El proceso constituyente y el ataque a Casa Verde

EDICIÓN 102 MAY-AGO 2021

Por Darío Villamizar

En paralelo con el proceso constituyente de 1990, el Gobierno Nacional preparó una operación militar consistente en el ataque a Casa Verde, región de dominio de las FARC-EP, donde funcionaban sus principales campamentos, y realizaban los contactos políticos para adelantar su particular proceso de diálogos y negociaciones. Con este ataque se limitó la participación de los grupos guerrilleros, a aquellos que se acogieron a un acuerdo de paz, se impidió un consenso mayor en la elaboración de la nueva Constitución Política.

A la orden de ¡Atención, cae Centella!, se inició la Operación Colombia: el ataque a Casa Verde, en la región del río Duda, hasta entonces bastión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Eran las 07:30 horas del domingo 9 de diciembre de 1990, el mismo día que se realizaba, en todo el país, la elección de los setenta colombianos que integrarían la Asamblea Nacional Constituyente, el hecho político más importante en todo el siglo XX, que permitiría el cambio de la caduca Constitución de 1886.

Para entender este ambiguo momento de guerra e intentos de paz, es necesario remontarnos cuatro años atrás, cuando el liberal Virgilio Barco asumió la Presidencia de la República, como sucesor del conservador Belisario Betancur. Eran los años convulsos de los acuerdos de la Uribe, del nacimiento de la Unión Patriótica, UP, y del exterminio de sus integrantes. Precisamente, en las elecciones legislativas de marzo de 1986, este movimiento político participó, por primera vez, con candidatos propios y en coaliciones; obtuvo 312.494 votos, equivalentes al 4,5 % del total. Esto le permitió elegir a cinco senadores, nueve representantes a la Cámara¹Uno de ellos era Luciano Marín, conocido en la guerrilla de las FARC-EP con el seudónimo de Iván Márquez., 18 diputados en 11 asambleas departamentales, y 335 concejales en 187 corporaciones municipales. Antes de finalizar ese año, ya habían liquidado a tres de los nuevos congresistas: Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez y Octavio Vargas. A esas alturas, con tan solo un año de existencia, ya eran más de 300, los miembros asesinados en campos y ciudades, por el paramilitarismo y agentes del Estado.

Antes de cumplirse el primer año del gobierno de Barco, el acuerdo de la Uribe con las FARC-EP comenzó a diluirse: en junio de 1987, frentes de esa guerrilla emboscaron y aniquilaron un convoy que transportaba militares en el departamento del Caquetá. “¡Basta ya, bandoleros!”, tituló el diario El Tiempo y, a su vez, el entonces ministro de la Defensa, general Rafael Samudio Molina, exclamó: “El mito de Casa Verde se debe terminar”. Pese a los eufemismos empleados por el Gobierno y las FARC-EP en sus distintos comunicados, la tregua estaba rota, y los pasos siguientes conducían a la confrontación abierta.

Casa Verde era un punto perdido en el cañón del río Duda, en el área rural del municipio de La Uribe, al occidente del departamento del Meta, colindante con el Distrito Capital, y con los departamentos de Huila y Caquetá. Un espacio estratégico que, precisamente por estar “a la mano” de Bogotá, les permitiría contar con una “retaguardia estratégica” al momento de avanzar sobre la capital, de acuerdo con los planes trazados en la VII conferencia guerrillera. Durante varios años, funcionó allí la sede del secretariado de las FARC-EP; más exactamente, desde antes de la firma del Acuerdo de La Uribe en 1984. Muy cerca se fueron estableciendo otros campamentos guerrilleros, hasta conformarse una verdadera ciudadela guerrillera, a la que, posteriormente, denominaron El Pueblito. Hasta allí llegaban con frecuencia delegados del Gobierno, políticos, empresarios, periodistas, estudiantes, artistas e intelectuales.

Tras la tácita ruptura del Acuerdo de La Uribe, se acentuaron los atentados y asesinatos en contra de integrantes de la UP. La llamada guerra sucia estaba en su punto más alto. El domingo 11 de octubre de 1987, cuando regresaba del municipio de La Mesa hacia Bogotá, el turno fue para el excandidato presidencial Jaime Pardo Leal, a quien emboscaron y dieron muerte. Nada saciaba las ansias de sangre del paramilitarismo.

