Por Luis Orlando Pérez Jiménez S.J.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, a enero del 2021, en el territorio mexicano han sido desaparecidas 83 mil 904 personas (CNB, 2021). Más del 90% de las desapariciones se han realizado durante el periodo conocido como la “guerra contra las drogas”, que inició en el año 2006, y ha continuado hasta la actualidad (Díaz, 2020). Dicha “guerra” se ha caracterizado por la incursión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública e investigación de delitos relacionados con el narcotráfico (Centro Prodh, 2018).
En efecto, la militarización del 75% del territorio (Sedena, 2016), elevó los niveles de violencia y aumentó la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos, por parte delas fuerzas armadas. Por ejemplo, la tortura, como estrategia de investigación criminal, aumentó a más del 70% (Magaloni, et al, 2018, p.226). Esta política fallida de combate contra las drogas no ha terminado en México, y se ha profundizado con la reforma constitucional del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, quien ha destinado mayores recursos humanos, legales y financieros, a la militarización del país (Centro Prodh, 2020).
No obstante, desde el año 2009 hasta la actualidad, los familiares de personas que han sido desaparecidas se han organizado para denunciar y exigir la presentación con vida de sus tesoros, como suelen nombrar a sus familiares, los cientos de mujeres que impulsan estas acciones. El presente análisis centra su mirada en dichas acciones colectivas.
Las familias contra la impunidad
Del 2006 al 2017, de acuerdo con la ex Procuraduría General de la República (PGR), actualmente Fiscalía General de la República (FGR), quien es la encargada de la investigación de delitos de competencia federal en México, se iniciaron 732 investigaciones (averiguaciones previas), de las cuales, solo en 19 casos se inició un juicio en contra de probables responsables, y solamente en 7 casos se cuenta con sentencias condenatorias (Guevara y Chávez, 2018, p.166). Estas cifras revelan el nivel de ineficiencia e impunidad que impera en el territorio mexicano.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH), organismo con capacidad de emitir recomendaciones no vinculantes a las instituciones que violan los derechos humanos, durante la década del 2007 al 2017 emitió 60 recomendaciones frente a casos en los cuales 239 personas fueron víctimas de desaparición forzada, y cuyos responsables resultaron ser las Fuerzas Armadas y la Policía de los tres niveles de gobierno en el país, algunas de ellas en connivencia con grupos del narcotráfico (Guevara y Chávez, 2018 p. 166).
Es así, como frente a la inacción del Estado Mexicano, los colectivos se han organizado por medio del intercambio de información, de la realización de búsquedas en vida y en fosas clandestinas. Asimismo, han emprendido acciones de denuncia, y han impulsado la creación de leyes e instituciones nacionales y regionales.
Intercambio de Información
Una de las herramientas para la localización de personas son las redes sociales. Los colectivos cuentan con páginas en Facebook, y a través de ellas dan a conocer quién, dónde y cuándo fue desaparecida una persona. Igualmente, suelen publicar fotografías, no solo del rostro, sino también de tatuajes u otras señas particulares. De esta forma, los colectivos ubicados en 24 de los 32 estados de la República intercambian ágilmente, esta información.
A su vez, estos grupos tienen cuentas en Twitter, a través de las cuales dan a conocer información similar. Asimismo, esta red social les permite ejercer acciones de presión política sobre las instituciones estatales, encargadas de localizar a sus familiares.
Acciones de búsqueda
El mecanismo encargado de localizar a las personas en México es el Sistema Nacional de Búsqueda. De acuerdo con la ley en la materia, este sistema lo preside la Secretaría de Gobernación, oficina que funciona bajo las órdenes del presidente de la República y, entre otros organismos, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que funge como Secretaría Ejecutiva. No obstante, la búsqueda de personas resulta insuficiente. Por ello, los colectivos agrupados en torno a la Red de Enlaces Nacionales (REN), han organizado Brigadas Nacionales de Búsqueda en los estados de Veracruz, Sinaloa y Guerrero, con el acompañamiento de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Estas jornadas han convocado a integrantes de más de 70 colectivos del país, quienes se reúnen en lugares donde, de acuerdo con la información disponible, hay posibilidad de localizar fosas clandestinas.
Por fosa clandestina se entiende: aquella que se realiza de manera secreta u oculta por ir en contra de la ley y su propósito es esconder lo que en ella se deposita, evitando entre otras cosas que las autoridades puedan sancionar e investigar las razones de la inhumación; las personas que realizan este tipo de fosas saben que su acción es ilegal (CNDH, 2016, p.57).
En efecto, a julio del 2020 se tiene un registro de 3,978 fosas clandestinas en el país y 6,625 cuerpos exhumados (CNB, 2020, pp.2-6). Es importante señalar que, sin el impulso de las marchas, los plantones frente a las fiscalías, así como los actos de denuncia pública de los colectivos, la localización de dichas fosas no habría sido posible. Pues, existe una tendencia de los gobiernos, a no reconocer e intentar minimizar la importancia de las fosas, debido al costo político que genera en la imagen de los gobiernos (Lorusso, 2020).
