{"id":7998,"date":"2023-08-29T00:15:00","date_gmt":"2023-08-29T05:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/?p=7998"},"modified":"2023-09-07T12:06:24","modified_gmt":"2023-09-07T17:06:24","slug":"la-politica-en-las-calles-movilizacion-social-durante-el-primer-ano-del-gobierno-de-gustavo-petro-y-francia-marquez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/la-politica-en-las-calles-movilizacion-social-durante-el-primer-ano-del-gobierno-de-gustavo-petro-y-francia-marquez\/","title":{"rendered":"\u00bfLa pol\u00edtica en las calles? Movilizaci\u00f3n social durante el primer a\u00f1o del gobierno de Gustavo Petro y Francia M\u00e1rquez"},"content":{"rendered":"\n

<\/h2>\n\n\n\nEDICI\u00d3N 108 MAY-AGO 2023<\/font>\n\n\n\n

Por: Equipo de Movimientos Sociales*<\/strong><\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n

El n\u00famero de protestas sociales que la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) del Cinep\/PPP ha registrado hasta ahora, sobre el primer a\u00f1o del gobierno del Pacto Hist\u00f3rico, se acerca a las mil acciones sociales colectivas, cifra similar a las vistas en los \u00faltimos a\u00f1os. Las movilizaciones que han merecido mayor eco en los medios de comunicaci\u00f3n han sido no solo las convocadas por el propio presidente Petro para que la poblaci\u00f3n exprese su respaldo al paquete de proyectos de reformas presentado al Congreso, sino tambi\u00e9n las concitadas por la oposici\u00f3n para rechazarlo. Esta mirada desconoce que, m\u00e1s all\u00e1 de expresar apoyos u objeciones al gobierno, diversos actores sociales, coordinados por sus propias organizaciones de base, tienen m\u00faltiples motivaciones para protestar, las cuales dejan entrever redes de conflictos de vieja data, alimentados por los ya consuetudinarios incumplimientos de promesas lanzadas, ya sea en campa\u00f1as para la obtenci\u00f3n de cargos de elecci\u00f3n popular o para apagar algunas otras movilizaciones sociales lo que reproduce el c\u00edrculo vicioso protesta-promesa-incumplimiento-protesta.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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A la tradicional pr\u00e1ctica de los actores sociales para \u201cmedirle el aceite\u201d al nuevo gobierno saliendo a protestar, se suma en esta ocasi\u00f3n la pugna pol\u00edtica en las calles que muestra indudables simpat\u00edas de los movimientos sociales por el programa del Pacto Hist\u00f3rico \u2013algunos de los cuales consideran a Petro como \u201cnuestro\u201d presidente\u00ad, pero tambi\u00e9n ciertos rechazos y, sobre todo, la pervivencia de carencias hist\u00f3ricas en la sociedad colombiana. Ciertamente han sido numerosas las protestas en el primer a\u00f1o del gobierno Petro-M\u00e1rquez, pero suelen ser dispersas y particulares; nada que se asemeje a los recientes estallidos sociales[1]<\/a>. Veamos con detenimiento el comportamiento de los distintos actores sociales en lo que va del actual mandato.<\/p>\n\n\n\n

Luchas de los trabajadores asalariados<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Durante el primer a\u00f1o del gobierno Petro-M\u00e1rquez, la frecuencia de conflictos laborales de trabajadores asalariados ha variado, sin evidenciar una correlaci\u00f3n directa entre esta administraci\u00f3n y el ritmo y n\u00famero de dichas protestas. Desde la toma de posesi\u00f3n del presidente Petro, las luchas protagonizadas por trabajadores asalariados han mostrado una diversidad sectorial significativa. Los maestros han liderado el camino, registrando el n\u00famero m\u00e1s alto de protestas. Sus razones fundamentales fueron la denuncia del servicio de salud deficiente, el adeudo de salarios, la exigencia de mejor infraestructura educativa, el incumplimiento en la entrega de obras en las plantas f\u00edsicas y mejoras en el transporte y la alimentaci\u00f3n de sus estudiantes.<\/p>\n\n\n\n

Le siguen los trabajadores de la salud, quienes protestaron fundamentalmente por el rezago de meses de salarios y contra la precariedad de sus condiciones, debido a la subcontrataci\u00f3n laboral. Luego est\u00e1n los empleados de las empresas de servicios p\u00fablicos, con protestas en contra de violaciones a la convenci\u00f3n colectiva de trabajo por mejores salarios y condiciones laborales, en contra de las agresiones patronales a los sindicalistas, los despidos y para frenar privatizaciones en la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos. Otros sectores han estado presentes en esta din\u00e1mica con una menor frecuencia, pero a\u00fan significativa, tales como los trabajadores estatales de distintas ocupaciones, obreros del sector de alimentos y bebidas, los empleados bancarios, escoltas de la UNP (Unidad Nacional de Protecci\u00f3n), conductores de los sistemas masivos de transporte urbano, bomberos, trabajadores de aerol\u00edneas, asalariados de ingenios azucareros y de la palmicultura, de telecomunicaciones, cementeros, petroleros, entre otros. Todos ellos con motivos similares, como los incumplimientos a la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, por mejores condiciones laborales y remuneraciones y en favor de los pliegos laborales presentados en procesos de negociaci\u00f3n colectiva.<\/p>\n\n\n\n

