El laberinto de la Paz Total

Cien Días vistos por Cinep/PPP

EDICIÓN 107 ENE-ABR 2023

Por: Fernán González

El entusiasmo, inicialmente despertado por la audaz propuesta del presidente Petro, en pro de la Paz Total que pusiera fin a los diversos conflictos violentos que aquejan al país, reforzado por el anuncio optimista del cese al fuego, acordado con casi todos los grupos armados ilegales, se fue disipando gradualmente cuando empezaron a hacerse evidentes los múltiples problemas que traía consigo.

En primer lugar, tanto el comunicado de Antonio García, uno de los líderes más beligerantes del ELN, que desmentía que ese grupo hubiera aceptado sumarse al cese al fuego, como la insinuación del presidente Petro, de que había recibido alguna información que lo había llevado a su afirmación[1], mostraba que la propuesta no estaba elaborada del todo. Y, en segundo lugar, era evidente la clara oposición del ELN a ser incluido, en el mismo nivel de los delincuentes comunes y los paramilitares, en una propuesta indiferenciada de paz, que implicaba la falta de reconocimiento de su carácter de legítimo opositor político.

Esta discusión sobre la caracterización de los grupos armados ilegales como actores políticos se iba a convertir en el centro del problema: era claro que, dentro de la legislación vigente, el gobierno solo podía negociar con actores claramente políticos, como el ELN y los excombatientes farianos, tanto disidentes de los acuerdos y desertores de ellos, como la llamada Nueva Marquetalia, mientras que los miembros del Clan del Golfo y los Pachenca, estarían obligados a someterse a la justicia ordinaria, aunque podrían lograr ciertas concesiones. Además, el grupo de la Nueva Marquetalia, aunque mantenía su carácter de actor político, estaba, por ahora, por fuera de la posibilidad de acceso a los beneficios del acuerdo de La Habana y de la JEP, porque habían “traicionado” los acuerdos, con su regreso a la lucha armada.

La discusión sobre el delito político

De ahí la centralidad del debate en torno al delito político y a los delitos comunes conexos con él, que ocupó también las discusiones en La Habana en torno a la categoría del rebelde político, muy presente en nuestras guerras civiles del siglo XIX, pero bastante ausentes del discurso de los juristas del siglo XXI sobre los Estados consolidados. En los años más recientes, el problema se agrava por planteamientos como los de Collier[2] y Kaldor[3], que sostienen que las nuevas guerras han perdido ya su motivación política e ideológica, para reducirse a la obtención de lucro. Esta dicotomía, entre greed or grievance, se ha visto reflejada en la negativa del expresidente Uribe Vélez y sus seguidores, a reconocer la existencia de un conflicto interno en Colombia, que reduce la violencia reciente, a un complot narcoterrorista contra un Estado plenamente legítimo y una sociedad relativamente democrática e igualitaria.

Pero el problema básico reside, para Stathis Kalyvas[4], en saber qué tan válida es esa distinción entre viejas y nuevas guerras, porque, como muestran sus miradas de historia comparada de los conflictos armados, las motivaciones políticas y económicas no son mutuamente excluyentes: los soldados profesionales de los ejércitos napoleónicos se dedicaban, en sus ratos libres, a prácticas delincuenciales, mientras que los señores chinos de la guerra ayudaban a crear estado cuando cobraban impuestos y dirimían conflictos.

Y el caso colombiano mostraría muchas evidencias sobre la manera como la guerrilla ejercía funciones judiciales, a veces de manera bastante radical, pero no siempre arbitraria, para funcionar como aparato coercitivo del manejo comunitario de las tensiones. Y también sus intentos de recaudo de impuestos, en ocasiones por medio de extorsiones, y a veces por “colaboraciones” de las comunidades, a cambio de seguridad y arbitraje de conflictos, con sus apoyos a caminos y escuelas comunales, reflejarían una especie de “embrión de Estado, que les ha servido para reclamar el reconocimiento de status políticos. Y algo similar ocurre con cierta gobernanza, aunque sea claramente criminal, que ejercen otros actores armados ilegales, como paramilitares y grupos delincuenciales, en las zonas por ellos controladas, con alguna aceptación, así sea forzada, de la población. Esta situación significaría, según algunos, que ellos podrían reclamar cierto carácter político, así sea informal, pues parecen ser la autoridad existente de facto, al dirimir tensiones de las comunidades.

