{"id":7155,"date":"2022-05-06T19:38:21","date_gmt":"2022-05-07T00:38:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/?p=7155"},"modified":"2022-05-13T13:54:14","modified_gmt":"2022-05-13T18:54:14","slug":"el-desenfoque-etnico-en-el-gobierno-de-ivan-duque","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/el-desenfoque-etnico-en-el-gobierno-de-ivan-duque\/","title":{"rendered":"El (des)enfoque \u00e9tnico en el gobierno de Iv\u00e1n Duque"},"content":{"rendered":"\nEDICI\u00d3N 104 ENE-ABR 2022<\/font>\n\n\n\n

Por Sonia Cristina Vargas Perdomo y Juli\u00e1n Salazar Gallego<\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n

Bajo el sol canicular de mediod\u00eda, luego del trayecto en panga de una hora por el r\u00edo Atrato con su selva h\u00fameda imponente y el aullar de algunos monos, llegamos al municipio de Ungu\u00eda, Choc\u00f3, donde sostendr\u00edamos un di\u00e1logo con las comunidades ind\u00edgenas Ember\u00e1 Eyabida, Dogibi y Guna Dule. Tras el di\u00e1logo con las autoridades \u00e9tnicas, el panorama parece ser bastante desolador: expresan su preocupaci\u00f3n sobre la persistencia de una crisis alimentaria, del fen\u00f3meno de desnutrici\u00f3n, de falta de acceso a servicios p\u00fablicos y un alto \u00edndice de necesidades b\u00e1sicas insatisfechas que tiene una causalidad multidimensional, que abarca desde aspectos ambientales hasta socioculturales. Igualmente, la ausencia de garant\u00edas para la seguridad y acceso, delimitaci\u00f3n y formalizaci\u00f3n del territorio ha intensificado la presi\u00f3n sobre esta \u00e1rea, en virtud del aumento del inter\u00e9s econ\u00f3mico por su riqueza, la explotaci\u00f3n de recursos naturales, y la construcci\u00f3n de obras de infraestructura vial y minera, por parte de empresas nacionales e internacionales.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, en Bogot\u00e1, y desde el mes de septiembre del a\u00f1o pasado, comunidades ind\u00edgenas oriundas de diferentes partes del pa\u00eds, se han asentado en el Parque Nacional, un lugar tur\u00edstico y emblem\u00e1tico de la ciudad. En un acto de resistencia, le han solicitado a los gobiernos distrital y nacional, la protecci\u00f3n y garant\u00eda de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, derechos prevalentes de ni\u00f1os y ni\u00f1as, integridad \u00e9tnica, diversidad e identidad cultural, seguridad alimentaria, vivienda en condiciones dignas, salubridad, atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n integral con enfoque diferencial \u00e9tnico-ind\u00edgena, autodeterminaci\u00f3n, confianza leg\u00edtima y consulta previa. Muchas de estas comunidades no est\u00e1n dispuestas a negociar su retorno a los territorios, hasta tanto no haya suficientes garant\u00edas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n

