Nicaragua, una dinastía totalitaria acorralada

EDICIÓN 102 MAY-AGO 2021

Por Gilles Bataillon (EHESS-CIDE)

Nicaragua ha entrado de nuevo en una grave crisis política. El 2 de junio, Cristiana Chamorro, la candidata más importante de la oposición –hija de Violeta Chamorro, quien derrotó a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de 1990–, fue puesta bajo arresto domiciliario. Igual suerte corrió su hermano menor Pedro Chamorro Barrios. Otros tres aspirantes presidenciales, Sebastián Chamorro, Félix Madariaga y Arturo Cruz, también fueron detenidos, al igual que la destacada activista de Derechos Humanos Violeta Granera, la dirigente de la UNAB¹Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB) es la principal agrupación que reúne a diferentes fuerzas de oposición. Támara Dávila, y el influyente empresario José Adán Aguerri. Días más tarde, en el mismo mes de junio, antiguos dirigentes sandinistas que pasaron a la oposición corrieron la misma suerte: Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, y las dirigentes de UNAMOS²Unión para la renovación democrática. Nuevo nombre del antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS)., Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona. Luis Rivas, director general de un importante banco de inversión (BANPRO) fue investigado, así como también otros dirigentes de las empresas privadas más grandes de Nicaragua, vinculadas a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Todos bajo la misma acusación: “favorecer la injerencia extranjera” en el país. Contra Humberto Belli, ministro de gobierno de Violeta Chamorro y viejo opositor de Ortega, también se cierne una amenaza de enjuiciamiento. Finalmente, dos de los periodistas más influyente del país, Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora, quienes ya habían sido objeto de presiones por parte de la policía, volvieron a sufrir allanamientos en sus casas. El 7 de julio fueron encarcelados otros líderes opositores: dos estudiantes, Max Jerez y Lesther Alemán, quien había desafiado públicamente a los Ortega Murillo. Cuatro dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, Fredy Navas y Pablo Morales. Y es muy probable que otras figuras de la oposición también sean arrestadas en los próximos días. No hay ninguna duda de que éstas son señales del endurecimiento de un régimen triplemente acorralado, que perdió su legitimidad luego de la insurrección cívica de abril – junio de 2018. Es un régimen bajo la amenaza de graves sanciones internacionales y que, además, en los próximos meses se enfrenta a un desafío crucial: las elecciones presidenciales de noviembre.

Genealogía de una crisis política

Para comprender mejor el presente, es preciso recordar a grandes rasgos lo ocurrido desde la insurrección de 2018 cuando, entre abril y junio, amplios sectores ciudadanos se sublevaron contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante ese lapso, el país se paralizó por las protestas, que no se veían desde 1978 durante la lucha contra Anastasio Somoza. Barrios y ciudades se llenaron de barricadas, al punto de autoproclamarse “territorios libres de dictador”. Los manifestantes bloquearon las principales carreteras del país. Al comienzo, denunciaban la inacción del gobierno ante a los incendios forestales que devastaban una reserva natural sobre la costa atlántica. Muy pronto, protestaban también contra la represión frente a sus primeras manifestaciones, y exigían el retiro de una reforma de ley al sistema de pensiones. La brutalidad de la represión de estas manifestaciones pacíficas, con decenas de personas víctimas de disparos, deliberadamente letales de la policía, terminó uniendo a diferentes sectores de la oposición: empresariado, Iglesia católica, campesinos desposeídos debido al proyecto del canal transoceánico, estudiantes y juventud urbana, prensa independiente y movimientos feministas. Denunciaban no sólo la corrupción y autoritarismo del régimen. También reclamaban un diálogo nacional, el fin de la represión y una investigación de los crímenes cometidos por la policía. Coincidían en que sólo la realización de elecciones anticipadas pondría fin a la crisis de legitimidad del régimen.

