Por Silvio Waisbord
Los síntomas de la erosión de la democracia en América Latina son claros: la sujeción de la justicia a la voluntad del Ejecutivo, la intimidación y persecución de voces disidentes, el vaciamiento de formas de transparencia y rendición de cuentas, la prohibición de candidaturas de críticos del régimen, las irregularidades en procesos legales, la utilización de fondos públicos para apuntalar voluntades oficiales, y otras acciones que exhiben los objetivos autoritarios de los gobiernos. La continuidad de autoritarismos en Cuba y Venezuela, el debilitamiento de las instituciones democráticas en la mayoría de los países en América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua), y el rumbo incierto y peligroso de la democracia en Brasil, son síntomas de problemas en curso. Solamente tres países: Uruguay, Chile y Costa Rica, son considerados democracias plenas, mientras que otros oscilan entre ser democracias consolidadas y democracias imperfectas. Estas tendencias reavivan debilidades crónicas que echan incertidumbre sobre el futuro próximo de la democracia en la región (Virtuoso, 2020).
El principal temor no es el regreso a interrupciones claras y decisivas de la democracia por dictaduras militares, como lo fue durante el siglo pasado. No hay colapso inmediato y rápido, ni rupturas absolutas. Más bien, las condiciones presentes sugieren el paulatino deterioro de los mecanismos esenciales de la democracia. A estas preocupantes tendencias se suma el amplio descontento popular sobre el desempeño de la democracia, y la baja confianza en las instituciones constitucionales.
El problema es el progresivo vaciamiento de instituciones legales y políticas, que caracterizan y sostienen la democracia. El ascenso de fenómenos como el populismo y el liberalismo socava las bases institucionales, ya que descreen de la necesidad de mecanismos de control, y apuntan a capturar y sujetar las instituciones a la voluntad del Ejecutivo. Asimismo, la polarización es otra amenaza, en tanto dificulta consensos imprescindibles para el funcionamiento de la democracia. Prepara el terreno para que ciertos gobiernos tomen medidas antidemocráticas, justificadas como formas de derrotar a la oposición.
No hay explicaciones sencillas y generales para entender estas tendencias y desafíos. Un fenómeno complejo, como el sostenido socavamiento de la vitalidad democrática, no puede ser entendido de forma resumida y sencilla.
Comunicación pública digital y democracia
Una dimensión preocupante son las tendencias en la comunicación pública, que contribuyen a la erosión de la democracia. La comunicación pública se refiere a los flujos y a las prácticas de información, vinculadas a la política en sentido amplio, esto es, la ecología comunicacional donde la ciudadanía se expresa como actor político. Aunque la comunicación pública, históricamente se entendió vinculada solo a los medios masivos de información y a otros contenidos, la situación actual presenta más dimensiones, estructuras y dinámicas. La revolución digital reconstituyó la comunicación pública, tanto en términos de las instituciones que funcionan como árbitros y porteros de flujos comunicativos, como de las dinámicas a nivel social.
Las democracias latinoamericanas arrastran enormes y complejos problemas crónicos de comunicación pública, producto de ser órdenes sujetas principalmente, tanto a voluntades políticas particulares, como a intereses comerciales. Los síntomas de estos problemas estructurales son múltiples: desde la limitada producción de información profunda y con calidad sobre una gama de temas de interés público, hasta la proliferación de contenidos estigmatizantes y deshumanizantes.
Las limitaciones obedecen a las singulares características de sistemas de medios, dominados por mecanismos clientelistas, a la influencia de elites, así como a estructuras y dinámicas orientadas a la obtención de rédito particular, ya sea político, económico o social. Estas fuerzas inclinaron los medios a favor de ciertos intereses, y contra la expresión plural en el sentido más amplio. Ofrecer información veraz, amplia, completa y diversa, rara vez fue prioridad, ya que otros factores han ejercido influencia decisiva. Esta situación no implicó la ausencia de noticias, información y contenidos, en sintonía con la enorme diversidad socioeconómica, política y cultural de la región, sino limitaciones en términos de calidad, perspectivas, y acceso. En tanto los medios no estaban anclados sobre el principio del interés público, el pluralismo padeció limitaciones.
