El 17 de marzo de 2024, el Gobierno nacional anunció la suspensión del cese al fuego, con las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, luego de que un día antes, integrantes del frente Dagoberto Ramos (adscrito al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas), atacaran a la guardia indígena en la vereda La Bodega de Toribío (Cauca), cuando intentaban rescatar a un estudiante que había sido retenido por parte del grupo armado, con el fin de incorporarlo a las filas de esta disidencia. En el hecho, la lideresa Carmelina Yule Paví fue asesinada, y los comuneros Rodrigo Musicué y Edgar Tumiñá, resultaron heridos (ACIN, 2024).
Esta situación fue considerada como un incumplimiento a lo acordado hasta el momento, entre las partes. Sin embargo, no es el primero que se reporta desde la instalación de la mesa de diálogo. A saber, según el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación[i], entre el 16 de octubre de 2023 y el 20 de marzo de 2024, se habrían registrado 147 incumplimientos al cese al fuego por parte del EMC, de los cuales 66 han tenido lugar en el departamento del Cauca. El repertorio de posibles violaciones al cese es amplio, pues incluye graves afectaciones a la población civil, tales como la vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados ilegales, amenazas, delitos contra la libertad e integridad sexual, secuestros, homicidios, masacres, torturas, retenes ilegales y atentados o tentativas de homicidio.
Así las cosas, el presente artículo analiza el comportamiento durante el último cese al fuego pactado con el Gobierno nacional de los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño, principales subestructuras del Bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC, que tienen injerencia en el departamento del Cauca. Para el análisis se tuvieron en cuenta los hechos indicativos de incumplimiento por parte de estas subestructuras y el impacto humanitario que han tenido estas acciones en las comunidades étnicas y su territorio.
De igual manera, se examinan los antecedentes que permiten comprender los hechos de violencia sistemáticos contra estas comunidades indígenas en el Cauca por parte del EMC, quienes han declarado objetivo militar a su líderes y lideresas. Lo anterior, teniendo como referencia que estas unidades comparten capacidades que les permiten tener una gran ventaja debido a la posibilidad de acumular distintos tipos de recursos y tienen perfiles similares en cuanto a su carácter político, económico y militar.
El EMC en el Cauca: una posible violación del cese al fuego cada 8 horas
Con el “Acuerdo para el respeto a la población civil y la implementación del cese al fuego bilateral, temporal de carácter nacional entre el EMC y el Gobierno Nacional suscrito el 16 de octubre de 2023”, se estableció la prohibición de todas aquellas acciones que representen un incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. Esta medida fue adoptada con el propósito de atender a las demandas realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos quienes exigían alivios humanitarios para la población en los territorios (El Espectador, 2023b).
En ese orden, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra prohíbe los siguientes hechos:
- Artículo 4 (2) (a): Atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles, tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal
- Artículo 4 (2) (c): Toma de rehenes
- Artículo 4 (2) (e): Delitos sexuales
- Artículo 4 (3) (c): Vinculación forzada de niños, niñas y adolescentes
- Artículo: 4 (2) (d): Actos de terrorismo
- Artículo 4 (2) (h): Amenazas de cometer los actos mencionados
- Artículo 9 (1): Ataques a misiones humanitarias
- Artículo 10: Ataques a misiones médicas
- Artículo 17: Desplazamientos forzados
Como se mencionó, entre el 16 de octubre de 2023 y el 20 de marzo de 2024, se reportaron 147 hechos, que indicarían posibles incumplimientos por parte del EMC a las disposiciones contenidas en el precitado protocolo, en los 32 departamentos del país. En particular, el 46% de estos hechos han tenido lugar en el departamento del Cauca, cifra que lo ubica como el territorio más afectado por el accionar de esta organización comparado con el resto del país, pues quintuplica lo sucedido en departamentos como el Valle del Cauca, Huila y Caquetá, en donde el EMC también tiene injerencia.
En esa línea, al analizar las subestructuras del EMC, relacionadas con los presuntos incumplimientos al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, es posible establecer que aquellas que tienen injerencia en el departamento del Cauca son las que más han transgredido la seguridad e integridad de la población civil. En esa medida, los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño, concentran el 53% de los casos registrados durante este periodo.
La destrucción del tejido comunitario y la espiritualidad del Pueblo Nasa
A pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP en 2016, y la instalación de la mesa de diálogo entre el EMC y el actual gobierno, el departamento del Cauca sigue siendo foco del accionar de grupos armados ilegales contra la población civil, que afectan particularmente a las comunidades indígenas que habitan la zona. La evidencia empírica indica que existe sistematicidad en los ataques contra líderes y lideresas indígenas que se ubican en este departamento. En efecto, entre el 1° de diciembre de 2016 y el 21 de marzo de 2024, fueron asesinados 159 autoridades/líderes indígenas y comuneros.
