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Cien Días vistos por Cinep/PPP
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Por: Equipo de Movimientos Sociales*
El número de protestas sociales que la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) del Cinep/PPP ha registrado hasta ahora, sobre el primer año del gobierno del Pacto Histórico, se acerca a las mil acciones sociales colectivas, cifra similar a las vistas en los últimos años. Las movilizaciones que han merecido mayor eco en los medios de comunicación han sido no solo las convocadas por el propio presidente Petro para que la población exprese su respaldo al paquete de proyectos de reformas presentado al Congreso, sino también las concitadas por la oposición para rechazarlo. Esta mirada desconoce que, más allá de expresar apoyos u objeciones al gobierno, diversos actores sociales, coordinados por sus propias organizaciones de base, tienen múltiples motivaciones para protestar, las cuales dejan entrever redes de conflictos de vieja data, alimentados por los ya consuetudinarios incumplimientos de promesas lanzadas, ya sea en campañas para la obtención de cargos de elección popular o para apagar algunas otras movilizaciones sociales lo que reproduce el círculo vicioso protesta-promesa-incumplimiento-protesta.
A la tradicional práctica de los actores sociales para “medirle el aceite” al nuevo gobierno saliendo a protestar, se suma en esta ocasión la pugna política en las calles que muestra indudables simpatías de los movimientos sociales por el programa del Pacto Histórico –algunos de los cuales consideran a Petro como “nuestro” presidente, pero también ciertos rechazos y, sobre todo, la pervivencia de carencias históricas en la sociedad colombiana. Ciertamente han sido numerosas las protestas en el primer año del gobierno Petro-Márquez, pero suelen ser dispersas y particulares; nada que se asemeje a los recientes estallidos sociales[1]. Veamos con detenimiento el comportamiento de los distintos actores sociales en lo que va del actual mandato.
Luchas de los trabajadores asalariados
Durante el primer año del gobierno Petro-Márquez, la frecuencia de conflictos laborales de trabajadores asalariados ha variado, sin evidenciar una correlación directa entre esta administración y el ritmo y número de dichas protestas. Desde la toma de posesión del presidente Petro, las luchas protagonizadas por trabajadores asalariados han mostrado una diversidad sectorial significativa. Los maestros han liderado el camino, registrando el número más alto de protestas. Sus razones fundamentales fueron la denuncia del servicio de salud deficiente, el adeudo de salarios, la exigencia de mejor infraestructura educativa, el incumplimiento en la entrega de obras en las plantas físicas y mejoras en el transporte y la alimentación de sus estudiantes.
Le siguen los trabajadores de la salud, quienes protestaron fundamentalmente por el rezago de meses de salarios y contra la precariedad de sus condiciones, debido a la subcontratación laboral. Luego están los empleados de las empresas de servicios públicos, con protestas en contra de violaciones a la convención colectiva de trabajo por mejores salarios y condiciones laborales, en contra de las agresiones patronales a los sindicalistas, los despidos y para frenar privatizaciones en la prestación de servicios públicos. Otros sectores han estado presentes en esta dinámica con una menor frecuencia, pero aún significativa, tales como los trabajadores estatales de distintas ocupaciones, obreros del sector de alimentos y bebidas, los empleados bancarios, escoltas de la UNP (Unidad Nacional de Protección), conductores de los sistemas masivos de transporte urbano, bomberos, trabajadores de aerolíneas, asalariados de ingenios azucareros y de la palmicultura, de telecomunicaciones, cementeros, petroleros, entre otros. Todos ellos con motivos similares, como los incumplimientos a la convención colectiva de trabajo, por mejores condiciones laborales y remuneraciones y en favor de los pliegos laborales presentados en procesos de negociación colectiva.
La distribución sectorial de las luchas, en articulación con los motivos expuestos durante el primer año del gobierno del Pacto Histórico, no muestra grandes sorpresas, sino que se alinea con las tendencias habituales. Como suele ocurrir, los asalariados del sector público –magisterio, salud, empresas de servicios públicos y trabajadores estatales–, han liderado en gran medida las protestas. En un artículo anterior para la revista Cien Días[2], discutimos la articulación entre los motivos de las luchas sociales y la agenda legislativa y política del nuevo gobierno. Generalmente, las razones expuestas en las protestas coinciden con las transformaciones que se busca implementar: la lucha contra la tercerización, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la oposición a la persecución antisindical, la búsqueda de mayores recursos para la salud y la educación y el mejoramiento de las condiciones laborales.
