{"id":8313,"date":"2024-04-17T12:19:30","date_gmt":"2024-04-17T17:19:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/?p=8313"},"modified":"2024-04-17T18:54:14","modified_gmt":"2024-04-17T23:54:14","slug":"victimas-para-rato-sin-parar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/victimas-para-rato-sin-parar\/","title":{"rendered":"V\u00edctimas para rato, sin parar"},"content":{"rendered":"\n

A prop\u00f3sito del D\u00eda Nacional de las V\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Estado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Desde el a\u00f1o 2008, un n\u00famero significativo de movimientos sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos culturales, propusieron que el d\u00eda 6 de marzo se hiciera memoria de las v\u00edctimas de cr\u00edmenes de Estado en Colombia. A\u00fan no se hab\u00eda iniciado el proceso de paz m\u00e1s prolongado (2012- 2016), que abordar\u00eda el problema de las v\u00edctimas y de la justicia, como uno de sus mayores desaf\u00edos, y cuyas dificultades extremas casi hacen hundir dicho proceso.<\/em><\/p>\n\n\n\n

En muchos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, que en los a\u00f1os 80 del siglo XX sal\u00edan de dictaduras militares o de conflictos armados muy crueles y prolongados, hizo carrera la consigna NUNCA M\u00c1S, para inspirar abordajes de fondo a muchos a\u00f1os de barbarie, impulsar an\u00e1lisis profundos de los factores que propiciaron la violencia y construir estrategias que impidieran el retorno a la atrocidad.<\/p><\/div>\n\n\n\n

En la mayor\u00eda de los pa\u00edses se elaboraron proyectos bajo la consigna del NUNCA M\u00c1S, que llegaron a producir extensos informes sobre lo vivido en los a\u00f1os m\u00e1s dolorosos, y se\u00f1alaron factores que era necesario combatir en el futuro, para evitar volver a los conflictos. No se puede decir, sin embargo, que esos procesos hayan culminado con \u00e9xito. Los informes fueron publicados en lujosas ediciones y fueron a enriquecer las bibliotecas y los archivos, pero la violencia, y sobre todo sus causas, no lograron ser erradicadas. S\u00f3lo se pas\u00f3 la p\u00e1gina de las dictaduras formales y de las guerras declaradas, pero quedaron cepas de injusticia, corrupci\u00f3n y odios fundados en la inequidad, que han seguido alimentando diversas formas de violencia.<\/p><\/div>\n\n\n\n

En el caso colombiano, como lo ilustr\u00f3 magistralmente el Tribunal Permanente de los Pueblos <\/a>en su sesi\u00f3n 48 (sentencia de junio de 2021), obraban unas estructuras de genocidio estructural y continuado, concomitante con las formalidades republicanas, que han propiciado el exterminio continuo, gota a gota, de 7 sectores del grupo nacional colombiano. Los \u201cprocesos de paz\u201d que se han sucedido \u2013al menos en el \u00faltimo ciclo: desde 1983 en adelante-, no han tocado para nada las causas de la violencia. Al inaugurar el \u00faltimo proceso de paz con las FARC-EP, en Oslo, Noruega, el 18 de octubre de 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos dej\u00f3 claro ante los negociadores y toda la comunidad internacional, 3 l\u00edneas rojas que no era permitido traspasar: no se tocar\u00eda el modelo econ\u00f3mico, ni el modelo pol\u00edtico, ni el modelo militar. Cualquier persona m\u00ednimamente entendida en asuntos de violencia o conflictos, sab\u00eda de sobra que all\u00ed era donde estaban las ra\u00edces de los mismos, y si no se pod\u00edan tocar, quedaba muy expl\u00edcito que no hab\u00eda voluntad alguna, de parte del gobierno, de construir algo de paz.<\/p><\/div>\n\n\n\n

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Fotograf\u00eda tomada de Pueblos Revista de Informaci\u00f3n y Debate – Jairo Marcos<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Las supuestas \u201cnegociaciones de paz\u201d se desarrollaron durante m\u00e1s de 4 a\u00f1os, en un forcejeo continuo de negaciones y prohibiciones. Los 4 puntos centrales de la agenda: tierra, participaci\u00f3n, droga y v\u00edctimas, bordearon las tem\u00e1ticas posibles de lo secundario e intrascendente. Las FARC-EP prepararon para cada punto de la agenda, un dossier de 100 propuestas (menos en el tema de la Droga, en el cual s\u00f3lo hubo 50). Todas las propuestas fueron rechazadas por la mesa gubernamental y al final de estos 4 a\u00f1os, la guerrilla decidi\u00f3 concentrarlas en un congelador bajo el nombre de SALVEDADES1, con la ilusi\u00f3n de que, en otro momento, los gobiernos retomaran dichas propuestas, lo que nunca ha ocurrido.<\/p><\/div>\n\n\n\n

