{"id":8877,"date":"2026-08-24T08:31:37","date_gmt":"2026-08-24T13:31:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/?p=8877"},"modified":"2026-08-24T08:31:38","modified_gmt":"2026-08-24T13:31:38","slug":"la-seguridad-humana-que-no-fue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/la-seguridad-humana-que-no-fue\/","title":{"rendered":"La seguridad humana que no fue"},"content":{"rendered":"\n

Los balances sobre la seguridad durante el Gobierno de Gustavo Petro se han concentrado en responder si la violencia y la criminalidad aumentaron o no, y en discutir cu\u00e1nto peso tuvo la Paz Total en esos resultados. Sin embargo, menor atenci\u00f3n se le ha prestado a lo que ocurri\u00f3 con los ajustes que el gobierno saliente prometi\u00f3 como parte de su apuesta por institucionalizar una visi\u00f3n de seguridad humana, distinta de la que hab\u00eda inspirado a administraciones anteriores.<\/h2>\n\n\n\nEDICI\u00d3N 115 ENE-DIC 2026<\/font>\n\n\n\n

La apuesta<\/h2>\n\n\n\n

El Gobierno de Gustavo Petro recibi\u00f3 un sector de seguridad y defensa con una amplia experiencia y capacidades operativas, pero debilitado en t\u00e9rminos de legitimidad y respeto por los derechos humanos. Los abusos cometidos por la Polic\u00eda Nacional durante el estallido social de 2021, la masacre de Alto Remanso, en Puerto Legu\u00edzamo (Putumayo) \u2014donde once civiles fueron asesinados durante un operativo del Ej\u00e9rcito en marzo de 2022\u2014, y los seguimientos ilegales realizados por el Ej\u00e9rcito a m\u00e1s de un centenar de defensores de derechos humanos y periodistas despertaron profundos cuestionamientos ciudadanos y llamaron la atenci\u00f3n de organismos internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Por el estado en que lo recibi\u00f3, era comprensible, e incluso urgente, un cambio de rumbo en el sector de seguridad y defensa. No solo por razones \u00e9ticas, derivadas de las graves violaciones a los derechos humanos, sino tambi\u00e9n estrat\u00e9gicas: las transformaciones que el conflicto armado hab\u00eda experimentado desde 2016 exig\u00edan una concepci\u00f3n y una gesti\u00f3n de la seguridad distintas del modelo tradicional, cuyo desgaste y limitaciones ven\u00edan haci\u00e9ndose evidentes desde a\u00f1os atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

En su discurso de posesi\u00f3n, Gustavo Petro anticip\u00f3 este cambio de rumbo al se\u00f1alar que implementar\u00eda transformaciones estructurales sobre la base de un enfoque de \u201cseguridad humana\u201d. En ese marco, durante su gobierno se lanz\u00f3 la Pol\u00edtica de Seguridad, Defensa y Convivencia, Garant\u00edas para la Vida y la Paz (2022-2026)<\/em>, cuya apuesta central fue la protecci\u00f3n de la vida de las personas por encima de la neutralizaci\u00f3n de los grupos armados. Uno de los supuestos fundamentales de esta pol\u00edtica era que una fuerza p\u00fablica m\u00e1s respetuosa de los derechos humanos, m\u00e1s profesional y con mayor legitimidad ante la ciudadan\u00eda tendr\u00eda mayores capacidades para proteger a la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, lo que el gobierno saliente avanz\u00f3 en materia de seguridad y defensa muestra un panorama menos ca\u00f3tico que el sugerido por las lecturas m\u00e1s catastrofistas, pero sin duda menos alentador que el de las lecturas m\u00e1s militantes.<\/p>\n\n\n\n

Los logros<\/h2>\n\n\n\n

En cuanto a los logros, al menos tres deber\u00edan sostenerse en el nuevo gobierno de Abelardo de La Espriella, que se posesion\u00f3 el pasado 7 de agosto.<\/p>\n\n\n\n