También surgen elementos innovadores. Los trabajadores asalariados sindicalizados, unidos en su identidad de clase más allá de sus roles laborales específicos y con un alcance nacional, han liderado movilizaciones por políticas económicas y laborales heterodoxas. Aunque esto es habitual, lo que es novedoso en esta coyuntura es que estos esfuerzos se conjugan con la promoción de la agenda de transformaciones del gobierno en lugar de resistirla.
Otra novedad, aunque minoritaria, son las protestas de trabajadores que se alinean con los intereses y consignas del empresariado en Colombia. Tenemos, por ejemplo, un par de protestas de trabajadores del Grupo Empresarial Antioqueño contra el Grupo Gilinski, en la ciudad de Medellín. Es significativo que, en este caso particular, los trabajadores protestaran contra la gestión del gobierno a través de la Superintendencia de Sociedades, frente al intento del Grupo Gilinski de hacer una toma hostil del Grupo Empresarial Antioqueño. Aunque tales intentos empezaron desde el gobierno anterior, algunos participantes en la movilización expresaron su oposición al actual presidente.
Otros ejemplos incluyen las protestas de una parte de los trabajadores mineros del Cesar y de La Guajira en octubre del 2022 contra la reforma tributaria, específicamente la prohibición de la deducibilidad de las regalías y el aumento de los impuestos a las exportaciones de oro y carbón. Si bien no es la primera vez que algunos trabajadores protestan a favor de las empresas mineras, en medio del conflicto generado por la denuncia de proyectos extractivos, es novedoso que el gobierno nacional sea el adversario de estas protestas. Un caso adicional que merece ser destacado es el de los trabajadores de Rappi. Desde que la empresa empezó operaciones en Colombia, se han registrado numerosas protestas contra la precarización laboral. En la BDLS aparecen 12 grandes protestas –tres de carácter nacional– desde 2018 hasta febrero de 2023. Aunque en algunas oportunidades dichas protestas también interpelaban al Estado, ya fuera para que los apoyara en sus reclamos a la empresa o para el otorgamiento de alguna política de bienestar, no cabe duda de que el adversario principal era la multinacional. También hay certeza de que dichas protestas no solo buscaban mayor remuneración y transparencia en la información, sino también la “laboralización” de los repartidores, ya que, a pesar de la “flexibilidad” que implica el trabajo en plataformas, es evidente que existe un control y coordinación por parte de la empresa que implica la existencia de relaciones laborales. En este contexto, es notoria la protesta que el gobierno nacional tuvo que enfrentar por parte algunos trabajadores de Rappi, especialmente en Bogotá, el 23 de marzo de 2023, contra la reforma laboral. En ambos casos las empresas lograron persuadir a una parte de sus trabajadores de que había una coincidencia de intereses entre trabajadores y patronos.
En este punto resulta relevante destacar que la mayoría de los medios de comunicación en el país han cubierto la reforma laboral de una manera que parece reforzar la idea de que existe una coincidencia de intereses entre trabajadores y empleadores. Han promovido, casi sin cuestionamiento, la noción de que existe una oposición entre la garantía de derechos en el trabajo y el aumento de la formalización y los niveles de empleo, presentándola más como una verdad indiscutible que como un tema susceptible de debate económico y político. En este escenario, el presidente Petro ha expresado su percepción de una falta de movilización suficiente por parte de la clase trabajadora formal, en defensa de este proyecto reformista. Además, aún queda por determinar hasta qué punto el discurso en favor de la negociación colectiva se concreta en políticas públicas específicas que la fomenten y promuevan.
Movilizaciones agrarias y el reconocimiento político del campesinado
En el sector rural, el primer año del gobierno Petro-Márquez cierra con la certeza del reconocimiento del campesinado como sujeto político y cultural, la consolidación del rol político de personas afines a los intereses de sectores populares rurales en los cargos de la institucionalidad rural y una mayor comprensión sobre el papel central de la tierra en la política agraria, lo cual parecía estar relegado en los últimos años, incluso de discusiones sobre productividad, tecnificación[3] y conflictividades. Una mirada a este primer año, en términos de las luchas rurales, da indicios de las condiciones necesarias para materializar el reconocimiento político y para garantizar un real derecho a la tierra. Más que una serie de demandas, la lectura de la movilización parece apuntar a un diálogo con las políticas públicas, y con los anuncios y giros en las discusiones sobre lo agrario.