Durante las últimas dos décadas, la revolución digital potenció tanto los déficits como las oportunidades para la diversidad en la expresión. Así como posibilita el reforzamiento de intereses dominantes, también ofrece oportunidades para un abanico de expresiones, con impares posibilidades de atraer atención y apoyo económico. No es exagerado sugerir que detrás de cada movimiento por la expresión de demandas y la ampliación y consolidación de derechos, hay formas de participación digital. Las plataformas digitales hacen posible conectar voluntades, documentar situaciones, concitar la atención, y organizar actores para la acción. Sin embargo, es errado sacar conclusiones optimistas sobre la reconfiguración de la democracia y la ciudadanía, respecto de la comunicación digital en la región, dado que aparecen enormes desafíos.
Las nuevas caras de la desinformación
Uno de los principales problemas actuales de la comunicación pública digital es la desinformación, que conlleva operaciones sofisticadas y deliberadas para producir y distribuir información falsa, incorrecta y engañosa para obtener beneficios.
Tal y como ocurre en otras regiones del mundo, la desinformación despertó enorme interés en el último lustro, en relación especialmente con campañas electorales y otros episodios, donde actores utilizaron sistemáticamente las redes digitales para engañar a la ciudadanía. La ecología comunicativa digital, ofrece oportunidades inéditas para acceder, producir, distribuir y consumir información falsa, que no se sostiene en la evidencia disponible. Un nuevo vocabulario para denominar la información falsa disfrazada de certera (bulos), al igual que aquellos elementos de la desinformación (bots, granjas, trolls, deep fakes, sock puppets), reflejan estas tendencias. La riqueza conceptual de la desinformación contrasta con la pobreza del vocabulario para las prácticas de la “buena información” (salvo excepciones como fact checking). Esta disparidad del lenguaje refleja la magnitud del problema de la información tóxica y la escasez de alternativas. Parafraseando a Wittgenstein, los límites del lenguaje son los mismos de nuestro mundo para entender problemas y soluciones.
La desinformación como fenómeno político-comunicacional no es nueva. Es tan antigua como la propaganda con fines políticos y las operaciones de publicidad con fines comerciales, popularizadas durante el periodo transcurrido entre las guerras mundiales del siglo pasado. El propósito es el mismo: confundir a la opinión pública a través de diseminar información falsa y sembrar dudas sobre la veracidad de hechos empíricos documentados. La desinformación apunta a confundir, más que a implantar convicciones y adiestrar seguidores dogmáticos.
Es equivocado entender la desinformación actual simplemente como una continuación de viejas prácticas. La desinformación digital presenta aspectos únicos. Crea falsedades a escala global y a costos relativamente bajos. Se implementa mediante campañas frecuentes, intensas e insidiosas. Arropa mentiras basadas en presuntos hechos (falsos), para otorgar un halo de credibilidad que hace difícil detectarlas, tanto para usuarios como para plataformas sociales. Involucra la participación masiva de ciudadanos que consciente o inconscientemente crean y distribuyen contenidos falsos. Aprovecha el hecho de que las plataformas digitales son operadas por compañías que rehúsan actuar como árbitros de la verdad de forma consistente, o que deliberadamente dan lugar a información falsa.
En América Latina, abundan ejemplos de desinformación. Varios procesos electorales recientes estuvieron viciados de información falsa, estratégicamente difundida para pintar realidades inexistentes, y perjudicar a candidatos y partidos. Aun cuando en algunos casos las acusaciones de “bulos” y “desinformación” hayan sido manipuladas para responder a información crítica y veraz, han existido flujos de información falsa para influir elecciones. Asimismo, diversos actores recurrieron a operaciones de desinformación contra otros actores determinados, especialmente durante episodios álgidos y sensibles, tales como movilizaciones populares, investigaciones y denuncias periodísticas, que dieron luces sobre los secretos del poder (Pérez, Calderón, & Coronado, 2021).