Esta radiograf\u00eda de la grave situaci\u00f3n humanitaria y de derechos humanos que aqueja a las comunidades \u00e9tnicas, contrasta con las aspiraciones y promesas de reconocimiento y distribuci\u00f3n consagrada en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, que bajo la \u00e9gida de las corrientes del multiculturalismo de Latinoam\u00e9rica, buscaron colocar a los sujetos \u00e9tnicos bajo una protecci\u00f3n constitucional reforzada, encaminada a generar medidas que garanticen la supervivencia f\u00edsica y cultural de los pueblos ind\u00edgenas, negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom o gitanos. Estos pueblos reivindican el derecho a preservar sus diferencias \u00e9tnicas y culturales, as\u00ed como la defensa de sus territorios, la autodeterminaci\u00f3n y el gobierno propio, respecto de aquellos asuntos que afecten sus planes de vida.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a cifras del DANE, en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2019 se determin\u00f3 que la poblaci\u00f3n negra, afrocolombiana, raizal y palanquera era de 4.671.160 personas, lo que corresponde al 9.34% de la poblaci\u00f3n total nacional, mientras que la poblaci\u00f3n que se autorreconoce como gitana o Rrom en el pa\u00eds est\u00e1 compuesta por 2.649 personas. En cuanto a los pueblos ind\u00edgenas, el censo de 2018 determin\u00f3 que la poblaci\u00f3n que se autorreconoce como ind\u00edgena en el pa\u00eds es de 1.905.617 personas.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A pesar de la grave situaci\u00f3n de las comunidades \u00e9tnicas a nivel nacional, el gobierno de Iv\u00e1n Duque contin\u00faa encubriendo lo que el Tribunal de los Pueblos (2021) denomina como el genocidio sistem\u00e1tico de los pueblos \u00e9tnicos, que no solo se estructura bajo el ataque sistem\u00e1tico a la pervivencia cultural de los pueblos, sino que a trav\u00e9s de un racismo estructural del Estado que se expresa en cuatro vectores: i) Falta de garant\u00edas de seguridad, protecci\u00f3n y de no repetici\u00f3n para los pueblos \u00e9tnicos; ii) Regresividad en el derecho de la Consulta Previa Libre e Informada; iii) Baja capacidad institucional y voluntad pol\u00edtica, reflejada en la escasa asignaci\u00f3n presupuestal; iv) El evidente desconocimiento institucional de los compromisos establecidos con los pueblos \u00e9tnicos en el Acuerdo de Paz.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de la grave situaci\u00f3n de las comunidades \u00e9tnicas a nivel nacional, el gobierno de Iv\u00e1n Duque contin\u00faa encubriendo lo que el Tribunal de los Pueblos (2021) denomina como el genocidio sistem\u00e1tico de los pueblos \u00e9tnicos.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

(Des)protegiendo a las comunidades: los pueblos \u00e9tnicos sin garant\u00edas de seguridad<\/h2>\n\n\n\n

En Colombia parece inminente el presagio que hace Francisco Guti\u00e9rrez (2020) seg\u00fan el cual, parece estar despuntando un tercer ciclo de violencia, que inici\u00f3 una vez se produjo la desmovilizaci\u00f3n de la guerrilla de las FARC-EP y su retirada de los territorios de incidencia. El vac\u00edo o cambio de poder en las zonas de influencia guerrillera fue ocupado, bien por facciones de combatientes que decidieron no hacer parte del proceso y continuar en la ilegalidad (disidencias), o bien por organizaciones criminales que pretenden tomar control de las econom\u00edas ilegales. Por lo tanto, la reconfiguraci\u00f3n del conflicto armado, dej\u00f3 en el tablero a los territorios de comunidades \u00e9tnicas, como zonas de disputa armada entre las AGC, el ELN y las disidencias de las FARC.<\/p>\n\n\n\n

