga; el d\u00e9ficit presupuestal del SENA; el plan de pago de la deuda hist\u00f3rica de las universidades p\u00fablicas; ni el aumento del presupuesto de Colciencias. Adem\u00e1s, se dej\u00f3 a voluntad de los entes regionales el traspaso de regal\u00edas cuyo monto depende del precio del barril de petr\u00f3leo. Por estas razones, las organizaciones estudiantiles llamaron a seguir en paro y en las calles para presionar la instalaci\u00f3n de una mesa de negociaci\u00f3n intersectorial para abordar el pliego completo y convocaron a la marcha-carnaval \u201cLa muerte de la educaci\u00f3n p\u00fablica\u201d el 31 de octubre<\/p>\n\n\n\n

La mesa de di\u00e1logo se instal\u00f3 el primero de noviembre con la participaci\u00f3n de los representantes de las organizaciones estudiantiles y de profesores, y el Viceministro de Educaci\u00f3n Superior con un equipo t\u00e9cnico. El 7 de noviembre, sin llegar a un solo acuerdo, se suspendieron las conversaciones. Los manifestantes ataron su reanudaci\u00f3n a la presencia del presidente Duque, pero \u00e9l no ha tenido tiempo para atenderlos porque, adem\u00e1s de sus m\u00faltiples ocupaciones y viajes, ha estado recibiendo en palacio a deportistas y cantantes, entre los que se cuenta un reguetonero cuyas canciones han sido cuestionadas por objetualizar a las mujeres e hipersexualizar las relaciones entre seres humanos.<\/p>\n\n\n\n

El presidente Duque demuestra, al desconocer las demandas de estudiantes y profesores, su convencimiento de haber hecho lo suficiente por la educaci\u00f3n superior p\u00fablica, y por ello le resultan intolerables las manifestaciones callejeras y las responde \u2013con la anuencia de algunos alcaldes\u2013 con represi\u00f3n impartida por la fuerza p\u00fablica. Desde el momento en que se suspendieron las conversaciones, se produjo un cambio radical de actitud del Esmad ante las manifestaciones estudiantiles: de la presencia discreta, del saludo de mano y de la entrega de flores, se pas\u00f3 a acorralar a los manifestantes en los campus con bombas aturdidoras, chorros de agua y detenciones, y ahora el escuadr\u00f3n es acompa\u00f1ado por la caballer\u00eda que ayuda a intimidar y disolver las marchas.
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Los estudiantes han recurrido a las tomas de entidades p\u00fablicas, la fuerza p\u00fablica contin\u00faa siti\u00e1ndolos, los rectores amenazan con cancelar el semestre\u2026 Este es un c\u00edrculo vicioso que trae a la memoria la aciaga \u00e9poca de finales de la d\u00e9cada de 1970 y comienzos de la de 1980, cuando las protestas estudiantiles fueron respondidas con la persecuci\u00f3n a los manifestantes y con la difamaci\u00f3n y cierre de varias universidades, cuyos campus fueron dejados al cuidado de la caballer\u00eda. Esta situaci\u00f3n gener\u00f3 nuevas movilizaciones que exig\u00edan reapertura y salida de la fuerza p\u00fablica de las universidades y la liberaci\u00f3n de estudiantes detenidos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s del manifiesto desinter\u00e9s presidencial por el profesorado y el estudiantado de las IES, la propuesta de negociar con gobernadores la asignaci\u00f3n de una parte de las regal\u00edas a estas instituciones para mejoramiento de infraestructura es tambi\u00e9n objeto de preocupaci\u00f3n: \u00bfes, acaso, una estrategia gubernamental para desatar una pugna frontal entre comunidades educativas que reclaman el derecho a la educaci\u00f3n p\u00fablica, estatal y gratuita, y pobladores que exigen su derecho a un ambiente sano, a un h\u00e1bitat digno y a disfrutar sus territorios libres de extractivismo minero-energ\u00e9tico? Y, \u00bfc\u00f3mo hacer realidad el sue\u00f1o expresado en una pancarta sostenida por estudiantes de la Universidad Pedag\u00f3gica Nacional en la Plaza de Bol\u00edvar que dec\u00eda: \u201cQueremos la biodiversidad protegida y la educaci\u00f3n p\u00fablica para todos\u201d?<\/p>\n\n\n\n

