“Que el carbón de La Guajira vaya libre de sangre, de desarraigo cultural y que nos ayuden a librar el arroyo Bruno, que en estos momentos ha sido desviado por la multinacional [Carbones del Cerrejón] y lo tienen en cautiverio”. Samuel Segundo Arregoces Pérez
En el marco del creciente debate nacional sobre el futuro de la minería del carbón en Colombia y la urgencia global de una transición energética justa, el proyecto Mina de Cañaverales, promovido por la empresa Best Coal Company (BCC)ii en el sur de La Guajira, ha reavivado las tensiones entre los discursos del desarrollo económico y la defensa de los derechos ambientales y territoriales.
Este proyecto, impulsado por más de catorce años, se localiza en los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca bajo el título minero GDI -081, con un área de 4.855,12 hectáreas y reservas de carbón térmico estimadas en 118,15 millones de toneladas. Tras varios intentos por poner en marcha el proyecto y obtener la licencia ambientaliii para iniciar sus operaciones, BCC ha concentrado sus más recientes esfuerzos en la modificación del Plan de Trabajo y Obra (PTO) y en una nueva solicitud de licenciamiento —ya no ante la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental—ante Corpoguajira.
En esta nueva propuesta, la empresa propone la explotación de 7,57 millones de toneladas de carbón y la extracción de 72,67 millones de metros cúbicos de banco estéril, en una relación de 9,6 a 1, es decir, por cada tonelada de carbón extraída se removerían casi diez toneladas de suelo, rocas y capa vegetal. La infraestructura minera intervendría 480,45 hectáreas, que incluyen el área de excavación o tajo, botaderos y vías de acceso. Las comunidades potencialmente afectadas incluyen el centro poblado de Cañaverales y los corregimientos de Corralejas, Los Pozos, El Tablazo, El Playón, Pondorito y Los Tunales en San Juan del Cesar, así como zonas rurales de Conejo y Sitio Nuevo en jurisdicción de Fonseca (Ortiz y Díaz, 2025).
En este escenario de ampliación de la frontera minera, las organizaciones sociales Cinep/PPP, Cajar y Censat solicitamos ante Corpoguajira la realización de una audiencia pública ambiental, con el propósito de presentar ante la entidad conceptos técnicos que evidencien las inconsistencias de la solicitud realizada por BCC y la inviabilidad de autorizar un nuevo proyecto minero en La Guajira. Dicha audiencia, se llevó a cabo el 14 de junio de 2025iv, como un espacio decisivo de deliberación pública y ambiental, donde confluyeron visiones profundamente opuestas: de un lado, la promesa empresarial del progreso y la generación de empleo; y del otro, la voz de las comunidades Afrocampesinas, Wayuu y de expertos técnicos independientes, que advirtieron sobre el riesgo de repetir la historia de despojo, desplazamiento y degradación ambiental causada por la minería del carbón de la empresa Carbones del Cerrejón.
El presente artículo se sitúa en este contexto de resistencia, reflexión y disputa por la protección del agua, la vida y el territorio frente a los intereses mineros.
Del espejismo del progreso a la protección del agua y la vida
Durante las últimas cuatro décadas, la minería de carbón en La Guajira trajo consigo el espejismo del progreso y del desarrollo, narrativa que durante años se instaló en las voces de las comunidades Afrocampesinas y Wayuu, y de los gobernadores y alcaldes municipales con la llegada del proyecto minero de la empresa Carbones del Cerrejón. Las promesas de una mejor vida para el pueblo guajiro pronto se desvanecieron junto con el agua que sostenía la vida y la soberanía alimentaria, que por cientos de años había garantizado la permanencia de las comunidades en el territorio.
Hoy sabemos que estas promesas mineras de Carbones del Cerrejón dejaron una profunda crisis humanitaria y ambiental en La Guajira, marcada por la pérdida del 51,25% de los afluentes del río Ranchería, la destrucción de la dispensa agrícola para la apertura de tajos mineros y grandes impactos acumulativos en biodiversidad y calidad del airev. En efecto, la promesa minera no trajo desarrollo, sino un agravamiento de las condiciones de desigualdad y vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las comunidades Afrocampesinas y Wayuu, dejando como resultado que La Guajira sea el segundo departamento más empobrecido en Colombia, con un índice de pobreza multidimensional de 39,3% —17.4% en las cabeceras municipales y 61,3% en centros poblados y áreas rurales—, y una sistemática vulneración de los derechos al agua, a la alimentación y a la salud, reconocida por la Corte Constitucional y la CIDHvi.