Se observa tambi\u00e9n, el recrudecimiento del conflicto, que se traduce en una fuerte presencia y circulaci\u00f3n de actores armados, as\u00ed como una constante militarizaci\u00f3n de todos los territorios de los pueblos afrodescendientes e ind\u00edgenas, generando homicidios, amenazas, violencia sexual a ni\u00f1as y mujeres, desplazamiento, confinamiento e inseguridad alimentaria. Las comunidades enfrentan serios riesgos de sufrir violaciones a sus derechos fundamentales y el exterminio f\u00edsico y cultural de sus pueblos, lo cual ocurre especialmente en el Choc\u00f3, Cauca y Nari\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Frente a esta situaci\u00f3n, la Organizaci\u00f3n Nacional Ind\u00edgena de Colombia (ONIC) registra que entre 2019 y 2020, fueron asesinados 115 l\u00edderes y lideresas ind\u00edgenas, y considera que 39 de 115 pueblos existentes, est\u00e1n en peligro de extinci\u00f3n f\u00edsica y cultural. Por otro lado, seg\u00fan la Oficina de Coordinaci\u00f3n de Asuntos Humanitarios (2021), el 69 % de las v\u00edctimas de confinamientos eran ind\u00edgenas, y el 16 % afrocolombianas, mientras que el 41 % de las v\u00edctimas de desplazamientos forzados eran afrocolombianas, y el 15 % <\/a>ind\u00edgenas. En el actual gobierno el conflicto se ha recrudecido en departamentos en los que habitan pueblos ind\u00edgenas: Choc\u00f3, Cauca, Nari\u00f1o, Antioquia, La Guajira, Norte de Santander y Putumayo.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Agencia Prensa Rural tomada de Flickr.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La persistente violencia al interior de las comunidades, evidencia las consecuencias que, directa o indirectamente, se generan en los territorios en donde la deuda hist\u00f3rica de paz no se ha saldado, y que, por el contrario, aument\u00f3, y cuyo pago contin\u00faa siendo la muerte f\u00edsica y espiritual de los pueblos \u00e9tnicos.<\/p>\n\n\n\n

Para el 2021, la OACNUDH verific\u00f3 53 homicidios de los 158 reportados; de estos, 10 corresponden a miembros de comunidades \u00e9tnicas (5 ind\u00edgenas y 5 afrocolombianos). Entre agosto de 2019 y junio de 2020, hubo 84 homicidios de comuneros, guardias, l\u00edderes y autoridades ind\u00edgenas. Los pueblos m\u00e1s afectados han sido los Ember\u00e1 Kat\u00edo o Eyabida, Ember\u00e1 D\u00f3bida, Embera Cham\u00ed, Aw\u00e1, Nasa, Wounaan, Zen\u00fa y Wayuu.<\/p>\n\n\n\n

El Estado Colombiano contin\u00faa con su libreto de pretender implementar una pol\u00edtica de seguridad, que se sustenta sobre un enfoque m\u00e1s reactivo que preventivo, sin ning\u00fan correlato con los contextos y realidades territoriales de las comunidades. Por lo tanto, estas medidas de seguridad adolecen de un enfoque \u00e9tnico que responda a las necesidades de los l\u00edderes y lideresas, sin garantizar con ello que el riesgo en los territorios disminuya, menguando el ejercicio de control territorial y autogobierno que ejercen las comunidades. Adicionalmente, cada vez son m\u00e1s los obst\u00e1culos y barreras institucionales y jur\u00eddicas, a trav\u00e9s de pasos burocr\u00e1ticos que imponen las instituciones encargadas de implementar la pol\u00edtica de protecci\u00f3n a las comunidades que lo requieren, lo cual se traduce en un incremento de los niveles de riesgo.<\/p>\n\n\n\n

El Estado Colombiano contin\u00faa con su libreto de pretender implementar una pol\u00edtica de seguridad, que se sustenta sobre un enfoque m\u00e1s reactivo que preventivo.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Con pandemia y sin consulta previa: desconociendo los derechos de los pueblos \u00e9tnicos<\/h2>\n\n\n\n

La pandemia generada por el covid-19 fue el pretexto perfecto que el gobierno de Iv\u00e1n Duque encontr\u00f3 para pretender implementar la consulta previa, a trav\u00e9s de mecanismos virtuales, tal como lo estipula la resoluci\u00f3n interna del 27 de marzo de 2020 del Ministerio de Interior. Esta situaci\u00f3n alert\u00f3 a las organizaciones ind\u00edgenas de orden nacional, considerando que atentaba contra la garant\u00eda del ejercicio pleno de un derecho fundamental. Adem\u00e1s, el acceso al derecho quedar\u00eda limitado a aquellas comunidades que cuenten con recursos como internet, y tecnolog\u00edas cuya cifra resulta \u00ednfima y en las que se desconocen las formas propias de los procesos asamblearios de toma de decisiones.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Comisi\u00f3n para el Esclarecimiento de la Verdad<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La mayor\u00eda de los territorios carecen de una buena conectividad a internet o a energ\u00eda, o en caso de existir internet, este no es de buena calidad. Por lo cual, el buen desarrollo de una consulta no estar\u00eda del todo garantizado, corriendo el riesgo de que se tome el proceso como v\u00e1lido, sin cumplirse realmente. Inclusive, esto ser\u00eda trasladarles una carga innecesaria a los pueblos \u00e9tnicos. Por otro lado, la circulaci\u00f3n dentro de los territorios ind\u00edgenas se encuentra restringida, raz\u00f3n por la cual no se pueden adelantar procesos masivos de asamblea y de reuni\u00f3n para discutir las medidas que sean susceptibles de consulta previa.<\/p>\n\n\n\n

