{"id":8898,"date":"2026-08-24T08:17:23","date_gmt":"2026-08-24T13:17:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/?p=8898"},"modified":"2026-08-24T08:17:24","modified_gmt":"2026-08-24T13:17:24","slug":"que-nos-dice-el-balance-del-gobierno-petro-sobre-la-relacion-entre-el-derecho-a-la-educacion-y-el-cuidado-de-los-ninos-ninas-adolescentes-y-jovenes-una-mirada-al-departamento-del-vichada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/que-nos-dice-el-balance-del-gobierno-petro-sobre-la-relacion-entre-el-derecho-a-la-educacion-y-el-cuidado-de-los-ninos-ninas-adolescentes-y-jovenes-una-mirada-al-departamento-del-vichada\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 nos dice el balance del Gobierno Petro sobre la relaci\u00f3n entre el derecho a la educaci\u00f3n y el cuidado de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes y j\u00f3venes? Una mirada al departamento del Vichada"},"content":{"rendered":"\n

M\u00e1s all\u00e1 del cumplimiento de las metas educativas, el principal desaf\u00edo sigue siendo convertir el derecho a la educaci\u00f3n en una garant\u00eda efectiva para cuidar la vida y los proyectos de las juventudes en territorios como el Vichada.<\/strong><\/h2>\n\n\n\nEDICI\u00d3N 115 ENE-JUN 2026<\/font>\n\n\n\n

Uno de los principales prop\u00f3sitos del Gobierno de Gustavo Petro fue situar la educaci\u00f3n como un motor para la justicia social, la construcci\u00f3n de paz y la transformaci\u00f3n del pa\u00eds. Esta apuesta adquiri\u00f3 un sentido particular al articularse con una concepci\u00f3n de las juventudes como protagonistas de la transformaci\u00f3n social y actores centrales en la construcci\u00f3n de paz. En este marco, la garant\u00eda del derecho a la educaci\u00f3n buscaba ampliar el acceso al sistema educativo, as\u00ed como generar condiciones para que Ni\u00f1os, Ni\u00f1as, Adolescentes y J\u00f3venes (de ahora en adelante, NNAJ) pudieran construir proyectos de vida en sus territorios, ampliar sus oportunidades y contribuir a la consolidaci\u00f3n de la paz.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, el balance de esta promesa invita a formular una pregunta que trasciende el cumplimiento de las metas educativas: \u00bfhasta qu\u00e9 punto una pol\u00edtica que situ\u00f3 la educaci\u00f3n como eje de la dignidad humana, la justicia social y la paz logr\u00f3 fortalecer las condiciones para el cuidado de las juventudes, sobre todo en territorios hist\u00f3ricamente excluidos como el Vichada?<\/p><\/div>\n\n\n\n

Esta pregunta resulta muy pertinente porque, en regiones atravesadas por m\u00faltiples violencias, la garant\u00eda del derecho a la educaci\u00f3n no depende \u00fanicamente de ampliar la cobertura o incrementar la oferta educativa. Tambi\u00e9n supone crear las condiciones para que las y los j\u00f3venes puedan permanecer en la escuela, construir proyectos de vida y ejercer sus derechos en contextos de seguridad, bienestar y arraigo territorial.<\/p>\n\n\n\n

Esta relaci\u00f3n entre educaci\u00f3n y cuidado no es casual. En el contexto colombiano, donde hist\u00f3ricamente la escuela ha funcionado como uno de los principales espacios de protecci\u00f3n en medio del conflicto armado, garantizar el derecho a la educaci\u00f3n supone crear condiciones para cuidar la vida y las trayectorias de NNAJ. Como se\u00f1ala el Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica (2017), las instituciones educativas no solo han sido escenarios afectados por las din\u00e1micas de la guerra, sino tambi\u00e9n espacios de resistencia, reconstrucci\u00f3n del tejido social y protecci\u00f3n para las comunidades, en especial para ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n\n\n\n