Nuevamente, el 14 de junio de 2025, este espejismo se convirtió en la narrativa de la empresa BCCvii al presentar su proyecto Mina de Cañaverales como una oportunidad de progreso y desarrollo para La Guajira y las comunidades Afrocampesinas de los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca. Hoy, después de décadas de impactos acumulativos y a perpetuidad que ha dejado la minería del carbón, las comunidades Afrocampesinas, y en particular el Consejo Comunitario de Cañaverales, levantan su voz con dignidad en el corazón y la frente en alto para decir: “Yo como queso, no carbón”.
Esta frase, que vibra en las marchas, en las reuniones y en los corazones de quienes defienden el territorio hidrosocial, deja en claro que: no hay desarrollo posible si se destruye la vida de las comunidades. Durante la audiencia, diversas comunidades, expertos técnicos independientes y organizaciones sociales no solamente manifestaron que no es viable un nuevo proyecto minero en La Guajira sino que solicitaron de manera explícita a Corpoguajira negar el licenciamiento ambiental solicitado por BCC dadas las profundas deficiencias técnicas sustanciales del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa.
A continuación, resalto tres argumentos por los que decimos No a la minería en Cañaverales: i) los impactos negativos del proyecto minero de BCC en el territorio hidrosocial en La Guajira, ii) la ausencia de consulta previa, libre e informada y el riesgo de desplazamiento forzado por minería y iii) insuficiencia y omisiones técnicas del EIA presentado por la empresa.
¿Por qué no a la minería? Por la defensa del agua, el territorio y la vida
En las estribaciones de la Serranía del Perijá, donde el aire aún guarda el aroma del bosque seco tropical y las aguas bañan las laderas del sistema montañoso, la comunidad Afrocampesina de Cañaverales resiste al proyecto minero de BCC. Su emblema de lucha es la protección del Manantial de Cañaverales, una fuente de agua cristalina que no solo alimenta sus cultivos y animales, sino también su espíritu, su identidad y su historia.
En esta relación con el territorio, se enmarca una configuración de territorialidades hidrosociales entendidas como una construcción colectiva en la que el agua no es solamente un bien natural, sino un elemento articulador de prácticas culturales, relaciones sociales, identidad territorial y sostenibilidad económica (Ortiz et al., 2024; Ulloa et al., 2020; Rowlands 2018).
En este sentido, el impacto del proyecto minero de BCC en el territorio hidrosocial es profundo. La minería no solo alteraría el paisaje, sino que rompería con el equilibrio de un territorio hidrosocial que entrelaza la vida comunitaria. Adicionalmente, al implementar este proyecto en Cañaverales, se pondría en riesgo la última despensa agrícolaviii del departamento, ya que este territorio aún conserva la posibilidad de producir alimento y de mantener vivas las fuentes hídricas.
Este proyecto minero causaría una pérdida paulatina de un ecosistema de recarga hídrica y podría generar impactos severos como: i) la reducción de caudales superficiales y la alteración de los flujos subterráneos, ii) la modificación de cauces naturales y el riesgo de pérdida de conectividad hídrica, iii) la contaminación de aguas por sedimentos, drenajes ácidos y material particulados, iv) la disminución en la calidad del agua para consumo humano y actividades agrícolas, v) la afectación en la recarga de los acuíferos y vi) la ruptura del tejido hidrosocial de las comunidades Afrocampesinas que se verían afectadas por el proyecto minero de BCC.
Tal como hemos expresado en diversas investigaciones del Cinep/PPPix, este proyecto minero es una amenaza directa al territorio hidrosocial dado que se implementaría en el corazón hídrico y biodiverso de la Serranía del Perijá como se aprecia en el mapa 1.
Los impactos que causaría este proyecto serían devastadores, aumentando la triple crisis en La Guajira. La comunidad de Cañaverales dice No a la minería dado que es consciente de los riesgos y desastres que causaría un nuevo proyecto minero y de sus falsas promesas de desarrollo. Y aunque esta portura se fundamenta en el argumento donde la vida prevalece sobre cualquier interés, lo cierto es que aún se sigue relacionando a la minería con el desarrollo y se desconoce el principio de precaución.
