{"id":8986,"date":"2026-08-24T08:36:34","date_gmt":"2026-08-24T13:36:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/?p=8986"},"modified":"2026-08-24T08:36:35","modified_gmt":"2026-08-24T13:36:35","slug":"los-laberintos-de-la-sustitucion-gobernanza-de-excepcion-en-territorios-cocaleros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistaciendiascinep.com\/home\/los-laberintos-de-la-sustitucion-gobernanza-de-excepcion-en-territorios-cocaleros\/","title":{"rendered":"Los laberintos de la sustituci\u00f3n: gobernanza de excepci\u00f3n en territorios cocaleros"},"content":{"rendered":"\n

La sustituci\u00f3n profundiza del modelo c\u00edvico-militar desde el cual se concibe el desarrollo territorial, al abordar las desigualdades territoriales en la construcci\u00f3n del Estado-naci\u00f3n colombiano desde los intereses de la guerra y del \u201ccombate contra las drogas\u201d. Esta perspectiva ha adquirido un lugar emblem\u00e1tico en Colombia al convertirse, sin mayor discusi\u00f3n, en una pol\u00edtica de desarrollo destinada a los territorios con cultivos, principalmente de coca, y legitimada por los Acuerdos de Paz y por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia (2022-2026).<\/h2>\n\n\n\nEDICI\u00d3N 115 ENE-JUN 2026<\/font>\n\n\n\n

La sustituci\u00f3n como estrategia c\u00edvico-militar de gobernanza de excepci\u00f3n[1]<\/a><\/h2>\n\n\n\n

La pol\u00edtica de sustituci\u00f3n en Colombia ha sido la expresi\u00f3n prohibicionista de la fusi\u00f3n c\u00edvico-militar en torno a la forma en que el Estado intenta el control territorial militar con m\u00e1scara de pol\u00edtica de desarrollo, que durante los \u00faltimos 30 a\u00f1os del conflicto armado (1991-2016) se ha delineado con mayor intensidad. En este periodo se pueden identificar 7 etapas, pulsiones de transformaci\u00f3n territorial, que, a medida que se tensionaba el equilibrio entre el ala militar y civil del poder del Estado, hicieron cada vez m\u00e1s evidente esta disputa, cuando las pol\u00edticas de desarrollo regional tendieron a militarizarse.<\/p>\n\n\n\n