El tema de V\u00edctimas y Justicia fue quiz\u00e1s el m\u00e1s conflictivo, y puso al borde del colapso todas las negociaciones. Sin embargo, una super-comisi\u00f3n enviada por el presidente Santos en los momentos cruciales, logr\u00f3 captar el inter\u00e9s de las dos partes fundamentales del conflicto: guerrilla y fuerza p\u00fablica. Quiz\u00e1s los niveles incluidos de impunidad captaron los intereses encontrados. No obstante, los elementos m\u00e1s incisivos de la propuesta, luego de ser aceptados por las partes, fueron modificados tan profundamente y con perverso disimulo, que se lleg\u00f3 en la pr\u00e1ctica a un acuerdo muy diferente del original, cooptado por estrategias de impunidad estatal que incidieron progresivamente en la continuidad de la violencia.<\/p><\/div>\n\n\n\n

El Acuerdo de Paz de 2016 cre\u00f3 tres entidades que supuestamente deber\u00edan revertir la violencia estructural y continuada: la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz \u2013JEP-, la Comisi\u00f3n de la Verdad y la Unidad de B\u00fasqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Entre ellas, la m\u00e1s llamada a bloquear los factores de la violencia era la JEP, en cuanto \u00f3rgano de justicia para quienes perpetraron cr\u00edmenes en el conflicto armado, prometi\u00e9ndoles privilegios judiciales y penas alternativas a la prisi\u00f3n.<\/p><\/div>\n\n\n\n

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Fotograf\u00eda de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Pese a ello, la JEP se estableci\u00f3 sobre varios \u201cpecados originales\u201d que iban a degradar progresivamente su labor. En primer lugar, sus integrantes fueron auto-postulados, lo que imant\u00f3 la presentaci\u00f3n de hojas de vida inspiradas en ambici\u00f3n de sueldos y pensiones descomunales, a lo cual el gobierno correspondi\u00f3 someti\u00e9ndolos mediante atractivos pecuniarios desorbitados. En segundo lugar, mediante una f\u00f3rmula ambigua y perversamente ampliada, extendi\u00f3 dicho sistema de privilegios, no solo a quienes participaron en el conflicto armado, sino que le a\u00f1adi\u00f3 los t\u00e9rminos \u201cdirecta o indirectamente o con ocasi\u00f3n del conflicto\u201d<\/em>. Con tan diab\u00f3lica f\u00f3rmula, se abri\u00f3 la puerta para que millares de criminales de Estado pudieran acogerse a esos privilegios y consolidar un sistema de impunidad para cr\u00edmenes horrendos de lesa humanidad que, de ninguna manera, se compaginan con el \u201ccrimen de guerra\u201d.<\/p><\/div>\n\n\n\n

En la l\u00f3gica central de un acuerdo de paz cabe ofrecer atractivos a quienes actuaron en el conflicto armado desde ambas orillas. Una tradici\u00f3n jur\u00eddica universal permite al combatiente matar a quien desde otro bando lo combate con intenci\u00f3n de matarlo. All\u00ed se da una reciprocidad b\u00e9lica que facilita la construcci\u00f3n de paz con mecanismos previstos en el derecho internacional, tales como los armisticios, los ceses bilaterales al fuego, las treguas, las capitulaciones, la devoluci\u00f3n mutua de prisioneros, las amnist\u00edas, los indultos, etc., as\u00ed que los cr\u00edmenes de guerra o infracciones al derecho internacional humanitario pueden ser cubiertos por un perd\u00f3n, cobijado por la reciprocidad b\u00e9lica de \u201carmado contra armado<\/em><\/strong>\u201d. Pero intentar equiparar el crimen de Estado (\u201carmado contra desarmado<\/em><\/strong>\u201d) con el crimen de guerra no tiene presentaci\u00f3n de ninguna especie y se convierte en algo muy perverso.  <\/p><\/div>\n\n\n\n