La distribuci\u00f3n sectorial de las luchas, en articulaci\u00f3n con los motivos expuestos durante el primer a\u00f1o del gobierno del Pacto Hist\u00f3rico, no muestra grandes sorpresas, sino que se alinea con las tendencias habituales. Como suele ocurrir, los asalariados del sector p\u00fablico \u2013magisterio, salud, empresas de servicios p\u00fablicos y trabajadores estatales\u2013, han liderado en gran medida las protestas. En un art\u00edculo anterior para la revista Cien D\u00edas<\/em>[2]<\/a>, discutimos la articulaci\u00f3n entre los motivos de las luchas sociales y la agenda legislativa y pol\u00edtica del nuevo gobierno. Generalmente, las razones expuestas en las protestas coinciden con las transformaciones que se busca implementar: la lucha contra la tercerizaci\u00f3n, el fortalecimiento de la negociaci\u00f3n colectiva, la oposici\u00f3n a la persecuci\u00f3n antisindical, la b\u00fasqueda de mayores recursos para la salud y la educaci\u00f3n y el mejoramiento de las condiciones laborales.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n surgen elementos innovadores. Los trabajadores asalariados sindicalizados, unidos en su identidad de clase m\u00e1s all\u00e1 de sus roles laborales espec\u00edficos y con un alcance nacional, han liderado movilizaciones por pol\u00edticas econ\u00f3micas y laborales heterodoxas. Aunque esto es habitual, lo que es novedoso en esta coyuntura es que estos esfuerzos se conjugan con la promoci\u00f3n de la agenda de transformaciones del gobierno en lugar de resistirla.<\/p>\n\n\n\n

Otra novedad, aunque minoritaria, son las protestas de trabajadores que se alinean con los intereses y consignas del empresariado en Colombia. Tenemos, por ejemplo, un par de protestas de trabajadores del Grupo Empresarial Antioque\u00f1o contra el Grupo Gilinski, en la ciudad de Medell\u00edn. Es significativo que, en este caso particular, los trabajadores protestaran contra la gesti\u00f3n del gobierno a trav\u00e9s de la Superintendencia de Sociedades, frente al intento del Grupo Gilinski de hacer una toma hostil del Grupo Empresarial Antioque\u00f1o. Aunque tales intentos empezaron desde el gobierno anterior, algunos participantes en la movilizaci\u00f3n expresaron su oposici\u00f3n al actual presidente.<\/p>\n\n\n\n

Otros ejemplos incluyen las protestas de una parte de los trabajadores mineros del Cesar y de La Guajira en octubre del 2022 contra la reforma tributaria, espec\u00edficamente la prohibici\u00f3n de la deducibilidad de las regal\u00edas y el aumento de los impuestos a las exportaciones de oro y carb\u00f3n. Si bien no es la primera vez que algunos trabajadores protestan a favor de las empresas mineras, en medio del conflicto generado por la denuncia de proyectos extractivos, es novedoso que el gobierno nacional sea el adversario de estas protestas. Un caso adicional que merece ser destacado es el de los trabajadores de Rappi. Desde que la empresa empez\u00f3 operaciones en Colombia, se han registrado numerosas protestas contra la precarizaci\u00f3n laboral. En la BDLS aparecen 12 grandes protestas \u2013tres de car\u00e1cter nacional\u2013 desde 2018 hasta febrero de 2023. Aunque en algunas oportunidades dichas protestas tambi\u00e9n interpelaban al Estado, ya fuera para que los apoyara en sus reclamos a la empresa o para el otorgamiento de alguna pol\u00edtica de bienestar, no cabe duda de que el adversario principal era la multinacional. Tambi\u00e9n hay certeza de que dichas protestas no solo buscaban mayor remuneraci\u00f3n y transparencia en la informaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n la \u201claboralizaci\u00f3n\u201d de los repartidores, ya que, a pesar de la \u201cflexibilidad\u201d que implica el trabajo en plataformas, es evidente que existe un control y coordinaci\u00f3n por parte de la empresa que implica la existencia de relaciones laborales. En este contexto, es notoria la protesta que el gobierno nacional tuvo que enfrentar por parte algunos trabajadores de Rappi, especialmente en Bogot\u00e1, el 23 de marzo de 2023, contra la reforma laboral. En ambos casos las empresas lograron persuadir a una parte de sus trabajadores de que hab\u00eda una coincidencia de intereses entre trabajadores y patronos.<\/p>\n\n\n\n

En este punto resulta relevante destacar que la mayor\u00eda de los medios de comunicaci\u00f3n en el pa\u00eds han cubierto la reforma laboral de una manera que parece reforzar la idea de que existe una coincidencia de intereses entre trabajadores y empleadores. Han promovido, casi sin cuestionamiento, la noci\u00f3n de que existe una oposici\u00f3n entre la garant\u00eda de derechos en el trabajo y el aumento de la formalizaci\u00f3n y los niveles de empleo, present\u00e1ndola m\u00e1s como una verdad indiscutible que como un tema susceptible de debate econ\u00f3mico y pol\u00edtico. En este escenario, el presidente Petro ha expresado su percepci\u00f3n de una falta de movilizaci\u00f3n suficiente por parte de la clase trabajadora formal, en defensa de este proyecto reformista. Adem\u00e1s, a\u00fan queda por determinar hasta qu\u00e9 punto el discurso en favor de la negociaci\u00f3n colectiva se concreta en pol\u00edticas p\u00fablicas espec\u00edficas que la fomenten y promuevan.<\/p>\n\n\n\n

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Fuente: Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Movilizaciones agrarias y el reconocimiento pol\u00edtico del campesinado<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En el sector rural, el primer a\u00f1o del gobierno Petro-M\u00e1rquez cierra con la certeza del reconocimiento del campesinado como sujeto pol\u00edtico y cultural, la consolidaci\u00f3n del rol pol\u00edtico de personas afines a los intereses de sectores populares rurales en los cargos de la institucionalidad rural y una mayor comprensi\u00f3n sobre el papel central de la tierra en la pol\u00edtica agraria, lo cual parec\u00eda estar relegado en los \u00faltimos a\u00f1os, incluso de discusiones sobre productividad, tecnificaci\u00f3n[3]<\/a> y conflictividades. Una mirada a este primer a\u00f1o, en t\u00e9rminos de las luchas rurales, da indicios de las condiciones necesarias para materializar el reconocimiento pol\u00edtico y para garantizar un real derecho a la tierra. M\u00e1s que una serie de demandas, la lectura de la movilizaci\u00f3n parece apuntar a un di\u00e1logo con las pol\u00edticas p\u00fablicas, y con los anuncios y giros en las discusiones sobre lo agrario.<\/p>\n\n\n\n

