{"id":6280,"date":"2021-08-13T16:00:32","date_gmt":"2021-08-13T21:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/?p=6280"},"modified":"2021-08-26T17:41:12","modified_gmt":"2021-08-26T22:41:12","slug":"treinta-anos-contra-la-epidemia-violatoria-de-derechos-humanos-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/treinta-anos-contra-la-epidemia-violatoria-de-derechos-humanos-en-colombia\/","title":{"rendered":"Treinta a\u00f1os contra la epidemia violatoria de derechos humanos en Colombia"},"content":{"rendered":"\nEDICI\u00d3N 102 MAY- AGO 2021<\/font>\n\n\n\n

Por <\/strong><\/span>Gustavo Gall\u00f3n Giraldo <\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n

Colombia ha vivido, por lo menos desde mediados del siglo XX, una grave situaci\u00f3n de derechos humanos, que empeor\u00f3 finalizando los a\u00f1os 70, y se expres\u00f3 en un agudo nivel de violencia sociopol\u00edtica, de impunidad, de exclusi\u00f3n social y de precariedad democr\u00e1tica, especialmente en las d\u00e9cadas de 1980, 1990 y 2000. Durante la d\u00e9cada de 2010 han disminuido un poco los registros de violencia, aunque se mantienen en niveles preocupantes. Los \u00edndices de impunidad y de exclusi\u00f3n no han tenido una mejor\u00eda significativa. Algo se ha avanzado en democracia, pero es insuficiente todav\u00eda.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Pese a que la crisis de derechos humanos persiste en medio de las variaciones enunciadas, Colombia cuenta hoy en d\u00eda con mejores herramientas que hace treinta a\u00f1os para prevenir, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, tanto en virtud de mecanismos creados
en la institucionalidad colombiana como de dispositivos desarrollados por los \u00f3rganos internacionales de supervisi\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

Vacuna constitucional contra el virus de violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de derechos humanos<\/h2>\n\n\n\n

Los procesos de paz de los 80 y los 90, celebrados con grupos armados, as\u00ed como las reclamaciones ciudadanas contra los abusos estatales y a favor de una apertura democr\u00e1tica (como los foros de derechos humanos, las movilizaciones sociales y el movimiento de la s\u00e9ptima papeleta) fueron
relevantes para que en la Asamblea Constituyente se contara con espacios para la participaci\u00f3n democr\u00e1tica de fuerzas pol\u00edticas hasta entonces excluidas, en medio de una grave situaci\u00f3n de derechos humanos, y de la persistencia y degradaci\u00f3n del conflicto armado.<\/p>\n\n\n\n

La Constituci\u00f3n de 1991 incluy\u00f3 la creaci\u00f3n de la Corte Constitucional y de la Defensor\u00eda del Pueblo, as\u00ed como la enunciaci\u00f3n de un amplio cat\u00e1logo de derechos y el reconocimiento de otros
no enunciados, pero previstos en tratados y convenios internacionales. Adicionalmente, se crearon mecanismos para la garant\u00eda material del derecho a tener derechos, como la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n popular, la acci\u00f3n de grupo y la acci\u00f3n de cumplimiento; se adopt\u00f3 una exigente
regulaci\u00f3n de los estados de excepci\u00f3n, a fin de superar la declaraci\u00f3n persistente del estado de
sitio y controlar los poderes legislativos del Presidente de la Rep\u00fablica en tales circunstancias; y se acogi\u00f3 como modelo institucional la f\u00f3rmula del Estado social de derecho, orientada a la materializaci\u00f3n de los derechos reconocidos en el texto constitucional.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: CIDH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Segunda dosis: el refuerzo de los \u00f3rganos internacionales de supervisi\u00f3n de derechos humanos <\/h2>\n\n\n\n