Desde esta perspectiva, el balance del Gobierno Petro muestra avances importantes en el reconocimiento del derecho a la educaci\u00f3n, en la ampliaci\u00f3n de oportunidades educativas y en la concepci\u00f3n de cuidado desde el Estado. Sin embargo, la persistencia, e incluso el recrudecimiento, de fen\u00f3menos como el reclutamiento, las dificultades de acceso a la educaci\u00f3n superior, la baja inversi\u00f3n en infraestructura educativa y las profundas brechas territoriales invitan a preguntarse por los alcances y l\u00edmites de esa apuesta, particularmente en territorios como el Vichada, un departamento en contexto de frontera, con caracter\u00edsticas multiculturales y atravesado por diversa violencias, entre ellas, la marginalizaci\u00f3n territorial.<\/p>\n\n\n\n

La apuesta por la educaci\u00f3n y el cuidado: entre las metas nacionales y las brechas territoriales<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La apuesta educativa del Gobierno se estructur\u00f3 alrededor de una comprensi\u00f3n ampliada del derecho a la educaci\u00f3n, en la que el acceso constitu\u00eda apenas una de las dimensiones para garantizar trayectorias educativas completas y pertinentes.<\/p>\n\n\n\n

Bajo el enfoque de seguridad humana y justicia social planteado en el Plan Nacional de Desarrollo (2023), la educaci\u00f3n se concibe como una herramienta para la expansi\u00f3n de capacidades individuales y colectivas, que permitan a las infancias y las juventudes llevar a cabo sus planes de vida, garantizar las condiciones de vida digna y caminar hacia la construcci\u00f3n de equidad.<\/p>\n\n\n\n

Esta visi\u00f3n se materializ\u00f3, al menos en el plano program\u00e1tico, en tres grandes orientaciones. La primera fue la territorializaci\u00f3n de la pol\u00edtica educativa, entendiendo la escuela como un actor estrat\u00e9gico para el desarrollo territorial y comunitario, en consonancia con apuestas como el Programa Especial de Educaci\u00f3n Rural (PEER) derivado del Acuerdo de Paz. La segunda correspondi\u00f3 a la justicia curricular, la cual busc\u00f3 fortalecer la pertinencia de la educaci\u00f3n por medio de contenidos, metodolog\u00edas y sistemas educativos contextualizados, con \u00e9nfasis en la formaci\u00f3n ciudadana, socioemocional, intercultural y ambiental, articul\u00e1ndose con iniciativas como la Pol\u00edtica para la Formaci\u00f3n Ciudadana, para la Reconciliaci\u00f3n, Socioemocional, Sostenibilidad y Ecol\u00f3gica (estrategia CRESE) y el fortalecimiento de sistemas educativos propios. Finalmente, el Gobierno propuso una comprensi\u00f3n integral del derecho a la educaci\u00f3n, que trascendiera el acceso para incorporar dimensiones como la permanencia, la pertinencia, la calidad y la culminaci\u00f3n efectiva de las trayectorias educativas.<\/p>\n\n\n\n

Los informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo muestran avances importantes en el cumplimiento de varias de las metas trazadas para el sector educativo. En t\u00e9rminos generales, el seguimiento reporta un avance cercano al 56 % de las metas prevista. El resultado m\u00e1s destacado es el cumplimiento anticipado de la meta de tr\u00e1nsito inmediato a la educaci\u00f3n superior en zonas rurales. Este logro del 104,31 % se traduce en que m\u00e1s de 130.000 j\u00f3venes de zonas rurales est\u00e1n vinculados a estrategias de educaci\u00f3n superior, permitiendo que el pa\u00eds supere, con tres a\u00f1os de antelaci\u00f3n, la meta nacional de tr\u00e1nsito inmediato que se esperaba alcanzar apenas en 2026. De igual manera, otros logros fueron la ampliaci\u00f3n de la cobertura en educaci\u00f3n superior, impulsada por la pol\u00edtica de gratuidad, y la incorporaci\u00f3n de procesos de formaci\u00f3n ciudadana, socioemocional y de educaci\u00f3n para el cambio clim\u00e1tico en m\u00e1s del 82 % de los establecimientos educativos del pa\u00eds (Consejo Nacional de Planeaci\u00f3n, 2025).<\/p>\n\n\n\n