\u201cTengo que convencer al presidente Duque sobre el fracking\u201d: MinMinas<\/h4>\n\n\n\n

La Ministra tendr\u00e1 que convencer al Presidente de que la fracturaci\u00f3n hidr\u00e1ulica (en ingl\u00e9s, fracking) se puede hacer de manera responsable y segura porque, en su programa electoral, Duque prometi\u00f3 que el manejo y la protecci\u00f3n del agua ser\u00edan centrales en la agenda ambiental de su gobierno porque de ello depende el desarrollo rural, la sostenibilidad de la producci\u00f3n agropecuaria y la mitigaci\u00f3n de efectos de la industria y la miner\u00eda. <\/p>\n\n\n\n

Sin duda, la Ministra lograr\u00e1 convencer al Presidente, pero no a los pobladores de municipios donde se rumora que ya se est\u00e1 haciendo hidrofracturaci\u00f3n o que est\u00e1n bajo la amenaza de que pronto se iniciar\u00e1 la explotaci\u00f3n de hidrocarburos utilizando ese m\u00e9todo. No est\u00e1 de m\u00e1s recordar que este proceso est\u00e1 condenado por el alto consumo de agua; por su impacto en la salud humana por los gases que emana; por los efectos que tiene sobre el medio ambiente, sobre todo en las fuentes de agua que quedan contaminadas por metales pesados y, posiblemente, por elementos radioactivos; por contaminar la atm\u00f3sfera, y por alterar las placas tect\u00f3nicas generando temblores.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa jefe de la cartera de Minas considera que los impactos citados hacen parte de un discurso que estigmatiza al fracking y que carece de conocimientos t\u00e9cnicos y de informaci\u00f3n veraz\u201d. <\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

La jefe de la cartera de Minas considera que los impactos citados hacen parte de un discurso que estigmatiza al fracking y que carece de conocimientos t\u00e9cnicos y de informaci\u00f3n veraz. Advierte que mientras muchos municipios lanzan fuertes cr\u00edticas contra la extracci\u00f3n petrolera y se abanderan del \u201cNo al fracking\u201d, se benefician de sus regal\u00edas sin cuestionarlas[mfn]La FM, 26 de septiembre de 2018.[\/mfn], y sostiene que con est\u00e1ndares regulatorios exigentes se pueden realizar fracturas hidr\u00e1ulicas de manera responsable[mfn]El Espectador, 13 de agosto de 2018[\/mfn]. Pero, \u00bfen manos de qu\u00e9 instituci\u00f3n (o instituciones) quedar\u00e1 la aplicaci\u00f3n, seguimiento y evaluaci\u00f3n de tales est\u00e1ndares, y cu\u00e1l ser\u00e1 el papel de las comunidades que habitan las zonas donde se llevar\u00e1 a cabo la extracci\u00f3n de hidrocarburos con esta t\u00e9cnica? <\/p>\n\n\n\n

Los pobladores se reh\u00fasan a ser convidados de piedra en la toma de decisiones sobre sus territorios y quieren que las autoridades escuchen sus preocupaciones sobre la hidrofracturaci\u00f3n, as\u00ed como las advertencias sobre los riesgos y las solicitudes de tener en cuenta el principio de precauci\u00f3n hechas por organismos internacionales y nacionales.<\/p>\n\n\n\n

