Por Salomón Kalmanovitz
En Colombia se están profundizando dinámicas económicas perversas en medio de un conflicto interno soterrado, pero igualmente mortal para cientos de líderes sociales y ciudadanos inermes, víctimas de ataques armados. La violencia se recrudece generando caos e incertidumbre, pues desestabiliza la estructura social y política, destruye el capital social, socava la confianza, frena la inversión y retrasa el desarrollo económico.
El conflicto colombiano se agudiza a pesar de haber firmado la paz con las FARC en 2016. El Estado no tiene el control de buena parte del territorio y se fortalecen grupos armados de izquierda como el ELN y las disidencias de las FARC, pero también y de manera crítica, los de derecha, asociados a carteles nacionales e internacionales de la droga, llamados BACRIM (Bandas Criminales). Según la Defensoría del Pueblo, las BACRIM están en 27 de los 32 departamentos del país. Se estima que hay cerca de 10 mil hombres en armas después de que unos 13 mil de las antiguas FARC-EP se acogieron al proceso de paz. Hoy las disidencias pueden contar con unos dos mil integrantes y el ELN con un número mayor.
A cuatro años de firmada la paz con las FARC, los excombatientes no se sienten seguros y no saben bien qué hacer; 244 de ellos han sido asesinados hasta el 5 de diciembre de 2020, según el Partido FARC. Además, cientos de líderes sociales han sido masacrados (solamente en 2020 han caído 233 de ellos) y otros tantos han sido amenazados y desplazados, según Indepaz.
Comunidades enteras huyen de la violencia y la extorsión de grupos paramilitares y de la guerrilla. Se está reeditando la violencia de los años ochenta que dejó 10 millones de víctimas entre desplazados, muertos y heridos. Los indígenas han sido un grupo especialmente vulnerable al que el Estado se niega a reconocer y defender, según un reciente informe del New York Times sobre la minga indígena (Julie Turkiwicz, Sofía Villamil). En el Registro Único de Víctimas se cuentan 9 millones de ellas, entre las cuales están las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, desplazadas, secuestradas, víctimas de actos terroristas, masacres, asesinatos, minas antipersona, torturas, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual.
Requisitos para la paz
Para superar este conflictivo universo social se requieren instituciones formales, tales como fuerzas de seguridad que actúen con legitimidad y ejerzan el control territorial, presencia del Estado que recaude impuestos y ejecute gasto público que desarrolle la región y mejore el bienestar de la población, oficinas de catastro y titulación de predios que zanjen conflictos sobre la tierra, jueces que impartan justicia, y alcaldes y concejales elegidos democráticamente, que representen adecuadamente a la comunidad.
Las instituciones extractivas que priman en países como Colombia impiden que se construyan instituciones democráticas.
Se requieren además organizaciones informales que dicten normas culturales y de convivencia como el respeto a la vida y a los derechos de propiedad, la resolución pacífica de los conflictos, la cultura ciudadana, entre otros.
Para James Robinson, “la relación entre las instituciones económicas extractivas y la pobreza es clara. Las instituciones extractivas les roban a las personas los incentivos y oportunidades para invertir en capital humano y físico, ahorrar e innovar, todas las cosas que generan prosperidad. En Colombia, este tipo de instituciones también les roban a las personas sus vidas, posesiones y bienes. Lo que es más desconcertante es la causa de estas variaciones en este tipo de instituciones.” (Robinson, 2017)
Los sectores económicos más marcados por el conflicto son las áreas sembradas en coca y los cultivos comerciales de banano y palma africana que han colonizado amplias regiones marcadas por el desplazamiento de la población campesina.
Las regiones al margen de la economía nacional son el teatro donde se juega el control territorial que pretenden los grupos armados ilegales. Las masacres y las amenazas siembran el terror y facilitan el despojo. Se dificulta la organización sindical de las plantaciones donde reina la fuerza de los grupos armados que favorecen a los empresarios. En otras regiones, la presencia de guerrillas de izquierda agudiza el conflicto interno. Las 200 mil hectáreas sembradas de coca a las que fumiga esporádicamente el gobierno proveen la materia prima al negocio que más ha desquiciado la estructura social y política del país: el narcotráfico.
Economías legales e ilegales
La relación entre economías legales e ilegales se desarrolla bajo reglas de juego inestables que varían con la presencia y el poder de los grupos armados ilegales. Es en las regiones que han sido eje de las actividades ilegales donde más se desarrolla el conflicto armado. En efecto, en las regiones sembradas en coca, donde hay laboratorios de procesamiento y rutas de exportación del alcaloide, además de aquellas en las que se desarrolla la minería ilegal, hay conflicto asociado a la protección de la rentas derivadas de estas actividades y a la defensa de derechos de propiedad precarios. Aunque el narcotráfico es un fenómeno que no alcanza a comandar 2 ó 3% del PIB nacional, a nivel de las regiones pobres del sur del país y del Chocó donde se ha consolidado, puede representar 15 ó 20 veces esa proporción. Su impacto es desastroso: financia los grupos armados y multiplica la violencia que ejercen, corrompe o destruye la justicia, pero sobre todo, cambia el mapa de la propiedad de la tierra en todas partes, incluyendo regiones sin problemas de orden público. Se ha vuelto a propagar el desplazamiento y empobrecimiento de millones de familias que han perdido su único capital que es la tierra.