Durante la d\u00e9cada de los setenta y ochenta, el desarrollo territorial estatal privilegi\u00f3 la acci\u00f3n participativa e interinstitucional entre el Estado y la poblaci\u00f3n, como el programa de Desarrollo Rural Integral (DRI) en los 70 (Fajardo, Err\u00e1zuriz y Balcazar, 1987; Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, 1977) y el Plan Nacional de Rehabilitaci\u00f3n (PNR) durante los 80 (Tirado, 1990), en los cuales se prioriz\u00f3 un acercamiento civil y territorial de la planeaci\u00f3n para el desarrollo. A finales de los 90, el giro militarista recre\u00f3 una nueva forma de presencia estatal en estas regiones. Esto fue evidente, por ejemplo, en los esfuerzos \u2014infructuosos\u2014 de establecer las Zonas Especiales de \u00d3rden P\u00fablico durante el gobierno de Ernesto Samper, \u00e1reas en las que las Fuerzas Militares ten\u00edan potestad absoluta sobre el orden y desarrollo territorial \u2014que, a prop\u00f3sito, detonaron las marchas cocaleras de 1996\u2014[2]<\/a>. En paralelo, a finales de la d\u00e9cada se inaugur\u00f3 el programa \u201cPlante y Pa Lante\u201d, que instal\u00f3 masivamente la idea de que la coca \u2014principal rengl\u00f3n econ\u00f3mico en muchas regiones\u2014 pod\u00eda ser sustituida con proyectos productivos familiares. Posteriormente, durante el periodo de seguridad democr\u00e1tica (2002-2010), la securitizaci\u00f3n de la pol\u00edtica social en territorios con presencia de cultivos de coca se expres\u00f3 en la ejecuci\u00f3n de programas de sustituci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos, las Familias Guardabosques y, finalmente, el Plan Consolidaci\u00f3n[3]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La alianza org\u00e1nica entre prohibicionismo y fuerza imperial es descrita por Dominic Corva como \u201cgobernanza iliberal\u201d, explicando el rol de la \u201ccertificaci\u00f3n\u201d en la influencia de los Estados Unidos sobre el continente, y en particular sobre Colombia que ha enfrentado este chantaje y la descertificaci\u00f3n como una manera de influir e intervenir sobre las decisiones pol\u00edticas en amplios m\u00e1rgenes de interacci\u00f3n geopol\u00edtica, como lo fue el poder insurgente en Colombia y el giro pol\u00edtico bolivariano en Venezuela (Corva, 2008). Esta gobernanza surge desde la inmaterialidad de la \u201clucha antinarc\u00f3ticos\u201d, es decir, desde la imaginer\u00eda y narrativa que insiste en convertir al enemigo interno en \u201cnarco\u201d, y cuyo ataque puede pasar por encima de toda garant\u00eda de derechos. As\u00ed, el prohibicionismo permite gobernar desde la construcci\u00f3n de \u201clo criminal\u201d como aquello asociado a lo salvaje o desprovisto de garant\u00edas, aplicado a grupos y territorios que en los intereses imperiales y de poder, necesitan ser controlados y dominados. A esta forma de gobierno la denomino \u201cgobernanza de estado de excepci\u00f3n\u201d, la expresi\u00f3n territorial de dicho dominio iliberal.<\/p>\n\n\n\n

La sustituci\u00f3n como estrategia de gobernanza del estado de excepci\u00f3n del posacuerdo (2016-2022)<\/h2>\n\n\n\n

Los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional firmados en el 2016, en espec\u00edfico el punto 4: \u201cSoluci\u00f3n al problema de las drogas\u201d, sostuvieron cuatro elementos clave: la ratificaci\u00f3n de que la presencia de los cultivos de coca es una expresi\u00f3n de pobreza rural, la necesidad de promover la transformaci\u00f3n rural a partir de la articulaci\u00f3n del punto 4 con el punto 1, \u201cReforma Rural Integral\u201d, la apuesta en la participaci\u00f3n del campesinado cocalero en la planeaci\u00f3n estrat\u00e9gica del desarrollo (PISDA)[4]<\/a> y el tratamiento penal diferencial para los peque\u00f1os cultivadores. En este escenario se dibuj\u00f3 la primera disputa popular entre el modelo sustituci\u00f3n y la transformaci\u00f3n integral del territorio.<\/p>\n\n\n\n

Es as\u00ed que la implementaci\u00f3n mantuvo la l\u00f3gica del chantaje sobre la \u201cvoluntariedad\u201d que se constituy\u00f3 en parte de la gobernanza del estado de excepci\u00f3n en los territorios cocaleros y que desconoc\u00eda las presiones de las mismas FARC-EP y del Estado colombiano sobre los campesinos, que nunca pudieron negociar los acuerdos de sustituci\u00f3n ni exigirle cumplimiento al Estado. Su implementaci\u00f3n estuvo marcada por la ruptura interna del Gobierno de Juan Manuel Santos que, si bien hab\u00eda podido detener las aspersiones a\u00e9reas con glifosato en 2014, en mayo del 2016 su ministro de defensa anunci\u00f3 la estrategia 50-50, que se refer\u00eda a la mitad de las hect\u00e1reas sustituidas y la mitad erradicadas, otra de las expresiones de la gobernanza de excepci\u00f3n. En la implementaci\u00f3n de lo acordado, lo que defini\u00f3 el rumbo de la tensi\u00f3n sustituci\u00f3n vs<\/em> transformaci\u00f3n territorial fueron los decretos que reglamentaron su funcionamiento. En estos se borraron las apuestas del documento original, convirti\u00e9ndolo en un programa de transferencias condicionadas, basado en: a) la inscripci\u00f3n individual al programa; b) la erradicaci\u00f3n de los cultivos y la verificaci\u00f3n por parte de la UNODC; c) el pago por dos a\u00f1os de una transferencia condicionada; d) un ciclo corto de apoyo a soberan\u00eda alimentaria; e) un ciclo medio de asistencia t\u00e9cnica por 24 meses a producci\u00f3n, y f) un proyecto de ciclo largo de sostenibilidad de largo aliento. En total, el apoyo era de 36 millones de pesos por inscripci\u00f3n. Tambi\u00e9n, en t\u00e9rminos pol\u00edticos, la entidad sirvi\u00f3 medio para negociar cargos con sectores pol\u00edticos espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n