Desde cuando se anunci\u00f3 p\u00fablicamente que en diecinueve de los 98 bloques para explotaci\u00f3n de hidrocarburos ofrecidos en la Ronda Colombia 2014 se podr\u00eda hacer fracking, iniciaron las movilizaciones en su contra y el Foro Nacional Ambiental, el Fondo Mundial para la Naturaleza (siglas en ingl\u00e9s WWF) y Dejusticia pidieron a MinMinas, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) una moratoria en la implementaci\u00f3n del uso de esta t\u00e9cnica con base en el principio de precauci\u00f3n sobre los posibles riesgos de la pr\u00e1ctica para la salud humana y el hecho que tal da\u00f1o ser\u00eda grave e irreversible.
Dos a\u00f1os despu\u00e9s, en 2016, la Corporaci\u00f3n Defensora del Agua, el Territorio y los Ecosistemas (Cordatec) convoc\u00f3 a varias protestas en San Mart\u00edn (Cesar), el municipio donde la empresa estadounidense ConocoPhillips inaugurar\u00e1 esta pr\u00e1ctica en Colombia. Por ello, la multinacional acus\u00f3 a los campesinos de las zonas rurales de influencia del proyecto de ser opositores y enemigos de la llegada del empleo a la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En abril de 2018, la ANLA decidi\u00f3 suspender el tr\u00e1mite de varias licencias ambientales de proyectos petroleros en el Magdalena Medio por la tragedia ambiental causada por el derrame de petr\u00f3leo emanado del pozo Lizama 158, entre ellas la del proyecto piloto de fracking de Ecopetrol entre Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Es probable que en esta decisi\u00f3n hayan tenido que ver las movilizaciones promovidas por campesinos, ind\u00edgenas, comunidades afro y hasta pobladores urbanos pocos d\u00edas despu\u00e9s del derrame de esta excavaci\u00f3n, en las que pidieron a Ecopetrol sepultar la idea de los pozos pilotos de fracking debido a los desastres ambientales que ya estaban causando en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

En 2018 se realizaron otras protestas en municipios de Boyac\u00e1 donde la compa\u00f1\u00eda polaca Geofizyka Torun pretende hacer estudios del subsuelo. All\u00ed, las comunidades le expresaron a la empresa que no es bien recibida y que no le permitir\u00e1n hacer prospecci\u00f3n s\u00edsmica porque luego se le otorgar\u00e1 licencia de exploraci\u00f3n con fines mineros y, posteriormente, vendr\u00e1 la inevitable explotaci\u00f3n de hidrocarburos. Ante la pol\u00e9mica que han despertado los estudios de exploraci\u00f3n s\u00edsmica que se propone hacer esta empresa europea en doce municipios del departamento (en las provincias de Occidente, Centro y Ricaurte), el Vicepresidente T\u00e9cnico de la ANH asegur\u00f3 que la informaci\u00f3n que se obtendr\u00e1 en ese proyecto no tiene nada que ver con fracturaci\u00f3n hidr\u00e1ulica porque no hay licencias que lo aprueben (Boyac\u00e1 Sie7e D\u00edas, 19 de junio de 2018). <\/p>\n\n\n\n

Estas son apenas un par de muestras de la capacidad de lucha de las poblaciones cuando sienten amenazado su territorio y, en particular, sus fuentes de agua, entendidas como fuentes de vida. \u00bfHabr\u00e1 posibilidades de que la Ministra de Minas y Energ\u00eda escuche esos temores y act\u00fae en consecuencia, sobre todo, despu\u00e9s de que el Consejo de Estado suspendi\u00f3 los actos administrativos mediante los cuales el gobierno nacional fij\u00f3 los criterios para la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, mediante estimulaci\u00f3n hidr\u00e1ulica, mientras estudia una demanda de precauci\u00f3n? (Redacci\u00f3n Judicial, 2018).<\/p>\n\n\n\n