Mientras el crimen de guerra, aunque viola normas universales propias de ella, se rige por la reciprocidad b\u00e9lica que trata de proteger la vida en ambos bandos, el crimen de Estado, por el contrario, no defiende ninguna vida, sino que busca destruir la de su v\u00edctima, para lo cual finge, miente, enga\u00f1a, camufla y falsifica, bajo un impulso homicida de innegable perfidia. All\u00ed no existe ninguna reciprocidad b\u00e9lica, y por ello, el crimen de Estado no puede recibir un tratamiento similar al del crimen de guerra.  Y cuando una pol\u00edtica de Estado o el producto de un acuerdo tenido por legal, trata de equiparar o confundir esas dos conductas, implantando una idea ambigua o enga\u00f1osa de \u201cconflicto armado\u201d, se impone desenmascarar su ra\u00edz, exigiendo el esclarecimiento de la m\u00ednima veracidad del conflicto, es decir, que se identifiquen los dos bandos combatientes. De ninguna manera se puede aceptar que se tomen como \u201cbandos combatientes\u201d a ni\u00f1os de meses de edad o campesinos que nunca conocieron ni usaron un arma, como los de la Comunidad de Paz de San Jos\u00e9 de Apartad\u00f3, o j\u00f3venes indigentes como los \u201cfalsos positivos\u201d de Soacha u Oca\u00f1a en 2008.  Indigna enterarse c\u00f3mo la JEP, en su mismo Tribunal de Apelaciones, acogi\u00f3 al coronel Gabriel Rinc\u00f3n Amado, asesino de j\u00f3venes indigentes de Soacha, alegando que en las t\u00e9cnicas modernas de la guerra tiene m\u00e1s efecto la desaparici\u00f3n de personas, por no permitirle a las familias el cierre emocional del duelo, y porque el reporte de falsos resultados operacionales sirve para aumentar la moral de las tropas; argumentos que ofenden todo principio \u00e9tico.<\/p><\/div>\n\n\n\n

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Fotograf\u00eda del Movimiento Nacional de V\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Estado (Movice)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Pero el \u201cAcuerdo de Paz\u201d de 2016, no solamente err\u00f3 en muchas de sus puestas en marcha, sino en su misma confecci\u00f3n, sobre todo durante los \u00faltimos meses y semanas de los trabajos de La Habana, en los cuales prepar\u00f3 y modul\u00f3 normas destinadas a refinar los mecanismos de impunidad de los cr\u00edmenes m\u00e1s horrendos y numerosos. Contrariando al Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional y otras muchas normas que vienen desde los juicios de N\u00faremberg (1946), eximi\u00f3 de ser procesados por cr\u00edmenes de lesa humanidad y genocidios a los jefes de Estado, ignorando que en el caso de Colombia han sido ellos los \u201cm\u00e1ximos responsables\u201d de los cr\u00edmenes de sistema. Como bot\u00f3n de muestra: la Comunidad de Paz ha urgido a los presidentes durante 27 a\u00f1os, en m\u00e1s de 100 ocasiones, que cumplan con las garant\u00edas a los derechos b\u00e1sicos que la Constituci\u00f3n les impone, pero su \u00fanica respuesta ha sido pasarle las denuncias a los victimarios m\u00e1s directos y brutales, incrustados en la fuerza p\u00fablica, y a un aparato judicial cooptado por el crimen y la corrupci\u00f3n. Algo de similares consecuencias, fue el cambio de redacci\u00f3n del art\u00edculo 27 del Estatuto de Roma, referido a las responsabilidades de mando, adoptando una redacci\u00f3n acomodada perversamente a la impunidad, lo que provoc\u00f3 protestas airadas de la Fiscal\u00eda de la Corte Penal Internacional, hasta que el gobierno logr\u00f3 acallarla con su rutinario y corrupto poder negociador.<\/p><\/div>\n\n\n\n

Tuvo tambi\u00e9n fatales efectos, suprimir el conjunto de magistrados internacionales que el \u201cAcuerdo\u201d hab\u00eda previsto para la Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz, como garant\u00eda de imparcialidad y como reconocimiento a las normas de Jurisdicci\u00f3n Universal<\/em><\/strong> que deben proteger el procesamiento de aquellos cr\u00edmenes que no s\u00f3lo hieren a una naci\u00f3n, sino a la humanidad.<\/p><\/div>\n\n\n\n

