Por Luis Fernando Trejos Rosero y Reynell Badillo Sarmiento
La desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), aunque logró la reducción de algunos índices de violencia relacionados con el conflicto -homicidios, secuestro y desplazamiento forzado, por ejemplo- (Rettberg, 2020), no significó el fin de la violencia armada en varios territorios. No obstante, el escenario que se configuró con la salida de las FARC-EP no puede leerse de forma homogénea en todo el territorio. Mientras que en algunas subregiones (como el sur de Córdoba), los índices de violencia aumentaron dramáticamente (Nussio y Howe, 2016), en otras (como el sur de Bolívar) no se alteró significativamente el conflicto armado (Trejos,2020).
Argumentamos que esta heterogeneidad de escenarios de violencia se explica por el hecho de que en Colombia dejó de existir un único conflicto armado, dado que en el escenario posFARC se fragmentó para dar origen a múltiples confrontaciones violentas. Este proceso de “subregionalización” del conflicto, inició con la atomización violenta producida por la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con la resistencia pasiva adoptada por el ELN desde el 2005 (Ávila y Celis, 2008) y, finalmente, se consolidó con la desmovilización de las FARC-EP en 2016. En consecuencia, las que hoy persisten son luchas relacionadas con los territorios en los que actúan los grupos armados: las pretensiones pasaron a ser regionales, más que nacionales.
En el Caribe, esa fragmentación se ha hecho cada vez más evidente desde el 2016. Cinco subregiones relativamente cercanas geográficamente (sur de Córdoba, sur de Bolívar, sur del Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta -SNSM y los Montes de María), tuvieron trayectorias considerablemente distintas de violencia armada. Explicaremos brevemente cada una de ellas.
Sur de Córdoba: competencia armada y alianzas criminales
El sur de Córdoba es geográficamente estratégico, porque sirve como corredor de movilidad entre la costa Caribe, el Bajo Cauca, el norte de Antioquia y el Urabá (antioqueño y chocoano). Este departamento es estratégico para cualquier actor armado: tiene tierras planas (valles de los ríos Sinú y San Jorge), así como montañas (serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel en el Parque Nacional Natural de Paramillo (Centro de Coordinación y Acción Integral, 2011), las cuales posibilitan una red de conexiones terrestres y fluviales para permitir, desde el acopio y producción de clorhidrato de cocaína, hasta las rutas de transporte y exportación al norte del departamento.En este territorio, la desmovilización de las FARC-EP distorsionó el escenario de violencia. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, o Clan del Golfo, como son llamados por las autoridades colombianas), habían hecho pactos con la guerrilla para distribuirse las actividades dentro del territorio y no enfrentarse. Cuando la insurgencia deja el territorio, las AGC tuvieron un breve momento de hegemonía, pero rápidamente el Frente Virgilio Peralta Arenas (FVPA, o Los Caparros, como son denominados por el Estado colombiano), decidió ingresar a la subregión y combatir al Clan del Golfo. Más adelante, el FVPA se alió con disidencias del frente 18 para enfrentar a las AGC.
Esta competencia armada se ha manifestado en el tipo de acciones bélicas e infracciones al DIH que tienen lugar en la subregión. Por un lado, la gran mayoría de acciones bélicas son combates. En esta subregión sucedieron el 83% de los combates registrados durante el 2020 en todo el Caribe (15 de 18). Asimismo, hay violencia considerable contra la población civil: masacres, asesinatos de defensores de derechos humanos, minas antipersonales.
Sur de Bolívar: la pax mafiosa
Gracias a su ubicación, el sur de Bolívar se posiciona como una subregión geográficamente estratégica por tres razones. En primer lugar, ofrece acceso a varias zonas del país que son útiles para las organizaciones armadas: colinda con el nordeste antioqueño, el nororiente santandereano y el sur del Cesar. En segundo lugar, al estar a orillas del río Magdalena, ofrece acceso a transporte fluvial que puede ser instrumental para mover tropas y droga. Finalmente, también se encuentra enclavada en la Serranía de San Lucas, que es uno de los principales puntos del país para el desarrollo de minería de oro.
Allí hacen presencia dos actores armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las AGC. Sin embargo, la salida de las FARC-EP no alteró considerablemente el escenario de violencia, dado que el ELN y las AGC acordaron una pax mafiosa. Es decir, decidieron reducir la violencia interorganizacional con el fin de no competir por el territorio1Puede observarse evidencia de esa pax mafiosa en la entrevista que Hernández-Mora (2019) les hace a comandantes de las AGC. sino evitar afectar las actividades de ambas organizaciones.