Ahogados en deudas y sin agua <\/h4>\n\n\n\n

Entre el momento en que 117 municipios del pa\u00eds se enredaron con los ya famosos bonos de agua que promet\u00edan financiar proyectos de agua potable y saneamiento, hacia 2008, y hoy, 2018, la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep ha registrado 67 protestas en 30 de esos entes territoriales. Esas movilizaciones han denunciado la ausencia de acueducto y alcantarillado, por lo que parte de su poblaci\u00f3n muere de sed o est\u00e1 inundada de aguas servidas, situaciones que requirieron en muchas oportunidades la declaratoria de emergencia sanitaria; han develado la incapacidad de las empresas prestatarias para proveer un servicio de calidad, y, lo que es peor, las muy pocas posibilidades de cambiar esa situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa descertificaci\u00f3n significa que esos municipios no pueden administrar los recursos sectoriales, ni adjudicarse nuevos compromisos con cargo a los mismos, y que los departamentos deben asumir la administraci\u00f3n de las transferencias de ese sector\u201d. <\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Treinta y cinco de los 117 municipios han sido descertificados por la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos[mfn]Competencia otorgada por la Ley 1176 de 2007, como parte de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control del uso de los recursos del Sistema General de Participaciones en el sector de agua potable y saneamiento b\u00e1sico.[\/mfn] por presentar problemas en la planeaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los recursos del Sistema General de Participaciones en el sector de agua potable y saneamiento b\u00e1sico, y d\u00e9ficit en cobertura y calidad de prestaci\u00f3n de esos servicios p\u00fablicos, especialmente en \u00e1reas rurales. La descertificaci\u00f3n significa que esos municipios no pueden administrar los recursos sectoriales, ni adjudicarse nuevos compromisos con cargo a los mismos, y que los departamentos deben asumir la administraci\u00f3n de las transferencias de ese sector, giradas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.<\/p>\n\n\n\n

Buenaventura, Valle del Cauca, el ente territorial que tiene el mayor saldo pendiente de la deuda por bonos de agua (seg\u00fan Vega Barbosa, 2018, $41.045.771.510, casi el doble del que tiene Bello, Antioquia, que ocupa el segundo lugar entre los deudores), tambi\u00e9n es el municipio donde se han registrado m\u00e1s protestas por la falta de agua, el p\u00e9simo servicio prestado por la empresa antioque\u00f1a Hidropac\u00edfico y el incumplimiento de promesas hechas tiempo atr\u00e1s sobre la ampliaci\u00f3n y adecuaci\u00f3n del acueducto. Las protestas llegaron a tal punto que explotaron en un paro c\u00edvico en mayo de 2017 que dur\u00f3 21 d\u00edas para exigir el cumplimiento de un largo petitorio cuyo primer punto se refer\u00eda al agua. Pero ya no se pidi\u00f3 como servicio p\u00fablico domiciliario, sino que se exigi\u00f3 la garant\u00eda de acceso al agua como un derecho humano fundamental.<\/p>\n\n\n\n

Con el paro, los bonaverenses obtuvieron un fondo con 1,5 billones de pesos para invertir a diez a\u00f1os en un plan de desarrollo integral del distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecotur\u00edstico de Buenaventura, administrado por el Ministerio de Hacienda (Ley 1872 de diciembre de 2017). Lo que a\u00fan no es claro es si buena parte de ese dinero se ir\u00e1 en pago de intereses y amortizaci\u00f3n de la inmensa deuda que tiene el puerto gracias a los bonos de agua. <\/p>\n\n\n\n

Los pobladores de los municipios endeudados con los bonos de agua denuncian en sus protestas cortes del servicio de agua potable hasta por cinco meses; especulaci\u00f3n de parte de los vendedores de agua en bidones; alza desmesurada de las tarifas y cobros de las mismas sin obtener el servicio, y par\u00e1lisis de acueductos por cortes del suministro de energ\u00eda por millonarias deudas con las electrificadoras regionales. As\u00ed mismo, a\u00f1aden que se producen enfermedades por el consumo de agua de pozos y que hay retrasos en la construcci\u00f3n de acueductos y alcantarillados, muchas veces porque los trabajadores entran en huelga por el no pago de sus salarios. Otras de las denuncias incluyen inundaciones con aguas servidas que, de paso, contaminan cuerpos de agua; irregularidades en la propiedad de terrenos donde se construy\u00f3 la infraestructura de los acueductos; descertificaci\u00f3n por imposibilidad de pago de las deudas del sector de agua potable y saneamiento b\u00e1sico, y deficiente administraci\u00f3n departamental de los recursos para este sector.<\/p>\n\n\n\n