Cinco d\u00edas antes de la firma del Acuerdo en La Habana, el Gobierno del presidente Santos introdujo, sin consentimiento de las FARC, un anexo especial que conten\u00eda un Tratamiento Penal Diferenciado para los Agentes del Estado, el cual fue incorporado como T\u00edtulo III de la Ley de Amnist\u00eda. Para burlar la norma internacional que impide conceder amnist\u00edas o indultos a funcionarios de un Estado, pues esa medida s\u00f3lo vale para rebeldes, el gobierno invent\u00f3 una amnist\u00eda con otro nombre, pero m\u00e1s generosa a\u00fan: \u201cla renuncia a la persecuci\u00f3n penal\u201d, la cual extingue la acci\u00f3n, la responsabilidad y la sanci\u00f3n penal, motiv\u00e1ndola en una \u201cnecesidad de reconstrucci\u00f3n de confianza y de terminaci\u00f3n del conflicto\u201d. A ella iban anexos muchos privilegios adicionales2.<\/p><\/div>\n\n\n\n

Transcurridos ocho a\u00f1os, luego de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC- EP (2016), ciertamente la sociedad colombiana no percibe ninguna aproximaci\u00f3n hacia la paz. Por el contrario, en los a\u00f1os 2019, 2020 y 2021 se vivi\u00f3 de manera dram\u00e1tica el ESTALLIDO SOCIAL, que dej\u00f3 al descubierto muchas ra\u00edces de la violencia en la sociedad y el Estado colombiano, pero, por encima de todo, destap\u00f3 a\u00fan m\u00e1s la crisis de la justicia.<\/p><\/div>\n\n\n\n

Para cualquiera es evidente que la reversi\u00f3n en el drama de las v\u00edctimas depende en gran medida del progreso de la justicia. Sin embargo, los \u00faltimos a\u00f1os evidencian la enorme corrupci\u00f3n de la justicia colombiana y su relaci\u00f3n estructural con la impunidad; \u00e9sta, a su vez, es la que mantiene en su magnitud y gravedad la situaci\u00f3n de las v\u00edctimas.<\/p><\/div>\n\n\n\n

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Fotograf\u00eda de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomada por Oliver Contreras\/Eddie Arrossi<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Los an\u00e1lisis estad\u00edsticos de la impunidad, tanto los de organismos oficiales como los de los entes privados, se acercan bastante al 100%. Esto hace que muy poca gente conf\u00ede en la justicia. Pero despu\u00e9s del Acuerdo de Paz de 2016 ha sido muy preocupante el alt\u00edsimo nivel de asesinatos de l\u00edderes sociales de base y de desmovilizados de la insurgencia. Hace unos a\u00f1os era posible al menos identificar la pertenencia de los victimarios a estructuras paramilitares con variedad de nombres, o a ciertas fuerzas muy ligadas al Estado. Hoy d\u00eda se ha ido posicionando el TOTAL ANONIMATO en la casilla del victimario. Despu\u00e9s de las intensas campa\u00f1as de los \u00faltimos gobiernos y de los medios masivos para que se considerara el paramilitarismo como algo del pasado, ya inexistente, a pesar de su intenso dominio y activismo nacional, se percibe ahora una estrategia a\u00fan m\u00e1s radical de encubrimiento e impunidad: eliminar toda posibilidad de identificaci\u00f3n del victimario. La escena rutinaria nos muestra a uno a dos encapuchados en moto, que abordan a la v\u00edctima, disparan y huyen, sin dejar ning\u00fan rastro. As\u00ed se extermina con calculada desconcentraci\u00f3n espacio-temporal, mediante ritmos t\u00e1cticos perversamente planificados, a los siete sectores del grupo nacional colombiano, como lo se\u00f1al\u00f3 el Tribunal Permanente de los Pueblos: hoy se mata a un guardia ind\u00edgena en el Cauca; ma\u00f1ana a un reclamante de tierra de Urab\u00e1; pasado ma\u00f1ana a un campesino del Catatumbo, el siguiente d\u00eda a un manifestante contra el extractivismo en el Cesar, y as\u00ed sucesivamente. La \u201cjusticia\u201d, siguiendo sus rutinarios m\u00e9todos de indagar sobre casos aislados e inconexos, y restringida a la b\u00fasqueda de autores materiales, abrir\u00e1 un nuevo expediente in\u00fatil que ir\u00e1 a parar, tarde o temprano, a los millones de casos impunes que se han sucedido, sin interrupci\u00f3n, en los dos \u00faltimos siglos.<\/p><\/div>\n\n\n\n

