{"id":8968,"date":"2026-08-24T08:27:36","date_gmt":"2026-08-24T13:27:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/?p=8968"},"modified":"2026-08-24T08:27:36","modified_gmt":"2026-08-24T13:27:36","slug":"entre-el-dialogo-y-el-control-analisis-del-proceso-de-dialogo-sociojuridico-con-el-egc-en-la-cuenca-del-rio-atrato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/entre-el-dialogo-y-el-control-analisis-del-proceso-de-dialogo-sociojuridico-con-el-egc-en-la-cuenca-del-rio-atrato\/","title":{"rendered":"Entre el di\u00e1logo y el control: an\u00e1lisis del proceso de di\u00e1logo sociojur\u00eddico con el EGC en la cuenca del r\u00edo Atrato"},"content":{"rendered":"\n

En tiempos de incertidumbre y a la luz de una nueva presidencia, se presenta un an\u00e1lisis del proceso de di\u00e1logo sociojur\u00eddico entre el Gobierno de Gustavo Petro y el autodenominado EGC, teniendo como referencia la experiencia en el departamento del Choc\u00f3.<\/h2>\n\n\n\nEDICI\u00d3N 115 ENE-JUN 2026<\/font>\n\n\n\n

Desde 2022, el Gobierno del presidente Petro impuls\u00f3 la pol\u00edtica ambiciosa de Paz Total, orientada a la creaci\u00f3n de mesas de di\u00e1logo con varios grupos armados y de crimen organizado al tiempo y que establec\u00eda criterios para generar acuerdos de paz y procurar el sometimiento a la justicia de tales agrupaciones. La estrategia incluy\u00f3, entre otros, al Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC), el Ej\u00e9rcito Gaitanista de Colombia (EGC) y estructuras criminales de ciudades como Medell\u00edn, Buenaventura y Quibd\u00f3. No obstante, desde sus inicios la pol\u00edtica recibi\u00f3 m\u00faltiples cr\u00edticas relacionadas con la poca planeaci\u00f3n y sus limitados niveles de efectividad. A ello, se suma la falta de una definici\u00f3n clara frente a los beneficios ofrecidos y los requisitos exigidos para el sometimiento de los combatientes.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Al respecto, los esfuerzos por sostener una mesa socio jur\u00eddica con el autodenominado EGC, proceso iniciado en 2022, pero instalado formalmente hasta 2025, no contaron con un marco jur\u00eddico que lo acobijara y padecieron de baja legitimidad pol\u00edtica y social. Igualmente, se llev\u00f3 a contrarreloj, pues tuvo contados meses para concretar compromisos y lidiar con las inestabilidades propias de una negociaci\u00f3n. Habi\u00e9ndose generado expectativas sobre los resultados y beneficios que esta desmovilizaci\u00f3n podr\u00eda traer a los territorios, la mesa sociojur\u00eddica afronta un escenario difuso y de gran incertidumbre pol\u00edtica[1]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

A continuaci\u00f3n, se expone un balance sobre este proceso de negociaciones, el cual se desarroll\u00f3 junto a organizaciones de la sociedad civil del departamento del Choc\u00f3, principalmente de la cuenta del r\u00edo Atrato, y que nace de un deseo por comprender las l\u00f3gicas bajo las cuales se dise\u00f1\u00f3 el proceso, pues incluso posterior a di\u00e1logos con representantes de la mesa sociojur\u00eddico, distintas dudas y preocupaciones persistieron.<\/p>\n\n\n\n