Resulta poco decir que este levantamiento popular fue reprimido con enorme brutalidad: en apenas tres meses, 328 muertos y miles de heridos, centenas de personas apresadas, la mayoría torturadas y agredidas por los policías, y más de 100.000 exiliados. Esto, en un país de 6,46 millones de habitantes. A finales de 2018, varios directores de prensa fueron arrestados, y sus medios de comunicación, cerrados³Cien por ciento noticias, las ONG Popol Na, Cenidh, CISAS, Hagamos Democracia, IEEPP, IPADE, Instituto de Liderazgo de las Segovias.. Así mismo, las ONG consideradas muy críticas, fueron sencillamente proscritas y sus bienes confiscados. Las presiones internacionales de la OEA y de la ONU y, sobre todo, la decisión del gobierno de Estados Unidos de congelar los bienes de altos funcionarios sandinistas, entre ellos de Rosario Murillo y del secretario personal de Daniel Ortega, obligaron al gobierno a abrir unas mínimas negociaciones en 2019, que lo llevaron a promulgar una ley de amnistía en junio del mismo año.

Ésta permitió la liberación de la mayoría de los presos políticos, con excepción de un centenar, aún detenido por “delitos de derecho común”, según versiones oficiales.

No obstante, tal como lo comprueban varias leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2020, Daniel Ortega jamás mostró un deseo de poner fin a la política de terror que desplegó contra la oposición, y mucho menos de permitir un retorno al libre juego de la democracia en Nicaragua. Estas nuevas leyes otorgaron poderes inquisitoriales a la policía y a la justicia. La detención preventiva, que no podía sobrepasar las 48 horas, hoy puede durar 90 días. Estas leyes crearon, además, los delitos de “incitación a la injerencia extranjera”, “crimen de odio” y “ciber delito”, que permiten investigar y condenar con severas penas de prisión, a todos aquellos que, por ejemplo, soliciten la visita de observadores internacionales para supervisar el desarrollo de las elecciones, o que denuncien las acciones del gobierno en redes sociales.

Cabe agregar que la ola de arrestos lanzada por el gobierno apunta claramente a romper cualquier iniciativa de movilización social para exigir elecciones competitivas, en las cuales la oposición tenga la posibilidad de ganar, tal como sucedió en 1990.

Hoy resulta esencial exigir dos cosas, ubicándose del lado de los opositores al gobierno de Ortega y Murillo. Los prisioneros de opinión detenidos desde comienzos de junio, y otros, arrestados desde 2018 o antes⁴Como es el caso de Santos Sebastián Flores, arrestado en junio de 2013 y condenado a 15 años de prisión por haber denunciado los abusos sexuales de Daniel Ortega en contra de su hermana, Elvia Junieth Flores Castillo (nacida en 1990). Ortega habría abusado de Junieth desde sus 15 años. De estas violaciones nacieron dos hijas en 2011 y 2015. En noviembre de 2017, Junieth decidió denunciar los abusos y las injusticias infligidas a su hermano, a su familia y a ella misma, mediante una llamada telefónica a medios de comunicación de Miami. Indicó estar secuestrada, vigilada permanentemente y sin derecho a salir del país. En enero de 2018, Santos Sebastián Flores permanecía internado en la cárcel La Modelo, galería 300, de prisioneros de alto riesgo. Se calcula que hay más de 120 presos políticos., deben ser liberados. El gobierno debe además comprometerse a permitir la realización de elecciones realmente competitivas, en donde los opositores tengan la posibilidad de hacer campaña sin estar sometidos a las presiones y acciones violentas de los sandinistas. Estas elecciones deberán ser organizadas por escrutadores independientes o por algún organismo internacional como la OEA. Es preciso comprender además dos elementos primordiales para apoyar la lucha valerosa del pueblo nicaragüense para recuperar su libertad: 1) el tipo de poder que ejerce la pareja Ortega-Murillo y sus objetivos, 2) la naturaleza de los múltiples segmentos de la oposición y la pertinencia de su estrategia.

La dinastía Ortega Murillo

Numerosos observadores⁵Esta percepción, común entre muchos observadores de la realidad política nicaragüense, fue expuesta por Salvador Martí Puig y Mateo Jarquín en un artículo publicado en Nueva Sociedad, “El precio de la perpetuación de Daniel Ortega”, https://nuso.org/articulo/el-precio-para-nicaragua-de-la-perpetuacion-de-daniel-ortega/ sostienen que la pareja presidencial tiene un solo objetivo: instituir una forma de patrimonialismo familiar siguiendo las mismas tendencias y prácticas de la familia Somoza, que gobernó Nicaragua de 1937 a 1979. Ortega y Murillo habrían, además, abandonado la ideología del Frente Sandinista, y las promesas de redistribución de la riqueza y de progreso social, promovidas durante los años 1980. Su objetivo se centró en la retoma del poder, que Ortega logró en 2006, para desde entonces, nunca volver a abandonarlo. Para ello, “desmantelaron las instituciones democráticas del país (…) y prefirieron transformar el FSLN en una fuerza de derecha, antes que permitir el retorno al poder de ‘la derecha’”. Durante más de una década, supieron “construir un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de sus antiguos enemigos ‘contrarrevolucionarios’ de los años 1980”.