La proverbial carencia de justicia se ha convertido en un cheque de garant\u00eda para que se sigan multiplicando las v\u00edctimas. <\/em>SI NO HAY JUSTICIA, TENEMOS V\u00cdCTIMAS PARA RATO, SIN PARAR.  <\/em><\/p><\/div>\n\n\n\n

Los intentos de reforma a la administraci\u00f3n de justica propuestos por los \u00faltimos gobiernos, los ha frenado la Corte Constitucional, alegando que el Ejecutivo no debe inmiscuirse en la justicia. El presidente Petro ha mostrado la urgencia de una reforma a fondo de la justicia, si no queremos seguir hundidos en la violencia, sin esperanzas de salida.<\/p><\/div>\n\n\n\n

Petro ha se\u00f1alado, ante todo, que no hay que buscar las causas de la crisis s\u00f3lo en el aparato judicial, sino en el modelo de sociedad que ha construido y sigue construyendo ese aparato judicial. Estamos en una sociedad INJUSTA (y quiz\u00e1s la m\u00e1s del continente) que no puede sino producir un aparato judicial injusto.<\/p><\/div>\n\n\n\n

Caracter\u00edstica esencial de dicho aparato, es el haber permitido y consolidado la alianza del crimen con el Estado. La evidencian: los \u201cfalsos positivos\u201d, la venta de sentencias en las altas cortes, la corrupci\u00f3n en todos los niveles del sistema judicial, y una Fiscal\u00eda convertida progresivamente en operador extorsivo de intereses y decisiones pol\u00edticas. De all\u00ed que para el presidente Petro, un objetivo clave de reforma a la justicia, sea taponar todas las v\u00edas de relaci\u00f3n de la clase pol\u00edtica con el aparato judicial y abrir numerosos canales de comunicaci\u00f3n de ese aparato, con el ciudadano de a pie.<\/p><\/div>\n\n\n\n

Otra falla estructural del aparato judicial, seg\u00fan el presidente, es el fraccionamiento de los casos judiciales. Hoy se reparten entre la justicia ordinaria, la penal militar, los tribunales de Justicia y Paz, y la JEP; y entre unas y otras instancias se esconden y se revelan a medias o por pedazos, los victimarios, las v\u00edctimas, las pruebas, los contextos, etc., y la confusi\u00f3n favorece la impunidad. Una reforma deber\u00eda impedir el fraccionamiento del caso y favorecer la integralidad de la investigaci\u00f3n.<\/p><\/div>\n\n\n\n

Para el presidente Petro, una reforma a la justicia deber\u00eda buscar otros senderos, contrarios a las reformas y debates anteriores, que se han centrado en la concepci\u00f3n de la justicia como VENGANZA, y por esa v\u00eda, en aumentos incesantes de penas, y en disputas por el control del poder judicial, por parte del poder pol\u00edtico. Ese tipo de debates deber\u00eda proscribirse, y en lugar de buscar c\u00f3mo aumentar el control pol\u00edtico del poder judicial, enfocarse en alejar y expulsar el poder pol\u00edtico del poder judicial.<\/p><\/div>\n\n\n\n

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Fotograf\u00eda del Movimiento Nacional de V\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Estado (Movice)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Si bien, para el presidente Petro, la esencia de la justicia deber\u00eda ser la b\u00fasqueda de la VERDAD, parece que el sistema judicial es el antro m\u00e1s temible de la MENTIRA. Los enfoques vengativos no conducen a ninguna verdad, sino a la mentira, que es la que hoy inunda los archivos de la mal llamada \u201cjusticia\u201d. Buscar la verdad implica apuntar a donde ella se encuentra: la tienen los victimarios, en sentido amplio, y est\u00e1 en las pruebas, pero el sistema probatorio en Colombia se ha reducido progresivamente al SOLO TESTIMONIO, el cual sigue atrapado entre el soborno y la amenaza, factores que no hacen sino degradarlo y falsearlo incesantemente.<\/p><\/div>\n\n\n\n

