Por Fredy Alexánder Chaverra Colorado
A cuatro años de la firma del acuerdo del Teatro Colón, el anhelo de paz y reconciliación se percibe distante en vastos territorios de Antioquia, especialmente en las subregiones del Bajo Cauca y el Norte. La disputa por el control de corredores estratégicos, la reconfiguración de actores criminales que pasaron a ocupar territorios antiguamente controlados por las FARC-EP, y las dificultades en la ejecución de la Reforma Rural Integral -RRI- en el capítulo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS-, son algunas de las causas de los fenómenos de violencia que desde 2017 han elevado a niveles críticos los registros de victimización en estas subregiones, concentrando la violencia en los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia en Bajo Cauca e Ituango en el Norte.
Ituango, el laboratorio del fracaso
De Ituango, poblado rural incrustado en las imponentes montañas del Norte antioqueño, se podría afirmar que tristemente ejemplifica, como ningún otro territorio en Antioquia, el fracaso en la implementación del acuerdo de paz. Ya poco queda del laboratorio de paz en el que se pensó se convertiría el municipio una vez concluido el proceso de desarme de las FARC-EP en 2017, pues en tan solo cuatro años, pasó a convertirse en uno de los territorios más afectados por la violencia en
el país. Un auténtico laboratorio del fracaso o una especie de catálogo de todo lo que puede salir mal en la implementación de un acuerdo de paz. A pesar de ser un territorio priorizado en el PDET y PNIS, contar con una fuerte presencia de la Fuerza Pública, y haber albergado entre agosto de 2017 y julio de 2020, un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- en la vereda Santa Lucía, en Ituango la paz se ha convertido en un reclamo constante y en el clamor generalizado de miles de familias que padecen los rigores de la confrontación armada.
A este laboratorio fallido lo recibió el 2021 con otra tragedia humanitaria: el desplazamiento de cientos de familias de las veredas Alto de Limón, El Quindío y Quebrada del Medio, entre otras; en total, fueron 508 habitantes que no vieron más alternativa que huir de sus territorios ante el asedio de grupos armados y la advertencia de enfrentamientos. Así se repitió la imagen de cientos de campesinos que salen despavoridos de sus veredas, con un puñado de ropa bajo el brazo y unos cuantos corotos. Una imagen que en el claroscuro optimista del posconflicto se presumía olvidada; sin embargo, sigue más vigente que nunca.
Para los ituanguinos, esa imagen se ha vuelto frecuente en el trascurso de los últimos tres años, debido a la intensa confrontación armada que se libra en sus veredas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Caparros o Bloque Virgilio Peralta (con fuerte presencia en Cáceres y Tarazá), y los remanentes de los antiguos frentes 18 y 36 de las extintas FARCEP, actores que se disputan a sangre y fuego el control de un corredor ubicado en pleno Nudo del Paramillo, puerta de entrada al sur de Córdoba, el Bajo Cauca y el Urabá. Sin duda, una ruta clave para dinamizar la producción de rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, al igual que la movilidad de tropas y armas. “Quien controle a Ituango gana la guerra”, me dijo en voz baja un poblador en mi primera visita al territorio en febrero de 2018.
La profunda crisis humanitaria que se vive en este municipio es el resultado de una compleja dinámica de reacomodamiento, tras haberse concluido el desarme de las FARC-EP. En las proyecciones de los actores armados, Ituango se configura como una plataforma territorial de expansión o un territorio de conexión. Para los remanentes o disidencias de los frentes 18 y 36 es el punto central en un proyecto de expansión desde el Norte, que busca restituir el control que durante tres décadas ejerció la antigua guerrilla. Aunque no es del todo claro el nivel de operatividad entre estas dos estructuras con el resto de disidencias, en septiembre de 2019, el frente 18 en cabeza de alias “Ramiro”, declaró lealtad a la Nueva Marquetalia; sin embargo, esa adhesión no se ha traducido en fortalecimiento militar ni aceleró su proceso de expansión, pues aún continúa concentrada en Ituango y en noviembre de 2020 fue el objetivo central de tropas de la Séptima División del Ejército cuyos operativos concluyeron con la muerte de “Ramiro”.