Caso Choc\u00f3: un contexto de negociaci\u00f3n con deficiencias en la planeaci\u00f3n, baja participaci\u00f3n y persistencia de vulneraciones<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El 18 de septiembre de 2025, la mesa de di\u00e1logo sociojur\u00eddico emiti\u00f3 una declaraci\u00f3n en la que defini\u00f3 cinco territorios iniciales para crear Grupos de Trabajo y generaci\u00f3n de confianza de cara a la desmovilizaci\u00f3n del grupo armado: Mutat\u00e1, Acand\u00ed, Bel\u00e9n de Bajir\u00e1, Riosucio y Ungu\u00eda[2]<\/a>. Excepto Mutat\u00e1, todos est\u00e1n ubicados en el municipio del Choc\u00f3, en la cuenca del r\u00edo Atrato (Bajo Atrato), una regi\u00f3n estrat\u00e9gica por conectar el Caribe, el Pac\u00edfico, el interior del pa\u00eds y Centroam\u00e9rica. Su ubicaci\u00f3n, riqueza en recursos naturales y presencia diferenciada del Estado la han convertido hist\u00f3ricamente en un escenario de disputa armada y en un espacio propicio para la consolidaci\u00f3n de econom\u00edas legales e ilegales como miner\u00eda, agroindustria, explotaci\u00f3n forestal, narcotr\u00e1fico y tr\u00e1fico de migrantes (Cinep, 2025). Econom\u00edas que actualmente son de gran inter\u00e9s y est\u00e1n siendo controladas por el EGC.<\/p>\n\n\n\n

Adicional a ello, se suscribieron 16 acuerdos entre el Gobierno y el actor armado, recogidos en dos declaratorias (18 de septiembre y del 5 de diciembre de 2025). Resaltamos los siguientes: (a) el desarrollo de un censo para identificar ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes dentro del grupo y ponerlos a disposici\u00f3n del ICBF para el restablecimiento de sus derechos; (b) la creaci\u00f3n de un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Ambiente, para proteger las cuencas y medir los impactos de la explotaci\u00f3n de madera, fauna, miner\u00eda y expansi\u00f3n agr\u00edcola; (c) el compromiso del EGC de cumplir con los principios del Derechos Internacional Humanitario y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; (d) la creaci\u00f3n de tres Zonas de Ubicaci\u00f3n Temporal (ZUT) en Bel\u00e9n de Bajir\u00e1, Ungu\u00eda y Tierralta para la ubicaci\u00f3n de combatientes del EGC, y (e) la conformaci\u00f3n de un Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificaci\u00f3n (MTSMV), integrado por el Gobierno Nacional, el EGC y la MAPP\/OEA.<\/p>\n\n\n\n

Pese a estos acuerdos y a la creaci\u00f3n del MTSMV, el control y violencia ejercidos por el EGC contra la poblaci\u00f3n afrodescendiente e ind\u00edgena no disminuyeron. El confinamiento, el reclutamiento forzado y la violencia sexual siguen siendo las principales formas de violencia reportadas en la regi\u00f3n (Cinep, 2025). Seg\u00fan la Unidad para las V\u00edctimas (UARIV) (2026), entre 2025 y 2026 se registraron 105 casos de confinamiento y 13 de delitos sexuales en los municipios del Choc\u00f3 priorizados por los acuerdos. Asimismo, la Defensor\u00eda del Pueblo (9 de julio de 2025) report\u00f3 16 casos de reclutamiento forzado entre 2024 y 2025 en el departamento, mientras que el Cinep document\u00f3 20 casos para el mismo periodo, cifras que podr\u00edan ser mayores debido al subregistro asociado a las dificultades para documentar estas violencias en contextos de control armado.<\/p>\n\n\n\n