La Brigadas se han convertido también en un medio para que las familias y las organizaciones no gubernamentales que las acompañan compartan conocimientos jurídicos, técnicas de búsqueda de cuerpos y restos humanos (formación forense), así como herramientas de acompañamiento psicosocial y espiritual, para fortalecer a las y los integrantes de los colectivos. De esta forma, quienes asisten pueden replicar estos conocimientos, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Las Brigadas Nacionales de Búsqueda también han consistido en vistas a cárceles, hospitales psiquiátricos, centros de rehabilitación y demás lugares donde viven personas en situación de calle. De igual manera, las brigadas han hecho alianzas con iglesias de diferentes denominaciones y con las escuelas locales. En estos espacios, las familias han dado a conocer la situación que vive el país, por medio de metodologías lúdicas y teatrales. Estos lugares de interacción social han permitido, en ocasiones, acceder a información sobre la posible ubicación de los familiares, y a su vez, se han convertido en espacios de escucha y sensibilización de diversos grupos sociales.
Creación de leyes e instituciones nacionales
En México, la creación de normas federales como la Ley General de Víctimas (2011) y la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (2017) de personas, ha sido gracias a las exigencias de los colectivos. Por ejemplo, en el mes de febrero del 2021, el Congreso local del estado de Jalisco aprobó la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición y la Ley de Personas Desaparecidas, luego de casi un año de diversas movilizaciones ciudadanas en la ciudad de Guadalajara. Si bien las leyes generales son de aplicación nacional, las mismas disponen que los gobiernos de los estados aprueben sus legislaciones locales, con la finalidad de crear sus instituciones regionales. No obstante, la respuesta del gobierno federal, estatal y municipal ha sido deficiente, y sin una coordinación adecuada. Se eluden responsabilidades por temas de competencia territorial.
Es lamentable que los diferentes Congresos locales en México, no cumplan con su obligación de legislar en la materia, y tampoco destinen suficientes recursos económicos para dotar a las fiscalías especializadas y a los centros de identificación forense. La tendencia generalizada no ha ido más allá de la creación de las mencionadas leyes, y del nombramiento de titulares con equipos débiles en número, y con poca experiencia profesional (Espinosa, 2020).
Comité contra la desaparición forzada de la ONU
Otro de los esfuerzos recientes de los colectivos fue la demanda de amparo que interpuso la familia Trujillo Herrera, con el acompañamiento del Centro Prodh, en contra de distintas autoridades del Estado mexicano, por negarse reiteradamente a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED), para recibir peticiones individuales.
En el 2019, un juez federal determinó que el Estado mexicano violó el derecho de las víctimas directas e indirectas, para acudir a instancias internacionales en materia de desaparición forzada, y señaló la urgencia de que estos mecanismos internacionales ayuden a combatir problemáticas estructurales.
No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores recurrió la sentencia, razón por la cual, y dada la trascendencia de la demanda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción con la finalidad de resolver el caso de manera definitiva (SCJN, 2020). Por otro lado, mientras el proceso avanzaba, y sin que se hubiera llegado a una conclusión definitiva, en septiembre del año 2020, el Senado de la República reconoció la competencia del Comité CED (SRE, 2020), luego de varias exigencias nacionales de los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, en alianza con organismos nacionales e internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Conclusiones
Desde el año 2009 hasta la actualidad, el esfuerzo de los colectivos que buscan a sus familiares en México ha dado resultados concretos. Entre ellos, podemos enumerar el impulso de las leyes nacionales en materia de desaparición forzada de personas. Han logrado que los algunos gobiernos locales cumplan con sus obligaciones de generar legislaciones e instituciones regionales. Así mismo, sus alianzas con actores locales, nacionales e internacionales les han permitido promover redes de solidaridad y exigencia de justicia. dentro y fuera del país.
Lo anterior ha permitido la localización de personas con vida y sin vida, así como cientos de cuerpos de seres humanos, aún sin identificar. Por ello, uno de los principales retos de la actual administración, es la puesta en marcha del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Por otro lado, es preocupante que el gobierno actual, quien cuenta con la experiencia de dos gobiernos anteriores, continúe con la política de militarizar del país, pues, dicha estrategia se ha identificado como uno de los detonantes de la desaparición forzada de cientos de personas en México. Aún hay tiempo de rectificar el rumbo y de construir una nueva estrategia para pacificar el territorio.
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Foto portada: Quetzallí Nicte Ha.
Luis Orlando Pérez Jiménez S.J.
Sacerdote jesuita, Abogado de la Universidad Iberoamericana León, con estudios en la Universidad de Salamanca, España. MA en Filosofía y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara, Jalisco. Teólogo y MA en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Actualmente estudia un posgrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Essex del Reino Unido.