Si bien la desinformación opera en múltiples direcciones, es claro que las elites son las principales responsables de iniciar, instigar y mantener acciones de propaganda. Como la lluvia, la desinformación proviene “de arriba”, más allá que de ciudadanos que participen. Alimentar narrativas de mentiras y verdades antojadizas, requiere acciones sostenidas; no son casos aislados y esporádicos, sino que reflejan la movilización de estructuras y recursos económicos. Presidentes y otros prominentes funcionarios públicos, tienen acceso a plataformas mediáticas que operan como megáfonos para difundir y amplificar mentiras. Son sujetos de noticias diarias, con incomparable poder para llegar a millones de ciudadanos y repetidores (líderes de opinión, prensa e influencers). Disponen de aparatos estatales para masificar la desinformación y sostener aliados en medios tradicionales y sitios digitales, con recursos económicos e informativos.
Desinformación, democracia y demagogia
¿Qué tipo de democracia es posible cuando la vida pública está cruzada por la desinformación? ¿Por qué la desinformación digital es preocupante para la salud de la democracia?
Un argumento clásico afirma que la democracia está basada en la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones “informadas”. Sin conocimiento certeros, la participación ciudadana actúa sobre premisas falsas, es decir, votos y opiniones nocivamente influenciados por absolutas ficciones. Esto lleva a decisiones y políticas erradas.
Esta consideración insinúa un modelo hiper racionalista de democracia, cuyo óptimo funcionamiento se sustenta en la premisa de la ciudadanía adecuadamente informada. Este modelo es utópico en términos de factibilidad, y normativamente simple, en tanto asume un mundo claro, de información “certera” y de “calidad”. Difícilmente la ciudadanía en cualquier comunidad ejemplificaría una visión perfecta de información certera y amplia sobre una enorme variedad de temas públicos. Asimismo, las divisiones entre información correcta y falsa no son de fácil trazabilidad, ya que hay varios grises, hechos no confirmados, e interpretaciones diversas.
Más allá de las limitaciones de este modelo, se puede decir que la información es necesaria, mientras la desinformación allana el camino para el autoritarismo. Hay una relación simbiótica entre desinformación y autoritarismo, a diferencia de la democracia, por lo menos en sentido abstracto. Es imposible pensar los autoritarismos sin un torrente constante de mentiras y falsedades emitidas desde el Estado, y repetidas incasablemente por sus coros de aduladores y partidarios. No es casualidad que los límites entre realidad y mentira se desdibujen en sistemas autoritarios y totalitarios. Como escribe Hannah Arendt (1968) en su libro sobre los orígenes del totalitarismo: “En un mundo en constante cambio e incomprensible, las masas habían llegado al punto en que, al mismo tiempo, creerían todo y nada, pensarían que todo era posible y que nada era verdad.”
Aunque las democracias “realmente existentes” no sean modelos acabados de verdad, están diseñadas para contar con mecanismos de producción de documentos sobre la realidad, y de chequeo de (des)información oficial y de otras fuentes. Desde el periodismo que goza de libertades mínimas, hasta las agencias oficiales encargadas de producir información y obrar como contralor, las democracias otorgan condiciones para que la información veraz sea insumo de la participación y de la decisión. Obviamente, las democracias están cruzadas por desinformación masiva (mucho antes de la era digital). Si bien cobijan principios legales que favorecen la producción de “realidad”, no están siempre dotadas de recursos e instituciones para apuntalar la circulación de información que contribuya a combatir la desinformación.
