{"id":8861,"date":"2026-08-24T08:40:17","date_gmt":"2026-08-24T13:40:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/?p=8861"},"modified":"2026-08-24T08:40:18","modified_gmt":"2026-08-24T13:40:18","slug":"la-jurisdiccion-agraria-como-ejercicio-de-imaginacion-institucional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/la-jurisdiccion-agraria-como-ejercicio-de-imaginacion-institucional\/","title":{"rendered":"La Jurisdicci\u00f3n Agraria como ejercicio de imaginaci\u00f3n institucional"},"content":{"rendered":"\n

La transformaci\u00f3n institucional comienza por imaginar que el Estado puede operar de otra manera. Esa capacidad de \u201cimaginaci\u00f3n institucional\u201d permiti\u00f3 al Gobierno de Gustavo Petro concebir una Jurisdicci\u00f3n Agraria que reconfigur\u00f3 el debate sobre la justicia agraria en Colombia.<\/h2>\n\n\n\nEDICI\u00d3N 115 ENE-JUN 2026<\/font>\n\n\n\n

Las transformaciones estructurales del Estado \u2500aquellas que modifican su arquitectura institucional y redefinen la manera en que este ejerce sus funciones\u2500 requieren de una fuerte imaginaci\u00f3n pol\u00edtica e institucional. Los reformistas deben ser capaces de identificar las posibilidades contenidas en los arreglos sociales existentes y concebir alternativas que permitan reorganizar la vida pol\u00edtica y social (Castoriadis, 1997; Unger, 1998).<\/em><\/p>\n\n\n\n

Imaginar un Estado que opere de manera distinta tambi\u00e9n requiere de la capacidad para construir las coaliciones pol\u00edticas necesarias para convertir esas alternativas en reformas viables (Baumgartner y Jones, 2009; Kingdon, 2014). Esto parte por reconocer que las instituciones, lejos de ser estructuras naturales o permanentes, son el resultado de procesos hist\u00f3ricos que, aunque condicionan la acci\u00f3n pol\u00edtica, no determinan de manera absoluta las posibilidades de cambio (Mahoney, 2017; North, 1990; Pierson, 2004; Rodhes et al.<\/em>, 2006; Thelen, 1999).<\/p><\/div>\n\n\n\n

Precisamente, porque las instituciones distribuyen poder, asignan competencias y moldean la actuaci\u00f3n del Estado, las disputas sobre su dise\u00f1o legal suelen ser profundamente controvertidas y objeto de intensa competencia pol\u00edtica (Ingram y Kapiszewski, 2019). Por ello, la imaginaci\u00f3n para el cambio institucional deber\u00e1 encontrar formas de superar estos retos.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo ofrece una reflexi\u00f3n sobre la imaginaci\u00f3n institucional que orient\u00f3 la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) para la creaci\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n Agraria y, con ello, materializar uno de los compromisos de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz. Aqu\u00ed argumento que fue precisamente la capacidad de imaginar un Estado que operara de manera distinta la que permiti\u00f3 al Gobierno de Petro distanciarse de las rutas trazadas por sus antecesores y abrir nuevas posibilidades sobre las formas de operaci\u00f3n de la justicia agraria.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 significa imaginar una Jurisdicci\u00f3n Agraria para Colombia?<\/h1>\n\n\n\n

Imaginar la Jurisdicci\u00f3n Agraria colombiana implica abrir una conversaci\u00f3n sobre las condiciones y desaf\u00edos sociales y territoriales, y las pol\u00edticas que hacen posible el ejercicio y goce de la justicia, por ejemplo: la dispersi\u00f3n de la poblaci\u00f3n rural, las dificultades de acceso derivadas de la geograf\u00eda, la precariedad hist\u00f3rica de la presencia institucional del Estado y la persistencia de econom\u00edas y grupos armados ilegales que, en distintos territorios, han configurado \u00f3rdenes alternativos de regulaci\u00f3n y autoridad (Arjona, 2016; Guti\u00e9rrez, 2022).<\/p>\n\n\n\n

Esta reflexi\u00f3n debe partir, adem\u00e1s, de una constataci\u00f3n hist\u00f3rica: las disputas relacionadas con la tenencia, la propiedad y, en general, el control sobre la tierra constituyen uno de los factores centrales en el origen, desarrollo y persistencia del conflicto armado colombiano (Guti\u00e9rrez San\u00edn, 2016, 2025).<\/p>\n\n\n\n