Sobre las últimas protestas rurales del gobierno Duque, se pueden resaltar los “cercos humanitarios”, en el marco de acciones de resistencia civil contra cualquier actor armado, en territorios en los que había un compromiso firme con el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS –, y así se vio en Caquetá, La Apartada (Córdoba), el sur de Bolívar y Tibú (Norte de Santander), al igual que respecto de acciones que violentaban la autonomía de las comunidades y su rol central en la solución de conflictividades territoriales y usos del suelo: fue el caso no solo del paro agro-minero en Cáceres (Antioquia) –que se inició por la destrucción de maquinaria amarilla– porque se echaba en el mismo saco a mineros artesanales e informales con grandes explotaciones de minería ilegal, sino de las manifestaciones contra la operación Artemisa que negaban la continuidad de prácticas históricas de vida campesina en zonas de bosque[4].
En contraste con lo ocurrido al cierre de la presidencia de Duque, las protestas relacionadas con la erradicación forzada y el incumplimiento de acuerdos en el marco de los PNIS, casi desaparecieron del panorama. Otras luchas que iban en aumento, relacionadas con la protección de los derechos humanos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes se han mantenido, constituyendo otros discursos y adversarios, por ejemplo: la demanda directa a grupos paramilitares para que hagan parte de las negociaciones de la Paz Total. Tal fue el caso del paro regional de enero de 2023, en los departamentos de Santander, Antioquia, Bolívar y Cesar, que cesó, entre otras cosas, tras el reconocimiento público oficial de la persistencia del conflicto armado en el país, así como los paros en Buenaventura en marzo y Urabá en abril.
Durante los primeros días del gobierno Petro-Márquez fueron denunciadas 54 invasiones de tierras por Fedegán y la SAC, a través de varios medios de comunicación. Sin embargo, no hay rastros de las 54 tomas de tierras; las que sí se hicieron evidentes y fueron convocadas por actores como el Comité Pro-Reivindicación de Tierras y la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios tuvieron lugar en Tamalameque, Astrea, Río de Oro, Curumaní –Hacienda La Oka– y Aguachica (Cesar); El Banco (Magdalena); Dagua – Albergue Caballo Loco– (Valle); Cajibío –Bosques de pino de Smurfit Kappa– y la Hacienda Japio (Cauca). Algunas de estas tomas buscaban el reconocimiento de comunidades y problemas de tierras, a propósito de propuestas como la de hacer que los bienes en extinción de dominio de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) fueran la base de la Reforma Rural Integral, en lo relativo a la entrega de tierras para la producción campesina. Otras correspondieron a las recuperaciones de la madre tierra que, desde el 2 de septiembre de 2006, adelantaron comunidades indígenas convocadas por la ACIN (Asociación de Comunidades Indígenas del Norte del Cauca). En el mes de abril, a ocho meses de iniciado el gobierno, reclamantes de tierra de Urabá salieron a protestar, para exigir celeridad a la Unidad de Restitución de Tierras en procesos que llevan ya diez años en curso. Entre las invasiones de agosto de 2022 y la marcha de 2023, pareciera haber un camino más claro sobre la institucionalidad y el avance de los procesos para sanar las deudas con el campesinado expulsado, expropiado y despojado de sus tierras. Habrá que ver en los años restantes el cumplimiento del objetivo de redistribución y su vínculo con otras conflictividades rurales que pasan por la tierra, pero que no se resuelven con el reparto: las relacionadas con el extractivismo son el mejor ejemplo: El Carmen y San Vicente de Chucurí así lo señalaron a inicios del presente año. Y no hay que olvidar el paro de Los Pozos en San Vicente de Caguán (Caquetá), que es tal vez la protesta más larga que ha tenido que enfrentar este gobierno.