Sobre las \u00faltimas protestas rurales del gobierno Duque, se pueden resaltar los \u201ccercos humanitarios\u201d, en el marco de acciones de resistencia civil contra cualquier actor armado, en territorios en los que hab\u00eda un compromiso firme con el Plan Nacional Integral de Sustituci\u00f3n de Cultivos de Uso Il\u00edcito \u2013PNIS \u2013, y as\u00ed se vio en Caquet\u00e1, La Apartada (C\u00f3rdoba), el sur de Bol\u00edvar y Tib\u00fa (Norte de Santander), al igual que respecto de acciones que violentaban la autonom\u00eda de las comunidades y su rol central en la soluci\u00f3n de conflictividades territoriales y usos del suelo: fue el caso no solo del paro agro-minero en C\u00e1ceres (Antioquia) \u2013que se inici\u00f3 por la destrucci\u00f3n de maquinaria amarilla\u2013 porque se echaba en el mismo saco a mineros artesanales e informales con grandes explotaciones de miner\u00eda ilegal, sino de las manifestaciones contra la operaci\u00f3n Artemisa que negaban la continuidad de pr\u00e1cticas hist\u00f3ricas de vida campesina en zonas de bosque[4]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En contraste con lo ocurrido al cierre de la presidencia de Duque, las protestas relacionadas con la erradicaci\u00f3n forzada y el incumplimiento de acuerdos en el marco de los PNIS, casi desaparecieron del panorama. Otras luchas que iban en aumento, relacionadas con la protecci\u00f3n de los derechos humanos de comunidades campesinas, ind\u00edgenas y afrodescendientes se han mantenido, constituyendo otros discursos y adversarios, por ejemplo: la demanda directa a grupos paramilitares para que hagan parte de las negociaciones de la Paz Total. Tal fue el caso del paro regional de enero de 2023, en los departamentos de Santander, Antioquia, Bol\u00edvar y Cesar, que ces\u00f3, entre otras cosas, tras el reconocimiento p\u00fablico oficial de la persistencia del conflicto armado en el pa\u00eds, as\u00ed como los paros en Buenaventura en marzo y Urab\u00e1 en abril.<\/p>\n\n\n\n

Durante los primeros d\u00edas del gobierno Petro-M\u00e1rquez fueron denunciadas 54 invasiones de tierras por Fedeg\u00e1n y la SAC, a trav\u00e9s de varios medios de comunicaci\u00f3n. Sin embargo, no hay rastros de las 54 tomas de tierras; las que s\u00ed se hicieron evidentes y fueron convocadas por actores como el Comit\u00e9 Pro-Reivindicaci\u00f3n de Tierras y la Comisi\u00f3n por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios tuvieron lugar en Tamalameque, Astrea, R\u00edo de Oro, Curuman\u00ed \u2013Hacienda La Oka\u2013 y Aguachica (Cesar); El Banco (Magdalena); Dagua \u2013 Albergue Caballo Loco\u2013 (Valle); Cajib\u00edo \u2013Bosques de pino de Smurfit Kappa\u2013 y la Hacienda Japio (Cauca). Algunas de estas tomas buscaban el reconocimiento de comunidades y problemas de tierras, a prop\u00f3sito de propuestas como la de hacer que los bienes en extinci\u00f3n de dominio de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) fueran la base de la Reforma Rural Integral, en lo relativo a la entrega de tierras para la producci\u00f3n campesina. Otras correspondieron a las recuperaciones de la madre tierra que, desde el 2 de septiembre de 2006, adelantaron comunidades ind\u00edgenas convocadas por la ACIN (Asociaci\u00f3n de Comunidades Ind\u00edgenas del Norte del Cauca). En el mes de abril, a ocho meses de iniciado el gobierno, reclamantes de tierra de Urab\u00e1 salieron a protestar, para exigir celeridad a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras en procesos que llevan ya diez a\u00f1os en curso. Entre las invasiones de agosto de 2022 y la marcha de 2023, pareciera haber un camino m\u00e1s claro sobre la institucionalidad y el avance de los procesos para sanar las deudas con el campesinado expulsado, expropiado y despojado de sus tierras. Habr\u00e1 que ver en los a\u00f1os restantes el cumplimiento del objetivo de redistribuci\u00f3n y su v\u00ednculo con otras conflictividades rurales que pasan por la tierra, pero que no se resuelven con el reparto: las relacionadas con el extractivismo son el mejor ejemplo: El Carmen y San Vicente de Chucur\u00ed as\u00ed lo se\u00f1alaron a inicios del presente a\u00f1o. Y no hay que olvidar el paro de Los Pozos en San Vicente de Cagu\u00e1n (Caquet\u00e1), que es tal vez la protesta m\u00e1s larga que ha tenido que enfrentar este gobierno.<\/p>\n\n\n\n

