Por Gilles Bataillon
Si las potencias hegemónicas en América Latina durante los siglos XIX y XX fueron sucesivamente la Gran Bretaña y los Estados Unidos, este rol corresponde hoy, indiscutiblemente, a la República Popular China (RPC). Hasta la década de 2000, la RPC sólo jugaba un papel secundario en el escenario latinoamericano. A excepción de Cuba, la mayoría de los intercambios de los países del subcontinente se hacía con los Estados Unidos, Europa y Japón. A su vez, la presencia cultural de China en la región era muy reducida. Es desde 2013, cuando la RPC adquiere y consolida un estatus de actor económico clave en América Latina. En la actualidad es el principal país exportador de productos industriales a Brasil, Paraguay y Uruguay. Es también el segundo socio para exportaciones hacia Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela. Y es el tercero para Bolivia y el triángulo norte centroamericano. En el mismo lapso, la RPC se convirtió, paralelamente, en el primer país destinatario de las exportaciones de Brasil y Chile, y en el segundo para las de Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. Desde entonces, la importancia económica de la RPC se mantiene en un continuo crescendo. El único país latinoamericano que se ha mantenido al margen de este nuevo movimiento de intercambio es México, debido a su pertenencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Este artículo analiza la importancia de la instalación de la sesión No. 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para la investigación y juzgamiento del Estado colombiano por el genocidio político ocurrido en el último siglo. En primer lugar, se aborda parcialmente el contexto nacional en las últimas décadas, con énfasis en las violaciones a los DDHH por parte del Estado. En segundo lugar, se examinan las sesiones y experiencia del TPP en Colombia. Por último, se ofrecen algunas consideraciones para dilucidar el posible escenario posterior a la sentencia que será dictada el 15 de abril de 2021, sobre la situación en materia de DDHH.
Los países latinoamericanos exportan hacia China, tanto materias primas, como bienes manufacturados a partir de sus propios recursos naturales; es decir, bienes sin mayor valor agregado. Por el contrario, y de manera simultánea, importan bienes manufacturados chinos con alto valor agregado. La RPC ha firmado diferentes acuerdos de libre comercio con varios países latinoamericanos: con Chile en 2005, Perú en 2008 y Costa Rica en 2011. Estos países se convirtieron así, en puertas abiertas para China en América Latina. La RPC ha invertido masivamente en industrias extractivas, y muy especialmente, en el sector de energías petrolera y gasífera, a través de sus grandes empresas. Dicha nación no está menos presente en actividades mineras, específicamente en la de extracción de metales raros, indispensables para sus empresas electrónicas. En cada uno de estos sectores, el propósito de China consiste en asegurar sus aprovisionamientos a largo plazo. La RPC también ha intentado adquirir tierras de vocación agrícola, especialmente en la Patagonia Argentina. Frente a la indignación suscitada por estas tentativas, la RPC reorientó su estrategia buscando tomar el control de ciertas firmas que dominan el mercado de productos agrícolas, en particular el de la soya.
La influencia económica de la RPC también está en función de sus actividades financieras, a través de su banco de desarrollo. Venezuela y Ecuador dieron así la espalda a los prestamistas occidentales, prefiriendo a los bancos chinos. Si bien éstos son más flexibles, garantizan, no obstante, sus préstamos a cambio de petróleo y otros minerales, o mediante solicitudes de participación de empresas chinas en sectores estratégicos de las economías latinoamericanas. Los bancos chinos han participado también en el financiamiento para la construcción de infraestructuras, tanto en los ámbitos ferroviario y portuario, como en los de telecomunicaciones y energía. Estas últimas son, en muchos aspectos, equivalentes a nuevas rutas de la seda, como se les conocía en el mundo antiguo. Cabe subrayar que estos contratos firmados con los financistas chinos se acompañan de obligaciones de suministro en beneficio de diversos participantes en el mercado del país asiático, o de llamados a compañías o a personal de origen chino, calificado o no, para la construcción de todas estas infraestructuras1Sobre todos estos puntos, sigo el estudio de Maristella Swampa y de Ariel Slipak publicado en 2018 en la Revista Hérodote, N°171, “Amérique latine entre vieilles et nouvelles dépendances : le rôle de la Chine dans la dispute inter)hégémonique” pp.153-166. Sobre estos temas, ver también el artículo de Ariel Slipak en Nueva Sociedad, N°250/ Marzo – Abril 2014, “América Latina y China: ¿cooperación
Sur-Sur o “Consenso de Beijing”?”, así como los libros de Maristella Swampa, Debates
Latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, Buenos Aires, Edhasa, 2016 y La expansión de las fronteras del neoextractivismo. Conflictos socio-ambientales, giroecoterritorial y nuevas dependencias, Universidad de Guadalajara, CALAS, 2019.