Queda claro que los bonos de agua, planteados como un mecanismo financiero que permitir\u00eda conseguir recursos para financiar infraestructura en agua potable y saneamiento b\u00e1sico a aquellos municipios que no ten\u00edan acceso a cr\u00e9ditos, tienen \u201cahogada\u201d a una buena parte de estos entes territoriales, que hoy no tienen c\u00f3mo pagar las deudas ni c\u00f3mo dotar de acueducto y alcantarillado a sus poblaciones, ya que el negocio de estos bonos amarr\u00f3 el pago de la deuda a la pignoraci\u00f3n de los recursos del Sistema General de Participaciones. \u00bfC\u00f3mo solucionar\u00e1 este problema el Ministro de Hacienda?<\/p>\n\n\n\n

Las protestas en zonas de cultivos de uso il\u00edcito no son por mantener el negocio<\/h4>\n\n\n\n

Desde hace m\u00e1s de treinta a\u00f1os tenemos registros de movilizaciones contra el uso del glifosato y la erradicaci\u00f3n forzada de cultivos de uso il\u00edcito en la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep. La protesta m\u00e1s antigua es la del 20 de noviembre de 1986 en Magdalena, en la que cerca de dos mil campesinos e ind\u00edgenas de la Sierra Nevada marcharon hasta Fundaci\u00f3n para exigir la suspensi\u00f3n inmediata de las fumigaciones que afectaron sus cultivos de pancoger. En el otro lado del pa\u00eds, un par de a\u00f1os despu\u00e9s, el 9 de octubre de 1988, los campesinos de Corinto, Cauca, se concentraron en la escuela del municipio para protestar por la fumigaci\u00f3n con glifosato de 2500 hect\u00e1reas sembradas con cultivos de uso il\u00edcito y para exigir asistencia t\u00e9cnica y cr\u00e9ditos para sustituir sus plantaciones.<\/p>\n\n\n\n

Las movilizaciones cocaleras en Colombia han sido constantes desde entonces, pero tres hitos muestran las err\u00e1ticas pr\u00e1cticas del gobierno (discursivas y no discursivas) en este campo: 1. El fracaso del programa Plante denunciado por los cultivadores (1996), 2. La acusaci\u00f3n de terroristas a los cultivadores (2011) y 3. La desidia gubernamental frente al cumplimiento del punto 1 \u201cHacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral\u201d del Acuerdo de Paz firmado con las FARC, que m\u00e1s all\u00e1 de incumplimiento se convirti\u00f3 en negaci\u00f3n de lo acordado (2017).<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos campesinos cocaleros no se han cansado de insistir en que no se oponen a la sustituci\u00f3n de los cultivos de uso il\u00edcito, pero s\u00ed a las fumigaciones a\u00e9reas y a la erradicaci\u00f3n forzada\u201d. <\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

En 1996 en Simit\u00ed, San Pablo, Cantagallo, Morales, Regidor, R\u00edo Viejo, Santa Rosa del Sur, Arenal, Morales, Magangu\u00e9, San Mart\u00edn de Loba, Barranco de Loba (Bol\u00edvar), Orito, Valle del Guamuez, Puerto As\u00eds y San Miguel (Putumayo), Cartagena del Chair\u00e1, Puerto Rico, Valpara\u00edso, Solita, Curillo, Albania, San Jos\u00e9 de Fragua, La Monta\u00f1ita, Morelia, El Paujil y San Vicente del Cagu\u00e1n (Caquet\u00e1) protestaron por el fracaso del programa Plante. De acuerdo con el documento Conpes 2835, este programa estaba \u201corientado a brindar, a partir de la erradicaci\u00f3n de los cultivos il\u00edcitos, una alternativa econ\u00f3mica de vida, dentro de la ley, a los peque\u00f1os productores de dichos cultivos\u201d (DNP, 1996, p. 2). Con el Plante, el gobierno ten\u00eda la intenci\u00f3n de lograr la sustituci\u00f3n de cultivos con base en la participaci\u00f3n comunitaria, sin embargo, lo que denunciaban los manifestantes era que no exist\u00edan pol\u00edticas que propiciaran la producci\u00f3n agr\u00edcola, pues no ve\u00edan en sus entornos arreglos de v\u00edas para sacar sus cultivos, ni acceso a servicios p\u00fablicos (como energ\u00eda y agua) ni sociales (como educaci\u00f3n y salud). Y, sobre todo, los campesinos denunciaban que no ten\u00edan cr\u00e9ditos blandos para reiniciar la producci\u00f3n a pesar de que las aspersiones a\u00e9reas acababan con sus cultivos de pancoger, contaminaban las fuentes de agua y ya empezaban a afectar su salud. En estas y en las siguientes marchas, los campesinos cocaleros no se han cansado de insistir en que no se oponen a la sustituci\u00f3n de los cultivos de uso il\u00edcito, pero s\u00ed a las fumigaciones a\u00e9reas y a la erradicaci\u00f3n forzada, pues \u201cno es f\u00e1cil cambiar de forma de sustento\u201d, como dijo un manifestante en la protesta del 11 de noviembre de 2010 en C\u00facuta, Norte de Santander y qued\u00f3 registrado en la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep.<\/p>\n\n\n\n