No en vano, desde la d\u00e9cada de 1930, los Gobiernos liberales impulsaron la creaci\u00f3n de mecanismos de justicia especializados para atender los conflictos del campo. Como resultado de esos esfuerzos, se establecieron juzgados agrarios en 1936 y, posteriormente, en 1989. Sin embargo, ambas experiencias fueron desmanteladas pocos a\u00f1os despu\u00e9s de haberse creado[1]<\/sup><\/a>, dejando al campo colombiano y a los sujetos de la ruralidad sin sistemas de justicia especializados.<\/p>\n\n\n\n

Imaginar una Jurisdicci\u00f3n Agraria en este contexto supone definir, al menos, dos objetivos que deben orientar su dise\u00f1o institucional. El primero consiste en hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia para las poblaciones rurales y campesinas. Aunque el Estado social de derecho reconoce la justicia como un derecho fundamental universal, la experiencia hist\u00f3rica colombiana demuestra que este mandato no se ha materializado de manera equivalente en el mundo rural.<\/p>\n\n\n\n

Las cifras sobre despojo de tierras \u2500mucho del cual ocurri\u00f3 mediante mecanismos legales y a trav\u00e9s de canales institucionales (Pe\u00f1a-Huertas et al.<\/em>, 2017)\u2500 evidencian la insuficiente capacidad del sistema judicial para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos de propiedad del campesinado. En este sentido, la creaci\u00f3n de una jurisdicci\u00f3n especializada debe orientarse a cerrar la brecha entre el reconocimiento formal del derecho y su garant\u00eda efectiva[2]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El segundo objetivo consiste en ampliar la presencia territorial de las instituciones de justicia para atender la demanda derivada de la conflictividad agraria y garantizar la protecci\u00f3n de los derechos de propiedad. As\u00ed, imaginar un sistema de justicia concebido a partir de variables agrarias[3]<\/sup><\/a> constituye una oportunidad para configurar una forma espec\u00edfica de presencia estatal[4]<\/sup><\/a> en territorios donde, hist\u00f3ricamente, otras formas de autoridad han desempe\u00f1ado funciones de regulaci\u00f3n y decisi\u00f3n sobre los conflictos sociales[5]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed las cosas, imaginar una Jurisdicci\u00f3n Agraria para Colombia pasa por concebir nuevas formas de administrar justicia; tambi\u00e9n de redefinir la manera en que el Estado se relaciona con la ciudadan\u00eda, reconoce y protege los derechos de propiedad agraria y tramita los conflictos sobre la tierra y las relaciones de producci\u00f3n agropecuaria, en territorios hist\u00f3ricamente marcados por la desigualdad, la exclusi\u00f3n institucional y la violencia.<\/p>\n\n\n\n

De lo imaginable a lo tangible<\/h1>\n\n\n\n

Entre la firma del Acuerdo de Paz y la llegada del Gobierno Petro, el Congreso de la Rep\u00fablica ya hab\u00eda discutido al menos cuatro propuestas orientadas a establecer una Jurisdicci\u00f3n Agraria[6]<\/sup><\/a>. Estas iniciativas, sin embargo, manten\u00edan la arquitectura tradicional del sistema judicial al ampliar las estructuras burocr\u00e1ticas existentes y adaptar procedimientos ya consolidados.<\/p>\n\n\n\n

El Gobierno Petro plante\u00f3 una alternativa institucional distinta. Bajo la interpretaci\u00f3n de que el Acuerdo Final de Paz exig\u00eda la creaci\u00f3n de una \u201cJurisdicci\u00f3n Agraria\u201d y no una especialidad, impuls\u00f3 una reforma constitucional dirigida a establecer un sistema judicial aut\u00f3nomo, independiente de las otras jurisdicciones existentes, con \u00f3rganos propios de gobierno y cierre.<\/p>\n\n\n\n

La idea m\u00e1s ambiciosa fue la de la creaci\u00f3n de una corte de cierre para resolver dos problemas estructurales de la administraci\u00f3n de justicia: primero, la fragmentaci\u00f3n de competencias entre distintas jurisdicciones \u2500ordinaria y contencioso-administrativa\u2500 encargadas de conocer controversias agrarias; segundo, la unificaci\u00f3n de las interpretaciones judiciales sobre el r\u00e9gimen agrario.<\/p>\n\n\n\n