En Los Pozos no solo se pusieron a prueba los intentos de cambio en la pol\u00edtica minero-energ\u00e9tica, sin que se evidenci\u00f3 y denunci\u00f3 el hist\u00f3rico desequilibrio en las negociaciones con la empresa, sobre los beneficios para la comunidad y se oblig\u00f3 a que el Estado cambiara sus formas de intervenci\u00f3n. Las negociaciones de las comunidades con estos actores ajenos al territorio, que deb\u00edan ser acompa\u00f1adas por el gobierno, se convirtieron en solicitudes muy espec\u00edficas de la comunidad a las empresas. En Los Pozos, una comunidad organizada y con claridad en las afectaciones y tambi\u00e9n sobre posibles soluciones, exigi\u00f3 un plan espec\u00edfico de inversi\u00f3n social, pero lo que encontr\u00f3 fue la deslegitimaci\u00f3n medi\u00e1tica de los liderazgos y la violencia de la fuerza p\u00fablica al servicio de la empresa. Es bien conocida la llamada retenci\u00f3n de 79 uniformados y 11 funcionarios como \u00fanico medio para llamar la atenci\u00f3n p\u00fablica. Tambi\u00e9n fue ampliamente difundido que el ministro del Interior reconoci\u00f3 esta acci\u00f3n como un \u201ccerco humanitario\u201d y que la Guardia Campesina fue la que asumi\u00f3 el control para bajar la tensi\u00f3n y los actos de violencia asociados. Pero lo m\u00e1s importante es que una de las principales demandas de Los Pozos fue el reconocimiento de la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas) como interlocutora de las afectaciones por la pol\u00edtica petrolera en Caquet\u00e1, Meta y Guaviare. La Coscopaas articula cerca de 40 organizaciones de los tres departamentos; representa no solo a comunidades afectadas por la legislaci\u00f3n sobre reservas forestales y parques nacionales, por los procesos de erradicaci\u00f3n forzada e incumplimientos del PNIS (Plan Nacional Integral de Sustituci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos) y por las judicializaciones dadas en el marco del Plan Artemisa, sino tambi\u00e9n a firmantes del Acuerdo de Paz del antiguo ETCR (Espacio Territorial de Capacitaci\u00f3n y Reincorporaci\u00f3n) de Las Colinas (San Jos\u00e9 del Guaviare). En la mesa de negociaci\u00f3n que dio fin a 43 d\u00edas de tensos bloqueos, concentraciones y disturbios, se comprometi\u00f3 el gobierno nacional a retomar los Acuerdos de Altamira \u2013resultado de una movilizaci\u00f3n del 2022\u2013, lo que mostr\u00f3 no solo el reconocimiento de conflictividades hist\u00f3ricas en el territorio, sino de los actores con quienes debe llevarse a cabo este proceso de negociaci\u00f3n. Pareciera ser esta una real acci\u00f3n de reconocimiento pol\u00edtico del campesinado en lo territorial.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, sobre otros anuncios de pol\u00edticas agrarias y su posible relaci\u00f3n con la movilizaci\u00f3n social, es importante resaltar que han vuelto a acrecentarse las acciones colectivas de comunidades rurales que protestan frente a las dificultades que enfrentan en su vida cotidiana para movilizarse, sacar sus cultivos o garantizar educaci\u00f3n para sus hijos. El repunte de las protestas por v\u00edas, relacionadas con los da\u00f1os invernales, la falta de mantenimiento, las afectaciones por obras o los malos planes de movilidad en la construcci\u00f3n de autopistas, as\u00ed como la eterna queja de habitantes de veredas y corregimientos aislados, ya que no pueden sacar sus cultivos, tal vez tenga que ver con el lanzamiento del programa Caminos Comunitarios de la Paz y el manifiesto inter\u00e9s por construir m\u00e1s v\u00edas terciarias que primarias. Con esto, queremos recordar que, desde la firma de la Constituci\u00f3n de 1991, las comunidades ind\u00edgenas y afrodescendientes han insistido en que el reconocimiento pol\u00edtico de las identidades id\u00e9nticas no se hace efectivo sin las condiciones materiales para garantizar sus luchas. Quiz\u00e1s el reconocimiento pol\u00edtico del campesinado ampl\u00ede las nociones sobre el lugar pol\u00edtico y cultural de la ruralidad, pero este solo se har\u00e1 efectivo tendiendo tambi\u00e9n a demandas como infraestructura, salud y educaci\u00f3n en los territorios.<\/p>\n\n\n\n

Luchas ind\u00edgenas y de comunidades negras y raizales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Con relaci\u00f3n a los grupos \u00e9tnicos, el inicio del gobierno Petro-M\u00e1rquez estuvo acompa\u00f1ado de una explosi\u00f3n de demandas hist\u00f3ricas de ind\u00edgenas, quienes reclamaban atenci\u00f3n de primer nivel, exigiendo la presencia de ministros y funcionarios de alto rango en sus territorios. Lo anterior se evidenci\u00f3 tan solo dos d\u00edas despu\u00e9s de la posesi\u00f3n presidencial, cuando ind\u00edgenas Nasa y Wounaan en Dagua (Valle del Cauca) reclamaron, mediante un bloqueo vial, la presencia del ministro del Interior para concertar soluciones frente a incumplimientos de gobiernos pasados en materia de infraestructura en su territorio. Siete d\u00edas despu\u00e9s, fueron los Nasa Kiwe quienes, a trav\u00e9s de un bloqueo en la v\u00eda Buenaventura-Buga, pidieron nuevamente la presencia inmediata del entonces ministro Prada para concretar respuestas de inversi\u00f3n social en sus comunidades.<\/p>\n\n\n\n

