El pasado mes de febrero, se hizo pública la intención del Gobierno nacional y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz OACP, de territorializar las negociaciones de paz. En un principio, el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar, invitó a diferentes actores armados que hacen presencia en dicho departamento a sentarse a dialogar con actores sociales claves, para poner en marcha transformaciones necesarias para el territorio. Afirmó: hemos venido planteando los diálogos regionales de paz, aquí empezamos a darle el norte al país, no desde las problemáticas sino desde las potencialidades del territorio” (El Tiempo, 21 de febrero de 2024). Esta propuesta busca adelantar pilares de la Paz Total en territorios gravemente golpeados por el conflicto, a través de espacios de acercamiento y coordinación de actores estratégicos para impulsar proyectos productivos en el territorio. Todo esto en articulación con Planeación Nacional, la OACP los gobiernos locales.
En un principio, la propuesta resultaba bastante ambiciosa al tratarse de una mesa compuesta por: una de las guerrillas históricas en el territorio (ELN), sentada junto a otros actores armados, la sociedad civil, y el gobierno nacional y local. Las reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, no se demoraron en aparecer. Sin embargo, con el paso del tiempo, la propuesta ha sido moderada. Nos parece pertinente aprovechar el dilema que una mesa territorial paralela a una negociación nacional nos plantea, para reflexionar sobre el comportamiento regionalizado de la guerrilla y la viabilidad de la negociación.
Para empezar, es importante destacar que la iniciativa ocurre en un momento en el que, aunque se han visto importantes avances en la negociación (pactos de ceses al fuego, continuidad en los ciclos de negociación, avances del CNP, entre otros), coexisten desafíos relacionados con garantizar el cumplimiento del cese al fuego y la urgencia del Gobierno nacional por avanzar en las negociaciones de paz e implementar sus logros lo más pronto posible.
¿La mesa en crisis?
El panorama descrito abrió una crisis en la mesa. En particular, por lo que para el ELN implicó una acción desleal del Ejecutivo, al buscar una doble negociación entre el ELN como un todo y otra con una de sus facciones. A esta situación le ha seguido una ruptura, por ahora simbólica pero contundente, entre el ELN central y la estructura nariñense de Comuneros del Sur, a quienes Antonio García -comandante del ELN- ha calificado de “supuestos guerrilleros” e infiltrados del gobierno. A la par, se ha enfrascado en un rifirrafe con Otty Patiño, Alto Comisionado para la paz, a quien acusa de ser promotor de un show mediático (Infobae, 12 de marzo de 2024).
La reacción de García pone en tensión, no solo la mesa nacional, sino la propuesta de diálogo en Nariño, ya que el desencuentro con Comuneros del sur, deja en entredicho la reacción del ELN central ante esta estructura, avancen o no los diálogos regionales hacia un desarme de esta.
Siendo este panorama una realidad insoslayable, nos preguntamos cómo recomponer en algo el rumbo y rescatar lo que sea posible.
La mesa a las regiones o las regiones a la mesa
Junto a María Camila Gómez, señalamos en una nota para La Silla Vacía (24 de febrero de 2024), que esta situación no debe poner en aprietos el desarrollo de las negociaciones. Máxime si tenemos en cuenta que el mismo ELN ha sido persistente al hablar de llevar la negociación a las regiones y hacer que la sociedad civil participe.
De entrada, el modelo apuntaba a una mesa nacional coexistiendo con mesas territoriales, ya que por la naturaleza del conflicto sería oportuno que las unidades en territorio del ELN pudiesen participar de lo que se diera en estos espacios. El riesgo entonces de fragmentación, podía darse sí o sí. ¿Qué hubiese pasado si se esperaba por la participación, pero los ritmos en cada región fueran distintos?, ¿si el ELN en Nariño mostraba voluntad de desarme –como sucede ahora- y en otras regiones no? Además, bajo la lógica de la negociación de “ir cumpliendo lo que se va pactando”, las iniciativas regionales tendrían un peso fundamental.
El departamento de Nariño se adelantó entonces, a una intención a la que de todas formas iba la mesa nacional. En el sentido de generar así, mayor celeridad en la articulación.
Usar el lenguaje para dar oportunidad a la paz
El malestar del ELN viene acompañado de una paradoja adicional, que, de ser cierta, podría solucionarse con cierto pragmatismo. Antonio García señala que los Comuneros del Sur son una “supuesta estructura” de su organización, y que la negociación por separado con ellos, es un juego sucio que pretende mostrarlos desunidos.
