Por Deyvi Astudillo, SJ
El Perú vive hoy su periodo más largo de historia democrática. Han pasado casi veintiún años desde que el jurista Valentín Paniagua asumiera la Presidencia de la República, luego del desafuero del dictador Alberto Fujimori, y en todos estos años, el sistema democrático ha sabido resistir a la violencia política, gracias a la evolución de sus instituciones, pero también a la vigilancia de una ciudadanía, atenta a las decisiones de su clase dirigente. Sin embargo, la democracia en el Perú permanece frágil, y ello no solo responde a los embates autoritarios de algunos sectores políticos. En el fondo, responde a la deficiente democratización de las oportunidades de desarrollo en el país, y a un clasismo que persiste a doscientos años de fundada la República.
I. Fragilidad en la estabilidad
Ciertamente, estos veinte años no han transcurrido sin sobresaltos para la institucionalidad democrática peruana. Al breve y acertado gobierno de transición de Paniagua, le sucedió en 2001, el periodo de Alejando Toledo. Éste había destacado por liderar las manifestaciones populares que terminaron derrocando a Fujimori. Sin embargo, los desórdenes de su vida privada, así como el descontento de los gremios de trabajadores, dieron ocasión a que sus opositores especularan sobre su posible destitución, hecho que finalmente nunca ocurrió. El año 2006 asumió la presidencia Alan García y su gobierno transcurrió sin amenazas para la formalidad democrática, pero el nivel de corrupción que permitió y su tendencia excluyente en relación con el mundo rural e indígena, no dejaron de tener un fuerte impacto en la vida institucional del país.
Luego vino el gobierno de Ollanta Humala. Se trataba de un exmilitar que había liderado un levantamiento armado contra Alberto Fujimori y enarbolaba una agenda política de corte estatista y nacionalista. Por esta razón, las élites económicas y políticas veían en él a un promotor del socialismo chavista. Como consecuencia de ello, Humala, a pesar de moderar su programa y mantenerse dentro del orden constitucional en todo su gobierno, tuvo que hacer frente a distintos intentos por desestabilizarlo, promovidos fundamentalmente por sectores conservadores de derecha.
Pero sin duda, el periodo en el que la democracia ha estado más amenazada ha sido el último quinquenio presidencial, para el que fue elegido Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Como antes con Humala, Kuczynski había ganado el balotaje a Keiko Fujimori, hija mayor del exdictador, en un reñido proceso electoral. Sin embargo, la representación de su partido en el Legislativo era reducida y esto dio lugar a que los fujimoristas, que no aceptaban su derrota y contaban con casi la mitad de la representación parlamentaria, emprendieran un ataque sistemático al gobierno, para forzar la renuncia de Kuczynski y llamar a nuevas elecciones. Asimismo, para liberar a sus líderes de la acción de la justicia, los fujimoristas procuraron desde el Parlamento desarticular tanto a la Fiscalía de la Nación como al Tribunal Constitucional, generando un ambiente de caos político que se resolvió con la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018. Este no pudo convencer al Parlamento ni a la opinión pública de su inocencia frente a imputaciones de corrupción ligadas al caso Odebrecht, y ante su inminente destitución optó por dejar el poder a su vicepresidente, Martín Vizcarra.
Vizcarra tenía la tarea de completar el mandado de Kuczynski, procurando una nueva relación con el Parlamento, pero terminó disolviéndolo constitucionalmente ante su constante obstruccionismo, y de modo puntual, ante su negativa a aprobar un conjunto de reformas electorales que los especialistas juzgaban necesarias para fortalecer el sistema democrático.
Posteriormente, el nuevo Parlamento elegido ya no estuvo dominado por el fujimorismo, pero sus tensiones con el Ejecutivo continuaron, y esta vez fue Vizcarra el que mediante una interpretación forzada de la Constitución fue destituido de la presidencia, acusado de corrupción y falsedad. Esto ocurría en noviembre de 2020, en medio de la crisis sanitaria desatada por la pandemia.
Por sucesión constitucional, el entonces presidente del Parlamento, Manuel Merino, tomó las riendas del Ejecutivo y constituyó un gabinete de ministros con un perfil claramente antidemocrático. Pero el rechazo de la población, principalmente joven, a la actuación del Parlamento en todo este proceso fue categórico y se expresó en manifestaciones masivas que exigían la caída del gobierno instaurado. La muerte de dos jóvenes por causa de la represión policial condujo finalmente a la renuncia de Merino, y los parlamentarios se vieron forzados a elegir un nuevo presidente del Legislativo y por tanto del Ejecutivo, siempre con el objetivo de completar el periodo original de Kuczynski. El elegido fue el investigador social, Francisco Sagasti.