Lo anterior solo expres\u00f3 una de las nuevas rutas de di\u00e1logo propuesta por un gobierno autodesignado como \u201cpopular\u201d y que a lo largo de los siguientes meses se convertir\u00eda en un s\u00edmbolo recurrente de las movilizaciones ind\u00edgenas en el pa\u00eds. Regiones como La Guajira, en donde los Ind\u00edgenas Wayuu bloquearon v\u00edas de acceso a sus principales municipios para exigir mayor inversi\u00f3n estatal y el cumplimiento de sentencias constitucionales o Silvia (Cauca), en donde los ind\u00edgenas Misak con un nuevo bloqueo en la V\u00eda Panamericana, invitaron a cuatro ministros del gobierno a atender las necesidades de su territorio. En el primer caso, atrajeron el inter\u00e9s gubernamental con la presencia del jefe de Estado y su gabinete por una semana.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, este abordaje por parte del actual gobierno de las viejas deudas hist\u00f3ricas con los pueblos ind\u00edgenas estuvo acompa\u00f1ado por la atenci\u00f3n inmediata de sus necesidades recientes. La ola invernal de octubre de 2022 desbord\u00f3 las emergencias humanitarias de pueblos enteros, fractur\u00f3 la poca infraestructura a\u00fan servible y desat\u00f3 una serie de protestas que buscaban el apoyo institucional en estos momentos cr\u00edticos. Ind\u00edgenas como los Yukpa en Bosconia (Cesar) o los Yanakona en Guacar\u00ed, Dagua y Buenaventura (Valle del Cauca) bloquearon sus principales v\u00edas de acceso como \u00faltima medida para exigir alimentos y medicinas, tras haber perdido todo, a causa de las inclementes lluvias.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, en los primeros cinco meses de gobierno, la cifra de desplazamiento interno forzado en el pa\u00eds sum\u00f3 339.000 nuevos casos reportados \u2013la m\u00e1s alta en una d\u00e9cada\u2013, ubic\u00e1ndolo en el cuarto lugar del mundo con mayores cifras de desplazamiento forzado, siendo los m\u00e1s afectados ind\u00edgenas y comunidades negras (en un 91%)[5]<\/a>. Como consecuencia de esta situaci\u00f3n, muchas de estas comunidades en diversos lugares del pa\u00eds salieron a protestar en diciembre de 2022, reclamando una urgente salida negociada del conflicto interno armado, a trav\u00e9s del apoyo decidido a la \u201cPaz Total\u201d planteada por el Gobierno Nacional que involucra a todos aquellos actores en armas que generan zozobra y temor en sus territorios.<\/p>\n\n\n\n

Los primeros meses de 2023, quiz\u00e1s los m\u00e1s movidos en materia de protestas sociales ind\u00edgenas, afro y raizales para este gobierno, trajeron consigo movilizaciones de comunidades negras que reclamaron mayor participaci\u00f3n del gobierno nacional en los procesos de reconocimiento de derechos para sus comunidades \u2013similares al apoyo de los derechos de los campesinos\u2013 y una intermediaci\u00f3n eficaz en la resoluci\u00f3n de los conflictos con otros grupos \u00e9tnicos como los ind\u00edgenas. De esta manera, en regiones como Padilla (Cauca), Capurgan\u00e1 (Choc\u00f3), Fonseca (La Guajira), Cartagena (Bol\u00edvar), Buenaventura (Valle del Cauca) y Urab\u00e1 (Antioquia), las comunidades negras marcharon y bloquearon sus principales v\u00edas, exigiendo la presencia de representantes ministeriales y, mayormente, del Alto Comisionado para la Paz en aras de construir en conjunto una agenda de paz inter\u00e9tnica.<\/p>\n\n\n\n

Igualmente, las comunidades raizales en San Andr\u00e9s y Providencia alzaron su voz y, mediante bloqueos en sus principales calles, expresaron su descontento por la carencia de servicios p\u00fablicos b\u00e1sicos como agua potable y conectividad a internet para la educaci\u00f3n de sus hijos. Esta situaci\u00f3n, nuevamente llev\u00f3 a un territorio de frontera al gobierno nacional, en cabeza del presidente de la rep\u00fablica, quien haci\u00e9ndose responsable directamente de la situaci\u00f3n asign\u00f3 responsabilidades a distintos funcionarios[6]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

A pocos d\u00edas de completar el primer a\u00f1o del Gobierno Petro-M\u00e1rquez vale la pena se\u00f1alar que el respaldo popular ind\u00edgena, raizal y afro expresado en las marchas del 7 de junio pasado en m\u00e1s de 19 ciudades, contrasta con las recientes protestas en zonas como San Jos\u00e9 del Guaviare (Guaviare), Natagaima (Tolima), Quibd\u00f3 (Choc\u00f3) y Ricaurte (Nari\u00f1o,) alrededor de las tres l\u00edneas m\u00e1s recurrentes de exigencia por parte de las comunidades \u00e9tnicas en lo que va de este gobierno: mayor inversi\u00f3n social en los territorios, recuperaci\u00f3n de las v\u00edas terciarias y, fundamentalmente, la salida negociada al conflicto armado mediante \u201cLa Paz Total\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Protestas urbanas y de otros actores sociales<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Los pobladores urbanos \u2013quienes m\u00e1s luchas han librado en el primer a\u00f1o del actual gobierno\u2013 han centrado sus protestas en reclamar servicios p\u00fablicos, sobre todo acueducto y energ\u00eda el\u00e9ctrica, ya sea por ausencia, p\u00e9sima calidad o el costo de sus tarifas; infraestructura f\u00edsica, principalmente, v\u00edas; en rechazar el cobro de peajes por carreteras en lamentable estado o en trayectos muy cortos, y en denunciar los perjuicios causados por obras p\u00fablicas; exigiendo, adem\u00e1s, servicios sociales, predominando los asociados con la educaci\u00f3n, como el Programa de Alimentaci\u00f3n Escolar (PAE) y el transporte escolar, y los relacionados con prestaci\u00f3n de los servicios de salud. Las pol\u00edticas p\u00fablicas como la urbana, la social y la minero-energ\u00e9tica han suscitado tambi\u00e9n movilizaci\u00f3n social, pero sobresalen las contenidas en torno al paquete de reformas presentado por el ejecutivo. Igualmente han sido fuente de protesta urbana asuntos ambientales como la contaminaci\u00f3n auditiva, a\u00e9rea y de fuentes de agua, la tala de \u00e1rboles para construir megaproyectos y el maltrato animal, as\u00ed como los incumplimientos de acuerdos, sobre todo referentes a construcci\u00f3n o reparaci\u00f3n de v\u00edas y a la reconstrucci\u00f3n de la isla de Providencia. Las luchas sociales de pobladores urbanos, relacionadas con los derechos humanos, se han focalizado en protestar contra las violencias basadas en g\u00e9nero y en reclamar la b\u00fasqueda de la paz, en territorios azotados por violencias urbanas de diversa \u00edndole.<\/p>\n\n\n\n