Entre 1996 y 2011 se realizaron cerca de 40 acciones de protesta b\u00e1sicamente por las mismas demandas, pero en el a\u00f1o 2011 a estas se les sum\u00f3 la exigencia de no criminalizaci\u00f3n. El gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) habl\u00f3 de terroristas cuando las comunidades negras y afrocolombianas, ind\u00edgenas y campesinos de los departamentos de Antioquia, Cauca, C\u00f3rdoba, Choc\u00f3 y Nari\u00f1o protestaron para exigir la sustituci\u00f3n concertada, la reparaci\u00f3n por la p\u00e9rdida de sus cultivos de pancoger y de comercializaci\u00f3n, y la exigencia de consulta previa en territorios \u00e9tnicos antes de cualquier intento de fumigaci\u00f3n a\u00e9rea o de erradicaci\u00f3n forzada.<\/p>\n\n\n\n

Pero adem\u00e1s en 2011 se revelaron las inconsistencias de la pol\u00edtica agraria. El 21 de noviembre, en Tumaco, Nari\u00f1o, peque\u00f1os y medianos palmicultores bloquearon la v\u00eda de entrada al municipio porque la fumigaci\u00f3n con glifosato ultra (una composici\u00f3n qu\u00edmica m\u00e1s fuerte) afect\u00f3 los cultivos de palma aceitera. <\/p>\n\n\n\n

Seis a\u00f1os despu\u00e9s, en 2017, las movilizaciones cocaleras volvieron a aparecer como una constante del movimiento campesino. En los departamentos del Cauca, Antioquia, Cesar, Nari\u00f1o y Norte de Santander se vivieron grandes movilizaciones porque se aceler\u00f3 la implementaci\u00f3n del punto 4 del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC (\u201cSoluci\u00f3n al Problema de las Drogas Il\u00edcitas\u201d), sin haberse definido nada del punto 1. Sobre el paro del Catatumbo, la acci\u00f3n m\u00e1s larga de todas las del a\u00f1o, el gobierno afirm\u00f3 que detr\u00e1s estaban la guerrilla del ELN y bandas criminales. Esto fue un claro desconocimiento de los motivos de la protesta, pues las comunidades rurales han sido firmes en su decisi\u00f3n de sustituir cultivos, pero siempre y cuando se les garantice que podr\u00e1n vivir de las nuevas siembras.<\/p>\n\n\n\n

Del mismo a\u00f1o vale la pena resaltar el lanzamiento de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana en enero de 2017. Este proceso de organizaci\u00f3n, que est\u00e1 al frente (no detr\u00e1s) de las movilizaciones del \u00faltimo a\u00f1o, recoge los m\u00e1s de treinta a\u00f1os de movilizaci\u00f3n y demuestra que se buscan v\u00edas de di\u00e1logo para solucionar el conflicto con los cultivadores.
<\/p>\n\n\n\n