Por eso se explica el rechazo de los abogados de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, “el clan del Golfo”, que esperaban algún reconocimiento político para entregar las armas, pero no como sometimiento a la justicia con algunos beneficios legales, sino por medio de una negociación, como las que se adelantan con las guerrillas. No están dispuestas a jugarle a la ley de sujeción, con una promesa de tratamiento más benigno: podrían quedarse con el 6% de sus bienes ilícitos, siempre y cuando no sobrepasen los 10000 millones de pesos, pagarían pena efectiva entre seis y ocho años, si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, rinden información sobre sus patrones criminales y reparan a sus víctimas. Sin embargo, los voceros del Clan manifestaban seguir creyendo en las promesas de Petro aunque les “cierren las puertas” y en la comunicación permanente entre las partes” [5].

Pocos días antes, el presidente Petro había acusado al Clan del Golfo de haber pagado a jóvenes para ejecutar los hechos violentos ocurridos durante el paro minero en el nordeste y bajo Cauca antioqueños y el sur de Córdoba, para hacer pasar esa violencia como un paro social[6]. Por eso, decidió suspender el cese al fuego decretado con ese grupo algunas semanas atrás, después de un ataque a una patrulla del ejército y la incineración de varios vehículos[7]. Obviamente, estos hechos plantean algunos interrogantes sobre las esperanzas que se habían despertado en ese grupo, por la propuesta de Paz Total, con base en la difusa frontera entre violencia política y no política

Hacia la paz positiva del ELN

Por otra parte, el recurso a la violencia para conseguir ventajas en una eventual negociación, no es exclusiva del Clan del Golfo, como aparece en los ataques del ELN en el Catatumbo y Arauca: el asesinato de nueve militares en El Carmen (Norte de Santander), que obligó a una reunión de emergencia del gobierno con el equipo negociador y sus acompañantes, hizo pensar a algunos en la posibilidad de suspender las negociaciones, mientras que otros lo interpretaban como parte del juego político del ELN para llegar con más fuerza a las discusiones. En el mismo sentido se pueden interpretar los atentados más recientes, con bombas de escaso poder en varias ciudades. De hecho, Antonio García sostenía que el ELN podía realizar operaciones militares, como hacían el Ejército y la Policía, dado que no existía ningún acuerdo sobre el cese al fuego. Para otros, estos ataques manifestaban la inconformidad del ELN de ser tratado como otro grupo delincuencial, en una posición de simetría con las fuerzas estatales[8].

Por eso, se puede pensar que el ataque, no solo no sembraba dudas sobre su decisión de negociación, sino que, más bien, insistía en la necesidad de contar previamente con ellos para un eventual cese al fuego, que considerara sus posiciones. En ese sentido, Otty Patiño, el jefe negociador del gobierno, se preguntaba si el ELN estaría utilizando las negociaciones para fortalecerse, mientras que el comisionado de paz, Danilo Rueda, calificaba el incidente como un “traspiés” que el ELN debería superar, para no defraudar las esperanzas de la sociedad. Otros, como Roy Barreras, sostenían que el gobierno de Petro y su comisionado Rueda deberían concentrarse en el proceso con el ELN (lo que implicaría dejar la negociación sobre el sometimiento del Clan del Golfo en otras manos, como las del Ministerio de Justicia, y crear otros mecanismos para la implementación de los acuerdos de La Habana, y la negociación con desertores y disidentes de las FARC); además, consideraba que era prioritaria la recuperación del control estatal en los territorios para poder hablar con fuerza en la mesa[9].

Por su parte, María Victoria Llorente, directora de la FIP (Fundación Ideas para la Paz), retomaba la interpretación sugerida por las investigaciones del CINEP sobre el ELN como “federalismo insurgente”[10], que mostraba varios ELN: uno en la mesa y otro en el territorio, sin consensos internos. Esta interpretación es recogida por el periodista de El Tiempo, que se apoyaba en los informes de inteligencia estatal y en las fuentes que hablan con el ELN, para señalar que algunos jefes poderosos como “Pablito”, “el amo de la frontera entre Colombia y Venezuela a la altura de Arauca y Apure”, estaban en abierta rebeldía con Antonio García[11].