Simult\u00e1neamente, se ha desarrollado de manera creciente una actuaci\u00f3n de los sistemas internacionales de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos humanos respecto de Colombia. Por lo pronto, en el sistema interamericano, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
realiz\u00f3 una visita in loco al pa\u00eds en 1992, de la cual produjo un informe en 1993, y gener\u00f3 nuevas visitas en 1997, 2001, 2004 y 2012, con sus respectivos informes. Adem\u00e1s, entre 2000 y 2011 public\u00f3 cada a\u00f1o un informe sobre Colombia en el cap\u00edtulo IV del Informe Anual presentado a la Asamblea General de la OEA por la CIDH, cap\u00edtulo dedicado a graves situaciones de derechos humanos. En 2019, la Comisi\u00f3n emiti\u00f3 un informe sobre la situaci\u00f3n de personas defensoras de derechos humanos y l\u00edderes sociales en Colombia. En junio de 2021, la CIDH practic\u00f3 una visita de trabajo al pa\u00eds, motivada por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro nacional desde el 28 de abril del mismo a\u00f1o, sobre lo cual dio a conocer un informe el 7 de julio siguiente[mfn]Al respecto puede verse mi columna \u201cPateando la lonchera\u201d, en El Espectador, julio 15\/21, p\u00e1g. 18, disponible en: https:\/\/www.elespectador.com\/opinion\/columnistas\/gustavo-gallon\/pateando-la-lonchera\/<\/a>[\/mfn].<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Natalia Botero<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Entre 1987 y 2021 la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos ha admitido dar tr\u00e1mite a 277 peticiones o denuncias de violaci\u00f3n de derechos humanos formuladas contra el Estado colombiano, de las cuales ha resuelto 88 (26 mediante informes de soluci\u00f3n amistosa, 32 a trav\u00e9s de informes definitivos o de fondo, y 30 mediante informes provisionales que ha remitido a la Corte Interamericana para su decisi\u00f3n final)[mfn]Ver: http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/decisiones\/admisibili-dades.asp?Year=2020&Country=COL<\/a> http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/decisiones\/amistosas.asp?-Year=2020&Country=COL<\/a> http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/de-cisiones\/fondos.asp<\/a> y http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/decisiones\/demandas.asp<\/a>[\/mfn] Adem\u00e1s, ha ordenado 227 medidas cautelares[mfn]http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/decisiones\/cautelares.asp<\/a> y https:\/\/www.oas.org\/es\/CIDH\/jsForm\/?File=\/es\/cidh\/prensa\/comunicados\/2021\/151.asp<\/a>[\/mfn]. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 24 sentencias en las que ha declarado responsable de violaciones de derechos humanos al Estado colombiano. Seis casos m\u00e1s se encuentran pendientes de fallo.<\/p>\n\n\n\n

De igual forma, en Naciones Unidas se han desarrollado importantes actividades sobre Colombia, especialmente a partir de la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en 1988. Luego de ella, se han producido 21 visitas al pa\u00eds por parte de procedimientos especiales (Relatores, Expertos Independientes, Grupos de Trabajo) del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (Comisi\u00f3n de Derechos Humanos, antes de 2006) y Representantes Especiales
del Secretario General, con sus respectivos informes[mfn]https:\/\/www.hchr.org.co\/index.php\/informes-y-documentos\/informes-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas-sobre-ddhh-y-dih-en-colombia-1980-2002<\/a> y https:\/\/www.hchr.org.co\/index.php\/informes-y-documentos\/visitas-relatores-especiales<\/a>[\/mfn]. Hay que advertir, sin embargo, que 19 de estas visitas se realizaron de 2010 hacia atr\u00e1s. Entre 2011 y 2021 solo se han llevado a cabo dos visitas. El Gobierno no ha autorizado el ingreso al pa\u00eds de numerosos relatores que han anunciado su intenci\u00f3n de realizar una misi\u00f3n en Colombia, basados en una invitaci\u00f3n permanente formulada por el Gobierno desde 2003, que de manera sistem\u00e1tica se ha ido incumpliendo.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, en los \u00faltimos treinta a\u00f1os han aumentado paulatinamente los pronunciamientos de \u00f3rganos pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, como los emitidos por los Comit\u00e9s creados en virtud de los tratados de derechos humanos[mfn]https:\/\/www.hchr.org.co\/index.php\/informes-y-documentos\/recomendaciones-al-estado-colombiano\/3566-recomendaciones-de-organos-internacionales-de-ddhh-al-estado-colombiano-1980-2002<\/a> y https:\/\/www2.ohchr.org\/english\/bodies\/hrc\/docs\/publications\/HRC-Compilacion(1977-2004).pdf<\/a>[\/mfn] y los ex\u00e1menes peri\u00f3dicos universales sobre Colombia realizados en el Consejo de Derechos Humanos cada cinco a\u00f1os, primero en 2008, y luego en 2013 y 2018[mfn]https:\/\/www.ohchr.org\/SP\/HRBodies\/UPR\/Pages\/COIndex.aspx<\/a>[\/mfn].<\/p>\n\n\n\n

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En 1996 se decidi\u00f3 la creaci\u00f3n de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante declaraci\u00f3n del Presidente de la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de Naciones Unidas, adoptada por consenso. Dicha Oficina se instal\u00f3 en 1997, ha realizado un valioso e intenso trabajo ante los \u00f3rganos del Estado y frente a la sociedad civil, y ha
presentado anualmente, desde 1998 hasta la fecha, informes sobre Colombia a la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos (antes) y al Consejo de Derechos Humanos (hoy).<\/p>\n\n\n\n