A manera de cierre
<\/h4>\n\n\n\n

La relaci\u00f3n entre el gobierno del presidente Duque y la protesta social empez\u00f3 muy mal. Como retrat\u00f3 este art\u00edculo, algunos miembros del gabinete (MinDefensa, MinEducaci\u00f3n, MinMinas y MinHacienda) han dado muestras de no escuchar a las comunidades, las han acusado de estar influenciadas (y financiadas) por grupos armados, han pretendido solucionar problemas estructurales con pa\u00f1os de agua tibia, y, sobre todo, han criminalizado, deslegitimado y constre\u00f1ido la movilizaci\u00f3n social, lo que tiene serias consecuencias. Durante todo 2018 han continuado las protestas contra la erradicaci\u00f3n forzada y a favor de la implementaci\u00f3n de la sustituci\u00f3n voluntaria acordada en La Habana. Sin embargo, al cierre de este art\u00edculo nos enteramos del asesinato de Luis Tarazona, d\u00e9cimo l\u00edder asesinado de Tib\u00fa y cuarto de la Asociaci\u00f3n Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quien se destac\u00f3 por sus luchas contra la miner\u00eda en la regi\u00f3n del Catatumbo y la erradicaci\u00f3n forzada de cultivos de uso il\u00edcito. El asesinato de Luis Tarazona es resultado de palabras dichas y acciones que deslegitiman y estigmatizan la protesta social. Si bien este panorama de persecuci\u00f3n no es reciente, el gobierno de Duque en sus primeros cien d\u00edas ha profundizado el marco de persecuci\u00f3n a quienes defienden el derecho propio y de sus comunidades a permanecer en sus espacios de vida y lucha.<\/p>\n\n\n\n

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Mostrar referencias<\/strong><\/p><\/div>

Referencias<\/strong><\/p>

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Jaimes Vargas, J. (31 de Julio de 2018). \u201cLa protesta responde a las carencias de la sociedad\u201d: investigador del Cinep. Recuperado el 13 de Noviembre de 2018, de El Espectador: https:\/\/www.elespectador.com\/noticias\/judicial\/la-protesta-responde-las-carencias-de-la-sociedad-mauricio-archila-investigador-del-cinep-articulo-803460<\/a><\/p>

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Vega Barbosa, C. (8 de Octubre de 2018). Bonos de agua: se debe mucha m\u00e1s plata de la que se pensaba. Recuperado el 13 de Noviembre de 2018, de El Espectador: https:\/\/www.elespectador.com\/economia\/bonos-de-agua-se-debe-mucha-mas-plata-de-la-que-se-pensaba-articulo-816873<\/a><\/p><\/div>
<\/strong><\/span>Ocultar referencias<\/span><\/a><\/div>\n\n\n\n

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En el primer discurso del presidente Duque, el d\u00eda de su elecci\u00f3n en segunda vuelta, dijo que la protesta social incentiva odios, que esta tiene lugar en zonas rurales y simplific\u00f3 la mirada al campo colombiano.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":4649,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[51,21],"tags":[],"class_list":{"0":"post-4645","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-51","8":"category-movimientos-sociales"},"aioseo_notices":[],"featured_image_urls_v2":{"full":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1.jpg",1280,930,false],"thumbnail":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-150x150.jpg",150,150,true],"medium":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-300x218.jpg",300,218,true],"medium_large":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-768x558.jpg",768,558,true],"large":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-1024x744.jpg",770,559,true],"1536x1536":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1.jpg",1280,930,false],"2048x2048":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1.jpg",1280,930,false],"post-thumbnail":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-270x180.jpg",270,180,true],"contentberg-main":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-770x515.jpg",770,515,true],"contentberg-main-full":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-1170x508.jpg",1170,508,true],"contentberg-slider-stylish":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-900x515.jpg",900,515,true],"contentberg-slider-carousel":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-370x370.jpg",370,370,true],"contentberg-slider-grid-b":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-554x466.jpg",554,466,true],"contentberg-slider-grid-b-sm":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-306x466.jpg",306,466,true],"contentberg-slider-bold-sm":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-150x150.jpg",150,150,true],"contentberg-grid":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-370x245.jpg",370,245,true],"contentberg-list":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-260x200.jpg",260,200,true],"contentberg-list-b":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-370x305.jpg",370,305,true],"contentberg-thumb":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-87x67.jpg",87,67,true],"contentberg-thumb-alt":["https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/img-20181108-wa0021_0_1-150x150.jpg",150,150,true]},"post_excerpt_stackable_v2":"

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