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Pol\u00edtica del CINEP, luego de batallar contra el ANONIMATO invasivo por varios a\u00f1os, ha echado mano de experiencias internacionales y nacionales, para perfilar un victimario m\u00e1s acorde con nuestra realidad, aunque no pueda a\u00fan revelar uno o varios nombres individualizados. Tanto el Comit\u00e9 de Expertos que cre\u00f3 el Secretario General de la ONU por petici\u00f3n del Consejo de Seguridad, en 1992, cuando estableci\u00f3 el Tribunal Penal de la ONU para la antigua Yugoslavia, llegando a proponer un sistema de \u201cimputaci\u00f3n de conocimiento constructivo<\/em><\/strong>\u201d con 10 indicios que aproximan a la identidad del victimario, como el mismo Fiscal general de la naci\u00f3n en Colombia, con otro grupo de expertos, quienes construyeron en 2012 un \u201cManual de An\u00e1lisis y Contextos<\/em><\/strong>\u201d, como instrumento para trabajar los cr\u00edmenes de sistema, dejaron en claro que ordinariamente ese tipo de cr\u00edmenes s\u00f3lo se pueden perpetrar con participaci\u00f3n de agentes del Estado. Dicho manual parece haber sido archivado sin estrenar. A esto se suma lo evidenciado por el Tribunal Permanente de los Pueblos, en su sesi\u00f3n sobre el Genocidio estructural en Colombia<\/em><\/strong> (2021), en cuya sentencia precisa que el exterminio continuado durante d\u00e9cadas o siglos, de los miembros de siete franjas del grupo nacional colombiano, ha sido responsabilidad y estrategia de las franjas \u00e9lites del mismo grupo, en cabeza de sus jefes de gobierno y estructuras estatales, en la mayor parte de su per\u00edodo republicano. Todos estos instrumentos que ayudan a perfilar un victimario menos an\u00f3nimo y con mayores rasgos hist\u00f3ricos, nos han llevado a identificar a ese victimario colectivo como: PLATAFORMA SOCIOESTATAL DE EXTERMINIO IMPUNE.<\/p><\/div>\n\n\n\n

[1] En julio de 2020 dichas propuestas fueron publicadas por el Centro de Pensamiento y Di\u00e1logo Pol\u00edtico, en el volumen: \u201cLas Propuestas M\u00ednimas de las FARC-EP en La Habana<\/u><\/em><\/strong>\u201d, ISBN 978-958-52842-0-3. Coedit\u00f3 CLACSO y Gentes del Com\u00fan, bajo la direcci\u00f3n de Jairo Estrada \u00c1lvarez, integrante de la Comisi\u00f3n Hist\u00f3rica del Conflicto y sus V\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

[2] Tales como: impedir el inicio de nuevos procesos por esas conductas; hacer tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, s\u00f3lo revisable por el Tribunal para la Paz; eliminar antecedentes en las bases de datos; anular responsabilidades o sanciones disciplinarias, fiscales o administrativas; impedir acciones de repetici\u00f3n; eliminar efectos retroactivos laborales u otros. Los agentes de Estado beneficiarios, gozar\u00e1n de libertad transitoria condicionada y anticipada, desde la entrada en vigencia de la ley. Si est\u00e1n detenidos o condenados, y se someten a la Sala para el mecanismo de renuncia a persecuci\u00f3n penal<\/strong>, se puede solicitar la libertad inmediata ante el secretario ejecutivo de la JEP, libertad que no exige antes, la definici\u00f3n de la Sala. Podr\u00e1n reingresar a la fuerza p\u00fablica, luego de la absoluci\u00f3n definitiva de responsabilidad por la JEP. Para obtener libertad transitoria condicionada y anticipada, s\u00f3lo se exigir\u00e1 haber sido condenados o procesados por conductas en relaci\u00f3n con el conflicto, que no constituyan cr\u00edmenes de lesa humanidad o similares, salvo si han estado privados de libertad por 5 o m\u00e1s a\u00f1os, pues bastar\u00eda aceptar libremente acogerse a la JEP y hacer un compromiso de contribuir a la verdad, a la no repetici\u00f3n y a la reparaci\u00f3n. El lugar de privaci\u00f3n de la libertad ser\u00e1 siempre una unidad militar o policial, y los beneficiarios contar\u00e1n con un sistema de asesor\u00eda y defensa gratuita del Estado. El Congreso en su labor de refrendaci\u00f3n modificatoria regresiva del Acuerdo, a\u00f1adi\u00f3 un privilegio m\u00e1s para que los militares no se sientan inferiores a los rebeldes, quienes cambian sus armas por la pol\u00edtica: tambi\u00e9n los miembros de la fuerza p\u00fablica sometidos a la JEP, podr\u00e1n ser empleados p\u00fablicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no est\u00e9n privados de su libertad, adem\u00e1s de la reincorporaci\u00f3n al servicio activo, prevista en la ley 1820 de 2016 (Acto legislativo 01\/17, Art 2).<\/p>\n\n\n\n

Foto de portada: Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP)<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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