En 1998 se cre\u00f3 la Corte Penal Internacional (CPI). Su competencia en relaci\u00f3n con el Estado colombiano fue aceptada en 2002[mfn]Ver: https:\/\/www.ohchr.org\/SP\/HRBodies\/UPR\/Pages\/-
COIndex.aspx<\/a>[\/mfn]. En 2004, la Fiscal\u00eda de la CPI decidi\u00f3 iniciar un examen preliminar sobre Colombia, al advertir la comisi\u00f3n de numerosos cr\u00edmenes de lesa humanidad y de guerra, conforme al Estatuto de Roma. En 2012 la Fiscal\u00eda dio a conocer un informe intermedio
sobre la investigaci\u00f3n preliminar y decidi\u00f3 mantenerla abierta, es decir, no presentar todav\u00eda ning\u00fan caso a la Corte, ni dar tampoco por culminado el examen, sino mantener la situaci\u00f3n en observaci\u00f3n. La mencionada Fiscal\u00eda ha publicado informes adicionales en 2013, 2016, 2017 y 2019[mfn]Ver: https:\/\/www.icc-cpi.int\/colombia<\/a>[\/mfn]. La investigaci\u00f3n preliminar se enfoca en seis temas: los mal llamados \u201cfalsos positivos\u201d; los desplazamientos forzados; los delitos sexuales; la promoci\u00f3n y expansi\u00f3n de los grupos paramilitares; el seguimiento al proceso de paz; y el surgimiento de las \u201cbandas criminales emergentes\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda de la CPI ha realizado visitas al pa\u00eds, y ha emitido declaraciones p\u00fablicas, en relaci\u00f3n con el proceso de paz y con la investigaci\u00f3n y juzgamiento de los cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad.<\/p>\n\n\n\n

Reacciones al tratamiento: positivas y progresivas, aunque insuficientes<\/h2>\n\n\n\n

A la par con estos desarrollos internacionales, dentro del Estado colombiano se promovieron reformas legales y decisiones judiciales significativas para responder a las violaciones de los derechos humanos. En 1996 se expidi\u00f3, por ejemplo, la ley 288 que reconoci\u00f3 la obligatoriedad de las recomendaciones de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas (creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos). Las leyes 387 y 418 de 1997 ordenaron el reconocimiento y la atenci\u00f3n, por parte del Estado, de las v\u00edctimas de desplazamiento forzado y de otras violaciones de los derechos humanos. La ley 589 de 2000 tipific\u00f3 el delito de desaparici\u00f3n forzada de personas y cre\u00f3 el mecanismo de b\u00fasqueda urgente de personas desaparecidas, luego de doce a\u00f1os de haber sido presentado el primer proyecto de ley en 1988, al cual se opusieron las fuerzas militares, al igual que lo hicieron con cinco proyectos m\u00e1s, en dos de los cuales presionaron al Gobierno para que objetara el proyecto de ley aprobado por el Congreso. En 1994, lograron as\u00ed hundir la iniciativa. En 1999, frente al sexto proyecto de ley sobre este tema, el Gobierno formul\u00f3 objeciones sin lograr con ello hundir el proyecto, que, finalmente, se convirti\u00f3 en la ley 589 de 2000.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por su parte, la Corte Constitucional ha tenido desarrollos notables en estos temas, como la declaraci\u00f3n seg\u00fan la cual la situaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n v\u00edctima del desplazamiento forzado es violatoria de la Constituci\u00f3n y merece un seguimiento por parte de la Corte para ser corregida[mfn]El \u201cestado de cosas inconstitucional\u201d: sentencia T-025\/04.[\/mfn]. Tanto la referida Corte, como el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y los jueces en general (todos los cuales fueron convertidos en jueces constitucionales por la Constituci\u00f3n de 1991) han tenido tambi\u00e9n un crecimiento exponencial de su capacidad para supervisar y corregir situaciones relacionadas con derechos humanos en materia de pol\u00edticas o regulaciones generales y en casos individualizados de violaci\u00f3n. Ser\u00eda imposible detallar aqu\u00ed los numerosos aportes realizados en este campo, pero cabe mencionar de manera especial el papel jugado por la Corte Constitucional al definir la relaci\u00f3n entre paz y derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