Bienestar<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

En primer lugar, se destacan los avances en ciertas dimensiones del bienestar de los uniformados. Aqu\u00ed vale la pena mencionar hechos como la gratuidad de la matr\u00edcula en los programas de pregrado de las escuelas de formaci\u00f3n militares y de polic\u00eda que benefici\u00f3 a j\u00f3venes de escasos recursos; el aumento progresivo de las bonificaciones de los salarios de los soldados conscriptos y de los auxiliares de polic\u00eda, que pasaron de una fracci\u00f3n al salario m\u00ednimo completo en 2026; la nivelaci\u00f3n salarial diferenciada, decretada este mismo a\u00f1o, que benefici\u00f3 a los grados inferiores de las fuerzas al otorgarles incrementos porcentualmente por encima de los otorgados a sus superiores; y, finalmente, el Servicio Social para la Paz, aprobado en 2022 y reglamentado en 2024, que ofrece alternativas adicionales al servicio militar obligatorio para evitar que miles de j\u00f3venes sin suficiente experiencia o formaci\u00f3n asuman riesgos en zonas de conflicto.<\/p>\n\n\n\n

Consideradas por algunos cr\u00edticos del Gobierno de Gustavo Petro como medidas populistas, antit\u00e9cnicas o incluso riesgosas, estas decisiones, pese a representar un mayor gasto p\u00fablico, podr\u00edan generar beneficios importantes en el mediano y largo plazo si se sostienen en el nuevo gobierno. Diversos estudios realizados en contextos distintos al colombiano, han encontrado que mejorar las condiciones salariales, reducir las brechas de remuneraci\u00f3n y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional dentro de organizaciones militares y de polic\u00eda puede favorecer la incorporaci\u00f3n voluntaria, disminuir las deserciones, fortalecer la cohesi\u00f3n interna y contribuir, con el tiempo, a un mejor desempe\u00f1o operacional (Warner, 1995; Wilson et al<\/em>., 2023; Pema y Mehay, 2012).<\/p>\n\n\n\n

Derechos humanos<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El segundo logro del Gobierno Petro fue procurar un mayor respeto de los derechos humanos en las actuaciones de las fuerzas militares y de la Polic\u00eda. Una postura que no estuvo exenta de cuestionamientos. En unas ocasiones porque sectores afines a su gobierno consideraron que no cumpl\u00eda cabalmente con lo anunciado en campa\u00f1a. Por ejemplo, en lugar de emprender la reforma estructural a la Polic\u00eda que prometi\u00f3, el Gobierno opt\u00f3 por impulsar ajustes incrementales, como la transformaci\u00f3n del Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios (ESMAD) en la Unidad de Di\u00e1logo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y la modificaci\u00f3n de la doctrina policial para promover un uso diferenciado, proporcional y excepcional de la fuerza. Aunque estas medidas no erradicaron por completo los abusos policiales, s\u00ed contribuyeron a reducirlos de manera significativa, especialmente durante las protestas sociales.<\/p>\n\n\n\n

En otras ocasiones, las cr\u00edticas vinieron de una oposici\u00f3n que consider\u00f3 los llamados a respetar los derechos humanos como decisiones que ataron de manos a la fuerza p\u00fablica. As\u00ed ocurri\u00f3 con el anuncio de suspender los bombardeos contra grupos armados no estatales cuando existieran indicios de presencia de menores de edad reclutados por estas organizaciones, medida que permaneci\u00f3 vigente hasta abril de 2024, cuando se reanudaron estas operaciones. Del mismo modo, fueron objeto de cuestionamiento las instrucciones impartidas a las unidades militares y de polic\u00eda de no intervenir ante las asonadas por parte de centenares de personas durante el desarrollo de operaciones en distintos territorios del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Conservadoras para algunos y radicales para otros, en conjunto, estas decisiones fueron valoradas positivamente por organismos internacionales y nacionales independientes. En su informe anual de 2025, Human Rights Watch destac\u00f3 \u201cun descenso de las denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad\u201d (2025). Por su parte, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Pol\u00edtica del Centro de Investigaci\u00f3n y Educaci\u00f3n Popular (Cinep) registr\u00f3 una disminuci\u00f3n en m\u00faltiples categor\u00edas de estas violaciones entre el Gobierno de Iv\u00e1n Duque (2018\u20132022) y el de Gustavo Petro (corte al 25 de junio de 2026).<\/a><\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e1fica 1. <\/strong>Violaciones a los derechos humanos atribuidas a la fuerza p\u00fablica.<\/p><\/div>\n\n\n\n

