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Cien Días vistos por Cinep/PPP
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Por: Sebastián González Aguilera y Tatiana Fernández Cuy
El 16 de enero del presente año, la alcaldesa de Bogotá Claudia López afirmó tajantemente, luego de una denuncia sobre la cremación indiscriminada de cuerpos sin identificar en los cementerios de la ciudad, que “en Bogotá, en el paro nacional, no hubo desaparecidos. Así lo comprobó la relatoría independiente, Fiscalía y CIDH. Mucho menos uso de ningún escenario para desaparecer a nadie. Lo que sí hubo fue hordas violentas financiadas con fines electorales para que vandalizaran y destruyeran”. En el mismo sentido, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo publicaron un comunicado conjunto en el que afirmaban que, según sus investigaciones, todas las personas dadas por desaparecidas durante el paro nacional de 2021, habían sido encontradas.
Lo que olvidó indicar la alcaldesa fue que, el 6 de junio de 2021, en medio del Estallido Social, se encontró un cuerpo en el canal adjunto al Portal Américas entre las localidades de Kennedy y Bosa. Era el cuerpo de Dubán Felipe Barros, un joven de 17 años, del sector de El Amparo, quien acudía algunas noches al llamado de la movilización social en su territorio. Tampoco indicó la alcaldesa que, aún cuando la madre de Dubán, Cecilia Barros, lo buscó desde el 6 de junio en instituciones públicas y en clínicas privadas, nadie dio razón sobre su paradero.
La alcaldesa no mencionó en sus declaraciones que Cecilia Barros había acudido a Medicina Legal para identificar el cuerpo recuperado del canal, como el de su hijo; sin embargo, los funcionarios afirmaron que dicho cuerpo correspondía a una persona mayor de 40 años quien además tenía signos de haber habitado la calle. En resumen, la alcaldesa no consideró que hubo al menos un caso de desaparición forzada durante su mandato: el de Dubán Felipe Barros.
La desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos que busca eliminar pruebas de otros delitos, dejando a los seres queridos sin información, dados el ocultamiento, el miedo y la incertidumbre. La negación del paradero de Dubán durante 37 días, generó una gran angustia en su madre y familia. La decisión deliberada de ocultar información por parte de Medicina Legal, plantea dudas sobre las intenciones de la administración a nivel local y nacional frente a este caso. ¿Por qué llevó tanto tiempo que Medicina Legal identificara el cuerpo? ¿Por qué se le negó a Cecilia la información sobre el mismo? ¿Por qué “confundieron” el cuerpo de un joven sano de 17 años con el de un adulto de más de 40 con signos de habitar en la calle?
Según el Boletín de Derechos Humanos, durante el Paro Nacional de 2021, el Estado colombiano reportó, a través del Sistema Nacional de Información en Derechos Humanos, 54 personas fallecidas y 1.140 heridas hasta el 24 de junio de 2021, así como 84 personas catalogadas como “no localizadas” de un total inicial de 572 registros. Sin embargo, estas cifras difieren de las presentadas por las organizaciones de la sociedad civil. Varias de estas organizaciones señalaron la problemática clasificación de “personas no localizadas”, con la cual se obstaculizan las denuncias e investigaciones de casos por desaparición forzada. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)[1] registró una lista de 346 personas desaparecidas mientras que la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, compuesta por 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, reportó 347 personas desaparecidas en el primer mes. Incluso se llegó a reportar más de 800 casos de desaparición. Bogotá ocupó el segundo lugar en el país, con 87 denuncias de desaparición durante dos meses de movilización social[2].
El 21 de julio de 2021, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación para esclarecer si la desaparición y muerte de Dubán ocurrieron durante la protesta social del 5 de junio en Kennedy y si hubo responsabilidad por parte de los servidores públicos. Dos meses después, a finales de agosto de 2021, la Fundación Nydia Erika Bautista, que brinda acompañamiento legal en el caso de Dubán Felipe Barros, recibió los resultados del análisis toxicológico realizado al cuerpo por Medicina Legal. Aunque el informe señaló que fue una muerte violenta, no se pudo determinar con certeza la forma en que ocurrió.
Durante más de un año, la Fiscalía no avanzó en la investigación del caso, solicitada por la Fundación Nydia Erika Bautista. En noviembre de 2022, finalmente accedieron a entrevistar a Cecilia Barros, pero este proceso la revictimizó al centrarse en la afirmación de que su hijo era consumidor de sustancias psicoactivas, sugiriendo que esa era la principal razón de su muerte.