Estos resultados evidencian esfuerzos importantes por fortalecer el acceso y ampliar oportunidades educativas, especialmente para poblaciones hist\u00f3ricamente excluidas. Sin embargo, el mismo balance revela limitaciones que invitan a una lectura m\u00e1s compleja.<\/p>\n\n\n\n

Durante el 2023, aproximadamente a 335.000 ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes presentaron abandono escolar; menos de la mitad de las metas relacionadas con infraestructura educativa se cumplieron; persisten profundas brechas en conectividad, transporte y acceso a servicios b\u00e1sicos, en particular en las zonas rurales, y cerca del 45 % de los j\u00f3venes en edad de cursar educaci\u00f3n superior contin\u00faa por fuera del sistema. A ello se suma una persistente desarticulaci\u00f3n entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, que ha ralentizado la ejecuci\u00f3n de proyectos de infraestructura y el cierre efectivo de brechas regionales (Consejo Nacional de Planeaci\u00f3n, 2025).<\/p>\n\n\n\n

Estas dificultades adquieren una expresi\u00f3n mucho m\u00e1s aguda en la Orinoqu\u00eda. Aunque algunos departamentos, como Casanare y Arauca, han avanzado en la consolidaci\u00f3n de oferta de educaci\u00f3n superior, otros, como Vichada, contin\u00faan enfrentando enormes rezagos en la materializaci\u00f3n de la inversi\u00f3n p\u00fablica. A pesar de registrar altos niveles de compromiso presupuestal, la ejecuci\u00f3n efectiva de los recursos destinados a infraestructura educativa ha sido una de las m\u00e1s bajas del pa\u00eds. La limitada conectividad, las dificultades de movilidad, la dispersi\u00f3n poblacional y la d\u00e9bil presencia institucional condicionan el acceso, la permanencia y las trayectorias educativas de los NNAJ (Consejo Nacional de Planeaci\u00f3n, 2025).<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, valorar estos avances \u00fanicamente desde los indicadores educativos resulta insuficiente. Si el prop\u00f3sito de esta pol\u00edtica era ampliar las oportunidades de las juventudes y contribuir a la construcci\u00f3n de paz, es necesario preguntarse qu\u00e9 ocurri\u00f3 con las condiciones de vida de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes y j\u00f3venes durante este mismo periodo.<\/p>\n\n\n\n

Informes recientes sobre ni\u00f1ez y juventud entregados por organizaciones sociales y organismos estatales muestran un panorama que obliga a matizar los avances alcanzados en materia educativa. Mientras la pol\u00edtica p\u00fablica logr\u00f3 ampliar el acceso y fortalecer algunas condiciones para la permanencia escolar, distintos informes alertan sobre el recrudecimiento de las violencias que afectan las trayectorias de vida de poblaciones de NNAJ.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con Save the Children (2026), el reclutamiento forzado y la utilizaci\u00f3n de NNAJ aument\u00f3 en un 300 % en cinco a\u00f1os, lo que representa uno de los mayores desaf\u00edos para la protecci\u00f3n y el cuidado de la ni\u00f1ez en Colombia. El incremento del reclutamiento y la utilizaci\u00f3n por parte de grupos armados, las afectaciones a la salud mental, el desplazamiento forzado, las restricciones para asistir regularmente a la escuela, el riesgo de deserci\u00f3n escolar y el aumento de los homicidios juveniles evidencian que las oportunidades educativas siguen desarroll\u00e1ndose en contextos marcados por altos niveles de vulnerabilidad.<\/p>\n\n\n\n