Resulta difícil discrepar de las observaciones de Martí y Jarquín. Desde 2006, Ortega y Murillo han instaurado metódicamente un poder dinástico, pervirtiendo las instituciones democráticas, al someterlas al poder ejecutivo. Tal como lo demuestran todas las elecciones organizadas desde 2008, Ortega decidió no volver a aceptar ninguna puesta en juego del poder, que pudiese obligarle a buscar acuerdos con alcaldes o diputados de la oposición, o incluso a abandonar la Presidencia de la República. Durante cada una de estas elecciones⁶Municipales de 2008, generales de 2011, municipales de 2012, generales de 2016 y municipales de 2017., el Consejo Supremo Electoral organizó metódicamente el fraude a favor del FSLN e ignoró sistemáticamente, tanto las protestas de la oposición, como los llamados al orden de la OEA. Las imágenes, a menudo grotescas de la familia Ortega Murillo (la pareja, sus ocho hijos y sus nietos), puesta en escena en diferentes ceremonias públicas, los roles clave atribuidos a cada uno de sus hijos, al frente de distintos canales de televisión, de agencias de publicidad y en el mundo empresarial, son pruebas de su deseo de instituir un poder dinástico.

A esta tesis del proyecto dinástico, cabe sumar el rol, cada vez más importante de la vicepresidente Rosario Murillo, luego de haber administrado, durante la presidencia anterior, (2011-2016) la importante ayuda económica de Venezuela⁷Administrada de modo discrecional por Murillo y aprovechada para financiar una política de asistencia personal a todos quienes aceptasen convertirse en miembros de las nuevas organizaciones de masa del FSLN., y de su omnipresencia en el medio de comunicación sandinista, El 19. Desde allí, Murillo dicta la agenda de las movilizaciones populares, que el gobierno convoca de modo iterativo. Las intervenciones ditirámbicas que Ortega le dedica son prueba evidente de las formas “familiares” de ese poder. Ella es “la camarada eternamente leal”. Y Ortega tiene toda la razón sobre ello: su lealtad está fuera de duda. Rosario Murillo la demostró, por primera vez, en un momento crucial, cuando Zoilamérica, su hija mayor, nacida de una primera unión, osó denunciar en 1998 las violaciones repetidas de su padrastro y padre adoptivo, Daniel Ortega. Murillo calificó las declaraciones de su hija como calumnias y mentiras, y luego llamó a sus otros hijos a unir fuerzas en contra de su propia hija. Esta primera demostración de lealtad fue, además, el punto de partida de su carrera política en primer plano, al lado de su marido. Antes de ello, Murillo significaba poco o nada en el escenario político nicaragüense. Y esta lealtad no ha disminuido. Por el contrario, se reafirmó en 2018, cuando supervisó personalmente la represión de la insurrección cívica, dando una instrucción clara para la policía y los grupos de choque del FSLN: ¡Vamos con todo!

Los regímenes comunistas no han estado exentos de estas patologías dinásticas. Cabe pensar en Mao Zedong y su cuarta esposa durante la Revolución Cultural, Jian King. En Kim Il Sung entregando el poder a su hijo Kim Jong-un en Corea del Norte o, más cerca de Nicaragua, a los hermanos Castro en Cuba. Finalmente, en la Nicaragua de los años 1980, con el peso decisivo de Daniel y Humberto Ortega en la Dirección Nacional del FSLN, hasta que Daniel, luego de asumir la presidencia de la República, terminó enemistándose con su hermano.