En Los Pozos no solo se pusieron a prueba los intentos de cambio en la política minero-energética, sin que se evidenció y denunció el histórico desequilibrio en las negociaciones con la empresa, sobre los beneficios para la comunidad y se obligó a que el Estado cambiara sus formas de intervención. Las negociaciones de las comunidades con estos actores ajenos al territorio, que debían ser acompañadas por el gobierno, se convirtieron en solicitudes muy específicas de la comunidad a las empresas. En Los Pozos, una comunidad organizada y con claridad en las afectaciones y también sobre posibles soluciones, exigió un plan específico de inversión social, pero lo que encontró fue la deslegitimación mediática de los liderazgos y la violencia de la fuerza pública al servicio de la empresa. Es bien conocida la llamada retención de 79 uniformados y 11 funcionarios como único medio para llamar la atención pública. También fue ampliamente difundido que el ministro del Interior reconoció esta acción como un “cerco humanitario” y que la Guardia Campesina fue la que asumió el control para bajar la tensión y los actos de violencia asociados. Pero lo más importante es que una de las principales demandas de Los Pozos fue el reconocimiento de la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas) como interlocutora de las afectaciones por la política petrolera en Caquetá, Meta y Guaviare. La Coscopaas articula cerca de 40 organizaciones de los tres departamentos; representa no solo a comunidades afectadas por la legislación sobre reservas forestales y parques nacionales, por los procesos de erradicación forzada e incumplimientos del PNIS (Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) y por las judicializaciones dadas en el marco del Plan Artemisa, sino también a firmantes del Acuerdo de Paz del antiguo ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de Las Colinas (San José del Guaviare). En la mesa de negociación que dio fin a 43 días de tensos bloqueos, concentraciones y disturbios, se comprometió el gobierno nacional a retomar los Acuerdos de Altamira –resultado de una movilización del 2022–, lo que mostró no solo el reconocimiento de conflictividades históricas en el territorio, sino de los actores con quienes debe llevarse a cabo este proceso de negociación. Pareciera ser esta una real acción de reconocimiento político del campesinado en lo territorial.
Ahora bien, sobre otros anuncios de políticas agrarias y su posible relación con la movilización social, es importante resaltar que han vuelto a acrecentarse las acciones colectivas de comunidades rurales que protestan frente a las dificultades que enfrentan en su vida cotidiana para movilizarse, sacar sus cultivos o garantizar educación para sus hijos. El repunte de las protestas por vías, relacionadas con los daños invernales, la falta de mantenimiento, las afectaciones por obras o los malos planes de movilidad en la construcción de autopistas, así como la eterna queja de habitantes de veredas y corregimientos aislados, ya que no pueden sacar sus cultivos, tal vez tenga que ver con el lanzamiento del programa Caminos Comunitarios de la Paz y el manifiesto interés por construir más vías terciarias que primarias. Con esto, queremos recordar que, desde la firma de la Constitución de 1991, las comunidades indígenas y afrodescendientes han insistido en que el reconocimiento político de las identidades idénticas no se hace efectivo sin las condiciones materiales para garantizar sus luchas. Quizás el reconocimiento político del campesinado amplíe las nociones sobre el lugar político y cultural de la ruralidad, pero este solo se hará efectivo tendiendo también a demandas como infraestructura, salud y educación en los territorios.
Luchas indígenas y de comunidades negras y raizales
Con relación a los grupos étnicos, el inicio del gobierno Petro-Márquez estuvo acompañado de una explosión de demandas históricas de indígenas, quienes reclamaban atención de primer nivel, exigiendo la presencia de ministros y funcionarios de alto rango en sus territorios. Lo anterior se evidenció tan solo dos días después de la posesión presidencial, cuando indígenas Nasa y Wounaan en Dagua (Valle del Cauca) reclamaron, mediante un bloqueo vial, la presencia del ministro del Interior para concertar soluciones frente a incumplimientos de gobiernos pasados en materia de infraestructura en su territorio. Siete días después, fueron los Nasa Kiwe quienes, a través de un bloqueo en la vía Buenaventura-Buga, pidieron nuevamente la presencia inmediata del entonces ministro Prada para concretar respuestas de inversión social en sus comunidades.
Lo anterior solo expresó una de las nuevas rutas de diálogo propuesta por un gobierno autodesignado como “popular” y que a lo largo de los siguientes meses se convertiría en un símbolo recurrente de las movilizaciones indígenas en el país. Regiones como La Guajira, en donde los Indígenas Wayuu bloquearon vías de acceso a sus principales municipios para exigir mayor inversión estatal y el cumplimiento de sentencias constitucionales o Silvia (Cauca), en donde los indígenas Misak con un nuevo bloqueo en la Vía Panamericana, invitaron a cuatro ministros del gobierno a atender las necesidades de su territorio. En el primer caso, atrajeron el interés gubernamental con la presencia del jefe de Estado y su gabinete por una semana.