Esta situaci\u00f3n se concreta en la negaci\u00f3n o violaci\u00f3n de los derechos que se han logrado en virtud del convenio No. 169 de la OIT que regula la consulta previa, concibiendo este tr\u00e1mite como un requisito formal que debe ser agotado para la implementaci\u00f3n de disposiciones normativas o proyectos extractivos que afecten los intereses de los pueblos \u00e9tnicos. Sin embargo, el desarrollo de la consulta previa se realiza generalmente sin tener en cuenta la representaci\u00f3n y a las autoridades \u00e9tnicas, la interculturalidad y las lenguas de las comunidades consultadas. Generalmente se omiten las autoridades tradicionales y las organizaciones que las representan, siendo ellas las indicadas para manifestar los impactos sociales y culturales que un proyecto puede generar.<\/p>\n\n\n\n

El Estado colombiano contin\u00faa en mora de desarrollar la normatividad del derecho a la consulta previa, situaci\u00f3n que no ha sido diferente en el gobierno de Duque, ya que no ha mostrado una voluntad pol\u00edtica clara y decidida para garantizar este derecho fundamental. Ejemplo de ello, es que pese a la entrega que realiz\u00f3 la ONIC en noviembre de 2019 sobre protocolos propios de consulta previa con importantes aprendizajes y recomendaciones, el gobierno hizo caso omiso respecto de este importante documento que traza una hoja de ruta para la aplicaci\u00f3n del derecho a la consulta previa. As\u00ed mismo, entr\u00f3 en tr\u00e1mite en el Congreso de la Rep\u00fablica, un proyecto de ley estatutaria para regularlo, sin la previa consulta y concertaci\u00f3n con las autoridades \u00e9tnicas. Esta propuesta ha recibido numerosas cr\u00edticas y podr\u00eda beneficiar a las grandes empresas, en detrimento de las comunidades.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Alexa Rochi para Cinep\/PPP<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Finalmente, la pol\u00edtica econ\u00f3mica y de desarrollo del Estado, que se despliega a trav\u00e9s de empresarios y grupos econ\u00f3micos, ha generado constantes choques entre diversas formas de ver el territorio, modelos de sociedad disimiles y proyectos pol\u00edticos, econ\u00f3micos y sociales, en constante tensi\u00f3n con las visiones de las comunidades \u00e9tnicas. Por esta raz\u00f3n, empresarios han buscado instalar en la opini\u00f3n p\u00fablica, prejuicios y estigmatizaci\u00f3n hacia las comunidades, se\u00f1alando que el entorpecimiento e interrupci\u00f3n de obras o megaproyectos se deben a la obstinaci\u00f3n de las comunidades \u00e9tnicas y a la consulta previa.<\/p>\n\n\n\n

El cap\u00edtulo \u00e9tnico del Acuerdo Final de Paz: Expectativa vs. Realidad<\/h2>\n\n\n\n

Las problem\u00e1ticas que se ciernen sobre los pueblos y comunidades \u00e9tnicas son hist\u00f3ricas, estructurales y tienen que ver con la igualdad y la dignidad; no han sido lo suficientemente tratados por el Estado colombiano, que en la mayor\u00eda de los territorios rurales hace presencia a trav\u00e9s de las Fuerzas Armadas, pero no de las instituciones de car\u00e1cter civil.<\/p>\n\n\n\n

