“Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo”

Los actos de reconocimiento de responsabilidad estatal, frente a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Ejército Nacional: un paso necesario pero insuficiente para cumplir con los derechos de las víctimas

EDICIÓN 109 SEP-DIC 2023

Por: Ángela Ballesteros Gómez

La administración Petro se autoidentifica como el “gobierno del cambio”, para que Colombia sea una “potencia mundial de la vida”, lo cual ha generado expectativas en diversos sectores de la sociedad. Uno de ellos es el de las víctimas, quienes exigen justicia y reparación por los crímenes causados, paradójicamente, por los propios agentes del Estado. En esta materia, no todo está directamente en manos del gobierno, por ejemplo, la actuación de las autoridades judiciales depende de la justicia ordinaria y de la JEP, que son autónomas y no están bajo potestad del Ejecutivo. No obstante, la financiación de la JEP debe quedar incluida en el presupuesto nacional que presenta el gobierno. O la reforma a la Ley de Víctimas 1448 de 2011, cuya aprobación depende de la dinámica legislativa, aunque el gobierno puede impulsar su trámite, como ocurrió el pasado 27 de septiembre, cuando la Unidad de Víctimas y el Ministro de Justicia, radicaron en el Congreso de la República el proyecto de ley que pretende actualizarla. Sin mencionar muchos otros aspectos que están pendientes.

Sin embargo, recientemente el gobierno nacional realizó dos acciones simbólicas y políticas,  directamente relacionadas con sus competencias u obligaciones, que tienen que ver con el reconocimiento público de las víctimas generadas por agentes del Estado: en primer lugar, en septiembre de 2023 se dio a conocer el nombramiento de Gareth Sella como Viceministro de Juventudes, del Ministerio de la Igualdad. Él fue uno de los jóvenes heridos durante el estallido social de 2021, y quien perdió la visión de su ojo izquierdo, presuntamente a causa del accionar del ESMAD de la Policía Nacional. Este nombramiento legitima la participación de los jóvenes que formaron parte de las protestas y fueron victimizados. En segundo lugar, los cinco actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, encabezados por el Ministro de Defensa, realizados entre julio y octubre de 2023. Nos centraremos en estos últimos, pues, aunque se enmarcan en procesos judiciales, la forma en que se han desarrollado, denota la voluntad política del gobierno nacional por manifestar ante la sociedad, el reproche frente a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, lo que significa un paso ineludible, aunque insuficiente, hacia la garantía de los derechos de las víctimas, la no repetición y la no continuidad de estos crímenes.

A continuación nos referiremos a cuatro aspectos: 1. El origen de la obligación de realizar actos públicos de reconocimiento, como medida de reparación integral para las víctimas; 2. Un breve recuento de los cinco actos públicos de reconocimiento que ha realizado este gobierno, por casos de ejecuciones extrajudiciales; 3. Algunos aspectos a resaltar de estos cinco actos; y 4. Inquietudes y retos sobre la realización de los actos de reconocimiento en el futuro.