Esta nueva presencia económica de China se combina con una presencia cultural, hasta ahora inédita, mediante la creación de centros culturales chinos, los Institutos Confucio2Sobre este tema, ver el ensayo de Marshall Sahlins, Confucius Institutes. Academic Malware, publicado por la Editorial Prickly Paradigm Press de Chicago, en 2015. Utilizo la traducción parcial del siguiente libro, “Les Instituts Confucius programme académique malveillant”, publicado en la excelente recopilación de estudios realizada bajo la dirección de Anne Cheng, Penser en Chine, Folio essais, Gallimard, 2021. Todas las citas de declaraciones oficiales de las autoridades de la RPC son extraídas de este estudio. Estos institutos se han implantado con mucha frecuencia en las grandes universidades nacionales, al igual que en diferentes capitales latinoamericanas y en ciertas metrópolis regionales. Tal como lo subraya China News en 2011, “el Instituto Confucio ha abierto un nuevo canal para las relaciones internacionales de la China. Ha contribuido de manera significativa en el fortalecimiento del poder de influencia de la China”. Como lo precisa ese mismo año un informe oficial del Instituto, esta institución “es una marca atractiva para extender nuestra cultura en el extranjero. Contribuye significativamente en el fortalecimiento de nuestro soft power. La marca “Confucio” posee un atractivo natural. Detrás del pretexto de enseñar la lengua china, todo parece razonable y lógico”.
¿Esto quiere decir que el cambio de potencia hegemónica no tendría sino consecuencias benéficas para América Latina? ¿Se puede conceder algún crédito a las declaraciones oficiales chinas que, desde 2008, insisten en la complementariedad entre la economía de la China y la de los países latinoamericanos? Del mismo modo, ¿qué pensar de otras declaraciones que ponen el acento en el hecho de que en vista de su herencia cultural –una “antigua civilización de cinco mil años”– y de su modernización económica lanzada por Deng Xiaoping en los años 1990, la RPC es una potencia “pacífica”, “ecológica” y preocupada por una “cooperación gana-gana” con América Latina? ¿La RPC está realmente “dispuesta a realizar intercambios y cooperación con países de América Latina y el Caribe para el fortalecimiento e innovación de la gobernanza social, compartir y aprender de la experiencia de los demás en gobernanza, promover conjuntamente la modernización del sistema de gobernanza y la capacidad de gobernanza, mejorar continuamente el nivel de socialización, supremacía del derecho y perfeccionamiento de la gobernanza social, y garantizar la estabilidad y el orden social, así como la estabilidad nacional a largo plazo”? ¿Qué se puede pensar de los llamados de China al diálogo y al intercambio de experiencias en materia de protección de los ecosistemas? En efecto, de acuerdo con estas declaraciones, la nueva hegemonía china en América Latina daría la espalda al imperialismo practicado en otra época por las potencias europeas y luego por los Estados Unidos. Ésta apuntaría, muy por el contrario, a la promoción de nuevos valores universales de paz y de cooperación internacional. Los Institutos Confucio serían los equivalentes a las Alianzas Francesas, o a los Institutos Goethe, esto es, como instrumentos de irradiación cultural de la China, con un margen real de independencia respecto del gobierno chino.