El Congreso abandon\u00f3 este dise\u00f1o en las \u00faltimas etapas del tr\u00e1mite legislativo, pese a que el Gobierno manten\u00eda la coalici\u00f3n mayoritaria que le permiti\u00f3, en \u00faltimas, la aprobaci\u00f3n de la enmienda constitucional. Fue la oposici\u00f3n manifiesta de la Rama Judicial[7]<\/sup><\/a> lo que impidi\u00f3 crear un \u00f3rgano de cierre que realmente dotara de autonom\u00eda la nueva jurisdicci\u00f3n[8]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El resultado fue un dise\u00f1o institucional h\u00edbrido, en el que las competencias de cierre quedaron distribuidas entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, configurando una jurisdicci\u00f3n bic\u00e9fala \u2500y sui g\u00e9neris respecto de cualquier otro sistema judicial en el mundo\u2500. Corresponder\u00eda entonces a la reglamentaci\u00f3n posterior definir c\u00f3mo funcionar\u00eda la coordinaci\u00f3n entre estos dos \u00f3rganos dentro de una jurisdicci\u00f3n nueva.<\/p>\n\n\n\n

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Sanci\u00f3n de la Ley 2570 de 2026 estatuaria para la Jurisdicci\u00f3n Agraria y Rural. Ceret\u00e9, 26 de marzo de 2026. Fuente: Ministerio de Agricultura<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Pese a ello, la reforma constitucional dej\u00f3 margen para que el Gobierno continuara imaginando c\u00f3mo materializar los objetivos de ampliar el acceso a la justicia y fortalecer la presencia territorial del Estado. La posterior expedici\u00f3n de la ley estatutaria reglamentaria de la Jurisdicci\u00f3n (Ley 2570 de 2026) concret\u00f3 esa visi\u00f3n mediante un dise\u00f1o institucional centrado en jueces agrarios de circuito con competencia para administrar justicia de manera itinerante en un conjunto de municipios[9]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, cre\u00f3 tribunales agrarios de distrito, independientes de los ya existentes en las otras jurisdicciones, definidos a partir de variables poblacionales y territoriales. Con ello, se abri\u00f3 la posibilidad de configuraci\u00f3n de un nuevo mapa judicial \u2500y una nueva forma de presencia estatal\u2500 que rompe con el criterio predominante en las dem\u00e1s jurisdicciones, donde la distribuci\u00f3n de los despachos responde principalmente a la carga de trabajo y al volumen esperado de procesos. Finalmente, la ley estableci\u00f3 requisitos espec\u00edficos para los futuros jueces, como la experticia en asuntos agrarios y ambientales. Esto activ\u00f3 procesos de formaci\u00f3n y especializaci\u00f3n al interior de la rama judicial.<\/p>\n\n\n\n

Los bloqueos concretos surgieron al momento de definir las reglas de funcionamiento de la Jurisdicci\u00f3n Agraria. Fue durante el tr\u00e1mite de la ley ordinaria, encargada de regular sus competencias y procedimientos, donde el Gobierno encontr\u00f3 las mayores resistencias.<\/p>\n\n\n\n

L\u00edmites de la imaginaci\u00f3n institucional<\/h1>\n\n\n\n
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Radicaci\u00f3n de los proyectos de ley estatutaria y ordinaria ante el Congreso de la Rep\u00fablica. Septiembre 20 de 2023. Foto: M\u00f3nica Parada<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El Gobierno radic\u00f3 la ley ordinaria en dos ocasiones. La primera, durante la legislatura 2023-2024, con el prop\u00f3sito de tramitarla de manera paralela a la ley estatutaria. Este proyecto fue archivado al no superar el m\u00ednimo de debates requerido antes del cambio de legislatura. La segunda versi\u00f3n, que conservaba el esp\u00edritu de la primera, fue presentada en la legislatura 2024-2025. Esta tambi\u00e9n fue archivada despu\u00e9s de dos legislaturas.<\/p>\n\n\n\n