Sin embargo, este abordaje por parte del actual gobierno de las viejas deudas históricas con los pueblos indígenas estuvo acompañado por la atención inmediata de sus necesidades recientes. La ola invernal de octubre de 2022 desbordó las emergencias humanitarias de pueblos enteros, fracturó la poca infraestructura aún servible y desató una serie de protestas que buscaban el apoyo institucional en estos momentos críticos. Indígenas como los Yukpa en Bosconia (Cesar) o los Yanakona en Guacarí, Dagua y Buenaventura (Valle del Cauca) bloquearon sus principales vías de acceso como última medida para exigir alimentos y medicinas, tras haber perdido todo, a causa de las inclementes lluvias.
Además, en los primeros cinco meses de gobierno, la cifra de desplazamiento interno forzado en el país sumó 339.000 nuevos casos reportados –la más alta en una década–, ubicándolo en el cuarto lugar del mundo con mayores cifras de desplazamiento forzado, siendo los más afectados indígenas y comunidades negras (en un 91%)[5]. Como consecuencia de esta situación, muchas de estas comunidades en diversos lugares del país salieron a protestar en diciembre de 2022, reclamando una urgente salida negociada del conflicto interno armado, a través del apoyo decidido a la “Paz Total” planteada por el Gobierno Nacional que involucra a todos aquellos actores en armas que generan zozobra y temor en sus territorios.
Los primeros meses de 2023, quizás los más movidos en materia de protestas sociales indígenas, afro y raizales para este gobierno, trajeron consigo movilizaciones de comunidades negras que reclamaron mayor participación del gobierno nacional en los procesos de reconocimiento de derechos para sus comunidades –similares al apoyo de los derechos de los campesinos– y una intermediación eficaz en la resolución de los conflictos con otros grupos étnicos como los indígenas. De esta manera, en regiones como Padilla (Cauca), Capurganá (Chocó), Fonseca (La Guajira), Cartagena (Bolívar), Buenaventura (Valle del Cauca) y Urabá (Antioquia), las comunidades negras marcharon y bloquearon sus principales vías, exigiendo la presencia de representantes ministeriales y, mayormente, del Alto Comisionado para la Paz en aras de construir en conjunto una agenda de paz interétnica.
Igualmente, las comunidades raizales en San Andrés y Providencia alzaron su voz y, mediante bloqueos en sus principales calles, expresaron su descontento por la carencia de servicios públicos básicos como agua potable y conectividad a internet para la educación de sus hijos. Esta situación, nuevamente llevó a un territorio de frontera al gobierno nacional, en cabeza del presidente de la república, quien haciéndose responsable directamente de la situación asignó responsabilidades a distintos funcionarios[6].
A pocos días de completar el primer año del Gobierno Petro-Márquez vale la pena señalar que el respaldo popular indígena, raizal y afro expresado en las marchas del 7 de junio pasado en más de 19 ciudades, contrasta con las recientes protestas en zonas como San José del Guaviare (Guaviare), Natagaima (Tolima), Quibdó (Chocó) y Ricaurte (Nariño,) alrededor de las tres líneas más recurrentes de exigencia por parte de las comunidades étnicas en lo que va de este gobierno: mayor inversión social en los territorios, recuperación de las vías terciarias y, fundamentalmente, la salida negociada al conflicto armado mediante “La Paz Total”.
Protestas urbanas y de otros actores sociales
Los pobladores urbanos –quienes más luchas han librado en el primer año del actual gobierno– han centrado sus protestas en reclamar servicios públicos, sobre todo acueducto y energía eléctrica, ya sea por ausencia, pésima calidad o el costo de sus tarifas; infraestructura física, principalmente, vías; en rechazar el cobro de peajes por carreteras en lamentable estado o en trayectos muy cortos, y en denunciar los perjuicios causados por obras públicas; exigiendo, además, servicios sociales, predominando los asociados con la educación, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el transporte escolar, y los relacionados con prestación de los servicios de salud. Las políticas públicas como la urbana, la social y la minero-energética han suscitado también movilización social, pero sobresalen las contenidas en torno al paquete de reformas presentado por el ejecutivo. Igualmente han sido fuente de protesta urbana asuntos ambientales como la contaminación auditiva, aérea y de fuentes de agua, la tala de árboles para construir megaproyectos y el maltrato animal, así como los incumplimientos de acuerdos, sobre todo referentes a construcción o reparación de vías y a la reconstrucción de la isla de Providencia. Las luchas sociales de pobladores urbanos, relacionadas con los derechos humanos, se han focalizado en protestar contra las violencias basadas en género y en reclamar la búsqueda de la paz, en territorios azotados por violencias urbanas de diversa índole.