En este escenario, la escuela asume funciones que trascienden la ense\u00f1anza, al convertirse en un espacio de protecci\u00f3n, acompa\u00f1amiento psicosocial, identificaci\u00f3n temprana de riesgos, fortalecimiento de redes comunitarias y garant\u00eda de trayectorias educativas para NNAJ expuestos a las din\u00e1micas del conflicto armado.<\/p>\n\n\n\n

Esta tensi\u00f3n adquiere una expresi\u00f3n significativa en el Vichada. All\u00ed, el desaf\u00edo ya no consiste \u00fanicamente en garantizar el acceso a la escuela, m\u00e1s bien en comprender hasta qu\u00e9 punto la educaci\u00f3n logra convertirse en una herramienta para sostener proyectos de vida en un territorio atravesado por el aislamiento geogr\u00e1fico, la diversidad \u00e9tnica, las econom\u00edas ilegales, la d\u00e9bil presencia institucional y las m\u00faltiples afectaciones derivadas del conflicto armado.<\/p>\n\n\n\n

La lupa sobre Vichada: la realidad desde el territorio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El Vichada constituye un caso revelador porque re\u00fane varios de los desaf\u00edos que el propio Gobierno identific\u00f3 como prioritarios para la transformaci\u00f3n educativa: amplias zonas rurales dispersas, una alta presencia de pueblos ind\u00edgenas, din\u00e1micas fronterizas, limitada presencia estatal y persistencia del conflicto armado. Analizar este territorio permite observar c\u00f3mo las apuestas nacionales dialogan, o encuentran sus l\u00edmites, cuando se enfrentan a contextos hist\u00f3ricamente excluidos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El diagn\u00f3stico participativo realizado por el Cinep (2024) en Puerto Carre\u00f1o, permite comprender esa tensi\u00f3n desde la experiencia cotidiana de las comunidades educativas. M\u00e1s all\u00e1 de las limitaciones de infraestructura o cobertura, el estudio evidencia que el principal desaf\u00edo del derecho a la educaci\u00f3n radica en su capacidad para dialogar con las condiciones del territorio y con las trayectorias de vida de las juventudes.<\/p>\n\n\n\n

Aunque el modelo de educaci\u00f3n contratada[1]<\/a> ha permitido ampliar el acceso de comunidades ind\u00edgenas, rurales y migrantes, esta es percibida por docentes y directivos como una garant\u00eda de acceso, pero no necesariamente de permanencia, pues depende de condiciones econ\u00f3micas, familiares y comunitarias que exceden el \u00e1mbito escolar. Hasta el a\u00f1o 2024, el Vichada contaba con 258 establecimientos educativos, con aulas anexas en condiciones estructurales precarias, lo que evidencia grandes retos en materia de infraestructura y acceso en el departamento (Cinep, 2024).<\/p>\n\n\n\n

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Mapa elaborado por el Sistema de Informaci\u00f3n General (SIG) del Cinep.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Sumado a ello, el diagn\u00f3stico evidencia que persiste un modelo educativo centralista, que dif\u00edcilmente logra dialogar con las realidades territoriales, culturales e identitarias del Vichada. Aunque el curr\u00edculo nacional establece un marco com\u00fan para todo el pa\u00eds, cerca del 80 % de sus contenidos son de car\u00e1cter obligatorio, mientras que solo un 20 % corresponde a espacios de flexibilidad curricular. En un territorio pluri\u00e9tnico y de frontera, esta limitada capacidad de contextualizaci\u00f3n restringe la posibilidad de construir una educaci\u00f3n pertinente para las juventudes y de responder a los desaf\u00edos espec\u00edficos que enfrentan en sus comunidades (Cinep, 2024).<\/p>\n\n\n\n

En este escenario, iniciativas como el Sistema Educativo Ind\u00edgena Propio (SEIP) y la construcci\u00f3n de Planes Educativos Comunitarios representan una oportunidad para avanzar hacia una educaci\u00f3n verdaderamente territorializada. No obstante, el diagn\u00f3stico evidencia que su consolidaci\u00f3n enfrenta desaf\u00edos estructurales propios del departamento, entre ellos, el reconocimiento efectivo de los resguardos ind\u00edgenas y el fortalecimiento de las capacidades organizativas de las comunidades para impulsar y sostener procesos educativos propios.<\/p>\n\n\n\n