Entre 2017 y 2022 se hab\u00edan erradicado de forma \u201cvoluntaria\u201d y asistida 46.008 hect\u00e1reas, de las cuales casi 38.000 hab\u00edan sido verificadas por UNODC. Esta entidad hab\u00eda calculado 98 % del \u00e9xito y solo 5 % de resiembra, y hab\u00eda ingresado a casi 100 mil familias en 14 departamentos, principalmente Putumayo, Nari\u00f1o, Caquet\u00e1 y Antioquia (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2022). Durante los diez a\u00f1os de gesti\u00f3n, se han gastado siete billones de pesos para repartir poco m\u00e1s de dos billones en estas transferencias condicionadas (Contralor\u00eda General de la rep\u00fablica, 2026), sin cambios claros y medibles en estos territorios.<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e1fica 1. Din\u00e1micas anuales de la presencia de cultivos de coca monitoreados por la UNODC en los tres pa\u00edses andinos, sin contar la erradicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Fuente: UNODC, 2024. Entre 2017 y 2021 se abre la discusi\u00f3n sobre el aumento de la productividad ante la ca\u00edda de los cultivos de coca \u2014antes de calcular la erradicaci\u00f3n\u2014.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Es importante situar el programa de sustituci\u00f3n en el contexto amplio de presencia de cultivos de coca en el pa\u00eds. Cuando se firm\u00f3 el programa, en 2016, las hect\u00e1reas cultivadas en el pa\u00eds iban en aumento y aunque entre 2017 y 2018 se logr\u00f3 detener esta tendencia y revertirla hasta el 2020, el reflujo de cultivos fue significativo desde 2021. La din\u00e1mica de los cultivos de coca debe comprenderse desde la pol\u00edtica prohibicionista que los regula, es decir, a medida que los cultivos se reproducen, las erradicaciones no los desaparecen completamente, sino que, a\u00f1o a a\u00f1o, siguen apareciendo con variabilidad en su tasa de reproducci\u00f3n (Gr\u00e1fica 2 y tabla 1).<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e1fica 2. Comportamiento de los cultivos de coca despu\u00e9s de la erradicaci\u00f3n manual, a\u00e9rea y por sustituci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Fuente: elaboraci\u00f3n propia a partir de ODC-Minjusticia, y UNODC (Informe No. 24). La franja entre la l\u00ednea verde y la l\u00ednea azul refiere a las hect\u00e1reas erradicadas v\u00eda a\u00e9rea, manual terrestre o por sustituci\u00f3n.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Tabla 1. Din\u00e1micas de crecimiento de cultivos y estrategias de erradicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Entre 2014 y 2022, la tabla 1 muestra el porcentaje de crecimiento de cultivos a\u00f1o a a\u00f1o, pese a la erradicaci\u00f3n. Esto demuestra la alta capacidad de recuperaci\u00f3n de las hect\u00e1reas de coca a pesar de los esfuerzos de erradicaci\u00f3n y sustituci\u00f3n de la pol\u00edtica de drogas. Es a partir de la triangulaci\u00f3n de instrumentos antidrogas, que se puede observar que la sustituci\u00f3n no fue una estrategia aislada sino que, al contrario, entre el 2016 y el 2020 se constituy\u00f3 un ecosistema combinado de ataque al campesinado cocalero y una forma de destruir su movilizaci\u00f3n pol\u00edtica, haciendo que las organizaciones se vieran confrontadas entre s\u00ed, atacadas por diversos flancos. Este periodo fue caldo de cultivo de la reconfiguraci\u00f3n del conflicto armado, como ha sido evidente en Putumayo, Nari\u00f1o, Cauca y Catatumbo. La vida cotidiana de los pobladores de estos territorios gir\u00f3 entre firmar los acuerdos de sustituci\u00f3n, convencer a las comunidades para confiar en que se iba a cumplir, ser tildados de traidores, soportar las erradicaciones, enfrentar el incumplimiento y demandarlo por ser firmantes o no del programa PNIS. Tres tragedias son emblem\u00e1ticas de este periodo: la masacre de El Tandil el 5 de octubre de 2017[5]<\/a>, el asesinato de Alexander Carvajal en el Catatumbo[6]<\/a>, en medio de una operaci\u00f3n de erradicaci\u00f3n forzada, y el encarcelamiento de Nelly Luna, una mujer cocalera firmante del PNIS que fue acusada de retener polic\u00edas al defender su condici\u00f3n de beneficiaria, en una operaci\u00f3n de erradicaci\u00f3n en el Caquet\u00e1[7]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Es desde la ilegitimidad de esta combinaci\u00f3n estrat\u00e9gica m\u00faltiple del prohibicionismo que se asentaron las bases para la aparici\u00f3n de nuevos grupos armados en los territorios, que, en gran medida, recogieron estas inconformidades, se justificaron en ellas y mantuvieron la din\u00e1mica de la econom\u00eda cocalera, en el contexto de un incumplimiento abierto del Estado a los campesinos del programa. Como advirti\u00f3 la Procuradur\u00eda en su quinto informe al Congreso en 2023: \u201cA m\u00e1s de cinco a\u00f1os del inicio de ejecuci\u00f3n del PNIS y la erradicaci\u00f3n voluntaria de los cultivos, el 97,2 % de las familias a\u00fan no tienen recursos para sus proyectos de ciclo largo, lo cual pone en riesgo la seguridad econ\u00f3mica y alimentaria de estas familias, que en su mayor\u00eda cumplieron sus compromisos, pero no han recibido alternativas sostenibles de tr\u00e1nsito a una econom\u00eda legal\u201d (Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, 2023, p. 355). Para ese a\u00f1o, la disputa popular por la transformaci\u00f3n territorial qued\u00f3 sumida en el quiebre violento de la organizaci\u00f3n campesina cocalera, en un programa de sustituci\u00f3n ampliamente financiado con 2,5 billones de pesos que fueron operados por privados, donde solo el 1 % de las familias vinculadas el programa alcanzaron terminar la ruta (Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, 2023), con serias deficiencias en la consolidaci\u00f3n de bases de datos y con un mercado de coca\u00edna tan boyante como nunca (Gr\u00e1ficas 1 y 2).<\/p>\n\n\n\n