Sin embargo, sería muy poco decir que estas proposiciones parecen cuestionables. Siguiendo la manera como se comportan los actores chinos, quienes construyen paso a paso esta nueva hegemonía, sus proyectos constituyen, ciertamente, una actualización de los objetivos imperialistas de las potencias europeas y de los Estados Unidos, esta vez en beneficio de la RPC y de los núcleos dirigentes del Partido Comunista Chino. Los discursos oficiales sobre la complementariedad de las economías china y latinoamericana resultan ser en mucho, repeticiones de la vulgata ricardiana sobre las ventajas comparativas de la división internacional del trabajo. Cabe hacer notar que estas tesis fueron, y con razón, criticadas por Raúl Prebisch desde 1949, en sus primeros trabajos en el seno de la CEPAL, y que esta crítica fue proseguida bajo la pluma de los economistas y sociólogos dependentistas, quienes encontraban inspiración en los trabajos de economistas marxistas como Rosa Luxemburgo, Rudolf Hilferding y Lenin. Para retomar por su cuenta las tesis de Ricardo, los dirigentes de la RPC siguen los pasos de los discursos de los expertos del FMI y del Banco Mundial, inspirados por neoliberales como Friedrich Hayek, cuyas tesis fueron criticadas por los movimientos que llevaron al poder a los primeros gobiernos de la Alianza bolivariana.
Esto significa que, en términos de desarrollo sostenible, este reconocimiento de las ventajas comparativas de la división internacional del trabajo ha derivado en una política de reprimarización de las economías latinoamericanas y, por tanto, en una mayor dependencia de las fluctuaciones del mercado internacional. Esta reprimarización se acompaña de una sobreexplotación de los recursos naturales del subcontinente, tanto de hidrocarburos y de gas, como de diferentes metales, así como también de una deforestación creciente, especialmente en la cuenca del Amazonas, no solamente en el Brasil, sino también en Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Conocemos las consecuencias desastrosas en términos de “forzamiento” del clima y de extinción de la biodiversidad a causa de esta sobreexplotación de recursos naturales, de la cual participan tanto la RPC como los países centrales. Esta sobreexplotación se ha acompañado además de algunos desastres ecológicos notables en el delta del Orinoco, en la Amazonía ecuatoriana y en varias zonas de minas a cielo abierto, a causa de la acción de grupos industriales chinos, cuya irresponsabilidad no es menor que la de sus rivales europeos, norteamericanos o latinoamericanos. La acción de las grandes empresas extractivas chinas también ha sido poco respetuosa de los derechos de las comunidades indígenas, propietarias de los territorios en donde se sitúan los yacimientos de hidrocarburos o de minerales que estas empresas desean explotar. Su modus operandi ha sido el uso de la fuerza y la corrupción, de forma idéntica que los gobiernos nacionales latinoamericanos3A propósito de este tema se encuentran numerosos datos en las publicaciones, muy bien documentadas y sistemáticas, del International Work Group for Indigenous Affairs (https://www.iwgia.org/en) y de su sección francesa Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones (http://www.gitpa.org).
El observador deseoso de “realismo”, juzgará esta nueva hegemonía de la RPC como finalmente menos nociva para América Latina, en comparación con la anteriormente ejercida por los Estados Unidos, en aquello que algunos de sus políticos designaban de manera despectiva como su “back yard”4NT: “Patio trasero” (en inglés en el texto original).
A imagen de la Gran Bretaña del siglo XIX, la China no muestra intención de influir directamente en la política interior de los países latinoamericanos, mientras que los Estados Unidos no se privan de hacerlo, interviniendo incluso militarmente, tal como lo hicieron en numerosas ocasiones en el Caribe y en América Central, ejerciendo un verdadero impérium al interior de la OEA o intentando influir en la formación de los altos mandos militares de diferentes ejércitos latinoamericanos, mediante acuerdos de defensa. Si bien las diferencias son notorias entre las dos hegemonías (china y estadounidense), es necesario matizarlas. La flexibilidad de los bancos chinos en materia de préstamos se acompaña, como lo hemos visto, de la implementación de obligaciones futuras de suministro de hidrocarburos o de minerales, a veces en condiciones muy poco transparentes, como en Venezuela. Éstas van de la mano también con exigencias de participación en los sectores estratégicos de países involucrados en negocios con la RPC. Estas condiciones son formas de control que, en última instancia, terminarán por limitar la soberanía de los Estados que han aceptado tales acuerdos, y es poco probable que la RPC pretenda abolir las deudas públicas contraídas con ellos.