1. Los reconocimientos públicos como medidas de reparación

Las formas de exigir justicia en Colombia frente a las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado son las vías penal y contencioso administrativa, que buscan objetivos distintos. En el primer caso, se pretende la sanción penal de los responsables individuales que hayan cometido el delito[i]; y con la segunda vía, se persigue la reparación integral de las familias, por la responsabilidad del Estado, tanto por acción como por omisión, se solicitan indemnizaciones y otras medidas de carácter no pecuniario, para lo cual se requiere demandar dentro de un tiempo establecido[ii]. Desde hace unos años, en las acciones de reparación directa interpuestas por abogados y familiares de víctimas ante la jurisdicción contencioso administrativa, se han comenzado a solicitar y conceder medidas no pecuniarias, tales como los actos de reconocimiento público de responsabilidad, excusas públicas o perdón público[iii], gestos de memoria como monumentos, placas, o acciones de atención en salud, educación, entre otras, que hacen parte de las medidas de reparación integral ante violaciones de derechos humanos. Su existencia se debe a la evolución de los estándares internacionales de reparación, promovidos especialmente por las víctimas y defensores de derechos humanos, en escenarios como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La concepción hegemónica sobre lo que formaba parte del derecho a la reparación frente a graves violaciones de derechos humanos se ha ido transformando paulatinamente, y de seguro seguirá haciéndolo. Esto, como producto de las demandas ciudadanas (víctimas, abogados, organizaciones) que han permeado los sistemas judiciales, llegando a incluir medidas que exceden la mera indemnización económica en los procesos de reparación, tales como las disposiciones de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (Lozano, 2009). El consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos Víctor Rodríguez señala que: “sistemáticamente los peticionarios víctimas han pedido la publicación de la sentencia en un medio masivo y la respuesta de la Corte Interamericana era que la sentencia era suficiente. Pedían la restitución de la memoria de las víctimas, realización de actos públicos de arrepentimiento por parte del Estado, y la Corte durante 15 años consecutivos dijo que no. Pero llegó el día en el que tuvo que acceder. La presión de los grupos peticionarios para la reparación y restitución de la memoria de las víctimas logró que se pusieran sus nombres en calles, plazas, parques, llegando a situaciones particulares emblemáticas” (2007: 121).

Estas medidas también han permeado el sistema judicial colombiano. Los reconocimientos públicos de responsabilidad son una de las llamadas “medidas de satisfacción” que forman parte de la reparación y, cuando provienen de órdenes judiciales de instancias nacionales e internacionales, son de obligatorio cumplimiento para los gobiernos e instituciones a los cuales se dirijan. Pese a ello, una vez dispuestas por las instancias judiciales, tampoco ha sido fácil concretar su cumplimiento; las organizaciones de abogados, de derechos humanos y de víctimas, han estado reclamando durante años que se cumpla con lo ordenado. Según información proporcionada por el Ministerio de Defensa, en diciembre de 2023, hay un registro de 181 decisiones judiciales que declaran la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, de donde se desprenden 568 medidas de reparación de carácter no pecuniario (tales como tratamientos médicos, publicación de las sentencias, actos de reconocimiento públicos o privados,  cartas de solicitud de disculpas, cambio de nombre de la unidad militar, documentales, monumentos, entre otras). De estas medidas, se ha dado cumplimiento a 250, y la orden judicial más antigua por cumplir, es del año 2015. Los lugares aproximados donde se deben ejecutar las 181 sentencias que ordenan las medidas de reparación son: Antioquia (29), Caquetá (26), Meta (16), Cundinamarca (13), Tolima (10), Caldas y Cauca (8 cada uno), Huila y Bogotá (7 cada uno), Norte de Santander, Chocó, Quindío (5 cada uno), Atlántico, Boyacá, Cesar, Santander, Valle del Cauca (4 cada uno), Bolívar, Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda y Arauca (3 cada uno), Guaviare (2), Córdoba y Casanare (1).

De las 568 medidas, 144 corresponden a actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, de los cuales solo se ha dado cumplimiento a 41, es decir al 28,5%. Al retraso en el cumplimiento de esta medida de reparación, se suma que algunas de las que se han ejecutado, no han sido satisfactorias para las víctimas. 

2. Los actos públicos de reconocimiento realizados por el gobierno nacional

Durante la administración Petro, se han producido 5 actos públicos de reconocimiento de responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales, que cobijan a 60 víctimas. Estos se han realizado entre el 4 de julio y 30 de noviembre de 2023. Todos con presencia del Ministro de Defensa, el Comandante del Ejército o el Comandante de la Policía, y dos de estos incluyeron al Presidente de la República, lo cual denota un interés en posicionar ante la sociedad, el reproche frente a este tipo de crímenes. A continuación, un breve recuento de cada uno de estos actos:

El 4 de julio de 2023, se produjo el acto de reconocimiento por la desaparición y ejecución de Alix Fabián Vargas Hernández, cometida por militares adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado No. 1 “José Miguel Silva Plazas”, de la Brigada 1, Quinta División del Ejército Nacional. Alix Fabián tenía 25 años de edad cuando fue desaparecido del Terminal de Transportes de Tunja (Boyacá) en agosto de 2008 y llevado a Santander, donde fue ejecutado, y su familia lo encontró en noviembre de 2008. Se tiene información de que por lo menos otros cuatro jóvenes fueron desaparecidos del sector del Terminal de Tunja y ejecutados en otros lugares por el Ejército Nacional[iv]. Este acto póstumo de desagravio se llevó a cabo en el Museo Nacional en Bogotá, con participación del ministro de Defensa y el comandante del Ejército. Desde el año 2018, el Consejo de Estado había ordenado esta medida, en el marco de un proceso de reparación directa.