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Fuente: Humano Salvaje.
<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Los y las estudiantes de universidades privadas de varias ciudades del pa\u00eds protestaron en contra del alza desmesurada de las matr\u00edculas, establecida para el segundo semestre de 2022, y denunciaron que en algunos de estos centros de estudio las altas matr\u00edculas no estaban acordes con la calidad de las plantas f\u00edsicas, la dotaci\u00f3n de laboratorios y bibliotecas, ni con la estabilidad laboral de los profesores. En las universidades p\u00fablicas, el estudiantado se moviliz\u00f3 para pedir mejoras en los programas de bienestar universitario, reparaci\u00f3n de plantas f\u00edsicas y adecuaci\u00f3n de campus. Tanto \u201cgomelxs\u201d \u2013como se autodenominaron los y las estudiantes de universidades privadas durante los paros de 2019 y 2021\u2013, al igual que los y las alumno(as) de las p\u00fablicas se movilizaron para pedir rutas de atenci\u00f3n efectivas para las v\u00edctimas de violencias basadas en g\u00e9nero, perpetradas por miembros de sus comunidades universitarias, e investigaciones y acciones judiciales para los culpables. Alumnos del Sena y de institutos tecnol\u00f3gicos protestaron por anuncios de las autoridades gubernamentales de disminuir el monto de los giros presupuestales que contribuyen a su financiamiento y, junto con estudiantes de algunas universidades p\u00fablicas como la Distrital de Bogot\u00e1, se manifestaron para pedir que no se cancelen ciertos programas acad\u00e9micos que est\u00e1n siendo considerados obsoletos o de muy baja demanda. No faltaron tampoco las protestas contra rectores acusados de presunta corrupci\u00f3n o de nepotismo.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, los y las estudiantes de secundaria se manifestaron para exigir a las secretar\u00edas municipales o departamentales de educaci\u00f3n reparar, ampliar, construir o entregar las plantas f\u00edsicas de muchas instituciones educativas, hacer los nombramientos de maestros necesarios para cubrir los requerimientos de plantas de personal, reasignar los PAE[7]<\/a> y solucionar las rutas de transporte para el estudiantado, debido a su p\u00e9sima calidad o ausencia de uno y otras, y realizar los procedimientos de contrataci\u00f3n de personal de servicios generales para escuelas y colegios de educaci\u00f3n b\u00e1sica y secundaria. En la mayor\u00eda de estas protestas, los manifestantes estuvieron acompa\u00f1ados por madres y padres de familia y, en ocasiones, por los maestros y directivas educativas. Alumnas y alumnos de tres colegios privados y regentados por religioso(as) expusieron p\u00fablica y colectivamente casos de abuso sexual por parte de docentes y el encubrimiento de las directivas educativas, tanto de los violadores como de las denuncias.<\/p>\n\n\n\n

El amplio espectro de oficios que desempe\u00f1an los denominados trabajadores independientes \u2013que vienen en seguida en la escala de protagonismo de movilizaci\u00f3n social\u2013 se acompa\u00f1a de una variedad de motivos de protesta, primando entre ellos, las pol\u00edticas p\u00fablicas; y como muchas de estas actividades se realizan en la calle, las pol\u00edticas urbanas, que restringen o proh\u00edben el uso del espacio p\u00fablico o que intentan controlar el transporte informal, han sido el blanco de muchas manifestaciones, seguidas por aquellas que intentan normar, castigar o regular oficios, incluidas las pol\u00edticas minero-energ\u00e9ticas. Otro importante tema, objeto de protesta de estos actores, es el referido al incumplimiento de pagos por servicios prestados o de promesas sobre enganche laboral formal, como es el caso de las madres comunitarias, o de pago de indemnizaciones por expulsi\u00f3n de lugares donde se ejerc\u00edan labores informales.<\/p>\n\n\n\n

Los gremios de transportadores y comerciantes han sido muy activos en protestar contra las pol\u00edticas que regulan el transporte que modifican la base y los montos tributarios y que reordenan el territorio. Los peajes tambi\u00e9n han generado inconformidad, as\u00ed como el mal estado de las v\u00edas y la inseguridad ciudadana. Los comerciantes han sido una fuerza importante en las protestas contra el mal servicio de energ\u00eda, particularmente en la Costa Atl\u00e1ntica, donde Electricaribe dio paso a Air-e (operador del servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica en Atl\u00e1ntico, La Guajira y Magdalena), aunque para muchos, el remedio ha sido peor que la enfermedad. Y los transportadores han encabezado protestas contra otras protestas, como los continuos bloqueos de v\u00edas, presentados en La Guajira, o los sucesivos paros de transportadores en Rionegro, Antioquia.<\/p>\n\n\n\n