Hay un último punto sobre el cual, las formas de la hegemonía pasada de los Estados Unidos, y la contemporánea y futura de la RPC, difieren completamente en su estilo de debate al interior de estos dos países. Nadie pone en duda que los Estados Unidos hayan conocido períodos de nacionalismo arrogante o ciego, en ciertas ocasiones asociado con momentos de populismo autoritario, como en la época del Macartismo o de la presidencia de Donald Trump. Todos guardamos en la memoria las intervenciones en el Caribe, la desastrosa guerra de Vietnam, la intervención en Santo Domingo, los apoyos ciegos a dictaduras militares en nombre de la “seguridad nacional”, o la injustificable guerra de Irak. Siempre se han encontrado, no obstante, intelectuales norteamericanos como Mark Twain o Noam Chomsky, así como medios de comunicación desde el New York Times hasta Dissent o Ramparts, y diversas universidades, críticos de estas políticas. Si algunos, específicamente durante el período Macartista no sólo fueron inquietados, sino incluso perseguidos, siempre hubo márgenes y espacios donde estas críticas fueron posibles. Igualmente, los tribunales pudieron dar la razón a demandantes latinoamericanos, enfrentados contra actores económicos norteamericanos.
Así mismo, universidades, fundaciones y medios de comunicación norteamericanos, pudieron acoger un buen número de escritores, científicos sociales, periodistas y artistas latinoamericanos muy críticos de la política estadounidense.
Según lo refleja la evidencia, esta es una política completamente diferente a la que practica la RPC en la materia. Tal como lo ha enunciado, con toda claridad, Lui Yunshan, Ministro de la Propaganda, en enero de 2010, los Institutos Confucio, como centros culturales están destinados a “coordinar los esfuerzos de propaganda al extranjero y en el interior del país. (…) Debemos esmerarnos en proporcionar servicios, controlar y manejar a los periodistas extranjeros; debemos orientarlos de tal modo que traten a la China de manera objetiva y amistosa. A propósito de temas claves que comprometen nuestra soberanía y seguridad, tales como el Tíbet, Xinjiang, Taiwán, los Derechos Humanos y el Falun Gong, deberíamos dedicarnos activamente a los esfuerzos de propaganda internacional”. Resulta difícil imaginar a las universidades de la RPC o a los Institutos Confucio, invitando intelectuales latinoamericanos a comparar las políticas etnocidas de sus gobiernos contra los grupos amerindios de la Amazonía, y las de la RPC contra los Uigures. También, en la coyuntura actual, es impensable que una reflexión pueda poner en paralelo el tema de la injerencia de los Estados Unidos en América Central y el Caribe, y la de la RPC en sus fronteras. Es preciso, además, tener presente la suerte que pueden correr los intelectuales críticos en la RPC. Ciertamente, el poder no los controla a todos, y algunos han constituido entornos autónomos, a distancia del Estado; sin embargo, con la llegada al poder de Xi Jinping en 2012, la coyuntura es, sin duda, de renovación de un poder totalitario que no tolera ninguna crítica5Sobre esta reorientación totalitaria vale la pena leer el artículo de Jean-Philippe Béjà, “Xi Jinping ou le retour du totalitarisme”, Esprit 2020/12 (diciembre pp. 41-54). Es en estas condiciones, que la nueva hegemonía china no es para nada mejor, comparada con aquellas pasadas de los Estados Unidos. Podría incluso, y muy pronto, resultar mucho peor.
Foto portada: Provincia de Jiangsu.
Gilles Bataillon
Sociólogo francés. PhD en Sociología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, EHESS, París, bajo la dirección de Daniel Pécaut. Maestro de Conferencias en la Universidad de Caen. Director de Estudios en el EHESS desde 2007. Profesor Asociado en el CIDE (México) desde 2011. Profesor invitado en numerosas universidades latinoamericanas. Gilles Bataillon ha publicado varios libros sobre América Central, entre los cuales destacan, Génesis de las guerras intestinas en América Central (1960-2007) y Crónica de una guerrilla (Nicaragua 1982-2007). Es co-director de la Revista Problèmes d'Amérique latine.