Se puede decir que el breve gobierno de Sagasti, del liberal Partido Morado, fue para el Perú un ejemplo de gobierno responsable y de respeto a las formas democráticas, como lo había sido el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Este mérito lo tiene también la izquierdista – y hoy primera ministra – Mirtha Vásquez, en quien recayó la presidencia encargada del Parlamento. Finalmente, acabado aquel periodo de emergencia, las elecciones generales de este año dieron como ganador de la presidencia, en un nuevo balotaje ajustado con Keiko Fujimori, al sindicalista Pedro Castillo, y designaron un nuevo Parlamento, más bien marcado por la presencia de sectores antidemocráticos, tanto de izquierda como de derecha.
En síntesis, habría que destacar el hecho de que en estos dos decenios se haya celebrado en el Perú elecciones limpias, con amplia participación popular, y que se haya producido alternancia en el ejercicio del poder. También hay que apreciar los avances en el fortalecimiento de las instituciones judiciales que se ha conseguido en este tiempo, al punto de que éstas han sido capaces de procesar a expresidentes de la República. Sin embargo, la democracia en el Perú permanece frágil. Las pocas reformas electorales que pudieron aprobarse en el Parlamento anterior son insuficientes para regular un “mercado” electoral condicionado por la corrupción y, en varias regiones del país, por el narcotráfico. Las últimas elecciones han evidenciado, asimismo, que un sector importante de la clase política estaría dispuesto a desconocer la voluntad popular y, si es necesario, a quebrantar el orden constitucional, si se trata de hacer prevalecer sus intereses ideológicos o económicos. Por lo demás, hay todavía una porción de la esfera militar que preferiría ejercer un rol más activo, por no decir deliberativo, en la política nacional.
Vista, pues, en perspectiva global, la democracia peruana se muestra resistente ante los embates del autoritarismo local, pero el camino hacia su consolidación es, a todas luces, largo y azaroso.
II. Democratización y representación
Ahora bien, el funcionamiento de una democracia no se mide solo a partir de la celebración de elecciones libres y del progreso de las instituciones estatales. Tiene que ver también con la democratización de los bienes públicos, es decir, con factores como el acceso equitativo a los servicios básicos, la igualdad de oportunidades de desarrollo, y el reconocimiento de libertades y derechos básicos.
En este sentido, la presente pandemia ha evidenciado que las brechas sociales en el Perú son profundas, dado que la atención del Estado ha sido tremendamente desigual, según el ámbito social y geográfico de cada ciudadano. El Perú ha registrado la terrible tasa de quinientos muertos de COVID-19 por cada cien mil habitantes, habiendo muchos de ellos fallecido simplemente por falta de oxígeno medicinal. Y en el ámbito educativo, basta decir que las clases virtuales se ven enormemente limitadas por la brecha digital del país, que hace que en el medio rural más del 60% de peruanos no tenga acceso a internet. Es verdad que, en la lucha contra la pobreza, en general, los gobiernos sucesivos han logrado importantes avances, como también en el aspecto de la promoción de libertades y derechos ciudadanos; de cierto modo, estos avances están detrás de la reacción de los jóvenes, la cual el año pasado, a pesar de la pandemia y la represión, logró detener la arremetida antidemocrática del Parlamento. Nada de esto impide, sin embargo, reconocer que aún existe en el Perú un notable déficit en democratización de la vida ciudadana.
Aquí radica, con toda evidencia, el origen de la crisis de representación que, como en buena parte de América Latina, experimenta el sistema político en el Perú. Las grandes mayorías no se reconocen en una clase política que incluso en tiempos de bonanza macroeconómica no ha conseguido reducir sustancialmente las brechas sociales que dividen al país. Y, naturalmente, vinculada a ello está la crisis de los partidos políticos tradicionales, que hace que ninguno de ellos sea capaz de incorporar las expectativas puestas por la ciudadanía en sus dirigentes. Por el contrario, partidos como el centroderechista Acción Popular y el originalmente socialdemócrata APRA, que han detentado dos veces la Presidencia de la República, parecen haber perdido conexión tanto con sus bases en la ciudadanía, como con sus fuentes ideológicas, no en último término, por su descuido de una actividad intelectual seria.