Las mujeres movilizadas por asuntos de g\u00e9nero protestaron airadamente contra abusos sexuales y feminicidios y, en algunas pocas luchas, algunos colectivos feministas hicieron un llamado a la acci\u00f3n directa, como \u00fanica arma de la que disponen en contra del aumento de casos denunciados por violencia basada en g\u00e9nero y el sentimiento de absoluta desatenci\u00f3n y desprotecci\u00f3n por parte de autoridades en diversos espacios. Tambi\u00e9n aprovecharon conmemoraciones, como la del d\u00eda del detenido-desaparecido, para denunciar la desaparici\u00f3n de mujeres en ciudades tur\u00edsticas como Cartagena, planteando la pregunta sobre la posible relaci\u00f3n entre turismo sexual, trata de personas y desaparici\u00f3n forzada. Y otras conmemoraciones \u2013D\u00eda Internacional de las Mujeres, D\u00eda de la No Violencia Contra las Mujeres y D\u00eda de la Acci\u00f3n global por Aborto Legal y Seguro\u2013 sirvieron como plataformas para denunciar la violencia patriarcal y homof\u00f3bica que a\u00fan campea en distintos escenarios de la vida nacional. Por su parte, colectivas trans realizaron una marcha para exigir la garant\u00eda de derechos a la salud, a la educaci\u00f3n b\u00e1sica y universitaria, a empleos que permitan condiciones de vida digna, y anunciaron la radicaci\u00f3n en el Congreso de la Rep\u00fablica, el 20 de julio de 2023, del proyecto de ley integral trans que incluye esos derechos.<\/p>\n\n\n\n

Las personas recluidas en distintas c\u00e1rceles del pa\u00eds han realizado acciones de desobediencia civil y huelgas de hambre, y sus familiares han participado en plantones ante \u00f3rganos de justicia para pedir al presidente Gustavo Petro que se mejoren las condiciones de vida de los privados de la libertad y que se decida abolir los centros penitenciarios, aduciendo que en ellos no se resocializa nadie y m\u00e1s bien son lugares donde se violan todos los derechos de los all\u00ed recluidos. Durante este a\u00f1o, adem\u00e1s de la denuncia ya a\u00f1eja sobre el hacinamiento carcelario, la queja recurrente de los reclusos ha sido la p\u00e9sima calidad de la comida que les dan: en estado de descomposici\u00f3n, baja en calor\u00edas, entregada a unas horas ins\u00f3litas o, incluso, no entregadas durante d\u00edas, como ocurri\u00f3 en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de C\u00facuta en octubre del a\u00f1o anterior cuando los reclusos permanecieron tres d\u00edas sin recibir alimentos. Organismos de derechos humanos han reclamado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios contratar entidades que preparen comida digna para los reclusos porque ellos tienen derecho a la alimentaci\u00f3n, pero la que reciben constituye una forma de trato cruel, inhumano e incluso de tortura. Y seg\u00fan la Defensor\u00eda del Pueblo, a comienzos de 2023, el 26% de los establecimientos carcelarios se encontraba en estado cr\u00edtico por las fallas en la entrega de alimentos a los internos.<\/p>\n\n\n\n

Los j\u00f3venes, tan activos durante el estallido social de 2021, han mermado su notoriedad en la movilizaci\u00f3n social. No obstante, salieron a las calles para recordar tanto el 28 A (2021), como el asesinato de Javier Ord\u00f3\u00f1ez, a manos de miembros de la Polic\u00eda (2020), rechazar el supuesto uso de hornos crematorios en Bogot\u00e1 para \u201cdesaparecer\u201d a participantes en el estallido social[8]<\/a> y para pedir la liberaci\u00f3n inmediata de miembros de las primeras l\u00edneas. J\u00f3venes ind\u00edgenas del Cauca pidieron al gobierno nacional, mediante un bloqueo de la V\u00eda Panamericana, garant\u00edas para su derecho a la vida, tras el asesinato de tres de ellos en el Resguardo de San Lorenzo de Caldono, aparentemente a manos de las disidencias de las Farc. La movilizaci\u00f3n juvenil ha estado asociada a la violencia que se ha ensa\u00f1ado contra este segmento etario, tanto en las ciudades como en los campos del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

A modo de cierre, dos aspectos merecen ser resaltados en relaci\u00f3n con las protestas que se acaban de rese\u00f1ar en este art\u00edculo. Uno tiene que ver con los entes considerados por los manifestantes como sus adversarios, como aquellos ante los cuales se presentan los reclamos y tendr\u00edan la posibilidad de atenderlos: en primer lugar, est\u00e1n el ejecutivo municipal y las empresas mixtas del orden municipal; en segundo lugar, entes (empresarios) privados; en tercer lugar, el ejecutivo nacional junto a las empresas mixtas del orden nacional; y, en cuarto lugar, el ejecutivo departamental con las empresas mixtas de este nivel. De lejos aparecen las fuerzas militares y los grupos armados irregulares, seguidos de los \u00f3rganos con capacidad normativa y judicial, y los de control. El actual gobierno nacional se ha mostrado muy diligente a la hora de responder a las movilizaciones y ha enviado funcionarios de alto nivel a negociar con los manifestantes. Pero en estos tr\u00e1mites se ha hecho evidente, por un lado, que no existe concordancia entre los niveles de gobierno del orden nacional, departamental y municipal, por no haber establecido entre ellos acuerdos pol\u00edticos, y de otro, que el gobierno nacional carece de libertad de asignaci\u00f3n de recursos, durante el primer a\u00f1o de gobierno, porque estos ya hab\u00edan sido comprometidos por el gobierno saliente.<\/p>\n\n\n\n

El otro aspecto relevante es el cambio en el manejo de la protesta por parte de la Polic\u00eda y el Esmad, al punto de que alcaldes y gobernadores \u2013adem\u00e1s de miembros de partidos de oposici\u00f3n\u2013 y \u201ccreadores\u201d de opini\u00f3n, de un aparte, han preguntado p\u00fablicamente al gobierno nacional si ha ordenado a la fuerza p\u00fablica permitir \u201cvandalizaci\u00f3n\u201d y \u201cdesmanes\u201d y, de otra, han ridiculizado los \u201ccercos humanitarios\u201d, gracias a los cuales, campesinos e ind\u00edgenas han intentado protegerse de cualquier actor armado que llegue a sus territorios, seg\u00fan se analiz\u00f3 anteriormente. Estas garant\u00edas a la protesta tal vez han contribuido a incrementarla, pero no deber\u00eda exagerarse en el uso de esta forma de acci\u00f3n directa, m\u00e1xime en un gobierno que tiene las puertas abiertas al di\u00e1logo. Adem\u00e1s, recurrir a ella sin medir su oportunidad aminora su contundencia cuando realmente se necesite y m\u00e1s bien favorece la ret\u00f3rica de la oposici\u00f3n, que a toda costa busca arrinconar al actual mandatario. Las observaciones, an\u00e1lisis y conclusiones preliminares aqu\u00ed consignadas nos instan a continuar analizando y monitoreando la evoluci\u00f3n de las luchas sociales en lo que resta del mandato del Pacto Hist\u00f3rico.<\/p>\n\n\n\n