En marzo siguiente, se realizarían elecciones de “mitaca” para escoger senadores y representantes a la Cámara, concejales municipales y diputados departamentales; además, por primera vez, el país estrenaría la figura de elección popular de alcaldes. Para esa fecha, el presidente Barco había propuesto un referendo, mediante el cual el constituyente primario determinaría eliminar de la para entonces vigente Constitución de 1886 el Artículo 13 que impedía sus reformas; sin embargo, maniobras politiqueras de uno y otro partido, lo impidieron. Quedaba entonces la vía del Congreso de la República y, en julio de 1988, el gobierno presentó un proyecto de reformas a la Constitución, de 181 artículos. Existía, para entonces, un sentimiento reformista a medias que, finalmente, no llegó a mayores; serían la Iniciativa para la Paz de Barco, y la declaración conjunta firmada el martes 10 de enero de 1989 entre el Gobierno Nacional y el Movimiento 19 de Abril, M-19, los hechos políticos que revivirían el anhelo de cambios y de reformas constitucionales en la población.

En el marco de las negociaciones entre las partes, se acordó instalar las mesas de Análisis y Concertación que abordarían los temas de: 1) hechos de convivencia, justicia y orden público; 2) hechos en materia socioeconómica; 3) hechos de orden constitucional y en materia electoral. Antes del 20 de julio siguiente, fecha de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, deberían presentar sus conclusiones, las cuales podrían convertirse en proyectos de ley.

Sin embargo, no todo era color de rosa. La propuesta de reformas a la Constitución, presentada un año antes por el gobierno, sufrió un accidentado tránsito por las dos cámaras, lo cual constituyó un claro boicot por parte de las élites que pretendían cerrar las compuertas de la participación y la paz. Para diciembre de 1989, cuando ya terminaban las sesiones ordinarias del Congreso, se incluyó la no extradición de colombianos, lo que llevó a su hundimiento definitivo.

El proceso de paz con el M-19 quedó maltrecho, las reformas a la Carta Política y la convocatoria a un referendo, ya no se podrían realizar por la vía del legislativo.

Entre tanto, estudiantes agrupados bajo la consigna “Todavía podemos salvar a Colombia”, a los que se fueron sumando miles de colombianos, promovían depositar en las urnas una “séptima papeleta” el domingo 11 de marzo siguiente. Ya los precandidatos liberales se habían comprometido a que, quien fuera escogido como candidato oficial en las elecciones presidenciales del 27 de mayo, realizaría la convocatoria al constituyente primario.

La “séptima papeleta” y el movimiento ciudadano que la impulsó. fueron el gran atractivo de la jornada electoral. Los votos que alcanzó la pregunta informal que decía “¿Para fortalecer la democracia participativa vota por la convocatoria a una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia?”, no fueron escrutados por la Registraduría, aduciendo falta de tiempo. No obstante, el mandato en las urnas fue mayoritario por el SÍ, lo que produjo un fenómeno político sin precedentes. El gobierno respondió a esta expectativa con el Decreto 927 del 3 de mayo de 1990, norma que facultó a la organización electoral para contabilizar los votos que se depositarían por la convocatoria o no a la Asamblea Constituyente en los comicios presidenciales.

En las elecciones de ese 27 de mayo, ganó el liberal César Gaviria Trujillo con 2.891.808 votos, equivalentes al 47,24 %. El segundo lugar, lo ocupó Álvaro Gómez del Movimiento de Salvación Nacional (conservador), alcanzando 1.433.913 votos (23,7 %); Antonio Navarro, de la Alianza Democrática M-19, fue el tercero, y obtuvo 754.740 votos, equivalentes al 12,48 %, con lo que se convirtió en la tercera fuerza electoral del país. Los resultados ya no favorecían únicamente a los partidos Conservador y Liberal, como había sucedido durante todo el siglo XX. Una amplia mayoría de votantes, superior al 89 %, se pronunció de manera contundente a favor de convocar a una Asamblea Constituyente, de amplias facultades, con representación política y social, regional y nacional, integrada popular y democráticamente, para reformar la Constitución Política.