¿La historia se repite?: Violación del derecho a la participación y los riesgos del desplazamiento forzado por minería de carbón en la comunidad de Cañaverales
En la audiencia pública ambiental se expuso la preocupación sobre dos discusiones reiteradas: la violación del derecho al consentimiento y a la consulta previa libre e informada del Consejo Comunitario Ancestral Los Negros de Cañaverales (CCNAC) y los riesgos de futuros desplazamientos forzados de las comunidades afrodescendientes asociados al impacto minero.
El proceso de consulta previa del proyecto minero de BCC ha estado marcado por una serie de tensiones y decisiones judiciales que han sido documentadas por el Cinep/PPP (Ortiz et al., 2024; Ortiz y Perneth, 2024): El 12 de abril de 2019, mediante sentencia, se reconoció el derecho a la consulta previa, libre e informada del CCNAC. Posteriormente, el 27 de agosto de 2019, la empresa solicitó acceder al proceso judicial, y el 24 de febrero de 2020 se convocaron ocho reuniones de preconsulta en plena pandemia. Durante casi diez meses, el CCNAC solicitó información detallada sobre el proyecto y sus posibles impactos en la comunidad, el Manantial y los corregimientos vecinos, sin obtener respuestas satisfactorias. En 2021, BCC pidió la aplicación del test de proporcionalidad, argumentando dilación por parte de la comunidad.
La controversia continuó ante el Ministerio del Interior, que aplicó dicho test en junio de 2022, y un mes después lo protocolizó. Sin embargo, en septiembre de 2022, el CCNAC interpuso un incidente de desacato frente a esa decisión, y el 13 de octubre de 2022 el juzgado falló a su favor, revirtiendo la medida. Durante 2023, se llevaron a cabo siete reuniones para definir acuerdos de entendimiento y las rutas metodológicas de la consulta pero, hacia finales de ese año y en febrero de 2024, la solicitud de aplicar nuevamente el test de proporcionalidad fue reactivada, fallándose otra vez en favor de la empresa.
Está claro que se violó el derecho a la participación de la comunidad de Cañaverales. Durante la Audiencia Pública Ambiental, también se demostró que no se cumplieron con los criterios de participación y que se cometió una omisión grave del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Kogui por el traslape del área de influencia con el área de impacto minero (Ortiz y Díaz, 2025).
Por otro lado, se ha dejado de manifiesto la profunda preocupación de causar despojo territorial y desplazamiento forzado de las comunidades Afrocampesinas del municipio de San Juan del Cesar por el impacto que tendría el proyecto minero.
El desplazamiento forzado por actividades mineras en Colombiax es una problemática compleja que afecta especialmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Aunque estas comunidades son protegidas constitucionalmente, lo cierto es que han sido históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones que afectan a su territorio y en particular son quienes padecen los impactos de las actividades extractivas.
Detrás de cada título minero y de cada licencia ambiental hay una trama de desarraigo. La minería, tanto la legal a gran escala como la ilegal ligada a economías criminales, ha transformado regiones enteras en lugares imposibles de habitar. Las comunidades, que antes vivían del río, de la tierra o del ganado, se ven obligadas a desplazarse de sus territorios ante la contaminación, el ruido y la pérdida de medios de vida por la imposición de proyectos extractivos sobre territorios ancestrales, la falta de consulta previa, el deterioro ambiental y la ausencia de protección estatal.
Esta situación ya la vivieron más de 25 comunidades afrodescendientes y Wayuu en el sur de La Guajira quienes fueron testigos y víctimas del despojo, el desplazamiento forzado y el desarraigo que dejó la empresa Carbones el Cerrejón a inicios del siglo XXIxi. El espejo de lo que ya ocurrió en La Guajira, le permite a la comunidad de Cañaverales comprender que, tarde o temprano, la minería conduce al desplazamiento, ya sea por la compra de tierras, la exposición a la contaminación o la ruptura del tejido social, tal como ocurrió con la comunidad Tabacoxii hace dos décadas.