Si bien estas problem\u00e1ticas han existido siempre, es fundamental reconocer que el Acuerdo Final de Paz y, gracias a la incidencia de las organizaciones de los pueblos \u00e9tnicos, las reconoci\u00f3, trat\u00f3 de establecer medidas para dar soluci\u00f3n a gran parte de ellas, y puso sobre la mesa temas olvidados por los gobiernos, como la actualizaci\u00f3n catastral o la efectiva formalizaci\u00f3n de las tierras. En ese sentido, es fundamental avanzar en la implementaci\u00f3n del cap\u00edtulo \u00e9tnico del Acuerdo, pero tambi\u00e9n del resto de medidas, en tanto que los temas de inter\u00e9s \u00e9tnico son transversales, y no se limitan a dicho cap\u00edtulo.<\/p>\n\n\n\n

Las expectativas que se generaron tras la firma del Acuerdo de Paz no se han visto satisfechas. De hecho, muy poco de lo acordado ha sido cumplido. De las 80 disposiciones del componente \u00e9tnico, solo el 13% se ha completado, y otro 13% ha tenido un avance intermedio, mientras que el 60% ha tenido un m\u00ednimo avance y un 15% no ha iniciado (Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 2021, p\u00e1g. 6). Los que m\u00e1s preocupan son los temas de Reforma Rural Integral, Participaci\u00f3n Pol\u00edtica y V\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

Si bien durante el actual gobierno se han conseguido algunos avances en esta materia, el cap\u00edtulo \u00e9tnico sigue siendo el m\u00e1s rezagado. Las salvaguardas sustanciales reconocidas en el texto del Acuerdo Final para su interpretaci\u00f3n e implementaci\u00f3n, no han sido respetadas en muchos casos, y la participaci\u00f3n de las comunidades se ve limitada a t\u00e9rminos procedimentales<\/p>\n\n\n\n

Reforma Rural Integral\u2013RRI<\/h3>\n\n\n\n

El Acuerdo reconoce la relaci\u00f3n de las comunidades \u00e9tnicas con su territorio, entendi\u00e9ndolo como una concepci\u00f3n alrededor de la vida y que parte de la tierra, en la que se configuran representaciones sociales. En ese sentido, las promesas incumplidas impactan directamente y atraviesan estas comunidades, que dependen de sus territorios, tanto econ\u00f3mica, como culturalmente.<\/p>\n\n\n\n

Es posible decir que los avances en este asunto han sido, sobre todo, en el papel. Un ejemplo de ello es la expedici\u00f3n del Decreto 1824 de 2020, que responde al mandato del Acuerdo Final. No obstante, a estos recursos de protecci\u00f3n reglamentados han<\/p>\n\n\n\n

accedido 5 resguardos a corte de 31 de diciembre de 2020 y, en 2021 no se reportaron adelantos al respecto (Secretar\u00eda T\u00e9cnica del Componente de Verificaci\u00f3n Internacional -Cinep-, 2022, p. 29). Se suman a esto, las dificultades en la formalizaci\u00f3n de las tierras y territorios, por la ineficiencia del Catastro Multiprop\u00f3sito, que se adelanta lentamente, y que no termina de incorporar el enfoque \u00e9tnico a trav\u00e9s de la consulta previa y la participaci\u00f3n efectiva de las comunidades.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, se ha aumentado la deuda del Estado colombiano con los pueblos \u00e9tnicos, puesto que muchas de las comunidades est\u00e1n a la espera desde hace a\u00f1os, de la respuesta a sus solicitudes de formalizaci\u00f3n, sin obtener respuesta alguna por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Muestra de ello es que las peticiones resueltas en 2020, corresponden a menos del 3% del total, tanto para comunidades ind\u00edgenas, como para comunidades negras, que superan las 1.000 solicitudes. Adicionalmente, los bienes del Fondo de Tierras han sido entregados beneficiando en muy pocos casos, a la poblaci\u00f3n \u00e9tnica[mfn]A poblaci\u00f3n campesina (75%), a poblaci\u00f3n ind\u00edgena (24%) y solo el 0.06% ha sido destinado a poblaci\u00f3n afrocolombiana (2022, p\u00e1g. 26).[\/mfn], siendo las mujeres doblemente desfavorecidas en el acceso a la tierra.<\/p>\n\n\n\n