Como lo indica el tío de Dubán, “las instituciones lo que han hecho es encubrirse entre ellas mismas, Medicina Legal encubrió a la Policía cuando escondió el cuerpo de Dubán por 37 días. La Fiscalía encubrió a Medicina Legal cuando no daba respuesta clara sobre el porqué ellos tenían el cuerpo de Dubán allá, sabían que era el cuerpo de Dubán y nada. Entonces es un encubrimiento y una dilatación entre ellos mismos” (Rafael Salazar Gómez, entrevista personal, 4 de junio de 2023).
El 5 de junio se cumplieron dos años de negligencia institucional e impunidad en el caso de Dubán. Aún no se tienen explicaciones sobre qué ocurrió con él después de las 11:00 p.m. del 5 de junio hasta su muerte alrededor de las 3:00 a.m. del 6 de junio. Tampoco se comprenden las razones por las cuales Medicina Legal negó el paradero del cuerpo de Dubán, a pesar de que siempre estuvo en sus instalaciones. No se ha esclarecido el tipo de lesiones que presenta el cuerpo, pese a la teoría de la Fiscalía de que Dubán Felipe entró voluntariamente al canal. Los videos de las cámaras del Portal Américas dejaron de registrar justamente después de las 11:00 p.m. de aquel 5 de junio de 2021. La Alcaldía Mayor de Bogotá no ha reconocido este caso como una desaparición, en parte debido a las declaraciones revictimizantes emitidas por la alcaldesa.
La vida de Dubán y el tratamiento institucional de su desaparición y asesinato dan cuenta de un problema general que explica una de las causas del Paro Nacional de 2021, la gestión punitiva de la pobreza y una de sus expresiones más características: la acción directa antipolicial.
El concepto de gestión punitiva de la pobreza indica que en el contexto del neoliberalismo en el mundo urbano, la criminalización y el control de la pobreza se han convertido en parte integral de cómo se gestionan y regulan las poblaciones marginadas. En ese sentido, en lugar de abordar las causas subyacentes, como la desigualdad, los Estados y las instituciones tienden a recurrir a estrategias punitivas como la aplicación de políticas de “tolerancia cero” con el consumo y la venta de drogas, el encarcelamiento, la concentración de la actividad policial en barrios marginales y la estigmatización de sus habitantes para controlar y disciplinar a las personas que viven en condiciones de pobreza[3].
En tal marco se puede entender el primer acto de gobierno de la alcaldesa Claudia López, quien el 3 de enero de 2020, solo dos días después de su posesión, anunciaba que su política de seguridad se concentraría en las localidades más afectadas por la criminalidad, como Bosa, características no solo por los altos índices de delincuencia común, sino también por los altos índices de pobreza[4]. Iniciaba así su alcaldía vinculando política social con política penal.
Durante la pandemia este enfoque se hizo más evidente en la periferia urbana bogotana, donde las calles se llenaron de trapos rojos que, amarrados a las ventanas de las casas, anunciaban la escasez de alimentos, al tiempo que se aplicaron medidas de cuarentena más estrictas, acompañadas de la militarización de estos barrios e incluso de desalojos. Recordemos que el 1 de junio de 2020, la alcaldía declaró cuarentena total y militarización sobre la localidad de Kennedy. De esta manera, los habitantes de la localidad, especialmente en las UPZ de Corabastos y Patio Bonito, vieron cómo sus actividades de rebusque callejero fueron restringidas con las multas policiales y los controles de paso establecidos por los militares.
Esta concentración de la actividad policial y de la política penal en los barrios empobrecidos implica una mayor represión en la vida cotidiana de la juventud urbano-popular que sufre las consecuencias de ser estigmatizada y criminalizada.
Este contexto explica uno de los principales antecedentes del Estallido Social: la quema en Bogotá de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía el 9 de septiembre de 2020. De manera espontánea, la “muchedumbre política” juvenil de la capital respondió al asesinato de Javier Ordoñez por parte de la Policía con la acción directa contra las estaciones de policía más cercanas. En los barrios la voz se empezó a correr: por el asesinato de Javier la gente está atacando a los CAI, el rumor convocó a jóvenes y vecinos que han padecido la arbitrariedad policial al CAI más cercano y la acción masiva en algunos puntos hizo que algunos de los CAI quedaran incluso vacíos, generando momentos propicios para la acción directa sobre los mismos. Tal acción indicaba precisamente el desgaste de la gestión punitiva de la pobreza en un escenario de pandemia que aumentó la represión como medida sanitaria y agudizó el hambre y la marginalidad.
Este hecho marcó la emergencia del sujeto político, característica del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021, el de la juventud urbano-popular, ya que no fue el paro nacional de los sujetos clásicos de la protesta social: sindicatos, estudiantes o campesinos. Por el contrario, fue la juventud popular que compartía la pobreza, la exclusión y la falta de acceso a la educación superior y al mercado de trabajo que, además, movilizaba otro tipo de identidades como las del barrismo, las del hip-hop y expresiones de la “cultura de clase” de sectores populares, la que traía repertorios de protesta social, que centraban gran parte de su acción en una fuerte sensibilidad antipolicial.