En consecuencia, lo que se puede observar aquí es una violencia entre los grupos armados ilegales y las fuerzas militares, y una violencia directa contra la población civil (asesinato de defensores de derechos humanos, masacres y asesinato de excombatientes de las FARC-EP). En ese sentido, puede verse que, si bien la pax mafiosa puede reducir las afectaciones derivadas de la confrontación entre organizaciones armadas, no necesariamente implica el cese de las afectaciones para la población civil.
Sur del Cesar: la continuación de la violencia
A diferencia de los sures de Córdoba y Bolívar, en el sur del Cesar no hay presencia de cultivos ilícitos ni grandes espacios de minería ilegal. No obstante, este territorio es estratégico porque allí convergen las rutas que unen el sur de Bolívar, el Magdalena medio y el Catatumbo con el departamento del Cesar. En ese sentido, no solo se trata de un corredor de traslado de clorhidrato de cocaína hasta los puntos de exportación en la región Caribe, sino que también permite el ingreso de los insumos químicos a las zonas de procesamiento. Esto explicaría por qué el ELN tiende a atacar en esta subregión principalmente las vías y a la policía de carreteras: es un intento por mantener los espacios de transporte despejados a fin de no afectar sus principales actividades.
En el sur del Cesar, el único actor armado que permanece es el ELN. Al no tener ningún competidor armado, el conflicto que se desarrolla es principalmente entre insurgentes y fuerza pública. Por tanto, suele recrudecerse durante momentos específicos (como los paros armados de la organización), y las acciones desarrolladas tienden a concentrarse más en ataques contra la fuerza pública o atentados que buscan fines propagandísticos. Podría afirmarse que la salida de las FARC-EP no produjo prácticamente ningún cambio en las dinámicas de confrontación violenta de esta subregión.
Sierra Nevada de Santa Marta: la lucha por el control de la Troncal del Caribe
La SNSM es un corredor natural de movilidad entre tres departamentos (Magdalena, Cesar y La Guajira). Además, posee áreas rurales que colindan con tres capitales departamentales, una compleja geografía que se encuentra con una débil presencia estatal y una privilegiada posición geográfica, con amplias y poco habitadas costas en el mar Caribe. En ese sentido, es un espacio atractivo para el narcotráfico (por la exportación en sus puertos), y para la extorsión de la agroindustria, el comercio y la actividad turística.
En el momento de la desmovilización de las FARC-EP, su presencia en la SNSM era marginal y el escenario de criminalidad estaba centrado en la presencia de las AGC, la Oficina Caribe y Los Rastrojos. No obstante, una alianza entre los primeros dos permitió repeler a Los Rastrojos y mantener control sobre esta subregión hasta el 2019, cuando Los Pachenca (brazo armado de la Oficina Caribe) iniciaron una disputa con las AGC que aumentó considerablemente los niveles de violencia (Mejía y Ardila, 27 de febrero de 2019). Fue en este contexto que Los Pachenca cambiaron su nombre a Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
El escenario de conflictividad actual está guiado por dos hechos fundamentales: por un lado, por una disputa entre las AGC y las ACSN por el control de las rutas de narcotráfico que sigue sin ser resuelta, ya que no solo está en juego el acceso a puntos estratégicos de exportación de drogas, sino la cooptación de rentas legales vía extorsión (de actividad turística y agroindustria -palma y banano-). Por otro lado, por el aumento de la fuerza pública en aras de combatir a las ACSN, dado que la violencia que se desarrolla es normalmente entre el Estado y las ACSN (operativos, capturas, incautaciones), y entre las organizaciones armadas y la población civil (asesinatos selectivos, extorsión, asesinato de defensores de derechos humanos).
Montes de María: el regreso de la violencia
La subregión Montes de María está atravesada por tres ejes viales: la carretera troncal de Occidente, que comunica los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Ovejas y Los Palmitos; la troncal del Caribe, que posibilita la conexión de los Montes de María con el norte y el sur del país, al comunicar los municipios de María La Baja, San Onofre y Toluviejo; y la transversal de los Contenedores, que une los municipios de Plato (Magdalena), Zambrano, El Carmen de Bolívar, e interrelaciona los Montes de María con el oriente y el centro del país, a través de la troncal de Oriente. En esta subregión confluyen rutas que vienen desde centros de procesamiento de clorhidrato de cocaína en el sur de Córdoba y el Magdalena Medio, y llegan hasta los puntos de exportación en el Golfo de Morrosquillo, pasando por San Onofre.