Ante la pertenencia o no de este grupo a la guerrilla, caben dos posibilidades para no continuar afectando la negociación central:
- Si nunca fueron parte del ELN, no debería preocuparles que el gobierno negocie con ellos. Al fin y al cabo, estamos hablando de un grupo distinto. Aunque si pudiera pedirles que no usen las banderas del ELN, aunque fuera por derechos de autor.
- Si lo fueron, pero ya no lo son a causa de la desobediencia, lo esperable sería verlos expulsados de la organización y pedirles que dejen de usar el apelativo ELN, como parte de su identidad. De ser así, es obvia la molestia de García al ver en peligro la unidad de su organización -armada o no-, pero no tendría argumentos para hablar de un “show para presentar a un ELN dividido”, porque, en efecto, lo estaría al menos con una de sus múltiples estructuras.
No obstante, hay formas de reducir los efectos de la mesa nacional. Si Comuneros del Sur pertenece al ELN, pero se separa no tendría por qué molestarle que el gobierno negocie o no con dicha estructura. De nuevo, el gobierno estaría interlocutando con un grupo que ya no es ELN, puesto que se desliga de las directrices nacionales, para tomar decisiones independientes, y para el caso sería una disidencia para la paz. Esta posibilidad genera muchas preguntas sobre lo que implica negociar con organizaciones que responden a un proyecto político versus negociar con delincuentes. La carga jurídica de desmovilizarse sin un acuerdo de paz es bastante grande, pues las ventajas políticas que el Gobierno ofrece en la negociación, son fundamentales para el futuro de quienes se encuentran alzados en armas. Entonces, si el ELN no está dispuesto a renunciar a su franquicia, ¿qué estatus se le puede entonces otorgar a la disidencia para la paz? ¿tendrían los mismos beneficios judiciales?
Al respecto, si recordamos la experiencia de la Corriente de Renovación Socialista a inicios de los noventa, no es la primera vez que una parte de esta guerrilla se escinde para buscar una salida negociada propia. El llamado sería entonces que tal como sucedió en esa época, el ELN respete la decisión de esta estructura, a cambio de que Comuneros del Sur adopte su propia identidad sin comprometer las banderas de la estructura nacional.
Razones del gobierno para territorializar la paz
La construcción de paz desde el Ejecutivo viene en una doble dimensión: una, lograr el desarme de múltiples grupos, vía negociación, sometimiento o acogida; dos, realizar las transformaciones que la sociedad demanda, vía políticas públicas de desarrollo territorial. En los últimos años se hizo visible un punto medio: el respaldo y materialización de acuerdos humanitarios que alivien momentáneamente la violencia[1].
Lo ideal sería que ambas dimensiones, con sus puntos medios, pudieran desarrollarse al tiempo o de manera articulada, pero si alguna no está funcionando, el deber de acción desde el Estado es inminente, y su compromiso debe ser con la paz. Así la apuesta del gobierno de focalizar el despliegue institucional para la paz, en un departamento como Nariño es apenas sensato. De suyo, es la misma lógica que acompaña iniciativas ya existentes, como los PDET, que buscan echar a andar acciones concretas que repercuten en el bienestar de la población para suplir la deuda histórica con las regiones y restarle campo a la violencia.
Con un diferencial frente a los PDET, esta iniciativa en Nariño, de lograrse, viene con el sello propio del gobierno Petro y no como un legado de implementación de gobiernos anteriores. Y ya que las múltiples negociaciones no parecen ir por buen camino, poner en marcha un programa que tenga efectos reales y tangibles en el desarrollo territorial, sería el aporte del Gobierno del Cambio a la materialización plena de la paz.
El ajuste de la mesa
El mismo gobernador de Nariño ha matizado los alcances de la propuesta en el departamento. Según comenta en una entrevista para El Espectador, la intención ya no es hacer un diálogo subregional para el desarme de grupos armados, facultad que, recuerda el gobernador, es potestad única del gobierno nacional. Por el contrario, se habla de un diálogo social que busca identificar necesidades, juntar voluntades y poner en marcha múltiples iniciativas de desarrollo local (El Espectador, 9 de marzo de 2024). Estos ajustes sin duda apuntan a bajar los ánimos y enmendar los desacuerdos causados. Falta ver si esta recomposición de las reglas de juego es suficiente para continuar la negociación nacional con ELN, sin mayores tropiezos.