Los y las estudiantes de universidades privadas de varias ciudades del país protestaron en contra del alza desmesurada de las matrículas, establecida para el segundo semestre de 2022, y denunciaron que en algunos de estos centros de estudio las altas matrículas no estaban acordes con la calidad de las plantas físicas, la dotación de laboratorios y bibliotecas, ni con la estabilidad laboral de los profesores. En las universidades públicas, el estudiantado se movilizó para pedir mejoras en los programas de bienestar universitario, reparación de plantas físicas y adecuación de campus. Tanto “gomelxs” –como se autodenominaron los y las estudiantes de universidades privadas durante los paros de 2019 y 2021–, al igual que los y las alumno(as) de las públicas se movilizaron para pedir rutas de atención efectivas para las víctimas de violencias basadas en género, perpetradas por miembros de sus comunidades universitarias, e investigaciones y acciones judiciales para los culpables. Alumnos del Sena y de institutos tecnológicos protestaron por anuncios de las autoridades gubernamentales de disminuir el monto de los giros presupuestales que contribuyen a su financiamiento y, junto con estudiantes de algunas universidades públicas como la Distrital de Bogotá, se manifestaron para pedir que no se cancelen ciertos programas académicos que están siendo considerados obsoletos o de muy baja demanda. No faltaron tampoco las protestas contra rectores acusados de presunta corrupción o de nepotismo.
Por su parte, los y las estudiantes de secundaria se manifestaron para exigir a las secretarías municipales o departamentales de educación reparar, ampliar, construir o entregar las plantas físicas de muchas instituciones educativas, hacer los nombramientos de maestros necesarios para cubrir los requerimientos de plantas de personal, reasignar los PAE[7] y solucionar las rutas de transporte para el estudiantado, debido a su pésima calidad o ausencia de uno y otras, y realizar los procedimientos de contratación de personal de servicios generales para escuelas y colegios de educación básica y secundaria. En la mayoría de estas protestas, los manifestantes estuvieron acompañados por madres y padres de familia y, en ocasiones, por los maestros y directivas educativas. Alumnas y alumnos de tres colegios privados y regentados por religioso(as) expusieron pública y colectivamente casos de abuso sexual por parte de docentes y el encubrimiento de las directivas educativas, tanto de los violadores como de las denuncias.
El amplio espectro de oficios que desempeñan los denominados trabajadores independientes –que vienen en seguida en la escala de protagonismo de movilización social– se acompaña de una variedad de motivos de protesta, primando entre ellos, las políticas públicas; y como muchas de estas actividades se realizan en la calle, las políticas urbanas, que restringen o prohíben el uso del espacio público o que intentan controlar el transporte informal, han sido el blanco de muchas manifestaciones, seguidas por aquellas que intentan normar, castigar o regular oficios, incluidas las políticas minero-energéticas. Otro importante tema, objeto de protesta de estos actores, es el referido al incumplimiento de pagos por servicios prestados o de promesas sobre enganche laboral formal, como es el caso de las madres comunitarias, o de pago de indemnizaciones por expulsión de lugares donde se ejercían labores informales.
Los gremios de transportadores y comerciantes han sido muy activos en protestar contra las políticas que regulan el transporte que modifican la base y los montos tributarios y que reordenan el territorio. Los peajes también han generado inconformidad, así como el mal estado de las vías y la inseguridad ciudadana. Los comerciantes han sido una fuerza importante en las protestas contra el mal servicio de energía, particularmente en la Costa Atlántica, donde Electricaribe dio paso a Air-e (operador del servicio de energía eléctrica en Atlántico, La Guajira y Magdalena), aunque para muchos, el remedio ha sido peor que la enfermedad. Y los transportadores han encabezado protestas contra otras protestas, como los continuos bloqueos de vías, presentados en La Guajira, o los sucesivos paros de transportadores en Rionegro, Antioquia.