Ya en agosto de ese año, con el presidente Gaviria a bordo, las fuerzas políticas Partido Liberal, Movimiento de Salvación Nacional, Partido Social Conservador y Alianza Democrática M-l9, que en conjunto obtuvieron el 96 % de la votación en esas elecciones, suscribieron un acuerdo sobre la mencionada Asamblea Constituyente en el que desarrollaron el mandato del constituyente primario del 27 de mayo. La fecha fijada para la elección de los 70 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente fue el domingo 9 de diciembre de 1990.

Entre tanto, las organizaciones guerrilleras ELN, FARC-EP y un sector del EPL, agrupadas en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, CGSB, realizaban sus propias cavilaciones y consultas para determinar si participaban en la Asamblea Nacional Constituyente.

Un elemento motivador fue el Decreto 1926 del 24 de agosto del mismo año que determinó el período de sesiones entre el 5 de febrero y el 4 de julio del año siguiente; señaló, además, que los grupos guerrilleros que se acogieran a un acuerdo de paz con el Gobierno, y que ya estuvieran desmovilizados, contarían con dos puestos de la Asamblea; precisaba también que “… el número podrá aumentarse en la medida en que el proceso de desmovilización de otras agrupaciones haya avanzado, según valoración que de sus circunstancias efectúe el Gobierno, previa consulta con los signatarios de este acuerdo” (Decreto 1926, 1990). La mesa estaba servida.

Entre el 17 de septiembre y el 1° de octubre de 1990, se realizó en los campamentos de Casa Verde, la Primera Cumbre de comandantes de la CBSG, en la que se encontraron cara a cara, el cura Manuel Pérez, del ELN, Francisco Caraballo, por el EPL y Manuel Marulanda, de las FARC-EP. ¿Un paso adelante en la unidad o solamente un espacio declarativo ante la coyuntura política que se vivía en Colombia, con la proximidad del escenario político más importante del siglo, como sería la ANC que cambiaría la Constitución de 104 años de vigencia? Para ellos, la ANC, como estaba concebida hasta ese momento, era “excluyente en su conformación y limitada en su temario”, dejaba a un lado a las organizaciones sociales, a los alzados en armas y a una parte significativa del país (CGSB, 1990, pp. 19-20).

En busca de nuevos espacios de diálogo, el Gobierno autorizó una Comisión Exploratoria, confidencial y autónoma, bajo el liderazgo de José Noé Ríos, con funciones especiales para conversar con las FARC-EP.

El principal y casi único propósito de esa comisión era indagar la buena voluntad, o no, de las guerrillas, para participar en la ANC. Luego de conversaciones sostenidas en Casa Verde, la comisión emitió una declaración avalada por dirigentes de los tres grupos guerrilleros, en la que se afirmó: “1- La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar hizo una clara expresión de la voluntad de avanzar en un proceso de solución política del conflicto armado. 2- Considera que siendo la Asamblea Nacional Constituyente el escenario democrático donde se debatirán los problemas fundamentales de la Nación, debe alcanzarse una Constitución política que represente un verdadero tratado de paz, estable y duradero para los colombianos, en concordancia con la decisión y el espíritu del último fallo de la Corte Suprema de Justicia. 3- En tales circunstancias, estima la Coordinadora Guerrillera que es fundamental su participación en la Asamblea Nacional Constituyente a través de sus propios jefes y delegados”²Llegaron a proponer ampliar en 20 el número de los constituyentes y dieron a conocer los nombres de las personas que representarían a la CGSB en la Constituyente.. Estaba clara la decisión de la CGSB de no marginarse de tan importante acontecimiento político. Hasta ahí llegaron los buenos oficios de la Comisión Exploratoria.