Al revisar la constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, por la cual se cre\u00f3 un procedimiento especial de juzgamiento a miembros de grupos paramilitares conocido con el nombre de \u201cproceso de justicia y paz\u201d, la Corte declar\u00f3 v\u00e1lida la posibilidad de flexibilizar la sanci\u00f3n penal para lograr el derecho a la paz, siempre y cuando se garantizaran los otros elementos del derecho a la justicia (verdad, justicia, reparaci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n), de conformidad con los desarrollos internacionales en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, declar\u00f3 la inconstitucionalidad de varias normas de dicha ley que estaban orientadas a favorecer veladamente a los victimarios, sin ninguna consideraci\u00f3n por los derechos de las v\u00edctimas[mfn]Sentencia C-370\/06.[\/mfn]. Con estos correctivos, la aplicaci\u00f3n de la ley 975 de 2005 gener\u00f3 una disminuci\u00f3n de grupos paramilitares y el sometimiento de la mayor\u00eda de sus l\u00edderes. No debe ignorarse que durante la negociaci\u00f3n con los grupos paramilitares, entre 2002 y 2008, la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas registr\u00f3 m\u00e1s de 4.500 personas asesinadas o desaparecidas por estos, pese a que el Presidente de la Rep\u00fablica hab\u00eda anunciado que ese proceso estaba sujeto a la condici\u00f3n de que no hubiera ni un muerto m\u00e1s, condici\u00f3n que evidentemente no se cumpli\u00f3. Adem\u00e1s, muchos jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos, alej\u00e1ndolos as\u00ed de las v\u00edctimas y de la justicia colombiana, so pretexto de que continuaban delinquiendo, lo cual, seg\u00fan la legislaci\u00f3n promovida por el Gobierno, habr\u00eda debido conducir a su exclusi\u00f3n del proceso de justicia y paz y su traslado a la justicia ordinaria, pero no a su extradici\u00f3n. No fueron pocos los efectivos paramilitares que no se desmovilizaron y los que se \u201cremovilizaron\u201d. En suma, si bien se produjo una reducci\u00f3n relativa, pero no despreciable, de los homicidios, masacres y, en general, de la violencia sociopol\u00edtica en el pa\u00eds, el desmantelamiento de los grupos paramilitares no fue total, las mejoras en la situaci\u00f3n de derechos humanos fueron limitadas y muchos paramilitares incluso contin\u00faan en actividad. En medio de esas limitaciones, sobresale la capacidad que tuvo la Corte Constitucional de se\u00f1alar el cauce dentro del cual es posible hacer una ponderaci\u00f3n equilibrada entre el derecho a la justicia y el derecho a la paz.<\/p>\n\n\n\n

Esa capacidad se continu\u00f3 expresando en otras decisiones de la Corte relacionadas con el proceso de justicia y paz, as\u00ed como en la revisi\u00f3n de las diversas normas legales y constitucionales producidas durante la siguiente d\u00e9cada en desarrollo del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc-EP, incluido el Marco Jur\u00eddico para la Paz, que fue adoptado antes del Acuerdo, en 2012[mfn]Acto Legislativo 01 de 2012 y sentencia C-579\/13.[\/mfn]. Se ha creado as\u00ed un s\u00f3lido engranaje para el reconocimiento y la atenci\u00f3n de los derechos de quienes han sido v\u00edctimas de graves violaciones de los derechos humanos a la verdad, justicia, reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n, del cual hacen parte, tambi\u00e9n desde antes del Acuerdo, la ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras (ley 1448 de 2011) y la creaci\u00f3n del Sistema Nacional de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, con instituciones como la Unidad de V\u00edctimas y la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, y su vinculaci\u00f3n con instituciones derivadas del Acuerdo, como la Jurisdicci\u00f3n Especial para la
Paz, la Comisi\u00f3n para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetici\u00f3n, y la Unidad de B\u00fasqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entre otros dispositivos.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Cinep \/ PPP. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Si bien esta l\u00ednea se ha mantenido, los sucesivos ministros de Defensa han sido m\u00e1s papistas que el Papa, y su gesti\u00f3n \u2013con notables excepciones\u2014 ha sido m\u00e1s de corte militarista que civil. A mi
juicio \u2013y esto lo hemos podido observar en los desafueros de la Polic\u00eda en estos d\u00edas, cuando act\u00faan de muro de contenci\u00f3n de las jornadas de protesta que, a las cuales hemos asistido en los \u00faltimos meses\u2014, la Constituci\u00f3n del 91 no tiene un dise\u00f1o apropiado que le de a los ciudadanos mecanismos de control eficaces frente a la Fuerza P\u00fablica. Tampoco se\u00f1ala claramente un cambio de paradigma en la seguridad del Estado que vaya m\u00e1s all\u00e1 del orden p\u00fablico (el cual nos remite a mecanismos de represi\u00f3n), y que promueva el respeto y la garant\u00eda de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, la Constituci\u00f3n del 91 tiene a la sociedad colombiana bajo el r\u00e9gimen de unas Fuerzas Militares y de Polic\u00eda que imponen una noci\u00f3n de orden p\u00fablico bastante desconectada de la seguridad, entendida como aquella que garantiza los derechos humanos y la democracia.<\/p>\n\n\n\n