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Fuente: Banco de Derechos Humanos y Violencia Pol\u00edtica del Cinep.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Mayor legitimidad<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Finalmente, el tercer logro que este gobierno le deja a su sucesor es el de una fuerza p\u00fablica con la mayor favorabilidad en la opini\u00f3n p\u00fablica registrada en a\u00f1os. De nuevo, el contraste con el Gobierno de Iv\u00e1n Duque es claro. Seg\u00fan la encuesta Colombia Opina<\/em> de Invamer, publicada a finales de abril de 2026, el Ej\u00e9rcito increment\u00f3 un 22 % su favorabilidad al pasar del 59 % en 2021 al 81 % en 2026, mientras que la Polic\u00eda aument\u00f3 25 puntos porcentuales al pasar del 44 % a un 69 % en el mismo periodo (Radio Nacional de Colombia, 2026).<\/p>\n\n\n\n

Por supuesto, este incremento en la favorabilidad puede responder a m\u00faltiples factores y resulta, de hecho, algo enigm\u00e1tico en un contexto de deterioro de la percepci\u00f3n ciudadana sobre la seguridad y el orden p\u00fablico. Sin embargo, cualquiera que sea la combinaci\u00f3n de factores que lo explique, dif\u00edcilmente puede desestimarse como un logro si se considera el d\u00e9ficit de legitimidad de las fuerzas militares y de polic\u00eda heredadas por la administraci\u00f3n de Iv\u00e1n Duque.<\/p>\n\n\n\n

Las fallas<\/h2>\n\n\n\n

A pesar de su relevancia, estos avances no fueron suficientes para institucionalizar un enfoque progresista de la seguridad en el sector defensa que pudiera traducirse en una mayor protecci\u00f3n de la vida de las personas y comunidades. En parte por el limitado conocimiento de un sector que miraba con prevenci\u00f3n y en parte por las resistencias internas que enfrent\u00f3, el Gobierno de Gustavo Petro cometi\u00f3 tres fallas que no le permitieron avanzar en este sentido.<\/p>\n\n\n\n

La primera fue de car\u00e1cter doctrinal y operacional: durante su cuatrienio no hubo ning\u00fan esfuerzo serio por traducir el enfoque de seguridad humana al lenguaje de las fuerzas militares y de polic\u00eda. La seguridad humana ofrec\u00eda un horizonte normativo claro, el respeto de la dignidad y libertades humanas, pero dej\u00f3 sin resolver aspectos centrales para la conducci\u00f3n de las fuerzas de seguridad: no redefini\u00f3 con suficiente claridad cu\u00e1les eran las amenazas prioritarias; no desarroll\u00f3 un concepto operacional que explicara c\u00f3mo combatirlas bajo ese nuevo paradigma; y no modific\u00f3 los sistemas de evaluaci\u00f3n e incentivos para medir el \u00e9xito bajo este nuevo enfoque.<\/p>\n\n\n\n

La segunda falla fue de naturaleza institucional y organizacional: los recurrentes relevos en el alto mando militar y policial y la salida masiva de personal uniformado impidieron construir la confianza con el sector y consolidar un liderazgo estable que permitieran movilizar el cambio, gestionar las resistencias internas y generar una apropiaci\u00f3n efectiva del nuevo enfoque.<\/p>\n\n\n\n

Para dimensionar el alcance de estos relevos y salida de personal, basta recordar que, a tan s\u00f3lo dos semanas de haberse posesionado, el nombramiento de la primera c\u00fapula militar y policial del Gobierno de Gustavo Petro provoc\u00f3 la salida de m\u00e1s de 40 generales y almirantes que tuvieron que retirarse para que los oficiales elegidos asumieran sus respectivos cargos. Desde entonces, aunque no con la misma magnitud, estos cambios fueron frecuentes y, en muchos casos, alarmantes. As\u00ed, lo que empez\u00f3 siendo una depuraci\u00f3n de las fuerzas para desarticular redes de corrupci\u00f3n o retirar al personal uniformado con investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, termin\u00f3 siendo percibido como una purga que afect\u00f3 la continuidad de procesos al interior de las fuerzas y signific\u00f3 una fuga masiva de conocimiento y experiencia muy dif\u00edciles de reemplazar.<\/p>\n\n\n\n

La tercera y \u00faltima falla fue de car\u00e1cter estrat\u00e9gico y obedeci\u00f3 a una desalineaci\u00f3n entre la pol\u00edtica de Paz Total y la transformaci\u00f3n del enfoque de seguridad. Articuladas en el papel y en el discurso, en la pr\u00e1ctica la pol\u00edtica de seguridad se fue desdibujando ante unas negociaciones inestables con m\u00faltiples grupos armados que nunca tuvieron un rumbo claro. M\u00e1s que provocar una par\u00e1lisis deliberada de la fuerza p\u00fablica, la implementaci\u00f3n improvisada de la paz total tension\u00f3 las relaciones interinstitucionales con el sector defensa y multiplic\u00f3 las incertidumbres operacionales en el terreno.<\/p>\n\n\n\n