Lo que interesa comprender es cómo, después del retorno de Ortega al poder en 2006, él y su esposa, han retomado metódicamente el control de todos los poderes, pero no al estilo de los caudillos latinoamericanos del siglo XIX y comienzos del XX, ni tampoco como el de los militares de los años 1960-1980. Aquellos proclamaban que sus dictaduras serían pasajeras. Aquí sucede lo contrario: el horizonte vislumbrado es el de un sometimiento a un par de “egócratas”⁸Retomando el término de Solzhenitsyn, al evocar a Stalin. que están allí para siempre. No cabe la idea de perder de nuevo el poder, como en 1990, cuando según Henry Ruiz, si hubieran sabido que podrían perder, los sandinistas “habrían imaginado un plan para hacer fraude en las elecciones”. Los Ortega Murillo pretenden encarnar al pueblo nicaragüense, al cual ofrecen una nueva dignidad. Son también los organizadores de lo social mediante el FSLN, y de sus organizaciones de masa sobre las cuales tienen el control. El Estado y el Partido son, de hecho, una unidad.

El presidente y la vicepresidente hacen y deshacen carreras. Si Ortega prefiere la sombra, Murillo es una figura omnipresente, especialmente en los medios de comunicación, bajo control de sus hijos y del medio sandinista en línea, El 19. Allí, ella aparece a cada instante dando instrucciones sobre todo tema. Los nicaragüenses, con cierta sorna, señalan que es experta en todo, incluso en meteorología. No obstante, el lado barroco y estridente de sus intervenciones no debe engañar. Sus caprichos, sus joyas abundantes, su vestimenta o incluso, sus “árboles de la vida” o chayopalos, las gigantescas estructuras metálicas que colindan las grandes rotondas y las principales avenidas de la capital, son señales de su deseo de imponer su sello en todos los niveles, ya sea de protocolos o de la organización del espacio público. Es ante todo una mujer que sabe calcular y gobernar, asegurándose la lealtad de quienes ella promueve gracias a las múltiples prebendas a las que les abre acceso.

Los “gracias a Dios”, “Dios mediante” y “primero Dios”, que salpican sus intervenciones públicas no engañan a nadie fuera de su pequeño círculo de simpatizantes. No se trata de expresiones de devoción a un Dios todopoderoso. Son más bien símbolos de la creencia en su destino providencial y en el de su marido. Son el emblema y la encarnación de la Nueva Nicaragua, sandinista, cristiana, solidaria; adjetivos que no sabrían disimular el retorno hacia una suerte de escatología totalitaria. Sus diatribas contra los opositores de 2018, que trató de “seres minúsculos”, “seres diabólicos que jamás podrán gobernar Nicaragua”, son muy reveladoras de su concepción de la política. Se encuentra allí, bajo un lenguaje tomado del cristianismo, la vieja separación totalitaria entre el Pueblo y sus enemigos, predominante durante los años 1980.

Murillo y Ortega tampoco se privan de revivir, literalmente, “al gusto del día”, la vieja polarización entre Sandinistas y Contras, para estigmatizar a sus oponentes como “marionetas del imperialismo”. En su elección como presidente en 2006, Ortega declaró que era el momento de la “segunda fase de la revolución”. El paréntesis de su derrota en 1990 fue borrado, como también la democracia, a menudo corrupta, que Nicaragua conoció de 1990 a 2006. Según sus esquemas de pensamiento de los años 1980, Ortega y Murillo conciben las múltiples figuras de la oposición como enemigas del pueblo, creadas casi ex nihilo por el imperialismo norteamericano. El nombre dado a las acciones policiales ejecutadas a comienzos de junio, la “Operación Danto”, también es un modo de revivir el imaginario de los años de la guerra civil. Danto es el seudónimo de Germán Pomares, uno de los líderes de la guerrilla sandinista, asesinado poco antes de la caída de Somoza en 1979. Este nombre fue dado a una de las más grandes ofensivas contra la Contra durante los años 1980.

¿Cómo reaccionar? ¿Cómo actuar?

Ortega y Murillo no han roto del todo con su proyecto de transformación social de los años 1980. Cabe recordar que, casi de inmediato, se creó una burocracia prevaricadora, cuyas prebendas y favoritismos lograron muy pronto vaciar de sentido las proclamas igualitarias de la revolución. Los hermanos Ortega y Tomás Borge, estuvieron entre los primeros dirigentes en servirse generosamente de ello, al igual que otros múltiples prevaricadores de menor envergadura. Y esto, en todos los niveles del aparato del Partido-Estado sandinista. Hubo, sin duda, un tipo de movilidad social, pero fueron muy pocos los líderes de costumbres franciscanas, como Henry Ruiz u otros menos conocidos.