Una manera de intentar hacerle frente a la gobernanza de excepci\u00f3n de la pol\u00edtica de sustituci\u00f3n de los Acuerdos de Paz se logr\u00f3 tras la demanda de l\u00edderes campesinos a la Corte Constitucional, enmarcada en el Auto de Seguimiento 387 de 2019 de la Sentencia de Tutela T-236 de 2017, en el que se fij\u00f3 la jerarqu\u00eda entre los medios de erradicaci\u00f3n, priorizando la sustituci\u00f3n voluntaria sobre la erradicaci\u00f3n forzada terrestre, dejando claro que la \u00faltima procede cuando la primera fracasa[8]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s all\u00e1 de las consideraciones t\u00e9cnicas, en los informes de balance de la UNODC no se hizo suficiente \u00e9nfasis en la violencia que est\u00e1n viviendo los l\u00edderes del programa de sustituci\u00f3n en campo, cuando muchas de estas regiones, como Nari\u00f1o y Putumayo, enfrentaban la reconfiguraci\u00f3n m\u00e1s cruenta del conflicto. Mar\u00edn hace evidente c\u00f3mo el programa increment\u00f3 la tasa de asesinatos de l\u00edderes sociales en un 481 %, y la probabilidad de asesinato al 122 %, como una consecuencia no intencionada de la pol\u00edtica de sustituci\u00f3n (2022).<\/p>\n\n\n\n

