Por la vida, la dignidad y la justicia ¡Mantengamos encendida la luz de la memoria!
(Consigna usada por el grupo de víctimas Vida, Memoria y Dignidad)
EDICIÓN 106 SEP-DIC 2022Por: Ángela Ballesteros Gómez
Muchas personas en Colombia aún no se han enterado de la masacre del Páramo de La Sarna, las ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de “falsos positivos” o los casos de desaparición forzada ocurridos en Boyacá, quizás porque consideran a este departamento “un remanso de paz”. Sin embargo, de Boyacá se conoce mucho más la laguna de Tota, el nevado de El Cocuy, el ciclismo, los pueblos pintorescos, los alumbrados de diciembre, la vestimenta, música y comidas típicas; pero poco se sabe sobre la historia de violencia del departamento. A continuación, se aludirá a tres aspectos: 1. Algunas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la vía Sogamoso- Pajarito, y entre estas la masacre del Páramo de La Sarna; 2. La peregrinación que conmemora dicha masacre, al cumplirse 21 años de su ocurrencia el 1 de diciembre, y la constitución de otros lugares de memoria; y 3. Se dará un vistazo general a la aparición de Boyacá en el informe de la Comisión de la Verdad.
1. Algunas ejecuciones extrajudiciales cometidas en la vía Sogamoso-Pajarito
La masacre del páramo de La Sarna ocurrió en una zona rural entre Sogamoso y Aquitania (Boyacá), el 1 de diciembre de 2001, cuando paramilitares, en complicidad con la fuerza pública, ejecutaron a 15 de los 18 ocupantes de un bus de la empresa Cootracero que salió aproximadamente a las seis de la mañana de Sogamoso con destino a Labranzagrande (Boyacá). El bus fue detenido a la altura del páramo de La Sarna. Los sobrevivientes fueron dos niños de 8 y 11 años, y una adulta mayor de 60 años, quienes presenciaron lo ocurrido en contra de sus familiares. Algunas versiones señalan que el objetivo de este ataque, era ejercer control territorial, infundir terror y “castigar” a una región donde había presencia guerrillera, como la provincia de La Libertad, hacia la cual se dirigía el bus, por presumir que algunos de sus ocupantes fueran guerrilleros. Con el paso de los años se ha confirmado que las 18 personas no tenían relación con ningún grupo armado:
La poca información que se tenía de las víctimas, se ha venido ampliando mediante las escuelas de memoria y talleres psicosociales realizados con sus familiares, además de las Peregrinaciones que se realizan cada año, el último domingo de noviembre o el primer domingo de diciembre, como un acto de resistencia y de memoria, donde se recuerda que días antes de navidad, un grupo de paramilitares, con apoyo de la fuerza pública colombiana, apagaron la vida de Tania Leonor Correa Pidiache de 21 años de edad, estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria de Boyacá; Mercedes Rivera de 22 años de edad, trabajadora de la Administración Municipal de Paya; Luis Arturo Cárdenas de 29 años de edad, director de la Umata de Paya; Isidro Alba Guío de 54 años de edad, docente y sindicalista, afiliado al Sindicato de Maestros de Casanare y director del núcleo educativo en Aguazul; Jhon Fredy Poveda Bayona de 17 años de edad, universitario; Luis Miguel Melo Espitia de 17 años de edad, ayudante y auxiliar del bus; Abel Cudris Rodríguez de 52 años de edad, comerciante y padre de familia, residente en Soatá; Gonzalo Rincón Barrera de 30 años de edad, ingeniero sanitario residente en Sogamoso y su ayudante Luís Ángel Gil Orduz de 30 años de edad; Luís Alejandro Pérez Fernández de 22 años de edad, estudiante de la UPTC; José Antonio Monguí Pérez de 52 años de edad, comerciante residente en Sogamoso; Jairo Isidoro Peña de 48 años de edad, comerciante y su esposa Herminda Blanco de Peña de 44 años de edad, profesora, residentes en Labranzagrande; José Bertulfo Noa Rosas, agricultor de 50 años de edad y Hernando Gómez Garavito de 32 años de edad, conductor del bus (Vida, Memoria y Dignidad, 2021, p. 82 y 83).