El 31 de agosto de 2023, se desarrolló el acto de reconocimiento por la ejecución de Diego Felipe Becerra, artista urbano de 17 años de edad, cometida por la Policía Nacional el 19 de agosto de 2011, mientras Diego se encontraba pintando un grafiti en un puente de Bogotá. El acto de reconocimiento se realizó en el parque El Renacimiento en Bogotá, con participación del ministro de Defensa, el comandante de la Policía y el presidente de la República. No fue producto de una orden de la justicia nacional, sino de un acuerdo entre las víctimas y el Estado Colombiano, dentro del trámite del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 3 octubre de 2023, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, se llevó a cabo el acto de reconocimiento por la desaparición y ejecución de 19 jóvenes procedentes de Soacha y Bogotá. Se contó con la participación del ministro de Defensa, el comandante del Ejército y el presidente de la República. En todos estos casos había sentencia judicial que ordenaba la realización de dichos actos. La mayoría de progenitoras afectadas se agrupan en la organización Madres de Víctimas de “Falsos Positivos” de Soacha (Mafapo).

El 12 de octubre 2023, se llevó a cabo en Villavicenio, el acto de reconocimiento por 8 casos de ejecuciones extrajudiciales, conpresencia del ministro de Defensa y el comandante del Ejército. Allí hubo víctimas del Meta y Guaviare. Este acto se realizó en el auditorio del Parque de La Vida. Además, por petición de las víctimas, contó con una ceremonia final que presidió el sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos Javier Giraldo.

El 30 de noviembre de 2023, en el Coliseo Angelino Durán Quintero, de Ocaña (Norte de Santander) se realizó el acto de reconocimiento por 31 víctimas, en su mayoría de ejecuciones extrajudiciales, y otros crímenes como tentativas de homicidio, lesiones y violencia sexual, respecto de víctimas de la región del Catatumbo. También se instaló una pantalla gigante en el parque principal para mayor difusión del acto.

Todos estos actos han sido transmitidos en redes sociales institucionales y de las organizaciones no gubernamentales y de víctimas. También, a pedido de los afectados, estos cinco actos han contado con expresiones artísticas, como canciones, murales, obras de teatro, grafitis o galerías.

En el discurso pronunciado por el ministro de Defensa en el acto de reconocimiento por la ejecución de Alix Fabián Vargas, señaló indignado que la sentencia que ordenaba cumplir con esta medida en el término de tres meses, era de agosto de 2018. Por lo cual, en el mismo acto impartió instrucciones al personal del Ministerio para revisar todas las ordenes que estén pendientes y realizar todos los actos de excusas “con la frecuencia que sea indispensable”. Realmente, aun no hay certeza sobre la posibilidad real de que este gobierno pueda quedar al día con los 103 actos públicos de reconocimiento pendientes de cumplimiento, pese a que este año se han estado agrupando en un solo acto, varios casos y sentencias que tenían dichas órdenes y, además, solo algunas de las sentencias disponen que los actos deban ser encabezados por el Ministro. Se le preguntó al Ministerio mediante derecho de petición, por los actos de reconocimiento que se estuvieran planeando para los próximos años, pero no se obtuvo mayor información, por corresponder a “temas propios del señor ministro de Defensa y al Comando del Ejército.”

3. Tres aspectos sobre la manera en que estos actos se realizaron y percibieron por parte de las víctimas

La mayoría de discursos pronunciados por las víctimas en medio de estos actos, expresan agradecimientos por la voluntad del gobierno para realizarlos de manera concertada. Sin embargo, también señalan algunos sinsabores y carencias, relacionados con las exigencias que aún existen en materia de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, que no han sido satisfechas. Se puede decir que los ven como unos actos necesarios e indispensables, pero insuficientes.

