El Banco de Datos del CINEP / PPP presentó su habitual balance de Derechos Humanos, DIH y violencia política en Colombia alertando que Bogotá, con 306 víctimas, sigue siendo el territorio con mayor cantidad de violaciones a los DD.HH., seguido por Antioquia, con 143 víctimas y Meta, con 120.
Las políticas de exterior y paz del Gobierno de Iván Duque están marcadas por sus decisiones respecto al ELN. En este artículo un análisis de lo hecho por el Presidente, sus implicaciones y recomendaciones.
A cuatro años de la Firma del Acuerdo de paz las disputas entre actores armados por el control del Bajo Cauca y Norte Antioqueño, y las dificultades en la implementación de lo acordado no permiten que sea el laboratorio de paz que se esperaba.
La salida de las FARC de la Costa Caribe no significó el fin de la violencia armada en la región. Análisis de la subregionalización del conflicto en los sures de Córdoba, Bolívar y Cesar; la Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de María.
Se estima que más de 1,8 millones de venezolanos migraron forzosamente a Colombia, y se estima que cerca de 1 millón tienen un estatus migratorio irregular. ¿Qué significa para ellos el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos?
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México, 83 mil 904 mexicanos han desaparecido a enero de 2021 y el 90% de estas desapariciones han ocurrido durante el periodo conocido como la “guerra contra las drogas”.
En la actualidad la República Popular China (RPC), cuenta con una fuerte presencia económica, cultural y de inversiones en infraestructura en América Latina. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este fortalecimiento a largo plazo para la región?
Según la JEP, entre 2002 y 2008 6.402 colombianos y colombianas fueron presentadas como víctimas de “falsos positivos” en el país. Conversamos con Javier Giraldo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP sobre el significado de esta investigación para la sociedad colombiana.
En los últimos años, las iniciativas y estrategias enfocadas a la educación y pedagogía para la paz han descendido en medio de la implementación del Acuerdo Final con las FARC. Las contra-campañas y los discursos a favor de la guerra han ganado visibilidad en la sociedad colombiana.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-, no avanza; la falta de presupuesto, la desarticulación entre agencias, la burocracia administrativa, entre otros, han impedido su implementación.