El Acuerdo de Paz ha dado lugar adicionalmente a un reforzamiento de la vigilancia internacional sobre la situaci\u00f3n de derechos humanos y la concreci\u00f3n de la paz en Colombia.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

De una parte, se cre\u00f3 la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n de la ONU con el prop\u00f3sito de hacer seguimiento a la reincorporaci\u00f3n de las FARC-EP y a la implementaci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n y seguridad
personal y colectiva. El Secretario General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reciben informes trimestrales de la Misi\u00f3n, lo cual les permite hacer un seguimiento permanente a lo
que ocurre en el pa\u00eds. De otra parte, el mandato de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue ampliado con el objeto de acompa\u00f1ar la implementaci\u00f3n de varios puntos del Acuerdo e incluir en su informe anual sobre Colombia un cap\u00edtulo especial sobre tal implementaci\u00f3n en materia de derechos humanos. Esto le permite al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tener mejores elementos para hacer seguimiento tambi\u00e9n a la situaci\u00f3n de derechos humanos en el pa\u00eds. Adem\u00e1s, se cre\u00f3 una Comisi\u00f3n de Notables para comprobar el estado y los avances en la implementaci\u00f3n del Acuerdo, con el apoyo de una secretar\u00eda t\u00e9cnica integrada por dos organizaciones nacionales: el
CINEP\/PPP (Centro de Investigaci\u00f3n y Educaci\u00f3n Popular\/Programa por la Paz) y el CERAC (Centro de Recursos para el An\u00e1lisis del Conflicto).<\/p>\n\n\n\n

En pos de la inmunidad de reba\u00f1o frente a violaciones de derechos humanos<\/h2>\n\n\n\n

Como se anot\u00f3 al inicio de este an\u00e1lisis, la crisis de derechos humanos en Colombia persiste, a pesar de los treinta a\u00f1os transcurridos desde la Constituci\u00f3n de 1991. Sin embargo, es innegable que hoy se cuenta con un nutrido abanico de mecanismos nacionales e internacionales \u00fatiles para promover la vigencia, realizaci\u00f3n y respeto de los derechos humanos, y prevenir, sancionar y reparar su violaci\u00f3n, as\u00ed como corregir las pol\u00edticas, las mentalidades y las pr\u00e1cticas que atentan
en su contra. Hace treinta a\u00f1os, antes de la Constituci\u00f3n de 1991, antes de la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas en 1989, y antes de la visita de la
Comisi\u00f3n Interamericana en 1992, el terreno en esta materia era \u00e1rido y des\u00e9rtico. Hoy es f\u00e9rtil y est\u00e1 poblado de una diversidad exuberante de organismos, mandatos, pol\u00edticas, recursos y compromisos que deber\u00edan producir frutos de excelente calidad y en cantidad considerable.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Natalia Botero<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para ello, se requiere la acci\u00f3n decidida de las personas y las organizaciones sociales, de manera que se mantenga en movimiento la capacidad de intervenci\u00f3n de la justicia colombiana y de la justicia internacional, as\u00ed como de los \u00f3rganos supraestatales de supervisi\u00f3n y cooperaci\u00f3n en materia de derechos humanos, a fin de que se genere un c\u00edrculo virtuoso que comprometa la voluntad pol\u00edtica de las autoridades y el cumplimiento de las funciones de protecci\u00f3n de los derechos humanos asignadas a las respectivas agencias nacionales. El reciente paro nacional ha
puesto en evidencia que es mucho lo que falta todav\u00eda por avanzar hacia la superaci\u00f3n de la violencia sociopol\u00edtica, la impunidad, la inequidad y la precaria democracia. El camino para lograrlo est\u00e1 pavimentado. Sin duda es largo, y transitarlo requiere constancia y persistencia.
De saber recorrerlo depende que no necesitemos otros treinta a\u00f1os para tener en Colombia un mejor nivel de convivencia pac\u00edfica, justicia, satisfacci\u00f3n de necesidades b\u00e1sicas sin discriminaci\u00f3n y buen gobierno.<\/p>\n\n\n\n

Foto portada:<\/strong> Jes\u00fas Abad Colorado<\/p>\n\n\n\n

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