Quién hace el reconocimiento, quién dio la orden y cómo evitar la repetición de los crímenes

“Usted no debería estar aquí”, fue la afirmación más recurrente por parte de las víctimas presentes en los actos de Bogotá y Villavicencio, dirigida al ministro de Defensa. Pero no era una acusación despectiva hacia el alto funcionario, sino una aclaración importante para ellas. Aunque recibían y agradecían el acto, las víctimas querían que hubiese sido realizado por el Presidente y ministros de la época en que se cometieron las ejecuciones extrajudiciales, y que el acto se hubiera producido tan pronto se dieron a conocer los crímenes.

Doce de las diecinueve familias presentes en el acto de excusas del 3 de octubre en Bogotá, lo mencionaron explícitamente en sus discursos, refiriéndose a la ausencia del expresidente Álvaro Uribe y de los exministros de esa época. Los ministros de Defensa entre 2002 y 2008 fueron: Martha Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina y Juan Manuel Santos. En el mismo sentido fueron las intervenciones de siete de las ocho familias que hablaron en el acto de excusas del 12 de octubre en Villavicencio. Si bien es cierto los reconocimientos públicos de responsabilidad son un acto que se hace en nombre del Estado colombiano, por medio de funcionarios que representan a sus instituciones, como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Ministro, o Comandante del Ejército o de la Policía, pareciera que el deseo de recibir el reconocimiento de responsabilidad por parte de los altos mandos del momento en que se cometieron los hechos, sigue siendo parte de los reclamos de las víctimas[v].

La mayoría de víctimas también se refirió a la exigencia de saber ¿quién dio la orden?, es decir, la verdad completa frente a los responsables y el reconocimiento de que gran parte de esa verdad frente a la inocencia de sus familiares, la conocían desde hace mucho tiempo, tal como lo dijo una de las madres en el acto del 3 de octubre en Bogotá: “Acuérdense que estas locas decíamos la verdad”. El mismo Ministro coincide con las víctimas en destacar la relevancia de la verdad, por ejemplo en el acto del 3 de octubre en Bogotá señaló: “(…) ha habido un Estado que ha pretendido ocultar la verdad (…). Hay personas interesadas en que olvidemos y dicen que ya es necesario pasar la página. La página la vamos a pasar cuando la leamos, cuando sepamos qué fue lo que ocurrió (…), no es posible garantizar la no repetición sin verdad (…) la verdad es la posibilidad real de que un día, ojalá pronto, podamos sentarnos madres, con un corazón más recompuesto, menos quebrado como hoy, y hablar de cómo vamos a reconstruir este país”. Además, en el acto del 30 de noviembre en Ocaña, los lemas del evento y los discursos de las víctimas estuvieron enfocados especialmente en decir “No a la repetición”, lo cual implica mucho más que un reconocimiento, y la abogada de las víctimas emitió una serie de recomendaciones en ese sentido.

La voluntad genuina del reconocimiento, más allá de una orden judicial

Estos cinco actos de reconocimiento no son los primeros. En anteriores gobiernos también se realizaron, pero varios de ellos fueron revictimizantes. Parece que su ejecución se hizo solamente bajo la lógica del cumplimiento de una orden judicial, y en algunos casos incluso, como se diría coloquialmente, casi que de mala gana. La ausencia de una voluntad genuina de los funcionarios de dichas épocas, para conmoverse y convencerse de la ignominia de los crímenes condenados por las sentencias, se reflejó en algunos de los actos de reconocimiento realizados.

En contraste, en el acto del 3 de octubre en Bogotá, el Ministro manifestó que estaba pidiendo perdón en nombre del Estado, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, “no solo acatando una orden de la justicia colombiana (…), sino porque obedece a nuestras convicciones democráticas, a nuestro compromiso con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo”. Y, además, como un acto de desagravio, señala que se dio cuenta de que las respuestas institucionales en los procesos judiciales fueron: “es un hecho que corresponden a acciones legítimas”, “la información recibida en orden de operaciones confirma que hubo un combate” o, se trata de un hecho donde hubo “culpa exclusiva de la víctima”. La directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en el acto del 4 de julio en Bogotá, resaltó la disposición del Ministerio de Defensa para organizar este acto, y manifestó su deseo para que este precedente se convierta en una buena práctica.