Otros, como el senador Iván Cepeda y el analista Pedro Medellín, disienten de esta caracterización: Medellín reconoce que la organización del ELN es altamente descentralizada, con estructuras territoriales bien definidas, pero con unidad de mando, no en el terreno operacional, sino en asuntos estratégicos. Según él, el ELN quiere enviarle al gobierno Petro un mensaje claro: no se trata de una organización cualquiera, sino de una guerrilla con tradición de lucha y de experiencia en negociaciones, muy distinta de otros actores, que está combatiendo a la dirigencia del Estado, hoy en manos de Petro, por consiguiente su enemigo. Esto lo tiene muy claro el ELN, pero no el gobierno que, de manera inocente, pensaba que la situación era diferente por ser Petro de izquierda; así, considera que el ataque en el Catatumbo es parte normal de un proceso que apenas está comenzando[12].

Pero, por otra parte, para Iván Cepeda, en la reunión del gobierno con su equipo negociador, el presidente Petro señaló que era imprescindible que hubiera absoluta claridad sobre los propósitos del ELN, para determinar si este grupo está usando la negociación para acumular fuerza militar o si tiene voluntad genuina para llegar al final del conflicto; sin esta premisa básica, el proceso está destinado al fracaso.

Estas opiniones explican la insistencia de Antonio García en subrayar la coherencia interna del ELN y su unidad de mando, basada en un amplio proceso de consulta con los diferentes frentes, y una continua comunicación con “Pablo Beltrán” en la mesa de negociación, que mostraría que habían aprendido la lección del impacto negativo que tuvo el atentado en la Escuela General Santander ante la percepción de falta de unidad de mando del COCE, como parte de su estrategia del “debate en caliente”.

Por otra parte, los comunicados de los frentes más beligerantes del ELN, el nororiental y el occidental, han mostrado que el camino por recorrer es mucho más complicado de lo que se pensaba: el nororiental justificaba el ataque en Guadalito (en El Carmen, Norte de Santander), como una respuesta a la militarización de la región, los asesinatos de líderes y la alianza de la fuerza pública con los narcoparamilitares auspiciados por el Estado colombiano; de manera específica, se referían a una masacre de la fuerza pública en el área rural de Buenaventura, el 28 de enero de 2023, para terminar repitiendo las advertencias de “Antonio García”: si se descalifican las acciones del ELN, habría que descalificar igualmente las de las fuerzas gubernamentales[13].

Esto mostraba cierta coordinación, incluso operacional, de estos dos frentes, que mostraría cierto cambio en la correlación de fuerzas al interior del ELN, dado que el frente occidental es considerado fruto de la expansión del frente oriental dentro del conjunto de los frentes agrupados en el COCE, lo mismo que cierta consolidación de la tendencia al relevo generacional de los mandos, que respondían a la reestructuración desarrollada bajo las órdenes del cura Pérez, con el ascenso de líderes más beligerantes.[14]

Esto podría ilustrarse con el comunicado del frente de guerra occidental, “Omar Gómez”, que opera en el Chocó y en el Valle, que fue uno de los más firmes opositores a la negociación con el gobierno de Santos, bajo el liderazgo de “Fabián” y “Uriel”.[15] Así, su mensaje, dirigido especialmente a los pobladores del Chocó, empieza por reafirmar su voluntad de paz, pero expresa sus interrogantes a la Paz Total del gobierno Petro: ¿se trata de un modelo de paz que incluya las reformas estructurales del Estado que se necesitan para construir un país más justo? U, ¿ “otra copia del modelo de paz neoliberal” que solo buscar silenciar las armas del ELN para presentarlo como la causa de los problemas que aquejan al país?

Después de estos interrogantes, afirma que el gobierno de Petro no ha dado, hasta ahora, pasos suficientes para garantizar los cambios requeridos y poner fin a las causas reales que originaron el conflicto armado, a pesar de las expectativas de cambio que despertó en muchos colombianos, hoy decepcionados por las promesas incumplidas: su reforma política se hundió por culpa del propio gobierno, mientras que las reformas a la salud y pensiones han sido desnaturalizadas para beneficiar a los grandes grupos económicos, porque las alianzas a cualquier precio con los partidos tradicionales no le permiten realizar transformaciones de fondo al modelo económico imperante.