Participaci\u00f3n pol\u00edtica<\/h3>\n\n\n\n

La garant\u00eda del derecho a la participaci\u00f3n se ha quedado en el papel, y est\u00e1 lejos de cumplirse en la pr\u00e1ctica. Las estigmatizaciones, se\u00f1alamientos y violencia contra l\u00edderes, lideresas y autoridades \u00e9tnicas, demuestra la ineficacia del Estado para salvaguardar el derecho a la participaci\u00f3n y, por supuesto, los derechos a la vida e integridad.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Cinep\/PPP<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Al igual que en la RRI, si bien se han dado avances en la creaci\u00f3n de instancias (IEANPE, el Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliaci\u00f3n y Convivencia, las Circunscripciones Transitorias de Paz), as\u00ed como en la normatividad que pretende garantizar el derecho a la participaci\u00f3n, como es el caso del Estatuto de la Oposici\u00f3n[mfn]Reconoce la diversidad \u00e9tnica como principio y determina la creaci\u00f3n de programas de protecci\u00f3n con enfoque \u00e9tnico para organizaciones pol\u00edticas. (Ley 1909 de 2018, Art. 30).[\/mfn] o del C\u00f3digo Electoral[mfn]Ordena traducir el material electoral a lenguas propias.[\/mfn], se sigue demostrando que en Colombia las garant\u00edas no llegan a materializarse en pol\u00edticas p\u00fablicas, y resultan frecuentemente limitadas por la diferencia de lenguas y la falta de garant\u00edas para el acceso de personas que no hablan espa\u00f1ol; barrera que se acrecienta en las mujeres, quienes suelen usar menos el espa\u00f1ol que los hombres.<\/p>\n\n\n\n

En general, las comunidades sienten que se repiten los ciclos de planeaci\u00f3n, pero los proyectos no llegan a ver la luz, por lo que el desgaste no redunda en beneficios para los territorios (2022, p\u00e1g. 3), siendo esta una participaci\u00f3n vac\u00eda o que se queda en lo procedimental.<\/p>\n\n\n\n

En este punto es fundamental mencionar que no es posible hablar de participaci\u00f3n efectiva sin hablar de garant\u00edas de seguridad, consagradas en la Constituci\u00f3n yen el Acuerdo. En contrav\u00eda de la normatividad, las autoridades \u00e9tnicas, l\u00edderes y lideresas se ven desprotegidos y son perseguidos; \u201clas autoridades se est\u00e1n llenando de miedo. Con la chonta y el chumbe (bast\u00f3n de mando y faja), se vuelven un blanco\u201d (Barbosa, 2020). Es recurrente el uso de narrativas estigmatizantes propias de un lenguaje de \u201clucha contra el terrorismo\u201d, que provienen de dirigentes pol\u00edticos, funcionarios p\u00fablicos, personas influyentes, personas del sector privado y miembros de grupos armados ilegales, quienes rotulan a las comunidades como \u201cguerrilleros\u201d, \u201cterroristas\u201d, \u201cantidesarrollo\u201d o \u201cinformantes\u201d, buscando vulnerar su derecho a la honra y al buen nombre, y poniendo en riesgo su vida, integridad, seguridad personal y su actuar colectivo y\/o comunitario.<\/p>\n\n\n\n