La empatía que se observa en las actuaciones y palabras del ministro de Defensa, puede tener relación con que él hace unos años estuvo parado del otro lado, tal como lo señaló en el acto del 12 de octubre en Villavicencio. Vale recordar que él fue víctima de interceptaciones ilegales del DAS y se profirió una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se ordenaba un desagravio público (El Heraldo, 2020). Él recordó en el acto “yo asistí a un acto de perdón donde yo era la víctima y un ministro dijo: por orden del Tribunal pido perdón a la víctima”, dando a entender que así no se produce una verdadera reparación, y señaló que en esta ocasión piden perdón, no porque se lo ordenen, sino porque reconocen que estos crímenes han sido contra la humanidad.

Cada uno de estos actos duró en promedio 2.5 horas, se realizó previa concertación con las víctimas, y en las intervenciones públicas de los participantes se aludió a encuentros o reuniones privadas, justo antes de cada acto entre las familias, el ministro de Defensa y los comandantes.

Las palabras del padre de Diego Becerra, Gustavo Trejos, ante medios de comunicación, denotan que hubo un importante grado de satisfacción: “Fue como nos lo soñamos con Liliana. Temíamos que leyeran un discurso y se fueran. Pero sentí que el Ministro ofreció excusas de forma genuina y sentida. Que el Presidente habló de la intolerancia y el enemigo interno, y dio con la razón de la muerte de Diego Felipe: un asesino con poder vino y lo mató. Los jóvenes no son enemigos de la fuerza pública. La interacción que produjo este acto de reconocimiento fue un verdadero ejercicio de reconciliación. Sentimos que este acto también sienta un precedente para que otras víctimas del abuso de autoridad puedan vivir el triunfo de la verdad y reivindicar la memoria de sus familiares. Es satisfactorio y esperanzador” (Cambio, 2023).

Sin embargo, no hay posturas homogéneas desde las víctimas, por ejemplo, el 30 de noviembre, en el acto de Ocaña, Caroline Porras, hermana de Fair Leonardo Porras (desaparecido el 8 de enero de 2008 en Soacha, ejecutado extrajudicialmente por el Ejército y reportado falsamente como muerto en combate en Ocaña), dejó ver la relatividad de la satisfacción frente a estos actos y su relación con la integralidad de la respuesta institucional que ha venido denegando justicia. Para ella, estos actos se pueden estar convirtiendo en una “rutina burocrática”, señala que las víctimas se sienten usadas, que son actos imperdonables, y critica el papel de la JEP.

La publicidad del acto de reconocimiento y los medios de comunicación

El carácter público de estos actos no es una exigencia arbitraria, sino una característica esencial, al menos por dos motivos: primero, porque el buen nombre de las víctimas de ejecuciones en la modalidad de “falsos positivos” fue tachado en medios de comunicación, al presentarlos como integrantes de grupos armados o delincuenciales. Por tanto, desenlodar el nombre de las víctimas también debe producirse de forma pública. La hermana de Alix Fabián Vargas, en el acto del 4 de julio en Bogotá, criticó a los medios de comunicación que solo se atuvieron a las versiones de la fuerza pública, cuando señalaron que su hermano era delincuente, violentando su dignidad, la cual ahora había que recuperar, “dignidad que pisaron como buitres, los medios que desinforman”. El papel de los medios masivos de comunicación antes, durante y después de los crímenes, también fue cuestionado por el presidente Gustavo Petro, durante su discurso en el acto del 3 de octubre, sin nombrarlos explícitamente, al hablar sobre lo que pasó: “el que oculta no tiene uniforme, no se sienta en el Congreso ni en Presidencia, el que oculta tiene otro tipo de poder en la sociedad colombiana. Cambiar las frases, no decir, no transmitir, silenciar, no ponerle el micrófono a la madre para que hable, sino al asesino que ordenó, transformar al asesino en héroe y transformar la barbarie en normalidad para que vuelva a ocurrir. El que oculta es tan cómplice como el que dispara”.