Las mujeres movilizadas por asuntos de género protestaron airadamente contra abusos sexuales y feminicidios y, en algunas pocas luchas, algunos colectivos feministas hicieron un llamado a la acción directa, como única arma de la que disponen en contra del aumento de casos denunciados por violencia basada en género y el sentimiento de absoluta desatención y desprotección por parte de autoridades en diversos espacios. También aprovecharon conmemoraciones, como la del día del detenido-desaparecido, para denunciar la desaparición de mujeres en ciudades turísticas como Cartagena, planteando la pregunta sobre la posible relación entre turismo sexual, trata de personas y desaparición forzada. Y otras conmemoraciones –Día Internacional de las Mujeres, Día de la No Violencia Contra las Mujeres y Día de la Acción global por Aborto Legal y Seguro– sirvieron como plataformas para denunciar la violencia patriarcal y homofóbica que aún campea en distintos escenarios de la vida nacional. Por su parte, colectivas trans realizaron una marcha para exigir la garantía de derechos a la salud, a la educación básica y universitaria, a empleos que permitan condiciones de vida digna, y anunciaron la radicación en el Congreso de la República, el 20 de julio de 2023, del proyecto de ley integral trans que incluye esos derechos.
Las personas recluidas en distintas cárceles del país han realizado acciones de desobediencia civil y huelgas de hambre, y sus familiares han participado en plantones ante órganos de justicia para pedir al presidente Gustavo Petro que se mejoren las condiciones de vida de los privados de la libertad y que se decida abolir los centros penitenciarios, aduciendo que en ellos no se resocializa nadie y más bien son lugares donde se violan todos los derechos de los allí recluidos. Durante este año, además de la denuncia ya añeja sobre el hacinamiento carcelario, la queja recurrente de los reclusos ha sido la pésima calidad de la comida que les dan: en estado de descomposición, baja en calorías, entregada a unas horas insólitas o, incluso, no entregadas durante días, como ocurrió en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Cúcuta en octubre del año anterior cuando los reclusos permanecieron tres días sin recibir alimentos. Organismos de derechos humanos han reclamado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios contratar entidades que preparen comida digna para los reclusos porque ellos tienen derecho a la alimentación, pero la que reciben constituye una forma de trato cruel, inhumano e incluso de tortura. Y según la Defensoría del Pueblo, a comienzos de 2023, el 26% de los establecimientos carcelarios se encontraba en estado crítico por las fallas en la entrega de alimentos a los internos.
Los jóvenes, tan activos durante el estallido social de 2021, han mermado su notoriedad en la movilización social. No obstante, salieron a las calles para recordar tanto el 28 A (2021), como el asesinato de Javier Ordóñez, a manos de miembros de la Policía (2020), rechazar el supuesto uso de hornos crematorios en Bogotá para “desaparecer” a participantes en el estallido social[8] y para pedir la liberación inmediata de miembros de las primeras líneas. Jóvenes indígenas del Cauca pidieron al gobierno nacional, mediante un bloqueo de la Vía Panamericana, garantías para su derecho a la vida, tras el asesinato de tres de ellos en el Resguardo de San Lorenzo de Caldono, aparentemente a manos de las disidencias de las Farc. La movilización juvenil ha estado asociada a la violencia que se ha ensañado contra este segmento etario, tanto en las ciudades como en los campos del país.
A modo de cierre, dos aspectos merecen ser resaltados en relación con las protestas que se acaban de reseñar en este artículo. Uno tiene que ver con los entes considerados por los manifestantes como sus adversarios, como aquellos ante los cuales se presentan los reclamos y tendrían la posibilidad de atenderlos: en primer lugar, están el ejecutivo municipal y las empresas mixtas del orden municipal; en segundo lugar, entes (empresarios) privados; en tercer lugar, el ejecutivo nacional junto a las empresas mixtas del orden nacional; y, en cuarto lugar, el ejecutivo departamental con las empresas mixtas de este nivel. De lejos aparecen las fuerzas militares y los grupos armados irregulares, seguidos de los órganos con capacidad normativa y judicial, y los de control. El actual gobierno nacional se ha mostrado muy diligente a la hora de responder a las movilizaciones y ha enviado funcionarios de alto nivel a negociar con los manifestantes. Pero en estos trámites se ha hecho evidente, por un lado, que no existe concordancia entre los niveles de gobierno del orden nacional, departamental y municipal, por no haber establecido entre ellos acuerdos políticos, y de otro, que el gobierno nacional carece de libertad de asignación de recursos, durante el primer año de gobierno, porque estos ya habían sido comprometidos por el gobierno saliente.