Estas limitaciones de la pol\u00edtica educativa adquieren una dimensi\u00f3n mucho m\u00e1s compleja cuando se observan desde las trayectorias de vida de las juventudes del territorio. El diagn\u00f3stico participativo realizado por el Cinep (2024) evidencia que las barreras para garantizar el derecho a la educaci\u00f3n no se explican \u00fanicamente por factores propios del sistema educativo, sino tambi\u00e9n por las condiciones sociales, econ\u00f3micas y familiares que atraviesan la vida cotidiana de los NNAJ.<\/p>\n\n\n\n

Los testimonios recogidos muestran que muchos estudiantes deben abandonar temporalmente la escuela para trabajar, garantizar su alimentaci\u00f3n o asumir responsabilidades de cuidado al interior de sus familias. Para otros, la instituci\u00f3n educativa representa un espacio de alimentaci\u00f3n, protecci\u00f3n y socializaci\u00f3n en medio de contextos de alta vulnerabilidad. A lo anterior, se suma la percepci\u00f3n expresada por el Consejo Municipal de Juventud, que identifica la falta de oportunidades educativas y laborales, la sensaci\u00f3n de no tener futuro y las limitadas posibilidades de participaci\u00f3n como factores que restringen la construcci\u00f3n de proyectos de vida en el territorio (Cinep, 2024).<\/p>\n\n\n\n

En otras palabras, el derecho a la educaci\u00f3n termina condicionado por un conjunto de factores territoriales que trascienden la escuela y que inciden directamente en la posibilidad de permanecer en ella, aprender, proyectar un futuro y constituirse como una garant\u00eda al derecho al cuidado, tal como se plante\u00f3 en su momento.<\/p>\n\n\n\n

El Gobierno entendi\u00f3 que la educaci\u00f3n deb\u00eda ser pertinente, integral y territorial. Sin embargo, el caso del Vichada evidencia que esa transformaci\u00f3n enfrenta importantes limitaciones cuando se encuentra con las profundas desigualdades que caracterizan a los territorios de frontera. Ampliar el acceso a la educaci\u00f3n sigue siendo una condici\u00f3n indispensable para garantizar los derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes y j\u00f3venes, pero resulta insuficiente cuando las trayectorias educativas est\u00e1n supeditadas por la violencia, la desigualdad, las econom\u00edas ilegales y la d\u00e9bil presencia institucional.<\/p>\n\n\n\n

El principal aprendizaje que deja este balance consiste en que el ejercicio efectivo del derecho a la educaci\u00f3n depende de capacidades estatales diferenciadas territorialmente. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo incorpor\u00f3 un enfoque territorial, su implementaci\u00f3n reproduce brechas entre las regiones centrales y las periferias rurales, limitando el alcance de las transformaciones propuestas.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, la escuela y la garant\u00eda del derecho a la educaci\u00f3n se constituyen como elementos indispensables, pero no pueden sostener por s\u00ed sola el cuidado de las nuevas generaciones. Dicho esto, la educaci\u00f3n protege cuando forma parte de un sistema territorial de cuidado, es decir, de un entramado de relaciones comunitarias, instituciones p\u00fablicas y pol\u00edticas sociales que hagan posible permanecer en la escuela, aprender, construir proyectos de vida y ejercer la ciudadan\u00eda en condiciones de dignidad y paz. Quiz\u00e1s ese sea uno de los principales aprendizajes que deja el balance del gobierno Petro: la garant\u00eda del derecho a la educaci\u00f3n no depende de robustecer la escuela, sino de fortalecer los territorios que hacen posible que la escuela cumpla su promesa transformadora.<\/p>\n\n\n\n

Referencias<\/strong><\/h2>\n\n\n\n