La historia de Manantial, Caracolí, Oreganal, Tabaco, Roche, Patilla, Chancleta, Palmarito, Sarahaita, entre otras comunidades, es el claro espejo de lo que ocurre con las comunidades afrodescendientes y Wayuu una vez se instala un proyecto minero. Por este motivo, la comunidad de Cañaverales dice No al proyecto Mina de Cañaveralesxiii. Adicionalmente, son claros los riesgos potenciales de desplazamiento forzado por la minería derivados de la contaminación de los acuíferos, el impacto en la producción de alimentos agrícolas, la contaminación y los posibles conflictos territoriales y ambientales que se derivan de la explotación minera.
Negar la licencia ambiental: Entre inconsistencias, omisiones y ausencia del EIA
El 14 de junio de 2025, el Cinep/PPP entregó a Corpoguajira el “Análisis técnico del proceso de Licenciamiento Ambiental del expediente 215 de 2024 del proyecto Mina Cañaverales”, documento en el que se solicita negar la licencia ambiental a la empresa BCC por múltiples y diversos hallazgos.
Negar la licencia ambiental al proyecto Mina Cañaverales no es solo una decisión técnica: es un acto de coherencia jurídica, ética y política frente al deber del Estado de garantizar el derecho de los pueblos campesinos, negros e indígenas a la pervivencia. Proteger la vida de las comunidades y de los ecosistemas en fragilidad no es una opción, sino una responsabilidad ineludible. La historia reciente de La Guajira nos enseña que cada omisión administrativa, cada vacío técnico y cada silencio institucional se traducen, tarde o temprano, en despojo y desplazamiento.
Lo primero que hay que señalar es que existen siete omisiones e irregularidades administrativas en el proceso de solicitud de licenciamiento, por ejemplo, se resalta que, desde finales del año 2023 y durante el año 2024, la empresa avanzó simultáneamente en la radicación de la solicitud de licenciamiento ambiental ante Corpoguajira, sin contar aún con la aprobación por parte de la ANM de la modificación del PTO, lo cual demuestra las acciones irregulares por parte de la empresa para avanzar en el menor tiempo posible en la obtención de la licencia ambiental del proyecto minero Cañaverales.
Pero las irregularidades administrativas no son el único problema. Al revisar con detalle el EIA presentado por la empresa, encontramos que en la definición del área de influencia del proyecto presenta al menos seis omisiones graves, entre las que destacamos: i) la delimitación no corresponde con la magnitud real de los impactos; ii) el análisis de los componentes ambientales es fragmentado; iii) la caracterización socioeconómica no refleja las dinámicas territoriales reales; iv) existe deficiencia en el componente abiótico, y v) la delimitación total del proyecto es ambigua e incompleta, al punto de superponerse con dos espacios sagrados de la Línea Negra —Imakumake y Usimake—.
A esto se suman más de 52 omisiones e irregularidades en el componente de participación ciudadana. En 2018, la empresa reconoció la existencia de once Consejos Comunitarios y la obligación de consulta a cuatro pueblos indígenas, pero solo realizó procesos con siete Consejos y aplicó un único Test de Proporcionalidad. El análisis detallado de las actas, listados y anexos presentados por la empresa muestra un patrón de violación al derecho a la participación de las comunidades campesinas, negras e indígenas ubicadas dentro del área de influencia. En los ciclos 1, 2 y 3 de socialización, solo participó el 8% de la población estimada en 6.771 habitantes, con promedios de participación entre 0% y 3,2%, lo cual es alarmante. Estos ciclos tenían el propósito de socializar el proyecto, identificar impactos y discutir medidas de manejo ambiental; sin embargo, la mayoría de las comunidades nunca conoció realmente el contenido del proyecto, y los impactos fueron subestimados mientras las medidas propuestas resultaron insuficientes.
En síntesis, las irregularidades administrativas, las omisiones en la consulta previa, los vacíos en la caracterización ambiental y la amenaza directa sobre el territorio hidrosocial de la Serranía del Perijá constituyen razones suficientes para negar la licencia ambiental del proyecto Mina Cañaverales. No hacerlo significaría repetir los errores del pasado, legitimando con sello institucional la vulneración de derechos colectivos y la destrucción de ecosistemas vitales. Negar la licencia no es una muestra de oposición al desarrollo, sino una expresión de responsabilidad histórica y ética, un acto que reafirma que la vida y el agua valen más que el carbón.