Sustituci\u00f3n y gobernanza de excepci\u00f3n en la Paz Total (2022-2026)<\/h2>\n\n\n\n

El presidente Gustavo Petro plante\u00f3 desde su campa\u00f1a y su discurso de posesi\u00f3n el cambio del paradigma prohibicionista y prometi\u00f3 seguir las recomendaciones de la Comisi\u00f3n de la Verdad. En el Plan Nacional de Desarrollo, el apartado sobre pol\u00edtica de drogas estuvo dirigido a la importancia del tr\u00e1nsito de econom\u00edas y la transformaci\u00f3n territorial (Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, 2022). En octubre de 2023 se public\u00f3 el documento gu\u00eda de la pol\u00edtica de drogas, \u201cSembrando vida desterramos el narcotr\u00e1fico\u201d. Este documento se mantuvo en el tradicional n\u00facleo prohibicionista de la pol\u00edtica de gobernanza de excepci\u00f3n a partir del principio de la idea \u201cOx\u00edgeno y Asfixia\u201d, una estrategia contradictoria que, si bien avanz\u00f3 en la disminuci\u00f3n de las erradicaciones terrestres \u2014y por ende de la confrontaci\u00f3n entre campesinos y las fuerzas armadas\u2014, mantuvo latente la l\u00f3gica de la meta \u00faltima de la transici\u00f3n econ\u00f3mica en estos territorios, basada en la erradicaci\u00f3n\/sustituci\u00f3n de hect\u00e1reas. La pol\u00edtica de desarrollo de estado de excepci\u00f3n sostuvo que era necesario contener los cultivos de coca antes de generar oportunidades de tr\u00e1nsito claras, sostenibles y posibles para los pobladores en estas regiones (Direcci\u00f3n de Pol\u00edtica de Drogas y Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023), dejando de nuevo la carga del compromiso al cultivador, y manteniendo la erradicaci\u00f3n forzosa como una opci\u00f3n, aunque se vendiera como un \u201c\u00faltimo recurso\u201d [9]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El eje en el documento de pol\u00edtica no es la sustituci\u00f3n \u2014que aparece no m\u00e1s de 13 veces en el texto\u2014 sino la pol\u00edtica de ox\u00edgeno, que tiene como prop\u00f3sito el tr\u00e1nsito de las econom\u00edas il\u00edcitas en zonas rurales y de manejo especial. Para esto existe una escalera, que busca no solo contener la expansi\u00f3n de hect\u00e1reas sino la transformaci\u00f3n territorial a partir de tres escalones: las condiciones de vida digna, la autonom\u00eda comunitaria y el afianzamiento colectivo. A pesar de esto, en el Plan Plurianual de Inversiones se asign\u00f3 un monto de 1,4 billones de pesos para la estrategia de sustituci\u00f3n, y no hay un rubro expedito para el tr\u00e1nsito de econom\u00edas il\u00edcitas a l\u00edcitas en territorios cocaleros. No fue hasta julio de 2026 que se defini\u00f3 un plan de acci\u00f3n e indicadores que miden el cumplimiento de la pol\u00edtica de drogas publicada.<\/p>\n\n\n\n