Hubo muchas irregularidades que, desde un comienzo, hicieron presumir la complicidad de las autoridades con esta masacre, y que fueron tenidas en cuenta dentro de las investigaciones judiciales. Existen sentencias[i] en las cuales se confirma que la masacre del Páramo de La Sarna fue planeada y coordinada entre integrantes de la Primera Brigada del Ejército Nacional, la SIJIN de la Policía Nacional y paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare. En ellas se condena a algunos paramilitares y se ordena investigar a los demás responsables pertenecientes a la fuerza pública. Algunos hechos que demuestran dicha complicidad son los siguientes: ese día no se instaló el retén militar que normalmente se encontraba en el sector El Crucero, pocos kilómetros antes del sitio de la masacre; las autoridades llegaron al lugar solo hasta las dos de la tarde, a pesar de que los hechos ocurrieron aproximadamente a las siete de la mañana, y algunos de los autores materiales que se movilizaban portando armas de fuego y en un vehículo hurtado, fueron retenidos y luego dejados en libertad en la vía que conduce de Sogamoso a San Luis de Gaceno.
El informe de la Comisión de la Verdad publicó varios capítulos con enfoques diferenciales, teniendo en cuenta los distintos sectores sociales que han sido victimizados. Esta masacre es un hecho en el cual se condensan muchas de esas afectaciones diferenciales y factores de análisis evidenciados por la Comisión: niños, tercera edad, mujeres, jóvenes, alianza entre la fuerza pública y paramilitares, estigmatización de ciertas regiones e impunidad.
Lamentablemente, antes y después de la masacre del Páramo de La Sarna, han ocurrido otras ejecuciones en el departamento. El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP tiene registros de 116 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en Boyacá con 204 víctimas, las cuales fueron cometidas por paramilitares y/o fuerza publica entre 1982 y 2021 (Cinep, 2021). Además, existen registros de 86 personas víctimas de ejecuciones en la modalidad de “falsos positivos” entre 2001 y 2008, y 18 víctimas de ejecuciones por “exterminio social” (CSPP y otros, 2020). A continuación, se relacionan algunas de las ejecuciones registradas por el Banco de Datos, ocurridas en la vía de Sogamoso-Pajarito, la misma donde sucedió la masacre del Páramo de La Sarna-, y cuya referencia se hace como un homenaje a las víctimas y sus familiares:
El 11 de marzo de 1991 en Aquitania (Boyacá), miembros del Batallón Tarqui de la Brigada 1 del Ejército Nacional, ejecutaron a cuatro campesinos, dos de ellos identificados como Misael Pérez Aguirre y su hija Luz Mireya Pérez, a quienes presentaron como integrantes de las FARC-EP, dados de baja en combate. Ellos realmente eran campesinos reconocidos de la región.
El 2 de octubre de 1992 en Aquitania, tropas de los Batallones Tarqui y Silva Plazas del Ejército Nacional, ejecutaron al señor Reinaldo Eustorgio Riveros Chaparro, quien trabajaba en la Compañía Murillo Lobo Guerrero, encargada de hacer obras en la vía Sogamoso-Yopal. El señor Reinaldo era campesino y agricultor, líder de la vereda, y quien perteneció a la Junta de Acción Comunal y militó en el Partido Comunista. Ese mismo día, tales tropas ejecutaron a los señores Héctor Aduelo Chaparro Preciado, celador de la Compañía Murillo Lobo Guerrero, y a Ismael Amaya, ingeniero jefe de personal de la misma Compañía.
El 7 de febrero de 2004, tropas del Batallón Tarqui y del Gaula Rural Boyacá de la Brigada 1 del Ejército Nacional, ejecutaron a William Villalobos Alvarado, John Marco Avella Cristancho, Luis Fernando Preciado Rojas y Miguel Ángel Santiago, durante un retén establecido por los militares en el caserío El Crucero, jurisdicción de Sogamoso, en la vía que comunica con Pajarito. El comandante de la Primera Brigada del Ejército, afirmó que los cuatro hombres -no identificados en ese momento- habían muerto en enfrentamiento con tropas del Ejército y eran subversivos del frente 38 de las FARC-EP, lo cual no era cierto. Por ejemplo, Jhon Marco acababa de graduarse como bachiller, había prestado el servicio militar y tenia apenas 19 años de edad.