Según este grupo, el “aterrizaje forzoso” de Petro a la presidencia le está pasando factura: las “nuevas caras del Pacto Histórico” adoptan prácticas peores o iguales que los políticos tradicionales, el trabajo de Francia Márquez como vicepresidenta y ministra de la igualdad no se refleja en favor de la vida práctica de los empobrecidos del país. Por otra parte, el paramilitarismo sigue siendo “el instrumento funcional del Estado colombiano” para su presencia en el territorio, con prácticas iguales a las del terrorismo de Estado de gobiernos anteriores, ya que continúa “la convivencia descarada con las fuerzas militares”, con operaciones conjuntas y de auxilio cuando los paramilitares son combatidos por las guerrillas. Se refieren concretamente a operaciones militares de la fuerza de tarea conjunta Titán, los batallones 25 y 26, que operan en Nóvita y Pie de Pato, y el batallón de infantería, de la brigada 15, que están en la nómina del Clan del Golfo. Como prueba irrefutable, aducen el apoyo del Ejército a los paramilitares de ese grupo, cerca del río Cajón, en el corregimiento Torrá, Nóvita, cuando las fuerzas guerrilleras de ese frente estaban a punto de aniquilarlos. De ahí que el comunicado concluya que la misión del Ejército es proteger a los paramilitares del Clan del Golfo. Por eso, no ven con buenos ojos este proceso de paz: se necesitan hechos más que palabras, discursos y buenas intenciones, y se preguntan si este es el gobierno que pretende convertir a Colombia en “potencia mundial de la vida” o “el gobierno del engaño” que traicionó “el anhelo  del pueblo pobre y trabajador de construir una Colombia mejor”.

Estas posiciones de los frentes que se opusieron a las negociaciones del COCE con el gobierno de Santos, ilustran las dificultades que les esperan a los miembros del actual equipo negociador para concretar acuerdos. Incluso, la fase de negociaciones que culminó en México el pasado 11 de marzo, no logró un acuerdo sobre el cese al fuego sino solo unas bases para empezar su discusión, que partirían de puntos similares al cese logrado en 2017: debería ser bilateral, nacional, temporal con vocación de continuidad y sujeto a evaluación conjunta, con un mecanismo de veeduría; habría un cese recíproco de operaciones ofensivas, pero manteniendo las defensivas. Y en la agenda, además de reiterar sus temas tradicionales de la participación de la sociedad y del reconocimiento de las víctimas, se establece, en el tema del fin del conflicto armado, la resolución de la situación jurídica de los integrantes del ELN, incluidos los procesados y condenados, la erradicación de todas las formas del paramilitarismo y la construcción de un acuerdo sobre las armas del ELN, “en sincronía con superar la violencia y neutralizar el armamentismo y el belicismo” [16]

Según El Espectador, este acuerdo solo recoge algunos puntos de la agenda ya pactada con el gobierno Santos, pero añade, con un cambio radical frente a esas negociaciones, pues acepta examinar, “desde una perspectiva democrática”, el modelo económico y el régimen político, así como “las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional”. Además, se destaca, como interrogante, el que se evita hablar directamente de la dejación de armas por parte de los guerrilleros. Otras omisiones son la de un eventual nuevo sistema de justicia transicional y la posibilidad de utilizar el sistema de la JEP para el ELN.[17]

Frente a esas críticas a la propuesta de la Paz Total de Petro, Otty Patiño consideraba que los  mensajes de Antonio García mostraban cierta disposición a la negociación de un cese al fuego, en el cual las comunidades participen[18]: Después de aclarar el “malentendido” que llevó al comunicado prematuro de Petro sobre el cese, manifiesta la necesidad de que el ELN disipe, con hechos y no con palabras, “unas dudas razonables” que se han suscitado recientemente sobre si su participación en la negociación busca fortalecerse militar y políticamente o buscar realmente la paz. Incluso, muchos combatientes tienen dudas sobre su futuro y se sienten algo lejanos a lo que se está discutiendo en la mesa de negoción. Por eso, opina que el ELN debe tranquilizar a sus frentes, pero también a las comunidades, e ir disminuyendo su accionar, a medida que se van logrando acuerdos.

Por otra parte, Patiño aclara que no hay que imaginar que se va a negociar el cambio del sistema económico capitalista por uno socialista, con un acuerdo donde no participe todo el país, pero es necesario examinar el modelo neoliberal imperante, articulado con las economías ilegales del narcotráfico que lo alimentan. Y, con respecto a las críticas del ELN a los diálogos regionales vinculantes, asociados a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, sostuvo que el ELN valoraba lo que planteaban en ellos, las comunidades donde tienen influencia.