A lo largo de los tres a\u00f1os de discusi\u00f3n del proyecto ordinario, se hicieron visibles dos posiciones sobre el dise\u00f1o de la jurisdicci\u00f3n que explican buena parte de las dificultades para materializar el proyecto institucional imaginado por el Gobierno. La primera relacionada con una visi\u00f3n continuista de la administraci\u00f3n de justicia, seg\u00fan la cual la nueva jurisdicci\u00f3n deb\u00eda alterar lo menos posible las reglas y pr\u00e1cticas del sistema judicial existente. Desde esta perspectiva, se cuestionaron mecanismos como la itinerancia judicial, la flexibilizaci\u00f3n de las reglas de notificaci\u00f3n y prueba, y la incorporaci\u00f3n de enfoques diferenciales en los tr\u00e1mites judiciales.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se puso en entredicho el derecho agrario como un campo jur\u00eddico especializado, privilegiando una aproximaci\u00f3n estrictamente civilista y propia del derecho privado. Ello se reflej\u00f3 en el rechazo al uso de principios y categor\u00edas propias del r\u00e9gimen agrario, desconociendo su plena vigencia en el ordenamiento jur\u00eddico y su importancia para atender las particularidades de las relaciones agrarias y las asimetr\u00edas que justifican un tratamiento jurisdiccional especializado de estos conflictos y de los usuarios de la justicia agraria.<\/p>\n\n\n\n

La segunda expresaba una visi\u00f3n del papel de los jueces como instancia de control sobre la implementaci\u00f3n de la reforma agraria. Su principal manifestaci\u00f3n fue la resistencia a devolver a la Agencia Nacional de Tierras las competencias administrativas para adelantar los procedimientos de clarificaci\u00f3n, identificaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de bald\u00edos, facultades que el Decreto Ley 902 de 2017 hab\u00eda trasladado a los jueces.<\/p>\n\n\n\n

Para el Gobierno, la judicializaci\u00f3n de procedimientos concebidos originalmente como administrativos restring\u00eda la capacidad de la administraci\u00f3n para ejecutar la reforma agraria y recuperar las tierras bald\u00edas ocupadas y concentradas en contrav\u00eda de la ley. Para sus opositores, mantener esas competencias en cabeza de los jueces constitu\u00eda una garant\u00eda indispensable para la protecci\u00f3n de los derechos y el cumplimiento del Acuerdo de Paz (Parada-Hern\u00e1ndez, en prensa).<\/p>\n\n\n\n

Estas posiciones encontraron eco entre los congresistas de oposici\u00f3n, quienes adem\u00e1s contaron con el respaldo de los gremios econ\u00f3micos, especialmente la SAC y la ANDI, cuyo cabildeo en el Congreso lleg\u00f3 incluso a frustrar acuerdos previamente alcanzados con el Gobierno. A ello se sum\u00f3 la intervenci\u00f3n de las altas cortes, particularmente de la Corte Suprema de Justicia, que mediante conceptos oficiales remitidos al Congreso \u2500aunque sin car\u00e1cter vinculante\u2500 respald\u00f3 varias de las cr\u00edticas formuladas al proyecto[10]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La capacidad de estos actores para incidir en el tr\u00e1mite legislativo tambi\u00e9n estuvo favorecida por la fragmentaci\u00f3n de la coalici\u00f3n de Gobierno. Los constantes cambios ministeriales[11]<\/sup><\/a> y las crecientes tensiones del Ejecutivo con el Congreso y con la Rama Judicial dificultaron la continuidad de las negociaciones pol\u00edticas, erosionando progresivamente las mayor\u00edas necesarias para sostener el dise\u00f1o institucional originalmente propuesto.<\/p>\n\n\n\n

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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura en la sesi\u00f3n plenaria de la C\u00e1mara de Representantes del 13 de mayo de 2026. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Imaginar la justicia agraria en la \u201cpatria milagro\u201d<\/h1>\n\n\n\n

El proyecto de ley ordinario finalmente se archiv\u00f3 en junio de 2026 y la Jurisdicci\u00f3n Agraria qued\u00f3 sin herramientas para operar. Esto fue el resultado de una multiplicidad de factores, algunos de los cuales se exponen aqu\u00ed de manera sucinta y que requieren una mayor reflexi\u00f3n. No obstante, lo expuesto revela algunas de las restricciones que enfrenta la imaginaci\u00f3n institucional cuando busca transformar estructuras estatales profundamente consolidadas.<\/p>\n\n\n\n