El 5 de agosto de 2005, en Pajarito (Boyacá), tropas del Batallón Ramón Nonato Pérez de la Brigada 16 del Ejército Nacional, ejecutaron extrajudicialmente al joven Eyvir Dalil Montaña Chaparro, de 25 años de edad y lo presentaron como un guerrillero, sepultado en Tauramena cuatro días después. Eyvir era un campesino que pertenecía a una iglesia cristiana y los sábados le enseñaba biblia a los niños de su sector.
El 28 de abril de 2006, en el mismo municipio de Pajarito, miembros del Gaula del Ejército Nacional, adscritos al Batallón Tarqui de la Brigada 1, ejecutaron extrajudicialmente al señor José Ómar Sánchez Herrera, en el sitio Peña de Gallo, corregimiento de Corinto. Lo contrataron para hacer un acarreo y no regresó a su casa. Tenía 55 años de edad, había estudiado en el Sena de Sogamoso, tenía tres hijos, dos nietos, y además de hacer acarreos, trabajaba como ornamentador.
El 29 de abril de 2006, militares del Ejército Nacional pertenecientes a la Brigada 16, desaparecieron forzosamente y ejecutaron a Carlos Alfonso Fonseca, campesino de 21 años de edad. Un mes después, su cuerpo fue encontrado en una fosa común en Yopal (Casanare).
El 9 de febrero de 2007, militares del Gaula Rural de Boyacá, adscritos al Batallón Tarqui del Ejército Nacional, desaparecieron, en Tunja, a los jóvenes, Carlos Eduardo Numpaque Piña y Pedro Jesús Vega, cuando se encontraban en el sector del Terminal de Transportes. Carlos se había dedicado al trabajo de celaduría y Pedro tenía problemas de drogadicción. Los dos jóvenes fueron ejecutados al día siguiente y permanecieron desaparecidos durante seis meses. Ambos habían sido reportados como integrantes de la guerrilla, muertos en combate en el municipio de Pajarito.
2. La Peregrinación al páramo de La Sarna y los lugares de memoria en la vía Sogamoso-Pajarito
El grado de visibilidad que adquieren muchos de los crímenes en Colombia no tiene tanta relación con el efecto de las políticas públicas en la materia, sino más bien con la persistencia de “emprendedores de la memoria”. La labor del grupo de víctimas Vida, Memoria y Dignidad, otros aliados y personas que, de forma voluntaria, se han sumado a la tarea de denunciar los crímenes que han lesionado a los boyacenses, ha permitido que la masacre del Páramo de La Sarna gane mayor visibilidad, mediante Peregrinaciones realizadas hace 15 años[ii]. Tan pronto ocurrió la masacre se realizaron algunos actos conmemorativos, pero había mucho más temor en denunciar públicamente lo ocurrido.
El 1 de diciembre de 2022 se cumplieron 21 años de este hecho, y los familiares de las víctimas lo conmemoraron el domingo 27 de noviembre. El trabajo del grupo Vida, Memoria y Dignidad lo ha llevado a ser parte de: la Red Nacional de Bancos de Datos, de la cual también forman parte del Cinep/PPP, el capítulo Boyacá del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y, recientemente, la Red Nacional de Lugares de Memoria. Es pertinente detenerse en eso último, porque la conversión del páramo de La Sarna, de un “lugar del terror” a un lugar de memoria es lo que hizo que este grupo formara parte de dicha Red.
El lugar de memoria no es sólo el espacio físico del páramo que se ha ido llenando de objetos simbólicos -como 15 veletas, 15 cruces, una placa, una valla, un mural-; también es la movilización que se genera alrededor de este, en especial cada año, cuando se acerca el aniversario de la masacre. La Peregrinación se desarrolla un día domingo, porque se facilita que las personas puedan asistir ese día, en el cual también se realiza una eucaristía. El elemento religioso es imprescindible en este tipo de conmemoraciones en Boyacá y en otras zonas de Colombia, a diferencia de las conmemoraciones de hechos de violencia realizadas en otras partes del mundo.