Las tensiones se hicieron evidentes en distintos episodios. Por ejemplo, el consejero comisionado para la paz, Otty Pati\u00f1o, \u201clament\u00f3\u201d la muerte de un comandante de una de las disidencias de las FARC abatido en una operaci\u00f3n militar (El Colombiano, 2024) y cuestion\u00f3 el anuncio del ministro de Defensa sobre operaciones dirigidas a capturar o neutralizar a \u201cChiquito Malo\u201d, uno de los principales cabecillas del Ej\u00e9rcito Gaitanista de Colombia (Cambio, 2026). Por su parte, varios altos mandos de las fuerzas militares y de la Polic\u00eda criticaron la participaci\u00f3n de integrantes de estas instituciones en las diferentes mesas de negociaci\u00f3n (Blu Radio, 2026) y otros se pronunciaron en medios de comunicaci\u00f3n sobre presuntos bloqueos para no desarrollar operativos en contra de algunos de los grupos armados que hac\u00edan parte de estos procesos de di\u00e1logo (RCN Noticias, 2026).<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la implementaci\u00f3n de ceses al fuego bilaterales mal dise\u00f1ados y muy distintos entre s\u00ed incrementaron la incertidumbre operacional de las fuerzas de seguridad., Aunque anunciados en bloque a comienzos de 2023, el Gobierno de Gustavo Petro no aplic\u00f3 un \u00fanico modelo de cese al fuego bilateral, sino m\u00faltiples arreglos que evolucionaron de formas muy distintas seg\u00fan su duraci\u00f3n, cobertura territorial y grupo armado comprometido, en un contexto en el que las din\u00e1micas de la paz total incentivaron una fragmentaci\u00f3n y reorganizaci\u00f3n de estos grupos ilegales[1]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Tabla 1. <\/strong>Tipos y evoluci\u00f3n de los ceses al fuego durante el Gobierno Petro<\/p>\n\n\n\n

Grupo armado<\/strong><\/td>Decreto<\/strong><\/td>Duraci\u00f3n y etapa del proceso<\/strong><\/td>Cobertura territorial<\/strong><\/td><\/tr>
  Estado Mayor Central de las FARC-EP (EMC)<\/td>2656 de 2022<\/td>Ene.\u2013jun. 2023.<\/td>Nacional. Suspendido parcialmente desde mayo de 2023 en Meta, Caquet\u00e1, Guaviare y Putumayo (Decreto 801 de 2023).<\/td><\/tr>
1640 de 2023<\/td>10\u201316 oct. 2023.<\/td>  Nacional.<\/td><\/tr>
1684 de 2023<\/td>17 oct. 2023\u201315 ene. 2024. Primera fase de mesa formal.<\/td><\/tr>
016 de 2024<\/td>16 ene.\u201315 jul. 2024. Primera pr\u00f3rroga \u2014 desarrollo de la mesa.<\/td>El 17 de marzo se suspendi\u00f3 en Nari\u00f1o, Cauca y Valle del Cauca luego que Iv\u00e1n Mordisco se levantara de la mesa (ver decreto 385 de 2024)<\/td><\/tr>
 <\/strong> Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF)<\/td>0888 de 2024<\/td>16 jul.\u201315 oct. 2024.<\/td>Lugares donde opera: Bloque Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Bloque Comandante Jorge Su\u00e1rez Brice\u00f1o y Frente Ra\u00fal Reyes<\/em>.<\/td><\/tr>
1280 de 2024<\/td>16 oct. 2024\u201315 abr. 2025. Pr\u00f3rroga del cese con el EMBF.<\/td><\/tr>
448 de 2025<\/td>18 abr.-18 mayo 2025<\/td><\/tr>
 <\/strong> Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN)<\/td>2657 de 2022<\/td>Ene.\u2013jun. 2023. Intento de cese durante la fase de exploraci\u00f3n. Suspendido pocos d\u00edas despu\u00e9s mediante el Dec. 004 de 2023 por falta de acuerdo con el ELN.<\/td>Nacional.<\/td><\/tr>
1117 de 2023<\/td>3 ago. 2023\u201329 ene. 2024. Primera implementaci\u00f3n del cese acordado en la Mesa de Di\u00e1logos.<\/td>Nacional.<\/td><\/tr>
104 de 2024<\/td>6 feb.\u20133 ago. 2024. Pr\u00f3rroga del cese durante el desarrollo de la mesa.<\/td>Nacional.<\/td><\/tr>
Ej\u00e9rcito Gaitanista de Colombia (EGC\/ Clan del Golfo)<\/td>  2658 de 2022<\/td>Ene.\u2013mar. 2023 (aunque estaba previsto hasta junio). Suspendido mediante el Dec. 380 de 2023.<\/td>Nacional<\/td><\/tr>
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)<\/td>2659 de 2022<\/td>Ene.\u2013jun. 2023. Fase de exploraci\u00f3n.<\/td>Nacional (aunque el grupo opera pen la Sierra Nevada).<\/td><\/tr>
Mesa con la Coordinadora Nacional Ej\u00e9rcito Bolivariano (CNEB)<\/td>  0603 de 2026<\/td>Desde mayo de 2026. Inicio de una nueva mesa de negociaci\u00f3n tras la fragmentaci\u00f3n de la Segunda Marquetalia.<\/td>Cobija \u00fanicamente las estructuras que integran la CNEB (Comandos de Frontera y Coordinadora Guerrillera del Pac\u00edfico)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
Fuente: Decretos publicados por la Presidencia de Colombia.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