Los supuestos de la “Paz Total”

El contrapunteo de estas posiciones hace evidente que la propuesta de Paz Total parte, obviamente, del hecho de que las paces anteriores, como las del M 19, el EPL, el Quintín Lame, la URS y las FARC fueron de carácter parcial, pues no cubrieron a todos los grupos insurgentes, ni respondieron a todos los problemas que las originaron. Se supondría entonces que la Paz Total remediaría esas limitaciones y pondría fin a todas las tensiones sociales que aducían los grupos insurgentes para justificar su opción armada, e iría, incluso más allá, al pretender acoger también a grupos sin orientación politica clara, como el Clan del Golfo y otros sectores vinculados al narcotráfico, al igual que a grupos en los que la dimensión política coexiste con actos delincuenciales e intereses económicos, tanto cercanos al narcotráfico como a otras actividades económicas de carácter ilegal.

Esta propuesta podría también implicar el desconocimiento de la dimensión procesual de tales desarrollos, cuyos logros limitados e incompletos serían vistos como un total fracaso, al no tocar las raíces profundas del origen del conflicto. En ese enfoque de todo o nada, los acuerdos anteriores supondrían concesiones de los actores insurgentes, a cambio de promesas vagas de los gobiernos, a la vez que desconocerían los enfoques incrementalistas de reformas graduales de carácter acumulativo, al estilo de Albert Hirschman[19], que sostiene que ese estilo de reformas resulta más eficaz, en el largo plazo, que cambios radicales de corte revolucionario. Esto explicaría la incomodidad de algunos de los funcionarios protagonistas del proceso de La Habana, como Sergio Jaramillo y Humberto De la Calle, e incluso, del propio expresidente Santos.

Esta mirada descalificadora se vería fortalecida por la lenta implementación de los acuerdos pactados, además del carácter selectivo y restringido que tuvo en el gobierno Duque, más interesado en prevenir el regreso de los excombatientes a la lucha armada, que en emprender reformas que modificaran el statu quo, especialmente en el aspecto rural. De ahí la necesidad de que las políticas de la Paz Total no se reduzcan a las negociaciones con los distintos grupos armados, sino que estén acompañadas por la profundización de la implementación de los acuerdos de La Habana, que superen el carácter selectivo que tuvo en el gobierno anterior. Esto implicaría, tal vez, la creación de una agencia estatal consagrada exclusivamente a ella, distinta de la Oficina del alto comisionado para la paz.

Pero, además del desconocimiento del carácter procesual de la construcción de la paz, el concepto de Paz Total pareciera apuntar al ideal de una paz positiva, en la cual todos los problemas estructurales de la desigualdad y la exclusión hubieran sido solucionados, y el país hubiera llegado a constituir una sociedad armónica y exenta de conflictos. Sería lo que denominaba Estanislao Zuleta, la imaginación de la felicidad como “un océano de mermelada sagrada”, “una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación”, “el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales”, “un idilio sin sombras y sin peligros”. Por eso, invita a desconfiar de los sueños totalitarios y maniqueos de los reinos milenarios de los partidos y las iglesias, “provistos de una verdad y de una meta absolutas”, que sataniza al adversario y lleva a la “guerra santa”, por la embriaguez de “la promesa de una comunidad humana ni problemática, basada en una palabra infalible”[20]. En cambio, Georges Balandier, en su intento de aplicar la teoría del caos a los problemas sociales, sostiene que todos los órdenes sociales solo representan pequeños lapsos de equilibrio momentáneo y esencialmente homogéneo, siempre amenazado por nuevas tensiones y problemas. Por eso, sostiene este autor, que la categoría del desorden es más adecuada para expresar el dinamismo cambiante de las sociedades[21].