A esto se suman las violaciones a los derechos, ocurridas durante las movilizaciones del Paro Nacional en el 2021, que se extendieron por meses, dejando episodios tr\u00e1gicos en varias ciudades del pa\u00eds y revelando el discurso del gobierno frente a los pueblos \u00e9tnicos. Para ilustrarlo, las palabras del presidente Duque: \u201c\u2026 para evitar confrontaciones innecesarias, yo quiero hacer un llamado a los se\u00f1ores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos\u201d. Esta frase deja entrever el discurso y la visi\u00f3n que ha sostenido el gobierno nacional, estigmatiz\u00e1ndolos como los provocadores de la violencia, la agitaci\u00f3n, las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas, a la vez que traza un enfrentamiento entre estas comunidades \u00e9tnicas y el resto de la ciudadan\u00eda y, por supuesto, limita el derecho a la participaci\u00f3n a trav\u00e9s de la protesta.<\/p>\n\n\n\n

V\u00edctimas<\/h3>\n\n\n\n

Los decretos ley \u00e9tnicos (Decreto 4633 y 4635), creados a la par de la Ley 1448 en 2011, buscaron establecer medidas de asistencia, atenci\u00f3n, reparaci\u00f3n integral y restituci\u00f3n de derechos territoriales a las v\u00edctimas pertenecientes a pueblos ind\u00edgenas y a comunidades negras, respectivamente. A pesar de la extensi\u00f3n de los t\u00e9rminos de la ley a 10 a\u00f1os m\u00e1s, a hoy el panorama es bastante desalentador. En lo que ata\u00f1e a la reparaci\u00f3n colectiva, seg\u00fan la Unidad de V\u00edctimas, existen 549 sujetos colectivos \u00e9tnicos inscritos en el RUV, de los cuales solo 59 cuentan con un Plan Integral de Reparaci\u00f3n Colectiva (PIRC) formulado y aprobado, y solo 3 de ellos han logrado el 100 % de implementaci\u00f3n[mfn]Consejo Comunitario de Villa Arboleda, en Putumayo, el Consejo Comunitario de Guacoche, en el Cesar, y el Pueblo Rrom, que tiene cierre parcial del PIRC.[\/mfn]. De la cifra total, 233 sujetos no han iniciado la ruta de reparaci\u00f3n colectiva.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Faruk Saman \/ Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja tomada de Flickr<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Respecto a la restituci\u00f3n de derechos territoriales se han proferido hasta el momento 21 sentencias, hay 51 demandas presentadas, y 219 solicitudes se encuentran en etapa administrativa. Estas sentencias proferidas han ordenado la restituci\u00f3n de 341.724 hect\u00e1reas, de las cuales 214.601 corresponden a restablecimiento de derechos \u00e9tnicos. Por otro lado, bajo la denominaci\u00f3n de nuevos lineamientos, en el Gobierno de Iv\u00e1n Duque se est\u00e1n cubriendo decisiones de orden pol\u00edtico con un ropaje \u201ct\u00e9cnico\u201d (CCJ y Cinep, 2019). Dentro de estas, se cuenta la triangulaci\u00f3n de la informaci\u00f3n, es decir, el soportar con fuentes oficiales, informaci\u00f3n que tenga origen en las comunidades \u00e9tnicas, especialmente aquella que relacione afectaciones territoriales originadas en las fuerzas militares y en la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, es preocupante el incumplimiento sistem\u00e1tico que se observa en las sentencias de restituci\u00f3n \u00e9tnica por parte de las entidades encargadas de implementar las \u00f3rdenes, por cuanto la institucionalidad p\u00fablica no realiza los esfuerzos necesarios para maximizar las posibilidades de alcanzar los objetivos establecidos por la ley. Igualmente, el an\u00e1lisis tiende a indicar que cada vez se torna m\u00e1s dif\u00edcil conseguir un ambiente favorable a la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica, no solo por la falta de presupuesto e inter\u00e9s pol\u00edtico por parte de los gobiernos locales y regionales, sino tambi\u00e9n por la persistencia de actores armados y vectores de violencia que hacen dif\u00edcil su materializaci\u00f3n a nivel territorial.<\/p>\n\n\n\n