Para las AGC el control del Ituango es un objetivo crucial. Resulta fundamental para conectar no sólo sus estructuras armadas en el Sur de Córdoba, el Occidente, el Urabá, sino al Bajo Cauca con el Norte. Con su control también podrían cortarle los corredores de movilidad a los Caparros, con quienes vienen librando una intensa confrontación en zonas rurales de Cáceres y Tarazá. Así fue denunciado, a mediados de 2020, por la confluencia de organizaciones articuladas al Proceso Social de Garantías, instancia desde la cual el defensor de derechos humanos, Yesid Zapata, cuestionó la pasividad del gobierno ante el asedio de las AGC en Ituango, en el marco de la denominada “Operación mil”, campaña con la cual se trazaron el objetivo de expulsar a las disidencias de las FARC-EP, y de facto asumir un control prácticamente hegemónico en el Norte del departamento. La primera consecuencia de ese asedio paramilitar se materializó en 15 de julio de 2020 con el desplazamiento del ETCR Román Ruíz.
No fue un desplazamiento, fue un desarraigo: Manuel Benítez
El desplazamiento de 93 personas residentes en el ETCR, entre exguerrilleros y sus familias, hacia el sur del Urabá, estuvo precedida de una serie de actividades humanitarias promovidas por sectores de la sociedad civil, como espacios para encontrar una solución concertada a la problemática de seguridad en la vereda de Santa Lucía y comunidades aledañas. Entre el 14 y 15 de marzo del año 2020, se promovió una reunión con voceros de las comisiones de paz de Cámara y Senado, que concluyó con un comunicado suscrito por 135 personalidades, la cual dio cuenta del inminente riesgo al que se exponían los exguerrilleros de continuar residiendo en el territorio. Se afirma:
“En dicha comunidad (Santa Lucía), las amenazas permanentes contra su vida, la dificultad para comercializar la producción que realizan, las condiciones inadecuadas de subsistencia son una constante en la que de manera reiterada hacen llamados a la atención del Gobierno Nacional y el país en general”.
Kavilando, 2020
A pesar de este importante esfuerzo y la presión de distintas organizaciones sociales, tras el asesinato de dos menores, familiares de excombatientes, en inmediaciones a Santa Lucía, el Consejo Nacional de Reincorporación, en coordinación con la Oficina de la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, decidieron trasladar el ETCR a Mutatá. Muy cerca de la Nueva Área de Reincorporación – NAR- de San José de León. Así se registró el segundo desplazamiento de todo un ETCR en Antioquia. El primer caso se presentó en octubre de 2017, cuando el ETCR ubicado en la vereda Gallo en Tierralta (Córdoba) se trasladó a Mutatá. El Urabá, donde las FARC-EP tenía influencia, pero no ubicó ninguna zona de desarme, se va convirtiendo en una tierra prometida para cientos de exguerrilleros.
Con estos movimientos también queda claro que los criterios que orientaron la negociación del punto tres del acuerdo de paz, en relación con la selección de las áreas de acantonamiento y desarme que antecedieron a los ETCR, conocidas por seis meses como las Zonas Veredales Transitorias o los Puntos Transitorios de Normalización, no son equivalentes para definir la sostenibilidad territorial de la reincorporación colectiva y comunitaria (CONPES 3931 de 2018). Con el desplazamiento del ETCR Román Ruiz, se confirma la poca integralidad que asiste en la implementación del acuerdo, ya que en el punto tres, en el componente de garantías de seguridad, se acordó avanzar en una estrategia del desmonte del paramilitarismo, y en esto no se ha avanzado en lo más mínimo, convirtiéndose en una cascada negativa (Kroc, 2019, p. 80) al momento de valorar la implementación.