Por otra parte, esta concepción positiva de la paz pareciera responder a una mirada homogenizante de las violencias como un enfrentamiento bipolar entre dos contrincantes claramente diferenciados: las fuerzas insurgentes enfrentadas a las fuerzas estatales, que a veces actúan en llave con actores armados paraestatales, encargados de realizar el trabajo sucio, vetado a los actores estatales. Habría que diferenciar, como están haciendo recientemente los funcionarios del Estado, la violencia claramente  política, centrada en torno a la lucha por el poder, de la violencia delincuencial, de tipo económico, motivada por el ánimo de lucro, pero también de las violencias domésticas y locales. El problema es que estas violencias no siempre son claramente diferenciables, como se evidencia, tanto en la discusión tradicional sobre los delitos conexos a la violencia politica (¿narcotráfico, secuestro, extorsión, reclutamiento de menores?) como en torno al alegato de carácter político, basado en el control territorial y la gobernanza local que algunos dicen detentar.

Pero se presenta otro tipo de problemas: al lado de la lucha por el poder político del ámbito nacional, habría que considerar también las luchas de los diferentes grupos armados por el poder regional y local, junto con las resistencias locales y regionales, a veces violentas, contra las políticas de restitución de tierras o la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito. De ahí la coexistencia de varias guerras, ya que los acuerdos de La Habana solo pusieron fin a una de ellas, la lucha del ejército popular de las FARC contra el Estado colombiano. Así, en el Cauca, el frente Omar Silgado del ELN se enfrenta a la columna Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, mientras que en Nariño, el ELN aparece asociado con los desertores del proceso, la Segunda Marquetalia, para combatir conjuntamente a las disidencias de los grupos Uriel Rendón y la Oliver Sinisterra, aliados del comando coordinador de Occidente. En el sur de Bolívar, los enfrentamientos se desarrollan entre la compañía móvil Anorí y dos grupos del clan del golfo[22]

Pero talvez el conflicto más grave se presenta en el Arauca, donde se reeditan las luchas históricas del ELN y las FARC: así, habría que recordar la sentencia de muerte de las fuerzas disidentes de las FARC contra las bases sociales del ELN en Arauca y su consiguiente atentado contra las ONG, supuestamente al servicio del ELN. Y, más recientemente, el llamado de este grupo a la intervención del Estado como mediador con ese grupo y la suspensión de las amenazas de muerte contra las bases sociales del ELN. También la respuesta violenta del ELN en el reciente combate contra ese grupo, que significaría una insistencia en la guerra, no ya contra las fuerzas del Estado, sino contra otro grupo guerrillero que se atreve a desafiar su hegemonía regional. Por otra parte, el anuncio de la apertura de negociaciones con estas disidencias parece pasar por alto estos conflictos entre grupos guerrilleros por el control del territorio, al tiempo que supone la existencia de un mando central, el “Estado mayor de las FARC”, de lo cual no se presenta evidencia[23].

Finalmente, muchos de los planteamientos de la Paz Total no parecen percibir las enormes  diferencias que tienen las organizaciones insurgentes entre sí, que explican muchos de los problemas de las negociaciones: así, la realidad de las bases sociales agrupadas en torno al “ethos” del ELN, difiere mucho de los grupos de colonos campesinos del mundo andino, que fueron la base de las primeras FARC, a las cuales se les ofrecía el acceso a la tierra y la participación política que les habían sido negados desde el Frente Nacional. Pero esas ofertas no le interesan mucho a los grupos del ELN, instalados en las regiones fronterizas y los intersticios entre el mundo andino y caribe, más interesados en compartir el poder regional y local, que garantice la solución de los problemas que la inadecuada presencia de las instituciones estatales no puede satisfacer. Por otra parte, tampoco las bases sociales de los grupos disidentes y desertores de las FARC responden a la caracterización de las FARC en su momento fundacional, sino, más bien, a su expansión posterior hacia la Orinoquia, Amazonia y el andén del Pacífico, muy vinculada a los campesinos cocaleros de esas regiones.

De ahí la necesidad de analizar las coyunturas y situaciones de las regiones, subregiones y localidades donde operan los distintos frentes de este grupo, para determinar las diferentes tensiones sociales a las que dicen representar,  y analizar los grupos y organizaciones sociales que inspiran esas reivindicaciones, para analizar la relación de esos frentes y grupos con la situación de los grupos y organizaciones sociales que escapan o se resisten a su control. Por ello es importante combinar el llamado a la Paz total e integral, con un acercamiento territorial y diversificado por actores y situaciones, que parta de los logros de aquellos intentos parciales de paz de los anteriores gobiernos, para aprender las lecciones de sus éxitos y fracasos. Esto significaría aceptar el carácter gradual de los procesos de construcción de paz y de los esfuerzos incrementalistas de las reformas que los acompañaban.

