1. Antecedentes
Dada la carta del gobierno sueco (1968) a la Organización de Naciones Unidas (ONU), alertando que “los cambios provocados por el hombre en el medio natural se habían convertido en un problema urgente para los países desarrollados y los países en desarrollo, y que estos problemas solo podían resolverse mediante la cooperación internacional”, la ONU convocó a su Asamblea General para que deliberara y aprobara la Declaración de Estocolmo sobre el Entorno Humano (1972), como uno de los primeros instrumentos normativos de la comunidad internacional frente a la problemática ambiental.
Este documento, considerando que: “Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de sanidad e higiene adecuados. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio”, propuso que la comunidad internacional (ciudadanía, empresas e instituciones), acepte sus responsabilidades y participe equitativamente en la “labor común” de preservar el entorno humano.
El documento, con una visión antropocentrista hacia el desarrollo, delineó 26 Principios como un catálogo de buenas intenciones, entre los que destacamos: la preservación intergeneracional de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna), y la conservación de muestras representativas de los ecosistemas naturales; evitar el agotamiento de los recursos no renovables (hidrocarburos, minerales y gases naturales), para uso de las generaciones futuras; apoyar la justa lucha de los pueblos del mundo contra la contaminación producida por la descarga de materias y sustancias tóxicas, así como la liberación de calor; el sofisma de racional ordenación de los recursos para el mejoramiento de las condiciones ambientales, buscando compatibilidad entre el desarrollo y el mejoramiento del entorno; la promoción de la educación ambiental en las generaciones jóvenes y en los adultos, para promover una opinión pública bien informada que logre la protección y mejoramiento del medio, fomentando el libre intercambio de la investigación y el desarrollo científicos ante los problemas ambientales; la soberanía de todos los Estados en la explotación de sus recursos naturales, conforme sus políticas nacionales, sin afectar a otros Estados; la liberación y eliminación de las armas nucleares y de destrucción masiva.
Simultáneamente, se publicó el documento “Los Límites del Crecimiento” (1972), elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), por encargo del Club de Roma (1970), conformado por industriales y empresarios del mundo. La publicación tomó en cuenta las variables: crecimiento exponencial de la población, consumo de recursos naturales, producción industrial, y contaminación concluyendo que la fecha de no retorno sería el año 2100. Este documento fue validado por el mismo MIT y actualizado 30 años después (2004), y sigue generando controversia por su carácter apocalíptico.
2. Nuestro Futuro Común
La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (1983), elaboró el documento “Nuestro Futuro Común” (1987), conocido como el Informe Brundtland (Por el apellido de la Primera Ministra de Noruega, quien la presidió); explicó el concepto sobre desarrollo sostenible, entendido como: “aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”; partió de cuestionadas expectativas hipotéticas, considerando que la sostenibilidad comprende la distribución equitativa de los recursos en favor de los más necesitados, bajo el auspicio de una amplia participación ciudadana, garantizada por los sistemas políticos para la toma de decisiones ambientales.
Este informe considera que la presión de la creciente población reduce la disponibilidad de los recursos, siendo pertinente mejorar el alcance de la educación y reducir la pobreza, afectada por una ineficiente distribución de la alimentación. Este crecimiento poblacional está requiriendo altos volúmenes de energía, en cuya producción se agotan vertiginosamente los recursos naturales no renovables, siendo necesario proveer a futuro producción energética a partir de fuentes renovables. Una perversa lógica que no resiste, bajo el esquema del libre mercado, la búsqueda de un equilibrio ambiental. La biodiversidad alberga todos los tipos de vida y proporciona más de la mitad del Producto Interno Bruto, pero su aprovechamiento financiero se concentra en el 1% de la población mundial, que controla el 46% de la riqueza, y en Colombia, el 37% de la riqueza lo concentra el 1% de su población.
Un documento alterno emergió por aquella época: “Nuestra Propia Agenda” (1990), de la Comisión del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, con una visión humanista que se logró con la participación de disímiles pensadores, abordando la imperiosa necesidad de acabar con la noción del tercer mundo, como un propósito internacional que libere la deuda externa de los países, reduzca las amenazas al medio ambiente y la oferta de recursos naturales, la problemática de las drogas ilícitas y el abuso de los recursos comunes.
Nuestra Propia Agenda advierte sobre la nefasta inequidad: “la economía de la opulencia y el despilfarro en el Norte y la economía de la pobreza, la desigualdad y necesidades apremiantes de supervivencia a corto plazo en el Sur”, que se refleja con pírrica inversión en infraestructura social que no tuvo en cuenta la sobreexplotación de recursos naturales, desatendiendo el deterioro ambiental y de los frágiles ecosistemas. Desde este entonces, se advirtió sobre la nula transferencia de recursos financieros que apalancaran programas de restauración y preservación de biomas.
Igualmente aborda la necesidad de construir ciudades saludables frente a la realidad de concentración urbana, alimentada por el desplazamiento de las comunidades rurales, tornando estas urbes en nichos con graves problemas de salubridad, centros urbanos que concentran nodos de poder, sin que se vislumbre la necesaria descentralización, que permita proyectos comunitarios autónomos.
En el renglón alimentario, se destaca la problemática agraria causada por fertilizantes y plaguicidas originados en combustibles fósiles, sumada a la pésima gestión del agua, cada vez más contaminada, afectando además la salubridad y la demanda de este recurso hídrico, cruzada por la inmensa presión del crecimiento poblacional sobre los frágiles ecosistemas.