Para Manuel Benítez González, antiguo comandante del frente 18 y padre de Manuel Antonio González, exguerrillero asesinado el 14 de diciembre de 2019 en una vía destapada cercana a la cabecera municipal de Ituango, la escalada de violencia que conllevó al desarraigo de toda una comunidad es el resultado de una combinación de factores, entre ellos: el desinterés del gobierno Duque por avanzar en la implementación integral del acuerdo de paz; la precaria estrategia de presencia territorial del Estado, tras concluir el proceso de acantonamiento y desarme, lo que facilitó la llegada de actores oportunistas, interesados en copar territorios para el mantenimiento de rentas ilegales y la lentitud en la ejecución de los proyectos productivos; además, habría que agregar como una causa estructural, la debilidad institucional. En la tesis de grado “La transformación del conflicto en Ituango: De una guerra persistente al conflicto social”, Hugo Herrera plantea:
“En este municipio los actores de la guerra enfocaron mucho de su accionar. Pero en medio de la violencia, las comunidades, las fuerzas vivas, la sociedad civil, por la coerción que han ejercido los grupos al margen de la Ley, nunca han identificado la institucionalidad; ella, como figura primordial del Estado es una figura ausente; poco saben esos pobladores de lo que significa el Estado y los derechos que se tienen derivados de pertenecer a él y, sobre todo, pocas veces han acudido al Estado para resolver sus conflictos: ha habido una real ausencia del Estado, traducida en que nunca la institucionalidad había llegado a estos lugares.” (Herrera, 2018, p. 1)
Acompañé el desplazamiento de Ituango a Mutatá con muchos sentimientos encontrados. Al principio, con la tranquilidad de pensar que los exguerrilleros comprometidos con la paz y artífices de iniciativas productivas destacadas como el Café Paramillo, no quedarían en medio del fuego cruzado; sin embargo, también me invadió la nostalgia del desarraigo, aquella tenue soledad que se encarna en el corazón al momento de abandonar el lugar amado, y la inevitable preocupación por los cientos de familias de las veredas cercanas a Santa Lucia quienes no tienen la alternativa de caminar por una tierra prometida. Al momento de partir, un exguerrillero me expresó que se desplazaba con mucho dolor, que sentía el desarraigo en sus manos, pero que en su corazón llevaba las raíces.
¿Una paz irremediablemente desplazada?
Estoy seguro de que estamos a tiempo de construir un nuevo laboratorio de paz en las montañas de Ituango, un laboratorio de esperanza que convoque al conjunto de la sociedad colombiana, desde el cual podamos rodear con fuerza el noble sentimiento de la paz que se hace realidad. Primero, es importante hacer un llamado urgente al cese al fuego a todos los actores armados, a la búsqueda de una paz con enfoque regional que permita revalidar la potencia de los acuerdos participativos diseñados en la elaboración del PDET, explorando la validez de su ejecución desde lo local, municipal y subregional. Segundo, como sociedad debemos hacerle frente a la indiferencia que desplaza la empatía y paraliza la capacidad de comprender el sufrimiento de cientos de familias que claman por la reconciliación. Tercero, nos debemos preguntar: ¿la paz está irremediablemente desplazada?
Bibliografía
Herrera, H. (2018). La transformación del conflicto en Ituango: De una guerra persistente al conflicto social. (Tesis de maestría) Recuperado de: https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4570/ConflictosocialItuango.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Instituto Kroc. (2019). Tercer informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz: La implementación sigue progresando. Bogotá.
CONPES 3931. (2018). Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las Farc-EP. Bogotá.
Comunicado S.O.S Santa Lucia Ituango Antioquia. (21 de mayo de 2020). Recuperado el 7 de marzo de 2021, de https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/7749-comunicado-s-o-s-santa-lucia-ituango-antioquia
Crisis humanitaria en Ituango: disputa entre grupos armados genera desplazamientos. (15 de febrero de 2021). Recuperado el 7 de marzo de 2021, de https://www.radionacional.co/noticia/regiones/crisis-humanitaria-ituango-disputa-entre-grupos-armados-genera-desplazamientos
Aumento el número de desplazados en Ituango, Antioquia. (17 febrero 2021). Recuperado el 7 de marzo de 2021, de https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/antioquia-aumento-el-numero-de-desplazados-en-ituango-567676
Foto portada: Jennifer Rueda.
Fredy Alexánder Chaverra Colorado
Politólogo de la Universidad de Antioquia. Estudiante de maestría e integrante del grupo de investigación Conflicto, paz negociada y posconflicto, adscrito al Instituto de Estudios Políticos. Se ha desempeñado como asesor en el Congreso de la República, consultor independiente y ahora como investigador de la Fundación Paz y Reconciliación para el Bajo Cauca antioqueño.
Fredy.chavera@udea.edu.co