Estas formas de victimizaci\u00f3n responden a una l\u00f3gica que consiste en controlar el territorio sin expulsar a la poblaci\u00f3n, por los r\u00e9ditos econ\u00f3micos y pol\u00edticos que le genera actor. En medio del di\u00e1logo sociojur\u00eddico, miembros del EGC se est\u00e1n instalando en casas familiares, sin permiso ni tiempo definido. Incluso, en algunos casos, compran electrodom\u00e9sticos para estas casas, aprovechando los altos \u00edndices de pobreza y necesidades b\u00e1sicas insatisfechas, combinando el control absoluto sobre la vida cotidiana con una imagen de aparente preocupaci\u00f3n por el bienestar de las comunidades (Cinep, 2025; Ortega, 2026). Esta din\u00e1mica sigue debilitando los procesos organizativos de las comunidades \u00e9tnicas y sus capacidades hist\u00f3ricas de resistencia, defensa de derechos y construcci\u00f3n de paz (Cinep\/PPP, 2025). Muestra, adem\u00e1s, una estrategia de mayor inserci\u00f3n del actor dentro de las comunidades, mediante un discurso pol\u00edtico que, desde 2022, exhibe un supuesto inter\u00e9s por mejorar las condiciones de pobreza y desigualdad en los territorios.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de este supuesto inter\u00e9s, el EGC contin\u00faa actuando como el gran administrador de las econom\u00edas de la cuenca del r\u00edo Atrato, controlando negocios de tala de madera, agroindustria narcotr\u00e1fico y miner\u00eda a lo largo de la cuenca, donde miembros de las comunidades trabajan bajo condiciones precarias, por coacci\u00f3n o por falta de alternativas econ\u00f3micas. Adicionalmente, ha mantenido, e incluso ampliado, la extorsi\u00f3n a distintos sectores econ\u00f3micos, incluyendo mototaxistas, comercios peque\u00f1os, vendedores ambulantes, servicios de transporte terrestre y fluvial, as\u00ed como a proyectos estatales en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Este escenario evidencia fallas metodol\u00f3gicas de los di\u00e1logos sociojur\u00eddicos, sujetas a dos elementos centrales: el desarrollo de acercamientos con una agenda de negociaci\u00f3n limitada, con pocos incentivos para llevar un proceso constante y efectivo y que contrastaba con los principios que guiaban el modelo de negociaci\u00f3n y la ausencia de mecanismos efectivos para legitimar el proceso de di\u00e1logo con organizaciones de la sociedad civil y construir canales de comunicaci\u00f3n, participaci\u00f3n y pedagog\u00edas de socializaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Es de reconocer que el dise\u00f1o y desarrollo del di\u00e1logo tuvo lugar en un escenario de cambios en las din\u00e1micas del conflicto, observando actores con altas probabilidades de fragmentaci\u00f3n, alianzas inestables y priorizaci\u00f3n del control de territorios concretos sobre la pretensi\u00f3n de control nacional. As\u00ed, aunque se destaca el valor de privilegiar un enfoque territorial en las negociaciones, se hizo evidente que la capacidad econ\u00f3mica y militar del EGC reduc\u00eda los incentivos para que se comprometiera con la opci\u00f3n negociada (Cinep, 2025). Adem\u00e1s, se evidenci\u00f3 el desarrollo de una agenda limitada, en la que no se consider\u00f3 la reparaci\u00f3n a v\u00edctimas ante hechos de violencia perpetrados por el actor, contribuciones a la verdad, entre otros, generando incertidumbre y ambig\u00fcedades que minar\u00edan la confianza en el proceso de di\u00e1logo.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se estableci\u00f3 la premisa de implementar lo que paulatinamente se ir\u00eda acordando[3]<\/a>, lo que resultar\u00eda inoportuno, debido a la baja capacidad para ejecutar los acuerdos, entablar alianzas para impulsarlos o para orientar estos esfuerzos dentro de un horizonte unificado de negociaci\u00f3n. Esta decisi\u00f3n a\u00f1ad\u00eda nuevos desaf\u00edos a un Estado que a\u00fan enfrentaba retrasos en la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz de 2016 y requer\u00eda fortalecer sus capacidades institucionales y de coordinaci\u00f3n para abordar las causas estructurales del conflicto armado.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, se evidencia la falta de criterios claros y procedimientos sin consulta o debida divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n frente a la selecci\u00f3n de los miembros de los Grupos de Apoyo Municipal, el establecimiento de las Zonas de Ubicaci\u00f3n Temporal o la implementaci\u00f3n de acuerdos como el grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La selecci\u00f3n de los miembros comunitarios que participar\u00edan de estos Grupos de Apoyo Municipal no cont\u00f3 con una metodolog\u00eda participativa y democr\u00e1tica, la cual reconociera la autoridad territorial de Consejos Comunitarios y Resguardos Ind\u00edgenas y todav\u00eda se desconocen los criterios y mecanismos utilizados. Esto vulner\u00f3 el derecho a la participaci\u00f3n y autodeterminaci\u00f3n de los pueblos \u00e9tnicos en la regi\u00f3n, generando que el proceso careciera de legitimidad y apoyo por parte de amplios sectores de la sociedad civil, situaci\u00f3n a la que se sum\u00f3 la limitaci\u00f3n presupuestal para operativizar dichas iniciativas (Redacci\u00f3n Colombia +20, 2026).<\/p>\n\n\n\n