El conflicto es más frecuente en donde menos claramente definidos estén los derechos de propiedad sobre los activos que generan las rentas, ya sean sembradíos, laboratorios, minas y ríos con depósitos auríferos. La defensa y vulneración de tales derechos está a la raíz del conflicto.
En las regiones de plantación hay una precaria paz social, garantizada por las fuerzas del orden y la represión de las organizaciones sindicales.
El conflicto ha deteriorado las condiciones de vida y de trabajo en amplias regiones apartadas del país e impedido el progreso en la región del Pacífico, Cauca, Nariño, y también del Caribe, el Magdalena medio, el sur de Bolívar, la Sierra Nevada y la Guajira, así como y los departamentos de Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca, más otros igualmente periféricos.
El papel del Estado
El Estado ha jugado un papel marginal frente a las dinámicas económicas en los distintos territorios de Colombia y el conflicto armado. Ha probado que es incapaz de ejercer la principal de sus funciones: imponer un orden basado en el monopolio del uso de las armas, amparado en la legalidad. No ejerce control efectivo sobre vastos territorios, a pesar de la presencia parcial de Ejército y Policía que se encapsulan en sus cuarteles y no ejercen autoridad frente a los actores ilegales. Así mismo, la Policía y la Fiscalía no ejercen funciones eficientes de investigación y persecución de actos criminales sistemáticos. Falta mucha inteligencia en las fuerzas de seguridad del Estado.
El centralismo extremo impide que el Gobierno se apoye en las comunidades y en las autoridades regionales para controlar efectivamente el territorio. Por eso no puede garantizar la ley y el orden, permitiendo tácita o expresamente que sean los grupos armados ilegales los que ejerzan su control sobre la población y los recursos disponibles. Ejército y Policía se encapsulan en sus cuarteles, la Fiscalía no tiene capacidad de investigar y acusar a los criminales que actúan a sus anchas en amplios territorios de la República (Kalmanovitz, 2020).
Los paramilitares pudieron hacer una reforma agraria durante los años ochenta y noventa, otorgando tierras a sus clientelas y combatientes, algo que el Estado no ha podido neutralizar para retornar la tierra a los desplazados, y mucho menos adelantar un reparto democrático de la tierra, en especial, a los que fueron despojados de ella y a los que más la necesitan.
Las causas del conflicto
El conflicto tiene causas políticas remotas, como fue la violencia de los años cincuenta que dio lugar a organizaciones militares rebeldes y sembró la violencia en muchas regiones del país. El conflicto actual presenta rezagos del anterior periodo como son: el ELN y las disidencias de las FARC, pero dominan numerosos grupos nuevos criminales, todos alimentados por el narcotráfico. La exclusión y la desigualdad han afectado a la población que habita estos territorios y que ha sido desplazada hacia la frontera agrícola por empresarios apoyados en grupos armados. De eso se trató el paramilitarismo en el Magdalena medio, la costa, los Llanos y tantas otras regiones del país desde los años ochenta del siglo pasado.
La expansión de la frontera ha sido descrita por Alfredo Molano como un proceso de tumbar la selva, sembrar maíz y otro pan coger, vender las mejoras a los comerciantes que financian al colono para que este vaya selva adentro. “El campesino llegaba a la frontera agrícola con muy pocos recursos para poder tumbar la selva y hacer una ‘mejora’ que le permitiera sobrevivir y ocupar legalmente el baldío –aunque ello no equivale automáticamente a ser objeto de titulación del predio—. La ‘mejora’ requiere trabajo y el trabajo alimentación, herramientas, ropa, medicinas, pólvora, que él no produce. Con las primeras cosechas, usualmente de maíz, fríjol y arroz, amortiguaba algunos gastos, pero en general debía endeudarse con los comerciantes para continuar ampliando su ‘mejora’, que ordinariamente quedaba muy distante de los pueblos en formación”.
Las motivaciones económicas son fundamentales en el conflicto. El control de la tierra y de otros recursos valiosos que no está apoyada en los títulos que deben emanar de las oficinas del catastro se resuelve de manera violenta y no mediante la negociación bajo la mirada del Estado.
Sin la presencia del narcotráfico en el país no tendríamos grupos paramilitares tan bien financiados, ni el capital y los incentivos para explotar la minería ilegal. No habría tantos desafíos a la hegemonía del Estado que intenta vanamente controlar la siembra de coca, sin atacar a fondo las finanzas y laboratorios de los narcotraficantes.
