El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-, no avanza; la falta de presupuesto, la desarticulación entre agencias, la burocracia administrativa, entre otros, han impedido su implementación.
Las medidas en garantías de seguridad son insuficientes en materia de prevención y protección. La política de seguridad en los territorios se aleja de una visión integral de la presencia del Estado social de derecho en su conjunto.