Mientras tanto, las Fuerzas Militares se alistaban para lanzar una feroz ofensiva contra Casa Verde, la principal fortaleza de las FARC-EP desde 1983. Los preparativos se iniciaron meses atrás, incluso antes de la llegada de César Gaviria a la Presidencia, pero contaron con su aval: “Las operaciones de presencia y control, son decisiones militares que mal pueden requerir del permiso expreso o de autorización presidencial, pero que deben ser consecuentes en un todo con la política gubernamental. Nadie necesita orden ni permiso para cumplir con un deber…” (Villarraga Sarmiento, 1995, p. 123), señaló el entonces mandatario en una conferencia dictada en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra.

El preámbulo del ataque al área de Casa Verde fue la Operación Centauro contra Casa Cuña, sede del Estado Mayor del Bloque Oriental, EMBO, iniciada a las 05:30 horas del martes 6 de noviembre. Todo indica que se trataba de un asalto para medir reacciones frente a lo que sería una operación de mayor envergadura contra el área. Casa Cuña se encontraba a tan solo cinco minutos de vuelo y a menos de 20 kilómetros en línea recta de Casa Verde; el campamento estaba compuesto por más de treinta construcciones de madera y zinc, con biblioteca, central de comunicaciones, aulas, cocinas, bodegas, farmacia y dormitorios, todo ello distribuido sobre las veredas La Guajira y Cerro Pescuezo; era el segundo más importante de las FARC-EP, una pequeña ciudadela protegida por la espesura de la selva y con capacidad para albergar a 300 guerrilleros.

Las operaciones se extendieron hasta el 21 de noviembre, cuando se consolidó la toma de las instalaciones; incluyeron el uso de aviones Kfir y A-3, y helicópteros UH-60 y B-212; se movilizaron aproximadamente cuatrocientos soldados de la VII Brigada, agrupados en tres compañías contraguerrilleras y cientos más que en la región ocupaban poblados y vías que servían como entradas y salidas.

La elección de los setenta integrantes de la Constituyente, que se llevaría a cabo el 9 de diciembre, estaba cerca. Las encuestas indicaban que la AD M-19 podría obtener una votación mayor al 30% de los sufragios en favor de su lista la cual incluía a exguerrilleros, sindicalistas, liberales, conservadores, una poetisa y hasta un exdirector de la selección colombiana de fútbol. Algunos analistas consideraban que la balanza podría inclinarse “peligrosamente” hacia una izquierda reformista, a la que se sumarían los indígenas que fueran electos y otros exguerrilleros del Quintín Lame, el PRT y del EPL que estaban en tránsito de llegar a acuerdos con el Gobierno y, por esa razón, tendrían representación en la ANC. Sumado a lo anterior, de aceptarse la participación de integrantes de la CGSB, el desbalance sería total, muy próximo a los 36 votos que se requerían para ser mayoría.

“Yo no voy a romper la correlación de fuerzas”, le dijo el presidente Gaviria a Álvaro Leyva Durán, con los resultados de las encuestas en la mano, en una charla privada, sostenida por los días en que la Comisión Exploratoria hacía gestiones ante las FARC-EP y los otros grupos de la CGSB. Esa frase indicaba que en la ANC no habría más personas procedentes de grupos guerrilleros, máxime cuando durante los diálogos la exigencia gubernamental se centraba en desmovilizar las estructuras, como condición sine qua non para poder participar en la ANC. La suerte estaba echada.

La orden para adelantar la Operación Colombia fue firmada el 26 de noviembre por el comandante de la VII Brigada, el brigadier general Luis Humberto Correa Castañeda, catorce días antes de iniciarse el ataque, pero los preparativos se adelantaban desde hacía mucho tiempo. A las 07:30 horas del 9 de diciembre se inició el vuelo de los aviones Kfir, Mirage M-5, A-37 y AC-47, a los que se sumaba una flotilla de helicópteros; ese día se reportó la caída de uno de ellos y la muerte de sus siete tripulantes. Por tierra, cientos de soldados avanzaban hacia las posiciones fortificadas de la guerrilla. La batalla por destruir o mantener el mito de Casa Verde había comenzado.

En la noche, el presidente Gaviria se dirigió a los colombianos, por cadena nacional de radio y televisión. No hizo mención alguna del ataque, ni de los combates que en ese preciso momento se libraban en el departamento del Meta; no se refirió a los resultados en pérdida de vidas humanas; tampoco aludió a la abstención en las elecciones de ese día, pese a que ya debía tener en sus manos los primeros informes del comandante del Ejército y del Registrador Nacional.

