6.402: Entrevista a Javier Giraldo S.J.

EDICIÓN 101 ENE – ABR 2021

Por Juanjosé Gutiérrez

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que, tras contrastar diversas fuentes en el marco del macro caso que adelanta por ejecuciones extrajudiciales, “por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008”. Conversamos con Javier Giraldo SJ., investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, sobre la investigación de la Jurisdicción y lo que significa para la sociedad colombiana actualmente.

¿Cómo fue que el Banco de Datos conoció lo que estaba pasando respecto a las ejecuciones extrajudiciales y por qué se acuñó el término falso positivo?

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP inició en 1988, y desde época nosotros conocíamos este método de represión y asesinato.

Poco a poco se fue imponiendo la expresión “falsos positivos” porque era un término militar, ellos tienen la costumbre de reportar desde sus sitios de operativos lo que llaman “un positivo”, que es cuando lograron el objetivo que se propusieron, como un logro positivo de lo que estaba buscando.

Desde comienzos de los 90 los campesinos nos contaban que los militares decían: No nos dieron órdenes de llevar detenidos sino de llevar cadáveres, o sea que el efecto positivo de su operativo era matar y las víctimas en muchísimas ocasiones eran personas que no tenían nada que ver con la guerra, que no pertenecían a ningún grupo armado y sin embargo, en los informes públicos aparecían como si fueran dados de baja en combates.

Cuando se fue generalizando este análisis, estas denuncias de que estos positivos eran falsos, en el sentido de que no estaban dando de baja a combatientes sino a personas civiles se fue generalizando también el nombre de ‘falso positivo’. En todas las investigaciones que hacíamos en las regiones donde recogíamos información sobre violaciones a los DD.HH. aparecían muchos casos de estos.

Tanto así que en 2011 hicimos un barrido de nuestra base de datos y sacamos el “Caso Tipo: Deuda con la Humanidad 2”, en el que hay más de 1.700 casos registrados.

¿Cómo ven el hecho de que se desacrediten las cifras de víctimas y organizaciones sociales aduciendo que son menores a las de la JEP?

Las organizaciones de DD.HH. tenemos muchas limitaciones, y la JEP hizo una recopilación de varias fuentes dando una cifra de 6.402 casos, que involucra prácticamente a todos los batallones del Ejército. Ya desde hace varios años cuando vino el Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias él se mostró muy alarmado porque veía que no eran casos esporádicos, sino que en la medida en que él se desplazaba encontraba en todas las brigadas y batallones del Ejército estas denuncias de ejecuciones extrajudiciales con estas características de falso positivo, entonces vio que era una política de Estado. Porque para que involucre a todos los batallones se requiere que la orden venga de muy arriba y que sea una política de Estado.

¿Qué opina del hecho de que la cifra “oficial” pase de unos 2 mil casos a más de 6 mil? ¿Qué nos dice como sociedad?

Ahora que se está preparando la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre el genocidio estructural y continuado en el Estado colombiano uno ve que desde hace más de 100 años una de las tácticas represivas del Estado colombiano ha sido esa. Por ejemplo, uno de los casos que ha sido investigado y presentado ante el TPP fue la masacre de las bananeras en 1928, en esa masacre ya existe esta táctica porque cuando se hizo el escándalo por la cantidad de sindicalistas que habían muerto, el Gobierno empezó a decir que era un complot bolchevique. Estaba acusando a las víctimas, a los sindicalistas de esta huelga que fue masacrada, de tener una estrategia violenta para justificar su muerte.

En toda la historia de la represión en Colombia esto de tratar de vincular las víctimas a una estrategia armada clasificándolos de combatientes o una oposición violenta al Estado es una táctica muy antigua. Y en la medida en que la represión se fue sistematizando y se comenzó a tomar conciencia sobre el respeto a los DD.HH., el Estado fue descubriendo que una manera de justificar esas muertes o desapariciones era precisamente acusar a las víctimas de pertenecer a grupos violentos o estar en combates, porque ante la comunidad internacional decir que tenían encarceladas a personas por protestar no tiene presentación.

¿Qué otros elementos ligados a los “falsos positivos” han encontrado en el Banco de Datos?

Algunas organizaciones prefieren no hablar de ‘falsos positivos’ porque no viene del Derecho Internacional Humanitario y es coloquial, es más bien de los mismos términos de los militares, entonces prefieren calificarlo como lo hace el DIH: ejecución extrajudicial. Pero en su mayoría, las organizaciones de DD.HH. registran esta práctica y esto ha tomado fuerza en la comunidad internacional.

En 2009 este escándalo subió a mayores porque se conoció una resolución del Ministro de Defensa de entonces en que prácticamente ponía un precio monetario a estos casos. Esto fue un escándalo porque estaba tasando la muerte y las vidas humanas como si fueran trofeos según su posición jerárquica. Pero eso también revelaba que la política de Estado era dar de baja, privilegiando el dar de baja a la acción más jurídica de las fuerzas armadas que sería capturar y procesar judicialmente a los combatientes.

Y un capturado se puede defender, porque puede conseguir un abogado y decir que no era combatiente, un muerto no. Por eso se multiplicó tanto esa táctica, y muchas veces ni siquiera se daba el nombre, se decía que hubo muertos y se los enterraba en fosas comunes como se descubrió en La Macarena hace 10 años.

Enterrarlos como personas no identificadas era un complemento de esto, con lo que se buscaba presentar un éxito del Gobierno por dar de baja a números muy altos de guerrilleros y presentarlos como un triunfo militar

Por eso, después del escándalo el Gobierno tuvo que preguntarse cómo corregirlo, y cuando hicimos el barrido de casos notamos que había periodos donde el pico era muy alto. En el periodo en que Juan Manuel Santos era ministro de defensa el pico fue muy alto, desde eso, la práctica descendió.

Pero nuestro trabajo en el Banco de Datos nos indica que aún no ha terminado, todos los semestres seguimos conociendo casos de falsos positivos. Pocos, pero la práctica existe todavía.

¿Qué opinión le merece el trabajo de la JEP con respecto a los casos de falsos positivos’?

Estrictamente yo creo que estos casos no debieron ir a la JEP porque ella fue concebida para procesar a los vinculados al conflicto armado, pero estas víctimas de falsos positivos no estaban relacionadas con el conflicto armado. Precisamente esa es su característica: fueron falsamente vinculadas al conflicto armado, en ese sentido yo considero que no deberían estar en la JEP, deberían estar en la justicia ordinaria. Lo que pasa es que la justicia ordinaria tampoco funciona.

Las víctimas tienen mucho temor de que esto no llegue a ser un juicio real, a un esclarecimiento real y a una sanción real de los responsables porque se ha visto que la JEP hasta ahora, por lo menos, no ha avanzado en el esclarecimiento y juicio de otros casos que tiene desde el principio. Sobre todo en casos de militares implicados en muchos crímenes, la JEP ha sido muy débil, muy condescendiente con ellos y las víctimas sospechan que no llegará a ninguna justicia o esclarecimiento.

No se trata tanto por castigos, porque la JEP tiene esa posibilidad de sanciones no penales, pero el problema es cómo evitar que esto se repita y eso es lo que las víctimas esperan: que haya un esclarecimiento a fondo, un reconocimiento de los responsables, unas sanciones que aunque sean alternativas aseguren que eso no se siga repitiendo y eso todavía no se ve.

Foto portada: JEP.

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