El caso de Dubán evidencia las motivaciones de la juventud urbano-popular para encontrar sentido en esta forma de participación política. Acompañando a la familia de Dubán nos hemos encontrado con un orden institucional que en cada uno de sus procedimientos revictimiza, aludiendo siempre a los “signos” de su origen social: un joven skater, consumidor de psicoactivos, hijo de una familia de desplazados guajiros, habitante de uno de los barrios más peligrosos del suroccidente bogotano. Desde cuando la familia de Dubán inició su búsqueda se ha encontrado con el ocultamiento sistemático de información, no solo del paradero de su cuerpo en Medicina Legal durante 37 días, sino de las grabaciones de video en las horas en que justamente fue retenido por agentes de la Policía.
Todo el proceso ha llevado a Cecilia a concluir que: “Si Dubán hubiera sido hijo, puede ser, de un periodista, del presidente, de un senador, de un concejal, de otra persona que fuera importante, mi hijo hubiera aparecido inmediatamente o me hubiesen dicho. Pero, algo que me entristece a mí, que uno dice no tener nada es… si uno no tiene nada, todas las puertas se cierran” (Cecilia Barros, entrevista personal, 4 de junio de 2023).
Sin embargo, durante estos dos años, la familia de Dubán encontró cómo abrir las puertas que les cerraron, convirtiéndose en un referente de organización comunitaria nacida del Estallido Social. Cada mes, desde el 5 de agosto de 2021, se reúnen en una Siembra de la Memoria, un espacio de encuentro y movilización ciudadana en torno a la violencia política, sucedida entre abril y junio de 2021, y la ocurrida posteriormente, en términos de estigmatización a los participantes de la movilización, su señalamiento, el encarcelamiento de jóvenes y la imposibilidad de reunirse en el Portal como derecho político.
La Siembra de la Memoria lleva el nombre de Dubán como un recordatorio de que, al ocultamiento le nacen flores y raíces, que la acción política crece en cada lugar en que el borramiento parece ser norma. Florece en medio de un territorio destinado a la pobreza y la miseria, el hacinamiento, la delincuencia y el crimen: la desigualdad urbana. Es, al mismo tiempo, un precedente vivo de que el tratamiento de la pobreza en la ciudad se ha enfocado en erradicar a los pobres: física o simbólicamente. Y que la pobreza, como hierba urbana, se multiplica en cada andén.
Han iniciado los debates electorales por la alcaldía de Bogotá y entre los candidatos figuran dos de los principales responsables políticos de las violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el Paro Nacional: el oficial en retiro Jorge Luis Vargas Valencia, quien se desempeñó como general de la Policía Nacional de Colombia entre diciembre de 2020 y el 12 de agosto de 2022, y Diego Molano, quien fue ministro de defensa del 6 de febrero de 2021 al 7 de agosto de 2022. Uno de los principales temas a discutir será el tratamiento de la protesta social, de las organizaciones de primeras líneas y de los repertorios de protesta juvenil antipolicial que se consolidaron en los años precedentes. El discurso de la gestión punitiva de la pobreza es central en manos de ambos candidatos y queda abierta la pregunta sobre cuál de ellos ofrecerá una alternativa que no niegue la memoria de las víctimas del Paro Nacional y que se relacione con la juventud urbano-popular sin infantilismos ni mesianismos, más allá de las medidas policivas y el punitivas.
* Este artículo recoge algunas reflexiones derivadas no solo del acompañamiento a la familia de Dubán Barros, en su búsqueda de justicia, sino también de las experiencias vividas por los jóvenes que hicieron parte del estallido social del 2021 y por los habitantes de las localidades de Bosa y de Kennedy, en las inmediaciones del Portal de la Resistencia, en donde se concentró gran parte de la actividad del Paro Nacional en la ciudad de Bogotá.
[1] Observatorio de DDHH, conflictividades y paz. (15 de junio de 2021). Boletín Paro Nacional 2021. Indepaz. Disponible en: https://indepaz.org.co/boletin-paro-nacional-2021/
[2] Cote, J. S. (19 de enero de 2022). ¿Qué pasó con los desaparecidos del paro nacional?. El Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/judicial/que-paso-con-los-desaparecidos-del-paro-nacional/
[3] Wacquant, L. (2012). Three steps to a historical anthropology of actually existing neoliberalism. Social Anthropology 20(1), 66-79.
[4] (2 de enero de 2020). En Bosa se pone en marcha la política de seguridad de López. El Tiempo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/politica-de-seguridad-de-claudia-lopez-en-bosa-448528