3. Cumbre sobre medio ambiente y desarrollo
Tres décadas después de la Convención de Estocolmo, la Asamblea de Naciones Unidas deliberó en Río de Janeiro (1992) para validar el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), a partir de los poco creíbles postulados de desarrollo sostenible, un instrumento normativo, tergiversado ante la opinión pública como herramienta para la conservación de la biodiversidad y la ecuánime participación en los beneficios financieros obtenidos de la explotación de los recursos genéticos.
Este tratado internacional reconoce la importancia intrínseca de la biodiversidad y sus valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos, como summum para la evolución y mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biósfera, destacando el enunciado de soberanía de los Estados sobre sus propios recursos biológicos, adentrándose en el sutil señalamiento de la responsabilidad de los países en la conservación de su propia diversidad biológica, que se reduce vertiginosamente por el incremento de las actividades antrópicas, para lo cual se propone el desarrollo de capacidades científicas para inventariar la biodiversidad y ayudar a su conservación in situ y extra situ, a través de la cooperación internacional, sugiriendo que la utilización sostenible de la diversidad biológica fortalecerá la amistad mundial y la paz de la humanidad, lo cual parece un verdadero sofisma de distracción.
En el intríngulis de su articulado, el CDB muestra sus fauces, determinando como objetivo la utilización de los componentes de la diversidad biológica y de sus recursos genéticos, que es el preámbulo de la biotecnología concertada por la comunidad internacional, bajo la trampa de repartir las utilidades financieras entre los países del tercer mundo en donde abunda la biodiversidad pero persiste la pobreza generada por la explotación de esos recursos genéticos, que retornan super valorados a los mercados nacionales, esquilmando su erario y sus sistemas monetarios.
En efecto, la CDB define la biotecnología: “se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”, la cual tiene utilización en primer término en la industria farmacéutica que no logra curar enfermedades sino incrementar y fidelizar clientes recetados por la medicina alópata, que trata los síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía.
Esta biotecnología también logra fines altamente lucrativos en el mundo cosmético, que ilusiona, acicala y realza los atributos físicos de propios y extraños y que movió, en el año 2024, más de 400 mil millones de dólares, es la que se reinventa en colores y fragancias obtenidos de los recursos genéticos.
Qué decir de la industria militar, que se nutre in crescendo de la biotecnología, que logra mayor eficacia con armas biológicas, con el propósito de incrementar enfermedades comunes aterrorizando a las poblaciones, así como la propagación de virus a partir de materiales sintéticos. La mayor evidencia es indiscutiblemente el coronavirus, que logró el mayor confinamiento de la población mundial como un velado ejercicio militar.
4. Las COP de la CDB
Uno de los mecanismos para incrementar los encubiertos propósitos del mejoramiento de la biotecnología, son las conferencias de los países parte de la CBD, llamadas Conferencia de las Partes (COP), que se celebran cada dos años, y que a finales del año 2024 celebraron su versión 16 en Cali.
La prueba de su prolongado enmascaramiento, son los planes de acción que se han anunciado, al igual que el fracaso de las Metas del Milenio (2015) o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2030), cuyos panoramas se extinguieron mucho antes de finalizar sus itinerarios. Por ejemplo, en la ciudad japonesa Nagoya (2010), se celebró la COP-10, en donde se promulgó el Plan Estratégico del Convenio para el período 2011-2020, fijando las 20 Metas Aichi, operativas en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, que nunca se alcanzaron.
A su turno, en la ciudad canadiense de Montreal (2022), se realizó la COP-15 y se promulgó el Marco mundial Kunming de la diversidad biológica, que estableció 23 metas de actuación que debían adoptarse inmediatamente y completarse para 2030, con “medidas concretas para detener y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida la protección del 30% del planeta y el 30% de los ecosistemas degradados”. En la COP-15 al igual que en la COP-16, la temática sobre la especulativa financiación fue el centro de atención, con anunciados y rimbombantes fondos desfondados, una de las demagógicas estrategias de generación de opinión pública, que pretende desde la CDB seguir enmascarando el justo pero inalcanzable propósito de lograr: “la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada”, para los países depositarios de esta rica diversidad biológica, pero que explotan y usufructúan los países industrializados del primer orden. Toda esta retórica nos permite evidenciar una vez más, que la tragedia de la contaminación ambiental desfila por los tinglados mundiales disfrazada de esperanza, mientras seguimos atrapados por el monstruo del consumismo y el espectro de la obsolescencia programada, entendiendo la vital y necesaria existencia de la diversidad biológica, solo cuando la frágil nave de nuestra cómoda vida nos enfrenta a la inesperada cita con la escasez, la sequía, las inundaciones, y la hambruna, fenómenos que se retroalimentan con la corrupción y la crisis legislativa y de la justicia, que pide más instrumentos normativos, cuando lo que requerimos es la consolidación de un nuevo ser que interactúe con respeto hacia los demás seres vivos del cosmos.
Imagen de encabezado: COP16 Cali, Colombia. Von Wong Productions/Wikimedia Commons.
Armando Palau
Abogado ambientalista, director de la Fundación Biodiversidad (1991), ONG para la promoción y protección de los derechos ambientales y autor de varios libros sobre pensamiento ambiental. Se ha desempeñado en el Consejo Municipal de Planeación de Cali y el Consejo Directivo de la CVC en representación de sectores alternativos, Secretario de Ambiente de Jamundí, director del periódico La Ciudad. Litigante y activista ambientalista.