En esta misma l\u00ednea, la hoy Consejer\u00eda Comisionada de Paz[4]<\/a> design\u00f3 a miembros de comunidades y liderazgos comunitarios como \u201c<\/em>portavoces oficiales del Ej\u00e9rcito Gaitanista de Colombia\u201d, sin dar claridad sobre los criterios de selecci\u00f3n, sus funciones o su papel dentro del proceso de di\u00e1logo. Esta falta de transparencia, sumado a la poca claridad sobre el funcionamiento de los Grupos de Apoyo, motiv\u00f3 pronunciamientos p\u00fablicos y privados de organizaciones del Choc\u00f3 (2025 y 2026), con el acompa\u00f1amiento del Cinep, dirigidos al Gobierno y a los garantes internacionales. Las principales preocupaciones fueron la escasa transparencia y legitimidad, la falta de una participaci\u00f3n efectiva, la limitada difusi\u00f3n de los acuerdos y sus alcances y el acelerado desarrollo del proceso. Al igual, surgieron cuestionamientos sobre los mecanismos de verificaci\u00f3n. Aunque se cre\u00f3 el MTSMV, sus dos informes a la fecha publicados se concentran en acciones estatales previstas por mandato, que no est\u00e1n directamente relacionadas con las violencias y afectaciones ejercidas por el EGC. No es claro cu\u00e1les han sido las acciones diferenciales para responder a la violencia y al control territorial ejercido por este actor en los municipios piloto del Choc\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Los informes de verificaci\u00f3n hacen escasa referencia a las victimizaciones ocasionadas por el autodenominado EGC y a las medidas adoptadas para atenderlas y disminuirlas. Incluso, el primer informe, publicado el 21 de abril de 2026, afirm\u00f3 que no exist\u00edan ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes reclutados por el EGC, seg\u00fan un censo entregado por el propio actor. Esta afirmaci\u00f3n contradice la informaci\u00f3n suministrada por el ICBF en respuesta a un derecho de petici\u00f3n formulado por el Cinep, en el que la entidad sostuvo al menos cuatro reuniones con el MTSMV para advertir sobre la demora del grupo armado en la entrega del censo y sobre el incumplimiento del compromiso del EGC de no reclutar, utilizar ni ejercer violencia sexual contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, tanto en el Choc\u00f3 como en los 15 municipios incluidos en el acuerdo y otros donde tiene presencia (ICBF, 2026).<\/p>\n\n\n\n

Estas inconsistencias reavivaron las preocupaciones sobre las metodolog\u00edas de seguimiento y los criterios utilizados para evaluar el cumplimiento de los acuerdos. Esta situaci\u00f3n es denunciada por las organizaciones \u00e9tnicas del Choc\u00f3 (2025 y 2026), quienes se\u00f1alan que el esquema de verificaci\u00f3n resulta insuficiente para generar confianza, monitorear efectivamente los compromisos, ofrecer garant\u00edas para responder a la complejidad de las din\u00e1micas territoriales o recoger oportunamente las denuncias de las comunidades.<\/p>\n\n\n\n

Estas preocupaciones se reforzaron con informes publicados por organizaciones como Indepaz (2026) e Insight Crime (2026), las cuales muestran que el EGC ha ampliado su presencia en los \u00faltimos dos a\u00f1os, consolid\u00e1ndose como la organizaci\u00f3n armada y criminal con mayor capacidad econ\u00f3mica y territorial. Seg\u00fan lo ha corroborado el Cinep, adem\u00e1s de fortalecer su control en Choc\u00f3, Urab\u00e1 y C\u00f3rdoba, el EGC ha expandido su presencia al Bajo Cauca, La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, sur de Bol\u00edvar, Magdalena Medio y Catatumbo. Negociar con este actor sin una metodolog\u00eda clara, un marco jur\u00eddico definido, mecanismos claros de contenci\u00f3n ante incumplimientos y una participaci\u00f3n efectiva de las v\u00edctimas y comunidades afectadas evidencia importantes debilidades en el dise\u00f1o del proceso y una respuesta insuficiente frente a las demandas de los territorios.<\/p>\n\n\n\n