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[1] La insinuación sugería que, al menos, un sector del ELN se habría mostrado dispuesto a aceptar la tregua, mientras los más radicales se oponían, lo que comprobaría, según algunos, el carácter de federalismo insurgente del grupo.

[2] Collier Paul y Hoeffler, Anke, “Resource rents, governances and conflict”, Journal of Conflict resolution, vol 49. # 4, August 2005, pp. 625-633

[3] Kaldor, Mary, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Ed. Tusquets, Barcelona, 2001. 

[4] Kalyvas, Stathis, “New and Old Civil Wars: a valid distinction? Research note, World Politics, vol 54, # 1, October 2001, pp. 99-118.

[5] “Clan del Golfo rechaza proyecto para su sometimiento a la justicia”, en El Nuevo Siglo, martes 4 de abril de 2023, p. 5 A.

[6] Presidente Petro acusa al “Clan del Golfo” por la violencia en el paro minero”, en El Nuevo Siglo, lunes 13 de marzo de 2023, p. 8 A.

[7] Gobierno suspendió cese al fuego con “Clan del Golfo”, en El Nuevo Siglo, lunes 20 de marzo de 2023, p. 8 A.

[8] “Ataque del ELN en el Catatumbo siembra dudas sobre “la paz total”, El Tiempo, jueves 30 de marzo de 2023, p. 1.2.

[9] “Priorizar la tregua en la mesa y control del territorio, giros urgentes con el ELN”, El Tiempo, domingo 2 de abril de 2023, p. 1.2.

[10] Andrés Aponte y Fernán E. González, ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020, CINEP, Bogotá, 2021.

[11] Ibidem. Además, no faltan quienes piensan que esa supuesta división era una estrategia politica del ELN: mostrarse divididos para conseguir ventajas en la negociación (“Riesgo de cisma en el ELN”, El Nuevo Siglo, viernes 31 de marzo de 2023, p. 4 A).

[12] “El Gobierno ha sido muy inocente: Pedro Medellín”, El Tiempo, domingo 2 de abril de 2023, p. 1.3. De suyo, su caracterización de la organización del ELN con una unidad de mando en lo estratégico, pero no en lo operacional, coincide bastante con la presentación del segundo ELN, liderado por el Cura Pérez, como una confederación de grupos operacionalmente autónomos, pero con una referencia general al ethos eleno.

[13] “Frente de guerra más beligerante del Eln arreciará ataques a Fuerza Pública”, El Nuevo Siglo, lunes 2 de abril de 2023, p. 7 A.

[14] Andrés Aponte y Fernán González, o. c. passim.

[15] Comunicado a la opinión pública, Colombia insurrecta, March 29, 2023.

[16] “Gobierno y ELN terminan ciclo de diálogos sin acordar cese del fuego”. El Tiempo, 11 de marzo de 2023, p. 1.5.

[17] “Gobierno y ELN fijan agenda y avanzan en cese al fuego bilateral”, El Espectador, sábado 11 de marzo de 2023, p.6

[18] “Negociación con el ELN debe ser el eje de la “paz total”, El Tiempo, 9 de abril de 2023, p. 1.5.

[19] Albert Hirschman, Journeys toward Progress: Studies of Economic policy-making in Latin America. New York: Twentieth Century Fund, 1963. Edición en español en: Estudios sobre política económico en América Latina (En ruta hacia el progreso). Madrid: Aguilar, 1964; A Bias for Hope. Essays on Development in Latin America. New Haven, Conn: Yale University Press, 1971.Edición en español en: Desarrollo y América Latina. Obstinación por la esperanza. México: Fondo de Cultura Económica, 1973.

[20] Estanislao Zuleta, “El elogio de la dificultad”, en Estanislao Zuleta, Elogio de la dificultad y otros ensayos., Ed. Fundación Estanislao Zuleta, Cali, 1994.

[21] Georges Balandier, El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la fecundidad del movimiento., Ed. Gedisa, Barcelona, 1994.

[22] “Las zonas donde el Eln disputa el control de la coca”, El Tiempo, jueves 2 de marzo de 2023, p. 1.3.

[23] “Disidencias se acogen al decreto de cese bilateral”, comunicado del Estado Mayor central, EL Espectador, 6 de enero de 2023, p.7.