Dudas por resolver
Quedan preguntas concretas, por ejemplo, frente a las dimensiones de la participación. Para estos propósitos, la mesa de diálogos encargó a un Comité Nacional de Participación -CNP- la tarea de crear una metodología para hacerlo. El problema ha sido que, con la buena fe de buscar una consulta amplia, los espacios para construir la metodología se han confundido con la participación misma.[2] Y esto tiene efectos entre quienes atienden el llamado. De un lado, la sociedad civil se desgasta en múltiples espacios que consumen tiempo y les generan expectativas. Por otro, quienes han abanderado el CNP han hecho grandes esfuerzos que no se ven reflejados en una participación efectiva, y observan cómo los mismos podrían perderse ante una mesa que tambalea. Al final, un diálogo regional arranca y persiste la duda: ¿participará el CNP?, ¿aportará lo que han avanzado de su metodología de participación, aunque no la tengan lista aún?, ¿o poco o nada importó este esfuerzo?
Echar a andar políticas de desarrollo territorial en medio de tensiones y presencia de grupos amados es difícil, por al menos dos razones: la primera, es que los actores armados pueden convertirse en spoilers de iniciativas que se ejecuten. Y puede suceder con actores prácticos muy concretos como, por ejemplo, si la contratación de una vía entre dos lugares está acompañada de extorsiones, se topa con un paro armado o implica un cruce de disparos.
La situación es más tensa, bajo la reconfiguración actual de la violencia, en la que los actores no solo confrontan al Estado, sino que se disputan constantemente entre ellos el control territorial. En este panorama, es imperativo buscar que las políticas de desarrollo territorial estén acompañadas de reducciones en los niveles de violencia y en la disponibilidad de armas cuyo porte solo debe acompañar alguna causa justa.
Pasos concretos y de mediano plazo
En lo inmediato, se deben encontrar mecanismos que respalden las iniciativas territoriales de paz, sin que esto implique el desmonte de la mesa nacional. Ante este panorama, lograr los mayores avances posibles es tan pertinente, como necesario. Desde la sociedad civil, esto implica rodear de múltiples maneras ambos diálogos, con exigencias mutuas a los actores para que avancen los procesos. Mientras, por parte del ELN y el Gobierno deben desescalar las tensiones entre ellos, pero en las instancias pertinentes. Aunque esto daría para un mayor análisis hay que recalcar el daño que genera la mala comunicación para llevar la negociación y gestionar sus crisis. Una negociación sin portavoces concretos se vuelve frágil, pues con múltiples voces desde y fuera de la mesa, cualquier mensaje a través de X, el antiguo Twitter, pone a tambalear todo el proceso.
Por último, lejos de resolver esta situación puntual, debemos aprovechar la coyuntura para imaginar futuros distintos con la centralidad que requieren las regiones. La situación actual de la Paz Total nos deja claro que hay que cambiar la perspectiva con la que nos acercamos al conflicto. Ante la necesidad de contar con análisis profundos de las posibilidades para la paz en el país, proponemos que valdría la pena darle más protagonismo a los territorios, que a los actores armados. Si bien se ha insistido en la urgencia de una perspectiva multiactor para comprender el conflicto armado en Colombia esto no puede opacar la importancia de poner a los territorios en el centro del análisis, cuando sea preciso y preguntarse, no solo por cuáles son los actores armados que operan allí, sino también por las necesidades para la paz, el estado organizativo de la comunidad y la disponibilidad de los gobiernos locales. Tal vez así podríamos hacer propuestas de paz más viables y menos discursivas.
Referencias
Bayona, P., Gómez, M. C., & Ortega, H. (2024). EL DIÁLOGO CON EL ELN EN NARIÑO ES UN CHANCE PARA LA PAZ NACIONAL. La silla vacía. Obtenido de https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/el-dialogo-con-el-eln-en-narino-es-un-chance-para-la-paz-nacional/
Gómez, L. (12 de 03 de 2024). Antonio García arremetió contra Otty Patiño por crisis en las negociaciones de paz. Infobae. Obtenido de https://www.infobae.com/colombia/2024/03/12/antonio-garcia-arremetio-contra-otty-patino-por-crisis-en-las-negociaciones-de-paz/
Redacción Colombia +20. (09 de 03 de 2024). “No hubo regaño del presidente, pero se deben coordinar los diálogos”: Gobernador de Nariño. El Espectador. Obtenido de https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/proceso-con-el-eln-gobernador-de-narino-habla-sobre-dialogo-regional-en-samaniego-petro-paz-total/
[1] Aunque tienen naturalezas y alcances distintos, son cosas que han sucedido, sobre todo con gobiernos locales, con pactos de reducción de homicidios o “paz armada”.
[2] Una situación compleja que se resume en el siguiente y redundante juego de palabras: “te invitamos a participar, pero no participar todavía, sino para preguntarte cómo quieres participar en un futuro cercano”.
Foto de portada: Tomada de la cuenta en X de @DelegacionGob