En segundo lugar, porque al tratarse de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, es necesario enviar un mensaje a la sociedad para promover su reproche, sin justificaciones ni atenuantes. En el acto del 3 de octubre en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, la abogada representante de las víctimas manifestó que la concertación de este acto había comenzado desde 2019, pero no se había podido realizar porque el gobierno anterior negó reiteradamente las peticiones de las víctimas frente a la manera de hacerlo, no querían hacer el acto en la plaza pública, sino que “querían un acto clandestino y cerrado”[vi].

Estos actos fueron transmitidos de forma completa en las redes sociales del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Presidencia de la República. Uno de ellos, fue divulgado en el canal de televisión RTVC. También, fueron publicados en las redes sociales de las organizaciones de víctimas, abogados y defensores de derechos humanos. Algunos medios masivos de comunicación trataron y difundieron estos hechos políticos y simbólicos, como una noticia más. La mayor divulgación de estos actos se produjo cuando los colombianos que miran televisión a las ocho de la noche, a través de los canales nacionales, vieron interrumpida la programación habitual, con la transmisión del discurso que el Presidente Petro pronunció en el acto del 3 de octubre. Pese a todo ello, la difusión, visualización completa y pedagogía frente a estos importantes gestos de reivindicación, sigue circunscrita a reducidos sectores de la población.

4. El futuro de los actos públicos de reconocimiento

La trascendencia de estos actos va más allá de ser hechos político-jurídicos de reconocimiento de responsabilidad. También se trata de rituales donde se produce una “inversión moral del tiempo”, expresión que ha sido usada para explicar el efecto que se provoca en los juicios por violaciones de derechos humanos, pero en este tipo de ceremonias, como los actos públicos de reconocimiento que, además, provienen de ordenes de sentencias judiciales, es pertinente evocar dicha expresión para comprender lo que implica construir un momento, un escenario y un ritual público donde se le dice a las víctimas: ustedes tenían la razón.

La autoridad judicial está revestida de un rol privilegiado, en tanto “validadora” de una u otra versión de los hechos; por lo tanto, sus decisiones pueden inclinar la balanza hacia el posicionamiento de unos u otros sentidos e interpretaciones respecto del pasado, que se encuentran en disputa en el plano de las memorias sociales. La insistencia de las víctimas para que los casos sean tramitados judicialmente, tiene que ver con la expectativa de obtener condenas en materia penal y, además, reconocimientos. Dentro del ritual judicial se produce un “proceso de inversión moral del tiempo”, concepción de Jean Améry, retomada por Garapon, respecto al carácter de refrendación ética del proceso judicial: ¿qué otra cosa puede significar, en efecto, administrar justicia, si no la reconstitución de los hechos conforme a un criterio ético? (…) Lo que las víctimas esperan de esta nueva confrontación, donde las posiciones son inversas en relación al momento del crimen, no es tanto una vindicación como poder liberarse de su soledad moral” (1998: 94 y 96). De esa manera, se puede pensar que el desarrollo de los procesos judiciales, o de las reparaciones simbólicas que derivan de los mismos, también tiene que ver con determinar los actores en favor de los cuales termina reivindicándose la historia, a partir del reconocimiento de un hecho que no debió ocurrir.

Por y pese a lo anterior, surgen dos preocupaciones. Una relacionada con el cumplimiento no revictimizante de estas medidas de reparación en el futuro (incluso, pensar cómo abrir la posibilidad de rehacer los actos de reconocimiento que ya se produjeron, pero resultaron ser insatisfactorios). Y sin perjuicio de la innegable trascendencia de este tipo de desagravios, otra preocupación radica en saber si la preponderancia de actos simbólicos de reparación y de sanciones de carácter restaurativo, tanto en el ámbito de la justicia ordinaria como de la justicia transicional, pueda  colmar las expectativas de reparación y justicia de muchas víctimas en el país, y esto, sin detenernos en los casos que actualmente están en una especie de limbo, sin ser tratados por la justicia ordinaria, ni priorizados por la transicional.