La desinformación favorece la demagogia. La demagogia no solamente apela a pasiones y prejuicios populares, sino que también echa mano de mentiras para alertar sobre miedos inexistentes, validar sentimientos de odio, y movilizar a adeptos. La demagogia es emblemática de la sinrazón política, y del irracionalismo, fervientemente opuesto a la información como un bien común y deseable para la vida pública. No tiene necesidad de utilizar la razón y la información como formas de legitimación y construcción política, sino que, por el contrario, acuden a prácticas como usar chivos expiatorios, agitar fantasmas, prometer lo imposible, y foguear exageraciones.
La demagogia no precisa de información certera o de correcciones basadas en documentación verificable, y puesto que se arroga poseer la verdad, no tiene necesidad de información. No acepta errores ni rectificaciones basadas en información comprobada. No tiene cabida para el escepticismo sobre los límites del conocimiento.
Para la demagogia, la información solamente es válida cuando confirma sospechas y prejuicios, y no cuando sirve como insumo para entender situaciones y realidades. De ahí que no conciba la necesidad de dotar y fortalecer instituciones que produzcan información que contribuya al bien común o que guíe su acción pública sobre temas como la salud, la seguridad, la educación o el empleo. Es imposible mejorar condiciones de salud, educación, seguridad, empleo y otros bienes públicos para las mayorías, cuando la demagogia está empecinada en sus mitos propios, y descarta tener conocimientos ajustados y detallados de la realidad.
Asimismo, fenómenos como el racismo, la xenofobia, la misoginia y otras fobias dirigidas a grupos particulares son expresiones de desinformación. Cualquier política y discurso del odio opera esencialmente con desinformación, en tanto perpetúa falsedades sobre otros. Ignora o minuciosamente limpia la verdad, para ofrecer una versión a la medida de su maquiavelismo político, que convalida la ignorancia y los prejuicios. La movilización del odio/desinformación, pone en jaque la democracia, pues demoniza a otros y niega derechos. Excluye a miembros de la ciudadanía de la comunidad política, sobre la base de falsas aseveraciones. Si las democracias sirvieran como contexto político para enfrentar estos problemas, es claro que la desinformación jugaría en contra.
La desinformación durante la pandemia del COVID-19, justamente confirma estas tendencias (Bacci 2020; Pita 2020). Dada la notable atención pública, la incertidumbre, la urgencia y el enorme impacto, la pandemia es un terreno fértil para la desinformación. Circula información patentemente falsa sobre innumerables cuestiones, que van desde la existencia de la pandemia, hasta la efectividad de las vacunas. Se apilan sospechas sobre la “plandemia”, versiones de vacunas que inyectan material genético que facilita el control de las personas y de metales que funcionan como imanes, así como tantas otras ficciones que, por serlo, carecen de sustento.
La pandemia ofrece condiciones propicias para el surgimiento de teorías conspirativas. Favorece a los demagogos que, sin responsabilidad alguna, opinan sobre temas científicos, dan cuerda a la pseudociencia, y aconsejan ideas descabelladas sobre curas y prevención. Impulsan escepticismos desinformados y ramplones sobre las ciencias médicas y la salud pública, a través de métodos, conclusiones y recomendaciones, basados en corazonadas y datos de dudosa procedencia.
¿Cómo se vinculan estas tendencias desinformativas con la democracia? La desinformación es contraria a la resolución de problemas urgentes como la pandemia. La democracia no puede contribuir a resolver problemas si el discurso público, la voluntad popular, y las decisiones están plagadas de ficción. Sería como pretender volar un avión, desconociendo las leyes de la física o los principios de la aeronáutica.
Es más, se puede argumentar que la desinformación agudiza ciertos problemas, en tanto dirige la atención y la acción por caminos equivocados. Los fracasos y los errores de algunos gobiernos en el manejo de la pandemia, como es el caso de Brasil, México y Nicaragua, entre otros, no se deben únicamente a la complejidad y novedad de la situación, sino que están enraizados en que los jefes de Estado creen sus propias ilusiones, y desprecian el conocimiento y las recomendaciones basados en evidencia. A su vez, los problemas para atender satisfactoriamente a los desafíos de la pandemia, ligados parcialmente a la desinformación y a la demagogia, agudiza la desconfianza en las instituciones democráticas y su capacidad de resolver necesidades básicas.