El otro aspecto relevante es el cambio en el manejo de la protesta por parte de la Policía y el Esmad, al punto de que alcaldes y gobernadores –además de miembros de partidos de oposición– y “creadores” de opinión, de un aparte, han preguntado públicamente al gobierno nacional si ha ordenado a la fuerza pública permitir “vandalización” y “desmanes” y, de otra, han ridiculizado los “cercos humanitarios”, gracias a los cuales, campesinos e indígenas han intentado protegerse de cualquier actor armado que llegue a sus territorios, según se analizó anteriormente. Estas garantías a la protesta tal vez han contribuido a incrementarla, pero no debería exagerarse en el uso de esta forma de acción directa, máxime en un gobierno que tiene las puertas abiertas al diálogo. Además, recurrir a ella sin medir su oportunidad aminora su contundencia cuando realmente se necesite y más bien favorece la retórica de la oposición, que a toda costa busca arrinconar al actual mandatario. Las observaciones, análisis y conclusiones preliminares aquí consignadas nos instan a continuar analizando y monitoreando la evolución de las luchas sociales en lo que resta del mandato del Pacto Histórico.
* Integrado por Mauricio Archila, Oscar Cardozo, Santiago Garcés, Martha Cecilia García y Ana María Restrepo.
[1] Para un análisis de las tendencias recientes en las luchas sociales, véanse las contribuciones de Archila, García y Garcés con Juan Carlos Celis (coordinador), Estallido social 2021: expresiones de vida y resistencias, Bogotá: Siglo Editorial/Universidad del Rosario/Colectivo La Mariacano, 2023.
[2] Garcés, Santiago (2023) “Colombia frente al Cambio: Luchas sindicales y reforma laboral”, Revista Cien Días, número 107. Disponible en: https://www.revistaciendiascinep.com/home/colombia-frente-al-cambio-luchas-sindicales-y-reforma-laboral/
[3] Algunos de estos asuntos fueron abordado en el artículo “¿Con los pies en la tierra?” de la última edición de la Revista Cien Días y en el episodio dos del Podcast “La célula” del colectivo La Creciente: https://open.spotify.com/episode/4iopKy3WkEH2hYHuzLNRCu?si=faab132353c642a4
[4] Denunciada como una operación anticampesina por varios colectivos y ONG: https://www.dejusticia.org/column/artemisa-operacion-anticampesina-vestida-de-verde/
Para un análisis detallado sobre los fracasos y errores de esta operación, ver: https://es.mongabay.com/2022/12/artemisa-radiografia-de-una-operacion-que-no-freno-la-deforestacion-en-colombia/
[5] IDMC (Internal Displacement Monitoring Center) y NRC (Norwegian Refugee Council). Global Report on Internal Displacement 2023 (2023), 78. En: https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2023/
[6] Por ejemplo: “Un computador sin conectividad prácticamente es una máquina de escribir y solo el 49% de los habitantes de San Andrés están conectados; eso quiere decir que no todos los niños van a usar su computador conectado al internet, que es la clave del asunto. Una de las tareas fundamentales, ministro, es lograr una conectividad 100% en la isla” El Espectador (27 de mayo de 2023). “Gustavo Petro en San Andrés: ‘La isla podría ser un paraíso de nómadas digitales’”. En: https://www.elespectador.com/politica/gustavo-petro-en-san-andres-la-isla-podria-ser-un-paraiso-de-nomadas-digitales/
[7] El deterioro del PAE ha sido progresivo, casi desde su fundación en 1955. “Su presupuesto –insuficiente, pero no despreciable– ha sido saqueado sistemáticamente por los diferentes actores que participan directa o indirectamente en la contratación… Cada vez son más frecuentes los escándalos de desvío de recursos, robos, sobrecostos y la peor de todas las prácticas: la distribución de raciones en mal estado”. Sara del Castillo, “El Programa de Alimentación Escolar: robo de recursos a los más necesitados”, en Razón Pública, 3 de septiembre de 2018. En ese mismo año, la Contraloría General de la República denunció que 45 alcaldías estarían vinculadas al robo de los recursos destinados para este programa. El Tiempo, 14 de agosto de 2018.
[8] La alcaldesa Claudia López rechazó las denuncias que afirman que se usaron los hornos crematorios de los cementerios distritales para desaparecer manifestantes del paro de 2021. Y dijo que en Bogotá no hubo desaparecidos durante el paro, como lo comprobó la relatoría independiente, Fiscalía y CIDH. www.wradio.com.co, 16 de enero de 2023.