De cara al nuevo Gobierno: \u00bfqu\u00e9 esperar en materia de paz?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El an\u00e1lisis presentado no entra en disputa con los objetivos de disminuir la violencia y de apostarle a la construcci\u00f3n de paz territorial. Sin embargo, plantea cuestionamientos sobre las formas y objetivos perseguidos a la hora de iniciar procesos de di\u00e1logo y negociaci\u00f3n con actores armados cada vez m\u00e1s complejos. En este contexto, resulta fundamental incorporar los aprendizajes y experiencias de las comunidades y fortalecer su participaci\u00f3n en las negociaciones. En el Choc\u00f3, los procesos organizativos han impulsado por d\u00e9cadas iniciativas de construcci\u00f3n de paz, como el \u201c\u00a1Acuerdo Humanitario Ya!\u201d y las Mesas Humanitarias, que buscan monitorear peri\u00f3dicamente la situaci\u00f3n territorial y la respuesta estatal. Reconocer su conocimiento sobre las din\u00e1micas de conflicto y su experiencia organizativa en di\u00e1logo y mediaci\u00f3n fortalecer\u00eda futuros procesos de di\u00e1logo y negociaci\u00f3n, especialmente ante la transformaci\u00f3n de la naturaleza y accionar de los actores armados en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

A pocos d\u00edas del inicio del nuevo Gobierno, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha permitido entrever lo que ser\u00e1 su mandato en materia de seguridad y el tipo de relacionamiento que sostendr\u00e1 con grupos armados organizados y otras agrupaciones criminales presentes en la naci\u00f3n. Si bien a\u00fan no existe un documento que detalle su pol\u00edtica de seguridad, numerosas entrevistas, discursos y pronunciamientos plantean un panorama en el que no se priorizar\u00e1 la construcci\u00f3n de una pol\u00edtica de paz que contin\u00fae con las mesas de di\u00e1logo y negociaci\u00f3n instaladas o avanzar en nuevas estrategias similares. Por el contrario, ha quedado claro que se prev\u00e9n mecanismos de presi\u00f3n militar y sometimiento a la justicia (Danneman, 2026). As\u00ed, se abre la pregunta por la manera como se gestionar\u00e1 el conflicto armado que tiene lugar en el pa\u00eds y por la efectividad que pueda tener esta perspectiva para atender las profundas ra\u00edces que lo sostienen y perpet\u00faan.<\/p>\n\n\n\n

De esta manera, frente al pr\u00f3ximo periodo presidencial, ser\u00e1 fundamental evaluar el nivel de cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado en territorios priorizados durante el proceso de di\u00e1logo sociojur\u00eddico, como la sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito, la creaci\u00f3n de un grupo de trabajo ambiental y las zonas de ubicaci\u00f3n temporal y los efectos de las decisiones que se tomen sobre estos. Asimismo, resulta clave examinar los proyectos de ley sobre sometimiento que proponga este Gobierno, ante un posible \u00e9nfasis punitivo que omita los derechos de las v\u00edctimas. Se advierte tambi\u00e9n el riesgo por los discursos que profundicen la estigmatizaci\u00f3n de liderazgos y organizaciones que instalen de nuevo la premisa del enemigo interno, el escalamiento de la violencia en territorios con presencia armada y el debilitamiento del Sistema Integral para la Paz u otras entidades encargadas de la atenci\u00f3n a v\u00edctimas y la protecci\u00f3n de los derechos humanos, afectando una respuesta estatal efectiva ante esta poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Como lo han demostrado m\u00e1s de 70 a\u00f1os de historia de dolor en el pa\u00eds, la salida armada y violenta al conflicto armado solo deja mayores da\u00f1os y p\u00e9rdidas a nivel social, pol\u00edtico, psicol\u00f3gico y econ\u00f3mico y no garantiza la convivencia pac\u00edfica. El di\u00e1logo, la generaci\u00f3n de acuerdos y el fortalecimiento de la presencia estatal a nivel territorial son imperativos para poder continuar un proceso de construcci\u00f3n de paz territorial en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Referencias<\/strong><\/h2>\n\n\n\n