Desde hace dos años, se ha insertado al programa de la Peregrinación, otro componente propio de las costumbres del departamento, una “ruta ciclística de la memoria” que se realizó por segunda vez el 27 de noviembre de 2022. Estas Peregrinaciones buscan traer el pasado al presente, y cada año sus promotores seleccionan un reclamo que se expresa en los afiches y publicidad usados en cada ocasión; para 2022, la consigna está relacionada con el cumplimiento de la sentencia emitida por el Consejo de Estado el 27 de agosto de 2019, en la cual se ordenan medidas de reparación integral, tales como indemnizaciones y un acto de reconocimiento de responsabilidades. Con el cambio de gobierno, también surgen expectativas frente a la posibilidad de que, en forma respetuosa, concertada y célere, se dé cumplimiento a las medidas que contempla la sentencia e involucran al gobierno nacional, tales como el acto de reconocimiento de responsabilidad en cabeza del Ministerio de Defensa.
A nivel nacional, esta masacre no tiene el mismo reconocimiento que otras; en cambio, a nivel local, la Peregrinación ha hecho que sea cada vez más visible. Sin embargo, otros crímenes ocurridos sobre la misma carretera, aún no son tan recordados por los pobladores de la región. Esta situación no es desconocida por los impulsores de la Peregrinación, quienes en los últimos meses han hecho esfuerzos para constituir una ruta de la memoria a lo largo de la carretera Sogamoso-Pajarito, instalando símbolos similares a los del páramo de La Sarna, en los demás lugares donde se perpetraron ejecuciones, tales como las mencionadas en la primera parte de este escrito.
El 6 de agosto de 2022, se inauguró un lugar de memoria en el kilómetro 60 de la vía Sogamoso-Pajarito, donde fueron ejecutados Pedro Jesús Vega y Carlos Eduardo Numpaque Piña el día 10 de febrero de 2007. Se instaló una placa y una veleta por cada una de las víctimas. La simbología es parecida a la del páramo de La Sarna, porque es elaborada por el mismo grupo, cuya intención es darle uniformidad de diseño e identidad a los lugares de memoria que se instalen sobre esta carretera. Otra placa y veletas similares iban a ser instaladas ese mismo día, en el lugar donde se cometieron las ejecuciones de William Villalobos Alvarado, John Marco Avella Cristancho, Luis Fernando Preciado Rojas y Miguel Ángel Santiago el 7 de febrero de 2004 en el sector Los Pinos de la vía Sogamoso-Pajarito, pero esto no se pudo realizar, ya que cuando se estaban construyendo los cimientos de la placa conmemorativa, los dueños del predio aledaño impidieron continuar, pues cercaron esta parte del terreno, y pese a las insistentes solicitudes de los familiares, se denegó el permiso. Esto evidencia uno más de los desafíos a la hora de pensar en la constitución de lugares de memoria en Colombia y en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, relacionadas con tomar: “medidas para garantizar la preservación, financiación, construcción y fortalecimiento de los lugares e iniciativas de memoria y la declaración de nuevos lugares, especialmente en sitios donde hayan ocurrido graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (Comisión de la Verdad, 2022. Pág. 803 y 804). Por esto es importante pensar en especiales herramientas jurídicas y/o administrativas para la constitución de lugares de memoria en los predios privados o donde haya interferencia de particulares que se opongan a dichas instalaciones.
3. Una breve reseña de la aparición de Boyacá en el informe de la Comisión de la Verdad
La Comisión de la Verdad dividió su trabajo territorial en once regiones, y sobre cada una de estas emitió un informe. También produjo otros documentos relacionados con el relato histórico del conflicto, las distintas victimizaciones y sectores sociales victimizados. En el caso de Boyacá, este departamento estaba incluido en la región Centro que abarcaba los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila. Allí se realizaron 1.190 entrevistas a víctimas, 23 entrevistas a actores armados, 89 entrevistas colectivas a líderes campesinos y afrodescendientes, 224 entrevistas a profundidad con expertos, 39 historias de vida y 12 diagnósticos comunitarios. Sin embargo, la única forma de conocer el trabajo y los análisis de la Comisión sobre Boyacá, no es con la lectura del capítulo de la región Centro. Los demás capítulos relacionados con relatos, afectaciones, enfoques y sectores sociales también contemplan análisis y casos que atañen explícitamente a Boyacá.
Por ejemplo, el capítulo que más desarrolla lo relacionado con la masacre del Páramo de La Sarna no es el de la región Centro, sino el titulado Hasta la guerra tiene límites, sobre violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y responsabilidades colectivas. Entre otros casos, se señala que un agente de inteligencia de la Brigada, quien actuó como enlace entre las Autodefensas Campesinas del Casanare y la comandancia, rindió testimonio ante la Comisión, afirmando que su participación consistió en llevar y luego recoger las armas que se usaron desde Duitama hasta un punto previamente acordado con el paramilitar Ernesto Zipaquirá Riaño, alias Renegado. También se mencionan las conmemoraciones impulsadas por los familiares de las víctimas, cuyo activismo influyó para que la CEV tuviera en cuenta este crimen de Estado dentro del informe.