De cierto modo, el clientelismo y la corrupción que caracterizan a Nicaragua desde 2006, han permitido un tipo similar de movilidad. Hombres y mujeres de los orígenes más humildes, han llegado a ocupar puestos importantes en la administración estatal y en las nuevas organizaciones de masas. Muchos lograron aprovechar sus contactos, o se beneficiaron, durante un tiempo, de la ayuda venezolana. Además, los empresarios, especialmente ligados al mundo rural y que exportan productos a Venezuela, lograron hacer excelentes negocios. La verdadera novedad tiene que ver con la manera como Daniel Ortega y Rosario Murillo se confrontan con el contexto internacional. Durante los años 1980, los sandinistas emplearon con astucia el lenguaje de la democracia. Hoy, Ortega y Rosario actúan sin escrúpulos. Sus deseos se convierten en ley. Su confrontación con la oposición es frontal. Quien no se alinea incondicionalmente, se convierte en enemigo potencial. Su desprecio por los derechos humanos, como por los principios democráticos, y su desdén absoluto por la opinión pública internacional, son evidentes. Se puede afirmar que hay algo de actitud suicida, pero su estilo resulta muy similar a los modos de actuar y de expresarse de Vladimir Putin o de Xi Jinping.

En este contexto, ¿qué peso tiene la oposición? Es poco decir que se encuentra en un momento difícil. La represión de la que ha sido objeto desde 2018, ha fragilizado y roto la voluntad de muchos manifestantes. Algunos no han tenido más opción que huir al exterior para escapar de las persecuciones de las que han sido víctimas. Otros han perseverado, con una rara valentía y una abnegación admirable. Se trata tanto de militantes políticos (sandinistas renovadores de UNAMOS, venidos de los diferentes partidos liberales, conservadores o demócratas cristianos), como de periodistas, defensores de derechos humanos, líderes de ONG, activistas y religiosos. Si hoy no han intentado manifestarse de nuevo en las calles, debido al costo enorme de tales acciones, nada asegura que la rabia, que muchos de ellos experimentan, no los empuje a jugarse el todo por el todo. Si bien una cosa es expresar el descontento en redes sociales, y otra muy distinta salir a las calles, las ideas que circulan en las redes muestran la amplitud del rechazo al poder. El FSLN, y luego la pareja Ortega-Murillo, contaban con un núcleo de simpatizantes de casi 40% en los años 1980⁹Durante el escrutinio de 1984, cuando el FSLN obtuvo 67%, el número real de votos era mucho menor. A pesar de las presiones ejercidas por el Frente, un 10% de las personas en edad de inscribirse en las listas electorales no lo hicieron, 24% de los inscritos se abstuvieron, 26% emitieron votos nulos. Según esto, ese 67% de votos a favor del FSLN representaba, a lo sumo, un 50% de los votos de electores potenciales o un 40% de los votos marcados., el cual disminuyó a menos de un tercio. Y esto hasta el presente. En caso de elecciones libres¹⁰Hoy, la ley votada para permitir la reelección de Ortega, estipula que, si un candidato obtiene más del 35% de los sufragios, y supera a su primer contendor por un 5%, resulta elegido en primera vuelta., la oposición tendría muchas posibilidades de ganar.

Un grupo social importante en términos de influencia, el mundo empresarial, mostró una actitud más ambigua antes, durante, después de los hechos de 2018, y hasta hoy. Los empresarios lograron adaptarse a la destrucción metódica de las instituciones democráticas de los Ortega-Murillo. Pagaban muy pocos impuestos, y las prebendas ofrecidas, tanto a la familia gobernante como a sus aliados, para poder manejar tranquilamente sus negocios, les parecían un mal menor, en comparación con una posible reforma fiscal o con la existencia de movimientos sociales autónomos al interior de sus empresas. Además, habían asegurado, especialmente los exportadores agrícolas, excelentes negocios con Venezuela, antes de que esta entrara en crisis. Muchos empresarios acariciaron la idea de que si los Ortega-Murillo se volvían “razonables”, un nuevo pacto con ellos sería la mejor solución. ¡Poco importan las libertades públicas, si los negocios marchan! Pero la recesión económica que atraviesa el país desde 2018, acentuada por la pandemia y las sanciones estadounidenses contra funcionarios sandinistas, les han complicado considerablemente la tarea. Los activos de ciertos funcionarios sandinistas en Estados Unidos han sido congelados, y ninguna institución financiera internacional puede hacer negocios con ellos. Por haber respetado esta regla, varios empresarios han sido procesados por la justicia, en nombre de la “defensa de la soberanía nacional”.