Atacan el eslabón más débil envenenando a la población que está en esta actividad, pero sin poder limitar la extensión de los cultivos. No es un Estado fallido, pero sí uno que tiene sólo control efectivo sobre la población urbana del país, pero escasamente sobre su frontera económica, donde prima la ley de la selva sobre las actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la tala de bosques.
El Acuerdo de Paz
La ausencia del sistema de justicia, la corrupción y el ejercicio de la violencia facilitan la acumulación de recursos económicos. La excesiva concentración de la tierra y la gran desigualdad regional fueron los principales problemas que debía enfrentar el Acuerdo de Paz. Por eso la reforma rural integral fue el primer punto del Acuerdo y se avanzó en 16 planes de desarrollo territorial (PDET) con participación de los campesinos-exguerrilleros y buscando un desarrollo integral.
Fue acordado también hacer un catastro multipropósito, reconociendo que el actual sólo cubre el 20% del territorio y no conoce de elementos económicos y sociales de los predios existentes ni de su potencial productivo. Para ello se consiguieron 150 millones de dólares del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el nuevo catastro, que estaría basado en mecanismos de acuerdo entre los propietarios de hecho de los predios en cuestión. No hay que olvidar que el catastro rural es un inventario preciso y universal sobre la propiedad inmobiliaria, que garantiza los derechos legítimos sobre ella y puede reducir el nivel de conflicto que ha permeado al campo colombiano, especialmente desde los años ochenta del siglo pasado. También es la base del impuesto predial y una herramienta fundamental para el desarrollo de todos los municipios del país, donde se pagan muy pocos impuestos, que es lo que los tiene sometidos a la miseria.
El catastro es un requisito indispensable para el desarrollo de vastas regiones que no cuentan con esta valiosa herramienta para elaborar sus planes de ordenamiento territorial, y su carácter multipropósito debe incluir elementos económicos y sociales.
Kalmanovitz, 2018.
Según María Alejandra Medina en el El Espectador, “se calcula que cerca el 66 % del territorio nacional cuenta con información catastral desactualizada, solo el 5,68 % la tiene actualizada y el 28,32 % ni siquiera tiene formación catastral”.
A la fecha no se ha iniciado el proceso en forma y el catastro está actualizado solo en 2.3% del territorio, sin contar a Antioquia que elabora su propio catastro de manera exitosa. Según la directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), “el objetivo es lograr un catastro digital e interoperable que sea capaz de hablar con cualquier base de datos”. Ahora mismo, según explica, “avanzan en estructurar el proyecto que podría salir a licitación para buscar el operador tecnológico de la nueva propuesta este año”. (Revista Dinero, 6/13/2020). Según sus cálculos optimistas espera tener una cobertura del 60% hacia 2022 y del 100% en 2025.
Por su parte, el Acuerdo contemplaba la entrega de 3 millones de hectáreas a los campesinos, y a la fecha se han reservado un millón, pero se han entregado sólo 28.000, revelando que el gobierno está arrastrando los pies en todos los aspectos del Acuerdo de paz.
Lo cierto es que no hay solución a la vista de un Gobierno que obedece a un partido como el Centro Democrático, enemigo del Acuerdo de Paz y de la reforma agraria, a cuyos exponentes identifica con la insurgencia. El costo es muy alto para la población campesina que sobrevive por la rotura del tejido social, la destrucción del capital que representa la solidaridad y amistad entre los campesinos, el desplazamiento y la anomia que acompaña a los que tienen que llegar a los barrios miseria de las urbes. Lo que se ha dado es la eliminación de la poca democracia que había logrado el país a lo largo de su historia reciente, lo cual se hace evidente en el debilitamiento de las organizaciones campesinas que surgieron por todo el país hace ya cincuenta largos años
Bibliografía
María Alejandra Medina, 2020. “¿En qué va el catastro multipropósito?” El Espectador, 17 de marzo.
Salomón Kalmanovitz, 2018. “El catastro en la encrucijada”, Revista de Ingeniería, No 46, Universidad de los Andes.
Salomón Kalmanovitz, 2020. “Conflicto y economía”, El Espectador, 5 de octubre.
Alfredo Molano, 2017. “Así fue como la coca conquistó el campo de Colombia” en revista Pacifista.
James Robinson, 2016. “La miseria en Colombia”, Desarrollo y Sociedad, No. 46, Universidad de los Andes.
Julie Turkiewicz y Sofía Villamil, 2000. “Nos van a exterminar: indígenas colombianos enfrentan una ola de violencia” New York Times en español, 24 de octubre.
Foto portada: Naciones Unidas.
Salomón Kalmanovitz
BA Artes liberales énfasis en filosofía y economía, University of New Hampshire. MA en economía, New School for Social Research. Investigador emérito con vigencia vitalicia.