Si bien la información siempre fue el flujo vital de la democracia, su importancia es particularmente prominente en la sociedad digital. La comunicación pública es central en múltiples aspectos de la vida política; es el entramado que articula la vida cotidiana y acapara enorme atención desde que nos levantamos, hasta segundos antes de ir a dormir. La ciudadanía esta sumergida constantemente en un mar embravecido de ideas, datos, noticias y expresiones. Vivimos en el caos de la abundancia informativa.
A mayor dependencia de la información digital en la vida política y social (Runciman, 2018), son mayores los peligros que presenta la desinformación. Esta última, corre con ventajas para atraer la atención de ciertos grupos, puesto que apunta a confirmar y legitimar ideas falsas, prejuicios y otras convicciones tóxicas.
La dificultad de las soluciones
Frente a este panorama de desinformación circulante, no hay soluciones fáciles, como lo demuestra la situación durante la pandemia (Waisbord, 2020). No basta con inyectar información válida en la comunicación pública, para mitigar los efectos negativos de la desinformación a través de agencias oficiales, el periodismo y la sociedad civil organizada.
Las democracias cuentan con mecanismos imperfectos e incompletos, de impacto limitado en el mejor de los casos, para contrarrestar a la desinformación.
El periodismo está en crisis debido a múltiples factores, en particular las especialidades que producen información original que puede contrarrestar los embates de la desinformación. Los sitios de fact-checking son importantes, pero no se debe exagerar su impacto a gran escala. Los programas de alfabetización mediática son necesarios pero insuficientes, ya que operan en espacios limitados. Acciones ciudadanas de alerta sobre desinformación y aprendizaje colectivo para alimentar una conciencia crítica en medios sociales y tradicionales son alternativas viables. Sería errado sobredimensionar su alcance y efecto. Estas acciones no parecieran ser suficientes frente a maquinarias activas de desinformación, que disponen de generosos recursos y de tecnología sofisticada, sumados al empecinamiento de actores políticos y económicos en diseminar mentiras.
Denunciar falsedades y operaciones políticas es necesario, en tanto las elites políticas cargan con enorme responsabilidad. Demandar que las plataformas digitales tomen partido por la verdad (más que por la “expresión” o el “negocio”), debiera ser una prioridad, dado que la desinformación es producto de la complicidad de diversos actores. Finalmente, es fundamental fortalecer políticas públicas para apuntalar la producción y circulación de información veraz.
En una situación donde no hay claras hojas de ruta sobre cómo combatir la desinformación digital, se precisan enfoques creativos y flexibles, que atiendan las múltiples dimensiones y causas del problema. Estas son formas, no solamente de contener y enfrentar la desinformación, sino también de apuntalar la calidad de la democracia.
Foto portada: rodrigoluca, tomada de Flickr
Silvio Waisbord
Director y Profesor en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University, Estados Unidos. Es autor y editor de dieciocho libros y cientos de artículos sobre periodismo, política, medios y comunicación para el cambio social. Sus últimos libros son El Imperio de la Utopía: Mitos y realidades de la sociedad norteamericana (Península/Planeta 2020) y Routledge Companion to Media, Disinformation and Populism (co-editado con Howard Tumber). Se desempeñó como editor general de las revistas académicas Journal of Communication y International Journal of Press/ Politics. Dirigió programas de comunicación y periodismo para el desarrollo y salud global en colaboración con agencias internacionales. Es Fellow de la International Communication Association. Es doctor en sociología por la Universidad de California, San Diego y licenciado en sociología de la Universidad de Buenos Aires.