Si bien en esta subregión el conflicto armado prácticamente desapareció hacia el 2010 con la derrota estratégica de las FARCEP (Trejos, 2016), desde el 2018 la Defensoría del Pueblo advirtió, por medio de las Alertas Tempranas 051-18, 006-20 (Carmen de Bolívar), 061-18 (San Onofre), 004 19 (María la Baja) y 003 -2020 (San Marcos, Guaranda, San Benito Abad, Majagual y Sucre), sobre el riesgo de seguridad que corren los habitantes de esta subregión por la llegada y establecimiento de estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En ese sentido, desde el 2018 puede observarse una reactivación de los circuitos de ilegalidad, principalmente arraigados en el narcotráfico, por parte de las AGC. Esto puede deberse, entre otras razones, a la guerra que libra esta organización contra Los Caparros en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, y las acciones ofensivas del Ejército Nacional en el mismo territorio. En este contexto, en los Montes de María se viene presentando una violencia de baja intensidad (selectiva) contra la población civil que, desde el 2020, se ha hecho más indiscriminada (masacres, desplazamiento forzado), y ya en el 2021 se materializó con combates entre las AGC y las fuerzas militares.
Conclusión
De forma muy breve, aquí se ha planteado que la heterogeneidad de escenarios de violencia en el Caribe colombiano, luego de la desmovilización de las FARC-EP se debe a que ya no hay un único conflicto armado, sino múltiples confrontaciones violentas. Para demostrar este argumento, se mostraron rápidamente las cinco subregiones del Caribe con conflictos armados activos: sures de Córdoba, Bolívar y Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de María.
Si bien hay actores armados presentes en varias subregiones (AGC y ELN), lo cierto es que las dinámicas de cada conflicto son autónomas y muy distintas entre sí, como para considerar que hay un eje articulador entre ellas. Mientras en el sur de Córdoba hay una competencia armada que produce confrontaciones interorganizacionales (AGC vs. FVPA), en el sur de Bolívar el ELN y las AGC han establecido una pax mafiosa que reduce considerablemente la violencia. En el sur del Cesar, el ELN no tiene competidores armados y se enfrenta directamente contra el Estado. En la SNSM, las AGC y las ACSN se encuentran en medio de una competencia armada por el control del puerto y la Troncal del Caribe, y finalmente, en Montes de María, las AGC han desplegado una violencia esencialmente contra la población civil, y ahora se han enfrentado al Estado.
Además, los objetivos que persiguen estos actores en cada territorio son muy precisos: en el sur de Córdoba buscan controlar los espacios de cultivo y las zonas de transporte de clorhidrato de cocaína. En el sur de Bolívar buscan también dominar espacios de cultivo, así como la cooptación de la minería ilegal. En el sur del Cesar el ELN está interesado en mantener despejadas las rutas de transporte. En la SNSM se busca dominar el sitio de exportación, pero también cooptar rentas legales vía extorsión. En Montes de María, lo que buscan es una zona de conectividad territorial para resguardar parte de sus rentas ilícitas de las disputas del sur de Córdoba.
De esta manera, proponemos que los análisis de la violencia posFARC-EP en Colombia deben “desnacionalizar” las miradas y ampliar los enfoques subregionales. Cada vez es más evidente que la fragmentación de los actores con carácter nacional (AUC, FARC-EP) profundizó la territorialización de los actores criminales, y con esto, una renuncia a las pretensiones nacionales para buscar objetivos mucho más localizados. Cada territorio tiene un rol distinto en las dinámicas de violencia, por lo que pretender aplicar los mismos marcos analíticos transversalmente a Colombia, implicaría desconocer también las diferencias regionales de un país que, en esencia, es heterogéneo.
Bibliografía
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Nussio, E., y Howe, K. (2016). When Protection Collapses: Post-Demobilization Trajectories of Violence. Terrorism and Political Violence, 28(5), 848-867. Doi: https://doi.org/10.1080/09546553.2014.955916
Trejos, L., Badillo, R., & Irreño, Y. (2020). Los territorios del posacuerdo en el Caribe colombiano: ¿Fin de la violencia armada?. En L. Trejos (ed.), Capacidad institucional y posacuerdo: panorama en el Caribe colombiano (141-195). Barranquilla: Editorial Universidad del Norte.
Ávila, A., y Celis, L. (2008). ELN: El camino hacia la resistencia pasiva. Revista Arcanos, 14, 24-39.
Trejos, L. (2016). Hipótesis explicativas de la derrota estratégica de la insurgencia armada en el Caribe colombiano: los casos de las FARC-EP y el ELN. Revista de Derecho, 45(enero-junio), 346-377
Rettberg, A. (2020). Colombia en 2019: The Paradox of Plenty. Revista de Ciencia Política (Santiago), 40(2), 235-258. Doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000107
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