En un escenario tan vol\u00e1til, las unidades militares y de polic\u00eda se vieron ante un desaf\u00edo informacional de grandes proporciones. Adem\u00e1s de la necesidad de actuar con base en reglas de enfrentamiento que cambiaban seg\u00fan la naturaleza del grupo armado a combatir, y de la dificultad de distinguir entre combatientes y poblaci\u00f3n civil en un conflicto donde esas fronteras son cada vez m\u00e1s difusas, se vieron obligados a operar teniendo en consideraci\u00f3n la inestabilidad de las m\u00faltiples mesas de di\u00e1logos y la vigencia o no de ciertos ceses al fuego en distintos momentos de estos cuatro a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

El desaf\u00edo pendiente<\/h2>\n\n\n\n

La incapacidad de implementar un nuevo modelo de seguridad humana durante estos cuatro a\u00f1os y el consecuente deterioro de la seguridad en varias regiones del pa\u00eds debilitaron la credibilidad de las alternativas progresistas en esta materia y abrieron el espacio para el regreso de pol\u00edticas de mano dura. Los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella apuntan precisamente en esta direcci\u00f3n, en un contexto internacional y nacional con menos restricciones que los que enfrentaron las tradicionales recetas de seguridad del pasado reciente.<\/p>\n\n\n\n

En el plano internacional, Estados Unidos ha endurecido su pol\u00edtica antidrogas y de combate a los carteles. El Gobierno estadounidense ha privilegiado el uso de la fuerza en Am\u00e9rica Latina y el Caribe, con operativos mar\u00edtimos y terrestres a todas luces ilegales desde la perspectiva del derecho internacional y enmarcados en una nueva doctrina de intervenci\u00f3n en la regi\u00f3n. Al mismo tiempo, ha emergido una alineaci\u00f3n pol\u00edtica regional que ha recibido con entusiasmo esta nueva doctrina, particularmente en pa\u00edses vecinos como Ecuador y Venezuela, con los que Colombia comparte dos fronteras muy calientes.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito nacional, una parte importante de la opini\u00f3n p\u00fablica demanda respuestas de mano dura frente al deterioro de la seguridad y respalda un gobierno que ha anunciado una mayor militarizaci\u00f3n de la respuesta estatal y de la misma vida pol\u00edtica, apropi\u00e1ndose de los c\u00f3digos y rituales castrenses. A ello se suma la reducci\u00f3n de la cooperaci\u00f3n internacional, que ha debilitado la capacidad de diversas organizaciones para monitorear y documentar violaciones a los derechos humanos en un conflicto armado cada vez m\u00e1s vol\u00e1til y fragmentado.<\/p>\n\n\n\n

Aunque desalentador, el regreso del manodurismo<\/em> en el contexto actual no deber\u00eda llevar a abandonar la posibilidad de construir un modelo de seguridad progresista. Al contrario, demanda con urgencia imaginar y construir uno mejor. Si el progresismo aspira a ganar credibilidad en un campo como el de la seguridad donde no se ha movido con comodidad, har\u00eda bien en empezar a capitalizar los aprendizajes derivados de las fallas cometidas durante estos \u00faltimos cuatro a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Referencias<\/strong><\/h2>\n\n\n\n