* Integrado por Mauricio Archila, Oscar Cardozo, Santiago Garc\u00e9s, Martha Cecilia Garc\u00eda y Ana Mar\u00eda Restrepo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[1]<\/a> Para un an\u00e1lisis de las tendencias recientes en las luchas sociales, v\u00e9anse las contribuciones de Archila, Garc\u00eda y Garc\u00e9s con Juan Carlos Celis (coordinador), Estallido social 2021: expresiones de vida y resistencias<\/em>, Bogot\u00e1: Siglo Editorial\/Universidad del Rosario\/Colectivo La Mariacano, 2023.<\/p>\n\n\n\n

[2]<\/a> Garc\u00e9s, Santiago (2023) \u201cColombia frente al Cambio: Luchas sindicales y reforma laboral\u201d, Revista Cien D\u00edas<\/em>, n\u00famero 107. Disponible en: https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/colombia-frente-al-cambio-luchas-sindicales-y-reforma-laboral\/ <\/a><\/p>\n\n\n\n

[3]<\/a> Algunos de estos asuntos fueron abordado en el art\u00edculo \u201c\u00bfCon los pies en la tierra?\u201d de la \u00faltima edici\u00f3n de la Revista Cien D\u00edas<\/em> y en el episodio dos del Podcast \u201cLa c\u00e9lula\u201d del colectivo La Creciente: https:\/\/open.spotify.com\/episode\/4iopKy3WkEH2hYHuzLNRCu?si=faab132353c642a4<\/a><\/p>\n\n\n\n

[4]<\/a> Denunciada como una operaci\u00f3n anticampesina por varios colectivos y ONG: https:\/\/www.dejusticia.org\/column\/artemisa-operacion-anticampesina-vestida-de-verde\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

Para un an\u00e1lisis detallado sobre los fracasos y errores de esta operaci\u00f3n, ver: https:\/\/es.mongabay.com\/2022\/12\/artemisa-radiografia-de-una-operacion-que-no-freno-la-deforestacion-en-colombia\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

[5]<\/a> IDMC (Internal Displacement Monitoring Center) y NRC (Norwegian Refugee Council). Global Report on Internal Displacement 2023<\/em> (2023), 78. En: https:\/\/www.internal-displacement.org\/global-report\/grid2023\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

[6]<\/a> Por ejemplo: \u201cUn computador sin conectividad pr\u00e1cticamente es una m\u00e1quina de escribir y solo el 49% de los habitantes de San Andr\u00e9s est\u00e1n conectados; eso quiere decir que no todos los ni\u00f1os van a usar su computador conectado al internet, que es la clave del asunto. Una de las tareas fundamentales, ministro, es lograr una conectividad 100% en la isla\u201d El Espectador<\/em> (27 de mayo de 2023). \u201cGustavo Petro en San Andr\u00e9s: \u2018La isla podr\u00eda ser un para\u00edso de n\u00f3madas digitales\u2019\u201d. En: https:\/\/www.elespectador.com\/politica\/gustavo-petro-en-san-andres-la-isla-podria-ser-un-paraiso-de-nomadas-digitales\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

[7]<\/a> El deterioro del PAE ha sido progresivo, casi desde su fundaci\u00f3n en 1955. \u201cSu presupuesto \u2013insuficiente, pero no despreciable\u2013 ha sido saqueado sistem\u00e1ticamente por los diferentes actores que participan directa o indirectamente en la contrataci\u00f3n\u2026 Cada vez son m\u00e1s frecuentes los esc\u00e1ndalos de desv\u00edo de recursos, robos, sobrecostos y la peor de todas las pr\u00e1cticas: la distribuci\u00f3n de raciones en mal estado\u201d. Sara del Castillo, \u201cEl Programa de Alimentaci\u00f3n Escolar: robo de recursos a los m\u00e1s necesitados\u201d, en Raz\u00f3n P\u00fablica<\/em>, 3 de septiembre de 2018. En ese mismo a\u00f1o, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica denunci\u00f3 que 45 alcald\u00edas estar\u00edan vinculadas al robo de los recursos destinados para este programa. El Tiempo<\/em>, 14 de agosto de 2018.<\/p>\n\n\n\n

[8]<\/a> La alcaldesa Claudia L\u00f3pez rechaz\u00f3 las denuncias que afirman que se usaron los hornos crematorios de los cementerios distritales para desaparecer manifestantes del paro de 2021. Y dijo que en Bogot\u00e1 no hubo desaparecidos durante el paro, como lo comprob\u00f3 la relator\u00eda independiente, Fiscal\u00eda y CIDH. www.wradio.com.co, 16 de enero de 2023.<\/p>\n\n\n\n

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El equipo de Movimiento Sociales del Cinep\/PPP analiza las movilizaciones y luchas sociales durante el primer a\u00f1o del gobierno de Gustavo Petro y Francia M\u00e1rquez.<\/p>\n","category_list_v2":"108 \/ MAY-AGO 2023<\/a>, Movimientos sociales<\/a>","author_info_v2":{"name":"Mauricio Archila","url":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/author\/mauricio-archila\/"},"comments_num_v2":"0 comments","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7998","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7998"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7998\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8113,"href":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7998\/revisions\/8113"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8002"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7998"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7998"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7998"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}