Es preocupante el incumplimiento sistem\u00e1tico que se observa en las sentencias de restituci\u00f3n \u00e9tnica por parte de las entidades encargadas de implementar las \u00f3rdenes.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

En un reciente estudio del Cinep (2021) titulado \u00bfC\u00f3mo va el cumplimiento a las sentencias de restituci\u00f3n ind\u00edgena en el municipio de Ungu\u00eda, Choc\u00f3?, se concluy\u00f3 que estas sentencias tienen un grado de cumplimiento bajo, con un promedio de 35%. La sentencia con mayor grado de cumplimiento es la 017 de 2018, del resguardo de Arqu\u00eda, con 37%.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, las entidades toman en promedio 8.6 meses en responder a lo ordenado; tiempo excesivo que les resta efectividad a las \u00f3rdenes.<\/p>\n\n\n\n

Estas cifras alarmantes demuestran las enormes dificultades y la falta de voluntad que tiene el Gobierno para implementar la pol\u00edtica de reparaci\u00f3n, que necesitar\u00eda muchos a\u00f1os m\u00e1s para cumplirle a las v\u00edctimas las promesas puestas sobre el papel. Considerar que el Estado ha cumplido con su labor de garantizar y proteger los derechos de las v\u00edctimas por el solo hecho de haber emitido un fallo, es creer que un documento dar\u00e1 soluci\u00f3n a las problem\u00e1ticas sociales y econ\u00f3micas de las comunidades \u00e9tnicas en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed las cosas, el gobierno de Iv\u00e1n Duque pasa con m\u00e1s pena que gloria en cuanto a la situaci\u00f3n de los pueblos \u00e9tnicos del pa\u00eds. Las violaciones y limitaciones a sus derechos humanos, a sus derechos colectivos, los riesgos que corren a diario los l\u00edderes, lideresas y autoridades tradicionales, as\u00ed como los peligros de las p\u00e9rdidas culturales y la ausencia de medidas efectivas de protecci\u00f3n y de salvaguarda, hacen que el balance y el saldo sea negativos, en perjuicio de las comunidades. A medida que pasan los a\u00f1os se aumenta la deuda creada por las promesas y los acuerdos incumplidos, y este cuatrienio de gobierno, no solo desluci\u00f3 por faltar a la palabra empe\u00f1ada, sino por agresiones y discursos estigmatizantes, que profundizan la brecha de desigualdad.<\/p>\n\n\n\n

La falta de implementaci\u00f3n del enfoque \u00e9tnico del Acuerdo de Paz y la regresividad en la garant\u00eda de los derechos \u00e9tnicos se ha traducido en diferentes problem\u00e1ticas, que se imbrican en torno a la grave situaci\u00f3n humanitaria y de Derechos Humanos de las comunidades \u00e9tnicas, como son: el aumento progresivo de proyectos agroindustriales, como la ganader\u00eda extensiva y la deforestaci\u00f3n indiscriminada; la persistencia de la crisis alimentaria, la desnutrici\u00f3n y el alto \u00edndice de necesidades b\u00e1sicas insatisfechas, que a su vez agudizan la condici\u00f3n de vulnerabilidad; la falta de acceso al agua potable, la cual es fundamental para superar las enfermedades con mayor incidencia en las comunidades, en especial en la poblaci\u00f3n infantil; la existencia de t\u00edtulos y concesiones mineras vigentes, as\u00ed como el desarrollo de megaproyectos sin llevar a cabo la consulta previa, libre e informada, y la falta de formalizaci\u00f3n de los territorios que les son propios, impide a sus comunidades ejercer sus derechos \u00e9tnico territoriales.<\/p>\n\n\n\n

Foto portada:<\/strong> Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN)<\/p>\n\n\n\n

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