Frente al primer aspecto, estos actos deben ser concertados con las víctimas, incluso en los más mínimos detalles. Por ejemplo, respecto al acto de reconocimiento de responsabilidad realizado en Tunja el 10 de mayo de 2019 por la ejecución extrajudicial de Jorge Enrique Hernández, quien el 4 de julio de 2008 fue llevado desde Tunja a otra zona del departamento de Boyacá para ser ejecutado y posteriormente presentado como guerrillero, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) señaló en su página web que: “Sin embargo, la familia y la comunidad quedó insatisfecha con la forma en la que el Ejército desarrolló el acto, pues consideran que no hubo realmente un reconocimiento de la responsabilidad y un esclarecimiento de los hechos que permitiera devolverles la dignidad y reconocer su memoria” (Movice, 2019) y una de sus familiares señaló recientemente en entrevista privada que “tenía mucha expectativa por el acto simbólico (…) pero hubo todas las barreras para que no se hiciera en la plaza principal, no nos dejaron estar en la organización, hacer más activa nuestra participación, nos cortaron el sonido, el tipo que enviaron era un delegado, no quien debía estar, habló cinco minutos, como porque tocaba (…). Ese día fue muy frustrante, fue doloroso, pero seguramente si quisieran, se hubiera podido hacer algo mejor”. O el caso del acto público de disculpas ordenado por  el Tribunal de Santander en 2012, por la ejecución extrajudicial de Jesús Daniel Gil, donde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo señaló la insatisfacción que generó, por ejemplo, que no se cumpliera con proporcionar las carpas blancas que pidió la familia y la ausencia de un reconocimiento explícito de responsabilidad del Ejército, en las palabras del Coronel de dicha institución, que participó en el acto (Cajar, 2017).

Algunas declaraciones de familiares de víctimas y defensores de derechos humanos, dejan ver que los cinco actos realizados hasta ahora, por este gobierno, han cumplido ampliamente con los principios de concertación y centralidad de las víctimas. Por lo tanto, la preocupación radica en cómo garantizar la permanencia de las buenas prácticas aprendidas de allí, así como tener en cuenta las recomendaciones que ya han venido haciendo organizaciones de víctimas y ONG de derechos humanos, e incluso tesis universitarias al respecto, independientemente de los gobiernos y funcionarios que puedan llegar en el futuro. El Ministerio de Defensa ha manifestado que se encuentra en “proceso de elaboración de reglamentación interna que establezca lineamientos y procedimientos para el planeamiento, concertación y ejecución de las ordenes mencionadas, así como definir al interior de la institución qué oficina, dependencia y/o unidad militar es competente para dar cumplimiento”. Se espera que esto pueda generar más herramientas instaladas para futuros actos.