En el 2024, el Gobierno colombiano determin\u00f3 la renegociaci\u00f3n de acuerdos a trav\u00e9s del lanzamiento del programa Renhacemos[10]<\/a> y adem\u00e1s firm\u00f3 el convenio entre la Polic\u00eda Nacional y la Direcci\u00f3n de Sustituci\u00f3n para el uso drones para la aspersi\u00f3n con glifosato. Este nuevo programa reencauch\u00f3 la idea de la \u201csustituci\u00f3n de ingresos\u201d como un apoyo econ\u00f3mico temporal[11]<\/a>, y la \u201csustituci\u00f3n de econom\u00edas\u201d como un entramado de alianzas, asistencia t\u00e9cnica y compra de insumos. Para ello, se firmaron tres convenios con UNODC, cada uno por 300 mil millones de pesos[12]<\/a>; para diciembre del 2025 se report\u00f3 la inscripci\u00f3n de 12.935 familias en proceso de sustituci\u00f3n en el nuevo programa (ART y DSCI, 2026). La falta de ejecuci\u00f3n de la direcci\u00f3n de sustituci\u00f3n \u2014mucho m\u00e1s baja que la del periodo de Iv\u00e1n Duque como muestra el noveno informe de la Contralor\u00eda (Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, 2025, p. 419)\u2014 intent\u00f3 ser compensada con estos dos convenios en los \u00faltimos meses de gobierno, en los que se hered\u00f3 la continuidad del programa para el gobierno de Abelardo de la Espriella (2026-2030).<\/p>\n\n\n\n

La posibilidad de concretar las metas de hect\u00e1reas erradicadas del programa Renhacemos se hizo en medio de la reconfiguraci\u00f3n del conflicto y de la Paz Total, la que encuentra como oportunidad y justificaci\u00f3n en la atenci\u00f3n humanitaria \u2014como se evidencia en el decreto de Conmoci\u00f3n Interior tras la confrontaci\u00f3n entre el ELN y el EMBF en la frontera con Venezuela[13]<\/a>\u2014, y en la \u201cnarcotizaci\u00f3n\u201d de las agendas de las mesas de paz de Comuneros del Sur (Nari\u00f1o) y de la Coordinadora Nacional Bolivariana (Nari\u00f1o y Putumayo). En estos espacios, la erradicaci\u00f3n y sustituci\u00f3n se convirti\u00f3 en el n\u00facleo de la negociaci\u00f3n. Todas las mesas tuvieron comandantes ad portas<\/em> de la extradici\u00f3n, y surgi\u00f3 un nuevo modelo de gobernanza de estado de excepci\u00f3n, un disciplinamiento que no era solo sustituci\u00f3n-erradicaci\u00f3n sino tambi\u00e9n extradici\u00f3n-erradicaci\u00f3n. Los medios de verificaci\u00f3n de estas hect\u00e1reas a\u00fan no son transparentes y la UNODC empez\u00f3, al final del gobierno de Gustavo Petro, a ratificar las hect\u00e1reas erradicadas en esas mesas de paz.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, la estrategia de sustituci\u00f3n de coca estuvo atada como nunca a los vaivenes de la geopol\u00edtica global en el segundo periodo de Donald Trump, cuando el Gobierno de Gustavo Petro promovi\u00f3 la sustituci\u00f3n como una forma de congraciarse con los Estados Unidos, y parte de los compromisos a los que llegaron ten\u00edan que ver con esta tarea. No obstante, la dupla extradici\u00f3n-erradicaci\u00f3n guarda una contradicci\u00f3n: en la medida en que el Gobierno de los Estados Unidos presionaba por la entrega de comandantes para judicializarlos en su pa\u00eds, debilitaba la posibilidad de inscribir personas al programa y cumplir las metas de erradicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