La oposición ha quedado atrapada también en una querella de egos, y hasta el momento no logra ponerse de acuerdo sobre una candidatura susceptible de reunir al mayor número de nicaragüenses para las próximas elecciones presidenciales. La mejor prueba de ello es que hay cinco candidatos para esas elecciones, que se encuentran o en prisión o bajo arresto domiciliario. La paradoja está en que esta ola represiva ha terminado por unir a personas anteriormente rivales, y en que el empresariado empieza a entender que el tiempo de los buenos negocios ha terminado.

Algunos observadores¹¹Salvador Martí Puig y Mateo Jarquín insisten notablemente sobre este punto argumentan que, a partir de las grandes manifestaciones de 2018, los opositores de todas las tendencias confiaron demasiado en que las sanciones internacionales tumbarían a la pareja gobernante. Resulta difícil comprender dicha aseveración sin adoptar la lógica Ortega-Murillo, que ignora deliberadamente los compromisos de Nicaragua en materia de tratados internacionales, especialmente de los derivados la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus considerandos sobre el respeto a las normas democráticas. La oposición, por su parte, exige que se apliquen sanciones contra los dirigentes nicaragüenses. Sin embargo, el meollo de estas sanciones está en si son eficaces, y qué costos implican para los nicaragüenses. Por ejemplo, la propuesta de algunos congresistas estadounidenses de poner en cuestión los tratados de libre comercio con Nicaragua, no afectaría mucho a los dirigentes sandinistas, pero sí tendría terribles consecuencias en materia de empleo para los nicaragüenses más pobres. Precisamente por esto, detrás de su aparente realismo, tales medidas corren el riesgo de ser ineficaces o de producir efectos perversos.

Por su parte, las sanciones decretadas por Estados Unidos contra los líderes del régimen (la familia Ortega-Murillo, sus secuaces y testaferros), sí son muy eficaces. Estas personas cuentan con toda suerte de propiedades en Estados Unidos, pero también en América Latina y Europa. El congelamiento de sus activos y su posible confiscación, la prohibición de realizar transacciones con bancos internacionales y la imposibilidad de viajar en aerolíneas internacionales, son presiones más eficaces contra estas figuras y sus entornos. Más allá de su retórica antimperialista, todos, y más aún, sus familias, son adeptos del American way of life, ávidos consumistas, confiados en que, ante un revés de fortuna, saldrán de Nicaragua a disfrutar sus bienes. Pero ahora las cosas les son mucho más complicadas. Cabe esperar que otros Estados de América Latina y de Europa, adopten la misma política en la materia.

La presión de la OEA tendría también cierta eficacia. Las primeras medidas adoptadas, la condena de 26 países latinoamericanos a las detenciones arbitrarias, el llamado a la liberación inmediata, y la creación de una comisión para encontrar una solución a la crisis nicaragüense son pronunciamientos más que bienvenidos. Otra iniciativa que puede pesar en la balanza a favor de la oposición sería que los nicaragüenses demanden a los altos mandos sandinistas ante tribunales internacionales, y exijan que sean juzgados por los delitos cometidos en 2018.

En las semanas y meses por venir, los nicaragüenses urgen del apoyo de la comunidad internacional en su pulso con la pareja Ortega-Murillo, cuyas prácticas se inscriben a medio camino entre la revitalización del totalitarismo, y las formas clásicas de la tiranía latinoamericana, que Mario Vargas Llosa describió tan bien en “La fiesta del chivo”.

Artículo traducido del francés por José Darío Rodríguez, S.J. Una primera versión de este artículo fue publicada el 30/06/2021 en el sitio web de Letras Libres.

Foto portada: IPYS Venezuela

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