Respecto al segundo aspecto, toda la variedad de medidas de reparación, que incluye acciones simbólicas, reconocimientos, disculpas públicas, actos de memoria, etc., hasta hace unos años coexistían dentro de un sistema de justicia ordinaria, que contempla penas punitivas, como la prisión para los responsables. De manera que las demás medidas reparatorias se habían concedido para ser aplicadas de forma sumatoria, es decir, sin renunciar a la pena punitiva de prisión, por lo que su concesión era percibida por parte de las víctimas, como aditivos a la forma tradicional de reparación y justicia penal, en el marco de procesos de justicia ordinaria ante tribunales nacionales e internacionales. Sin embargo, el advenimiento de la JEP en Colombia y su paradigma con énfasis restaurativo, que desecha la prisión como principal pena frente a graves crímenes, implica una modificación en el curso que traía el proceso de ampliación de medidas de justicia y reparación para graves crímenes. No sabemos qué tanto este modelo pueda colmar las expectativas de justicia de las víctimas. Jackeline Castillo, de Mafapo, manifestó en el acto de reconocimiento del 3 de octubre, que no están de acuerdo con las sanciones propias de la JEP, tales como un documental, un libro o placas en parques, y que todavía falta la revelación de toda la verdad. Otras víctimas, en charlas privadas, han manifestado percepciones similares. En el acto del 30 de noviembre, Caroline Porras, fue enfática en expresar su insatisfacción con que los perpetradores del crimen de su hermano Fair Leonardo Porras, que habían sido condenados por la justicia ordinaria “ahora quedaron libres gracias a la JEP”, y afirma que las víctimas realmente no son el centro en dicha jurisdicción. Y en todo caso, hay incertidumbre sobre el cumplimiento de los derechos de las víctimas, incluso en el marco del actual modelo de justicia transicional. La directora de la CCJ, en el acto de reconocimiento del 4 de julio por la ejecución de Alix Fabián Vargas, señaló que este no es el único caso de ejecución en la modalidad de “falsos positivos” en Boyacá, pues allí se registraron 86 víctimas entre 2001 y 2008, de las cuales se han podido documentar 55 (CCJ, Cspp, Cajar, Movice, Colectivo Vida, Memoria y Dignidad, 2020) y pidió que la zona sea priorizada por la JEP, alertando que de no hacerlo, estos crímenes quedarían impunes. El acto del 12 de octubre en Villavicencio contó con la presencia e intervención de la JEP y la UBPD, porque la justicia y la verdad forman parte de las demandas de las víctimas. Lucero Carmona, madre de Omar Leonardo Triana Carmona, ejecutado en agosto de 2007 por tropas del Batallón de Ingenieros No. 4 “Pedro Nel Ospina” de la Brigada Cuarta con jurisdicción en Antioquia, manifestó en el acto del 3 de octubre, que el caso no ha sido priorizado por la JEP  y  aún se encuentra en total impunidad, lo que resulta ser “una burla hacia las madres (…) Mi familia y yo no otorgamos el perdón, ya que estamos aun en un momento de total impunidad”.

De manera que, el reconocimiento producido en estos actos, a cargo del Ministerio de Defensa, es un paso fundamental y esperanzador, pero aún hay muchas víctimas que no han recibido este tipo de reparación e incontables deudas pendientes, para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición.

Referencias

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[i] Algunos de los procesos que inicialmente estaban en la justicia ordinaria, ahora están en la JEP, con otras reglas de juego y  expectativas sobre el tipo de sanciones que se pueden proferir allí.

[ii] Sin embargo, la discusión sobre la existencia de un plazo para demandar cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, ha estado en debate en las altas cortes. Por ejemplo, hay una reciente decisión de la Corte Constitucional SU 167 de 2023, mediante la cual, se analiza “la caducidad de las pretensiones indemnizatorias”, y se dispone “amparar los derechos a la reparación de las víctimas, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia” en un caso concreto.

[iii] En este artículo se les denominará de manera genérica como actos públicos de reconocimiento, teniendo en cuenta que existen distintas posturas sobre la conveniencia de asimilarlos y/o nombrarlos como actos de perdón, de excusas u otras denominaciones, y que el otorgamiento de perdón es un tema distinto al del reconocimiento de responsabilidad. En los actos que se estudian aquí, tanto las sentencias como el gobierno han mezclado ambas cosas, pero ello ameritaría otro tipo de análisis.

[iv]             Estos son los casos de Mauricio Hernández Cuadrado, Pedro Jesús Vega, Carlos Eduardo Numpaque Piña y Jorge Enrique Castro Hernández, entre 2007 y 2008.

[v] El 8 de noviembre de 2023, se dio a conocer que familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos presentaron ante los jueces argentinos una denuncia para que se investigue la responsabilidad penal del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su gobierno. Esta acción judicial se sustenta en el principio del derecho internacional de la jurisdicción universal, que permite a los Estados investigar, juzgar y sancionar a autores de graves crímenes, sin importar la nacionalidad de las víctimas o del autor, cuando los países donde se cometen los delitos, no los investigan (El País, 2023).

[vi]             En la plaza hubo un escenario donde se ubicaba un número limitado de personas que podían presenciar el acto directamente, y las demás personas que estaban en la plaza, podían observarlo mediante la transmisión desde unas pantallas. Frente a esto, algunas víctimas de crímenes de Estado manifiestan que la publicidad de este acto pudo haber sido más satisfactoria, garantizando el acceso abierto del público al escenario principal donde se desarrolló el acto.