Este deterioro de la institucionalidad política y su consecuente crisis de representación, han conducido, entonces, a que el grueso del electorado se decante por líderes que se desmarcan explícitamente de la tradición partidaria, que propugnan cambios radicales e inmediatos, y que establecen liderazgos personalistas: los llamados outsiders. Es bajo esta figura que llegaron al poder: Alberto Fujimori, quien decía de sí mismo “yo no soy político”, el caudillo nacionalista Ollanta Humala, y ahora el maestro rural Pedro Castillo. Todos ellos constituyeron o se sirvieron de agrupaciones políticas con doctrinas meramente funcionales, sin mayor rigor ideológico ni técnico; y de hecho, una vez en el poder, estos líderes han tendido más bien a desradicalizarse, y a buscar constituir partidos más solventes. El problema es que sus agrupaciones son tan improvisadas que no saben generar consensos, y con frecuencia se dejan cegar por una fuerte necesidad de poder, postergando sin más, las expectativas de sus electores. Así, en un cierto tiempo, pierden la legitimidad ganada en las urnas.
III. El enigmático Castillo
Este es el marco en el que hay que comprender este nuevo tiempo, inaugurado por la llegada de Pedro Castillo al poder. Es, finalmente, una buena señal para la democracia, el hecho de que un hombre, tan al margen de los círculos de poder peruanos, haya podido acceder a la primera magistratura del país. Más todavía cuando su oponente final, Keiko Fujimori, obtuvo el respaldo tanto de los gremios empresariales, como de los grandes medios de comunicación, del mundo del espectáculo e incluso de los futbolistas más populares; es decir, había logrado saturar el espacio público. Y es, igualmente significativo, que Castillo y el electorado que lo terminó apoyando a pesar de sus reservas, se hayan impuesto al discurso clasista surgido entre las poblaciones blancas y citadinas del país ante su origen andino y campesino. La contundente afirmación de igualdad ante la ley que deja la victoria de Castillo en este país pluricultural representa, en cierto sentido, un progreso para la democracia en América Latina.
Sin embargo, hay que señalar también que la atención del presidente Castillo a las buenas prácticas democráticas no ha sido la mejor: llegó a la presidencia a través del partido que fundó un condenado por corrupción, el exgobernador regional Vladimir Cerrón; incorporó inicialmente al gabinete de ministros a un hombre con documentadas acusaciones de haber participado durante su juventud en acciones terroristas. El mismo Castillo ha mostrado poco entusiasmo por la igualdad de género o por los derechos de las minorías sexuales, y su gobierno muestra cierta hostilidad hacia los medios de comunicación, sin negar que un buen grupo de estos se ha desenvuelto con agresividad hacia el régimen. Reconociendo sus buenos propósitos en el ámbito de la justicia social, es claro que Castillo responde más al perfil de un político conservador de izquierda. Cuenta, por otra parte, con una importante experiencia sindical, pero no con la formación suficiente para conducir un Estado.
Con todo, después de fuertes tropezones iniciales, como el nombramiento de un primer ministro absurdamente confrontacional, el presidente Castillo parece ir comprendiendo que para sacar adelante su gobierno debe abrirse más al “juego” democrático; lo que implica recurrir a gente capaz de establecer espacios de diálogo con sus opositores, que de hecho tienen la fuerza para imponerse en el Parlamento. En esa línea ha ido la importante reforma que ha hecho de su gabinete de ministros a poco más de dos meses de su conformación, aun cuando ello le haya acarreado el rechazo del “ala dura” de su propia bancada parlamentaria. No se puede, por otro lado, desconocer que desde el comienzo haya convocado a personas competentes para el manejo de la economía y la salud, en esta prolongada crisis, derivada de la pandemia.
Castillo es un hombre de pocas palabras, y en general, de difícil acceso. Por ello no es fácil descifrar con seguridad el sentido de sus decisiones. No obstante, parece haber decidido valerse de los cuadros políticos y técnicos de la izquierda democrática, y ello es una buena noticia. De ese modo, se garantizan el respeto del orden constitucional y la priorización de la gobernabilidad del país, condiciones básicas para el proceso de democratización radical que requiere la sociedad peruana.
Foto portada: rodrigoluca, tomada de Flickr
Deyvi Astudillo, S.J.
Es doctor en Filosofía por la Hochschule für Philosophie München (Alemania), licenciado en Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y teólogo por el Centre Sèvres (Francia). Trabaja en la unidad de Bienestar y Formación Estudiantil de la Universidad del Pacífico (Lima) y en el Sector Social de los Jesuitas del Perú. Dirige la Revista Intercambio (https://intercambio.pe/).
deyviastudillo@jesuitas.pe