La experiencia de la Jurisdicci\u00f3n Agraria de los \u00faltimos 4 a\u00f1os muestra que el horizonte de lo pol\u00edticamente posible se ampli\u00f3. Una caracter\u00edstica del Gobierno de Gustavo Petro fue, justamente, plantear reformas ambiciosas, aun cuando muchas de ellas terminaran siendo aprobadas solo de manera parcial. No obstante, como suger\u00ed al inicio del texto, esas reformas parciales modifican el terreno sobre el que se desarrollar\u00e1n las disputas futuras.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, elevar el debate sobre la Jurisdicci\u00f3n Agraria al plano constitucional, y no s\u00f3lo a un desarrollo legal, permiti\u00f3 consolidar la idea de que los conflictos agrarios justifican una estructura judicial distinta a la concebida en 1991. Asimismo, se abri\u00f3 el debate sobre su autonom\u00eda y especializaci\u00f3n para responder de manera clara a dos objetivos b\u00e1sicos del Estado social de derecho: fortalecer la presencia territorial del Estado, para ampliar la provisi\u00f3n del servicio p\u00fablico de la administraci\u00f3n de justicia a las zonas rurales, y garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones campesinas para la defensa de sus derechos de propiedad agrios.<\/p>\n\n\n\n

El caso tambi\u00e9n deja una ense\u00f1anza m\u00e1s amplia sobre las posibilidades de la transformaci\u00f3n judicial en Colombia. La discusi\u00f3n legislativa evidenci\u00f3 que no existe reforma de la justicia \u2500por limitada que sea\u2500 que pueda prosperar sin alg\u00fan grado de aceptaci\u00f3n de la Rama Judicial. Las altas cortes demostraron no ser \u00fanicamente int\u00e9rpretes o guardianas del orden jur\u00eddico; son tambi\u00e9n actores con capacidad para moldear, respaldar o bloquear proyectos de transformaci\u00f3n institucional. Como cualquier otro actor pol\u00edtico, las altas cortes incurren en pr\u00e1cticas de cabildeo y defienden intereses tanto materiales como ideacionales (Ingram, 2012; Parada-Hern\u00e1ndez, 2026).<\/p>\n\n\n\n

Es posible anticipar que el futuro de la Jurisdicci\u00f3n Agraria depender\u00e1 de la imaginaci\u00f3n institucional que oriente al nuevo gobierno \u201cmilagro\u201d. Si quienes durante el debate legislativo defendieron una visi\u00f3n m\u00e1s restrictiva de la jurisdicci\u00f3n pasan ahora a integrar la coalici\u00f3n del nuevo gobierno, es razonable esperar una concepci\u00f3n menos ambiciosa de los objetivos que esta buscaba materializar en el marco del Acuerdo de Paz.<\/p>\n\n\n\n

Ello podr\u00eda traducirse en un dise\u00f1o institucional con menor capacidad para ampliar el acceso a la justicia y fortalecer la presencia territorial del Estado. Tambi\u00e9n podr\u00eda dar lugar a una jurisdicci\u00f3n que, en vez de facilitar la implementaci\u00f3n de la reforma agraria, termine actuando como un factor de ralentizaci\u00f3n o bloqueo de los procesos redistributivos. Un tercer escenario, igualmente plausible, es la inacci\u00f3n: mantener una Jurisdicci\u00f3n Agraria reconocida constitucionalmente, pero sin el desarrollo normativo e institucional que requiere para hacerla operativa.<\/p>\n\n\n\n

Ante estos escenarios, la continuidad del proyecto depender\u00e1 en buena medida de quienes permanecen por fuera de la coalici\u00f3n de Gobierno. Corresponder\u00e1 a las organizaciones campesinas, a los movimientos sociales, a la academia y a los dem\u00e1s actores comprometidos con la Reforma Agraria y el Acuerdo de Paz mantener viva la imaginaci\u00f3n institucional que hizo posible concebir una justicia agraria distinta y llevar esas demandas al escenario de negociaci\u00f3n con el nuevo gobierno. Porque las reformas institucionales no se sostienen \u00fanicamente en las normas que las crean, sino tambi\u00e9n en la capacidad de preservar el horizonte pol\u00edtico que les da sentido.<\/p>\n\n\n\n

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Manifestaci\u00f3n p\u00fablica. Plenaria de la C\u00e1mara de Representantes. Mayo 12 de 2026. Foto: M\u00f3nica Parada.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Referencias<\/h1>\n\n\n\n