Las hostilidades continuaron en los días y semanas siguientes. Los guerrilleros se fueron retirando de sus posiciones a la medida en que las tropas oficiales ocupaban el área. Una de las preguntas que rondaba entre los colombianos se refería a los reales resultados del ataque a Casa Verde. La misión que se había trazado el Alto Mando Militar para esta operación era precisa: “destruir instalaciones y capturar o dar de baja elementos de las FARC”. En cuanto a lo primero, “destruir instalaciones”, los medios de comunicación registraron profusamente el estado en que quedaron los distintos campamentos, luego de varias jornadas de bombardeos y ametrallamientos. Sobre el segundo enunciado, “capturar o dar de baja a elementos de las FARC”, los resultados fueron muy precarios. No hubo una captura significativa ni un mando guerrillero dado de baja.

La Operación Colombia, con su planeación, procedimientos y resultados ya estudiados, le otorgó una ventaja transitoria al Ejército y permitió que las FARC-EP rompieran ataduras y se lanzaran a la conquista del poder por las armas, con sus propuestas de nuevo modo de operar y el planteamiento estratégico general, ratificados y mejorados en las discusiones de la VIII Conferencia de abril de 1993 que determinó “crear las condiciones políticas y militares para cercar, bloquear y ejercer sobre Bogotá”. Buscaban, ahora sí, superar la fase de la guerra de guerrillas, para pasar a la guerra de movimientos.

El conflicto recrudeció y así lo demostraron, entre otros hechos, los ataques sucesivos al cerro Girasol en la serranía de La Macarena (1991); la toma de La Calera (1994); el ataque a un convoy militar en zona rural de Puerres (1996); la toma y destrucción de la base militar de Las Delicias (1996); la emboscada en La Carpa, San José del Guaviare (1996); el ataque a una compañía del Ejército en San Juanito (1997); la destrucción de la base militar en el cerro Patascoy (1997); el ataque en la quebrada de El Billar (1998); la toma del municipio de La Uribe (1998); el ataque al municipio de Miraflores (1998); el asalto en Pavarandó (1998); el ataque a Mitú, capital del Vaupés (1998).

Es de anotar que las FARC-EP pudieron concentrar entre tres y cinco frentes en cada una de estas incursiones, y sumar hasta 1.500 combatiente tal y como ocurrió en el ataque a Mitú; igualmente, las pérdidas en vidas de soldados fueron muy altas, así como las cifras de “prisioneros de guerra”.

El conflicto entre el Estado y las FARC-EP no terminó con estos sucesos. La guerrilla registró durante la década de los años 90 un crecimiento inusitado, hasta alcanzar la cifra de veinte mil combatientes en el año 2000. Por su parte, las Fuerzas Militares procedieron a realizar procesos de reentrenamiento y readecuación de sus tropas. Esto les permitió realizar operaciones con objetivos más precisos especialmente en busca de eliminar a la dirigencia guerrillera, y a establecer planes militares como el Plan Colombia y el Patriota. De esta manera, cuando a partir de 2010 se logró reestablecer unos espacios de conversaciones, había condiciones y convicción para avanzar en el difícil camino hacia un post acuerdo.

Bibliografía

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). (1990). Al presidente Gaviria. La Unidad, (27), 19-20.

Presidencia de la República de Colombia. (1990, 24 de agosto). Decreto 1926 de 1990. Diario Oficial, n.° 39512. www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1371701

Villamizar Herrera, D. (2021). ¡Atención, cae Centella! La Operación Colombia o el Mito de Casa Verde. Editorial Planeta.

Villarraga Sarmiento, A. (1995). Apartes del discurso del presidente César Gaviria Trujillo en la Escuela Superior de Guerra, 22 de noviembre de 1990. En A. Villarraga Sarmiento (comp.), Biblioteca de la Paz 1990-1994, (p. 123). Fundación Cultura Democrática.

Foto portada: Flickr Senador Iván Marulanda

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