10 a\u00f1os despu\u00e9s de los Acuerdos de Paz, no existen indicadores de condiciones de vida que nos permitan probar que las garant\u00edas de los derechos econ\u00f3micos, sociales, culturales y ambientales de los pobladores de territorios cocaleros hayan mejorado con el PNIS o los dem\u00e1s programas de sustituci\u00f3n. Podemos calcular los montos presupuestales invertidos y reconocer que el mercado de coca\u00edna sigue funcionando con r\u00e9cords hist\u00f3ricos. Estudios como el an\u00e1lisis del IDH departamental, realizado por el PNUD, afirman que su c\u00e1lculo \u201crefleja que el avance nacional del IDH se concentra en los departamentos hist\u00f3ricamente m\u00e1s pr\u00f3speros, mientras que otros est\u00e1n retrocediendo. Esta situaci\u00f3n sugiere la falta de una estrategia integral que promueva la cohesi\u00f3n nacional y mejore las condiciones de vida en todas las regiones del pa\u00eds\u201d (Plata, 2024). En su discurso de posesi\u00f3n, el nuevo presidente Abelardo de la Espriella se\u00f1al\u00f3 que iba a cambiar la coca por coco y cacao, manteniendo la misma ret\u00f3rica que se lubric\u00f3 estos \u00faltimos 4 a\u00f1os, la de la continuidad del paradigma prohibicionista de gobernanza de excepci\u00f3n conjugando desarrollo y sujeci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La disparidad territorial en el desarrollo humano sigue siendo una fractura real, abierta y a\u00fan no superada entre una Colombia que sigue ganando y otra, la de los territorios con presencia de cultivos de coca, que es laboratorio de las gobernanzas de excepci\u00f3n. Actualmente, el perfil del campesino cocalero en el pa\u00eds es diferente. Por ejemplo, los territorios afrocolombianos e ind\u00edgenas se han convertido en los protagonistas del nuevo mercado de coca\u00edna, como ocurre en Nari\u00f1o y Cauca. Esto trae otro tipo de tensiones, contradicciones y, por supuesto, formas de entender las transiciones o transformaciones territoriales. El pa\u00eds todav\u00eda no ha sido capaz de llenar de contenido una propuesta seria de transici\u00f3n econ\u00f3mica de ilegal a legal, y de cruzar el muro del prohibicionismo. Uno de los impactos pol\u00edticos m\u00e1s directos de la sustituci\u00f3n es la imposibilidad que tienen los afrocolombianos, ind\u00edgenas y campesinos cocaleros, y en general toda la ciudadan\u00eda, de pensar, hablar y conversar sobre de la regulaci\u00f3n legal de esta econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

La continuidad de una vieja estrategia en el nuevo escenario pol\u00edtico<\/h2>\n\n\n\n

La sustituci\u00f3n supedita el objetivo del desarrollo regional al del prohibicionismo que, en contextos de conflictos armados, es preciso complementar e involucra los objetivos de la guerra o del ataque a las finanzas de los enemigos. As\u00ed, ambas estrategias (desarrollo alternativo y sustituci\u00f3n) tienen como meta el control territorial (poblaci\u00f3n y terreno) en el marco de una confrontaci\u00f3n armada contra un enemigo. En t\u00e9rminos militares, puede considerarse \u2014por su car\u00e1cter blando y que desdibuja los l\u00edmites de lo civil y lo militar\u2014 una estrategia de guerra irregular.<\/p>\n\n\n\n