Finalmente, y aunque se establece en términos formales un plazo de 90 días para que la autoridad ambiental emita un concepto sobre las nuevas solicitudes de licenciamiento ambiental, lo cierto es que cuatro meses después de la audiencia pública ambiental aún no se cuenta con un concepto emitido por Corpoguajira. La incertidumbre sigue colmando la cotidianidad de la comunidad de Cañaverales y el riesgo de que la historia se repita continúa.
Notas
2 En 2006, la brasileña MPX obtuvo la concesión para explotar un amplio potencial carbonífero en Cesar y La Guajira, donde en 2009 y 2010 identificó más de 110 millones de toneladas y avanzó en el licenciamiento ambiental para la mina Cañaverales. En 2014, el proyecto fue adquirido por Yildirim Holding, hoy Best Coal Company, que asumió los activos mineros en La Guajira.
3 Tras perder la licencia ambiental en 2017, la empresa BCC ha realizado varias solicitudes de licenciamiento sin correcciones de fondo entre 2020-2024: dos ante Corpoguajira y dos ante la ANLA. En las dos primeras ocasiones se desestima y archiva la solicitud, y en el 2024 nuevamente hace la solicitud que se encuentra en curso.
4 El 14 de junio de 2025 se celebró en el municipio de San Juan del Cesar, la audiencia pública ambiental convocada por Corpoguajira para evaluar la solicitud de licencia ambiental del proyecto Mina Cañaverales.
5 Para ampliar información se podría consultar: https://www.cinep.org.co/publi-files/PDFS/20231113_Informe_Glencore_ES.pdf?
6 La Corte constitucional reconoce estas vulneraciones en las Sentencia T -302/17, T359/18, T -216/19, Su 698/17 y la CIDH reconoce el escenario de riesgo de exterminio físico y cultura otorgando medidas cautelares para los pueblos Wiwa (2005) y Wayuu (2017).
7 Tras la expiración de la licencia ambiental en 2017, BCC continúa gestionando nuevos permisos ante Corpoguajira para desarrollar la explotación con la solicitud que reposa en el expediente 215-2024.
8 La importancia de Cañaverales como un territorio agroalimentario es crucial frente al escenario de crisis humanitaria por hambre y sed que vive La Guajira. Adicionalmente, esta potencialidad productiva fue reconocida el 5 de julio de 2024 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) mediante la Resolución 161 de 2024. Para ampliar información puede consultar: https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Proyectos%20Normativos/APPA%20GUAJIRA.pdf
9 Puede consultar: https://cinep.org.co/publicaciones/producto/transiciones-movilizacion-ciudadana-y-cambios-institucionales/, https://www.cinep.org.co/publi-files/PDFS/20240612_Derechos_territoriales.pdf
10 En la Sentencia T 329/17 la Corte Constitucional reconoció el desplazamiento causado por proyectos de desarrollo de gran escala reconociendo que la comunidad Tabaco fue desplazada por la minería.
11 Esta información fue documentada y registrada en el artículo “Minería a gran escala y derechos humanos: lo que el des-arroyo trajo a La Guajira” publicado en la revista Noche y Niebla N.o 61. Para ampliar información puede consultar: https://www.nocheyniebla.org/wp-content/uploads/2020/10/NOCHE-Y-NIEBLA-61.pdf
12 En 2001, la comunidad de Tabaco fue desplazada y desalojada para dar paso a la expansión de una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. En la memoria colectiva de las comunidades guajiras permanece el recuerdo de aquel día en el que las casas de las familias tabaqueras fueron demolidas, y el territorio, que durante años fue la despensa agrícola del departamento, se transformó en un tajo minero.
13 En el EIA presentado por la empresa BCC, se reconocen los riesgos potenciales de desplazamiento forzado, mal llamados “reasentamientos involuntarios” por la intervención a los predios adquiridos, los impactos en la economía local y los impactos sociales y ambientales que pueden generar condiciones adversas para la permanencia de las comunidades en su territorio.
Referencias
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Ramírez, R., Ustate, R., Arregocés, S., Múnera, L., Granados, M., Teherán, S., Naranjo, J., & Rodríguez, L. (2015). Bárbaros hoscos: Historia de la (des)territorialización de los negros de la comunidad de Roche. Cinep/PPP.
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Imagen de encabezado: Manantial de Cañaverales. Fotografía de Daniela Irene Mendoza