En casi todos los capítulos hay menciones a Boyacá, especialmente relacionadas con la historia de Puerto Boyacá como enclave paramilitar y la “guerra de las esmeraldas”. Además, se hace referencia a víctimas de otras zonas del departamento que ejemplifican algunas de los sectores victimizados y tipos de victimización presentes en Colombia, donde el departamento de Boyacá no fue la excepción: una campesina boyacense, madre de una víctima de ejecución extrajudicial en la modalidad de “falso positivo” de Soacha, tuvo que exiliarse en Suecia; el atentado con un “caballo bomba” en Chita el 10 de septiembre de 2003 por parte de las FARC-EP, quienes empleando cruelmente a un animal de trabajo para cargarlo con explosivos entre bultos de papa, y obligando a un campesino a arriarlo hasta el lugar del atentado, resultaron asesinadas 8 personas y heridas otras 15. Así mismo, la estigmatización, detenciones arbitrarias, tomas guerrilleras y secuestros en municipios como Pajarito; el trabajo forzado en municipios como Paya por parte de la guerrilla del ELN; los ataques a la infraestructura de los oleoductos y los daños ambientales que estos ocasionaban en Cubará por parte de grupos guerrilleros; la desaparición de defensores de Derechos Humanos, como el sogamoseño Alirio Pedraza, el abogado y profesor bogotano Eduardo Umaña Mendoza y la urabeña afrodescendiente, lideresa comunitaria y de desplazados Ana Fabricia Córdoba. También deben mencionarse las afectaciones a pueblos étnicos que habitan el parque Nacional Natural de El Cocuy, ubicado entre los municipios de Boyacá, Arauca, Santander y Casanare, donde moran 12 pueblos indígenas distintos, así como el reclutamiento de menores en San Eduardo y Paz, entre otros casos. El examen de los hallazgos de la CEV en Boyacá contribuye a la comprensión de la violencia y sus impactos en el departamento.
Los actos conmemorativos de los 21 años de la masacre del Páramo de La Sarna evocan los hechos del 1 de diciembre de 2001, al tiempo que inspiran la constitución de otros lugares de la memoria en la vía Sogamoso-Pajarito, uno de los corredores donde se perpetraron varios de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado y la violencia política en el departamento de Boyacá. Para todas las víctimas, este sentido homenaje.
Referencias
Vida, Memoria y Dignidad (2021). Una mirada a la situación de los derechos humanos en Boyacá. Revista Noche y Niebla N.º 63. (Pág. 82 y 83) Bogotá, Cinep/PPP.
CSPP, CAJAR, CCJ y Vida, Memoria y Dignidad (2020). Informe “Boyacá: Sembrando justicia, memoria y dignidad”.
Cinep/PPP. (2021). Banco de Datos de Derechos Humanos, DIH y Violencia Política [en línea],
disponible en https://www.nocheyniebla.org/ con fecha de corte 30/Jun/2022, consultado el 8 noviembre de 2022.
Ballesteros y Vega (2016). Peregrinación anual en conmemoración de la masacre del Páramo de La Sarna. Memoria y Resistencia en Colombia. Seis experiencias regionales de memoria. Cuaderno de trabajo N.º 4. (Pág. 17-30) Bogotá, Cinep/PPP. Comisión de la Verdad de Colombia (2022). Capítulo Hallazgos y recomendaciones. Pág. 803 y 804.
[i] Por ejemplo, las proferidas por el Juzgado 56 Penal del Circuito, programa de descongestión OIT en el año 2015, y por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el año 2019.
[ii] Ver más información sobre las Peregrinaciones de años anteriores en: Ballesteros y Vega, 2016. Peregrinación anual en conmemoración de la masacre del Páramo de La Sarna. Memoria y Resistencia en Colombia. Seis experiencias regionales de memoria. Cuaderno de trabajo N.º 4. Cinep/PPP.
cien-dias-106-masacre-sarnaÁngela Ballesteros Gómez
Integrante del equipo Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP.