Esta estrategia ha pasado en Colombia por tres etapas. Durante el Plan Colombia, acompa\u00f1\u00f3 la estrategia militar de intervenci\u00f3n territorial, pero de forma indirecta y menos protag\u00f3nica. Los Acuerdos de Paz la convirtieron en el eje de desarrollo de la pol\u00edtica de drogas de los territorios con presencia de cultivos, impactando de forma directa en la fragmentaci\u00f3n del movimiento cocalero, y en la reconfiguraci\u00f3n del conflicto armado, sobre todo en las nuevas relaciones que establecieron las bases cocaleras con los actores armados que resurgieron. En la \u00faltima etapa, con el Gobierno de Gustavo Petro, esta estrategia ha alcanzado niveles de sofisticaci\u00f3n con los recursos, la atenci\u00f3n y la burocracia suficiente para convertirse en el discurso principal de intervenci\u00f3n en los territorios cocaleros, aunque no en una transformaci\u00f3n territorial real. Logra en este periodo articularse como pol\u00edtica de negociaci\u00f3n en las mesas de Paz Total y convertirse en el objetivo primero, sin hacer un balance o an\u00e1lisis de su propia responsabilidad en la reconfiguraci\u00f3n de la guerra con los actores y comunidades con las cuales negocia.<\/p>\n\n\n\n

Es importante resaltar tres elementos para la presidencia de Abelardo de la Espriella, que permiten identificar la continuidad de la estrategia de sustituci\u00f3n, ahora despojada del ropaje de una pol\u00edtica progresista, y entender su rol en una guerra irregular, articulada con objetivos militares e intereses econ\u00f3micos. Para esto, desataca la continuidad del discurso de la instalaci\u00f3n del cacao como opci\u00f3n de sustituci\u00f3n, que fue expresa en el discurso presidencial. Por su parte, desde la academia, los entes de control y el movimiento social todav\u00eda se exigen an\u00e1lisis profundos en torno al impacto de la instalaci\u00f3n del monocultivo, el uso presupuestal para la compra de esta semilla, el cambio en el uso de la tierra y su acaparamiento, y la instalaci\u00f3n de modelos coloniales de mercados internacionales.<\/p>\n\n\n\n

De otro lado, la tensi\u00f3n extradici\u00f3n-sustituci\u00f3n va a ser parte de una negociaci\u00f3n pol\u00edtica de agencias internacionales, por seguir implementando esta estrategia sobre la cual ya est\u00e1n destinados los fondos p\u00fablicos en convenios con la Direcci\u00f3n de Sustituci\u00f3n, mientras se definen los planes de sometimiento de los actores armados que tienen presencia en estas \u00e1reas. Finalmente, en diferentes espacios se ha hecho expl\u00edcita la preocupaci\u00f3n por la gran cantidad de informaci\u00f3n sobre estas regiones y sus pobladores que se ha acumulado en este tiempo y que no tienen clara custodia. La georeferenciaci\u00f3n, la identidad, la confianza de cientos de beneficiarios de estos programas que ahora est\u00e1 en poder del Estado son herramientas que pueden llegar a tener un impacto en el acaparamiento, el desplazamiento y las disputas por el control territorial.<\/p>\n\n\n\n

Los documentos oficiales de los Estados Unidos publicados en los \u00faltimos meses delimitan el marco de acci\u00f3n de la guerra irregular (Small Wars Journal, 2025), concepto que se adicion\u00f3 en el diccionario militar y que se catalog\u00f3 en el mismo nivel de importancia de la guerra regular, inaugurando as\u00ed un centro espec\u00edfico de estudios sobre este tema (Joint Chiefs of Staff. 2025) [14]<\/sup><\/a>. En este diccionario tambi\u00e9n se encuentra el t\u00e9rmino \u201czona productora\u201d (se refiere a los lugares de producci\u00f3n de drogas y se les denomina en ingl\u00e9s source zone<\/em>)[15]<\/sup><\/a>, como un objetivo estrat\u00e9gico de control del Gobierno de los Estados Unidos. Uno de los componentes centrales de esta estrategia es la construcci\u00f3n de confianza, de aliados locales y de redes de informaci\u00f3n en los terrenos en disputa. Para el caso colombiano, esto adquiere particular relevancia en los territorios cocaleros donde, con promesas de transformaci\u00f3n o con planes de instalaci\u00f3n de modelos de extracci\u00f3n, el proceso de sustituci\u00f3n ya les abri\u00f3 un camino.<\/p>\n\n\n\n

Referencias<\/h2>\n\n\n\n