Así pues, en los últimos siete años se ha registrado el homicidio de un líder o lideresa indígena y/o comunero cada 15 días. Específicamente, han sido perpetrados 57 homicidios en contra de personas que ejercen un rol de liderazgo, entre ellos, 38 líderes comunitarios y 19 autoridades ancestrales; al igual que 7 homicidios de coordinadores y/o miembros de la Guardia Indígena. Estas muertes dan cuenta de una estrategia por parte de los actores armados para: primero, afectar los procesos políticos organizativos y minar el ejercicio de liderazgo social y comunitario y segundo, menoscabar el “gobierno propio” y la jurisdicción especial indígena, consagrada en la Constitución Política de 1991, especialmente en los municipios de Caloto, Toribío y Santander de Quilichao, donde se concentra el 61% de los homicidios.
Ahora bien, entre los hechos de violencia no letal más recurrentes en este departamento, se encuentra la vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados organizados al margen de la ley, fenómeno que ha sido alertado por la Defensoría del Pueblo a través de las Alertas Tempranas No. 019 de 2022 y No. 005 de 2023.
En marzo de 2023, el Ministerio Público denunció la existencia de un “centro de entrenamiento” en el municipio de Toribío, el cual era dirigido por integrantes del frente Dagoberto Ramos. En este, concentraban a niños, niñas y adolescentes (NNA), reclutados forzosamente para luego de un breve entrenamiento, incorporarlos a las diferentes subestructuras del Bloque Occidental Jacobo Arenas (Defensoría del Pueblo, 2023). Sumado a esto, se encuentra la aparición de panfletos amenazantes dirigidos contra defensores de derechos humanos y la imposición de normas de control social como la prohibición de casco para motociclistas y el tránsito de vehículos con los vidrios abajo.
Por otra parte, ha sido posible evidenciar la demarcación de los territorios con grafitis y vallas alusivas a la organización con las cuales se pretende reafirmar su presencia y control sobre ellos. Esa intención se materializa con la incursión violenta de este grupo armado a sitios sagrados, prohibiendo la movilización de autoridades y sabedores ancestrales a los espacios desde donde desarrollan su espiritualidad. Este tipo de hechos afecta no sólo material sino simbólicamente la supervivencia de la cultura tradicional del pueblo Nasa y su autonomía.
Aunque los indígenas del Cauca tienen una larga trayectoria en la defensa de su territorio y en la conformación de estructuras propias de autoprotección, como instrumentos de resistencia, el encontrarse en entornos de alto riesgo, ha debilitado estas estrategias y fragmentado el tejido social, dejándolos vulnerables ante las amenazas de los actores armados.
Capacidades políticas, económicas y militares del EMC en el Cauca: la gran ventaja de acumular diversos recursos
Los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño se han caracterizado por desarrollar actividades en lo político, económico y militar. Esto significa que, a diferencia de algunas estructuras que se dedican exclusivamente a la formación política, otras al mantenimiento de las fuentes de financiamiento y otras a realizar operaciones militares, estos frentes han logrado demostrar altas capacidades militares, manejar eslabones principales en la cadena del narcotráfico y realizar actividades de proselitismo político y adoctrinamiento.
En términos militares, estos frentes son las subestructuras del EMC que más enfrentamientos armados y ataques a la Fuerza Pública han perpetrado desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 20 de marzo de 2024, con un total de 248 hechos registrados. En esta categoría se incluyen hostigamientos, emboscadas, ataques de francotiradores, afectaciones a miembros de la Fuerza Pública por fuera de combate y enfrentamientos armados con la Fuerza Pública. En ese sentido, el frente Dagoberto Ramos ha realizado el 24% de los ataques, el frente Jaime Martínez el 14%, y el frente 3 o Carlos Patiño el 12%. Por lo tanto, es posible afirmar que el frente Dagoberto Ramos es la subestructura del EMC que más confronta al Estado.
En el aspecto económico, es de público conocimiento que el Bloque Occidental Jacobo Arenas se especializa en el tráfico de clorhidrato de cocaína, pasta base de coca y marihuana. Particularmente, el frente Jaime Martínez, tiene un rol preponderante en la comercialización de clorhidrato de cocaína hacia el exterior del país, teniendo en cuenta su injerencia estratégica sobre la costa pacífica en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. De esta forma, ha establecido conexiones con redes internacionales para el tráfico de sustancias psicoactivas por vía marítima en el Pacífico, saliendo de Buenaventura (Valle del Cauca), Guapi y Timbiquí (Cauca), hacia Centroamérica.
Asimismo, el frente 3 o Carlos Patiño cuenta con una incidencia estratégica en el enclave cocalero más productivo a nivel nacional, ubicado entre los municipios de Argelia-Tambo (Cauca). Por su parte, el frente Dagoberto Ramos se enfoca en la comercialización de marihuana, pues su injerencia en municipios del norte del Cauca, sur del Tolima y centro del Huila le permite un acceso preferencial hacia el centro del país (Caracol Radio, 2023).
La vocación política de estos frentes se ha observado a través de la conmemoración de fechas simbólicas y la alusión a personajes históricos de las otrora FARC-EP, reuniones de proselitismo y adoctrinamiento de masas e incidencia en procesos electorales, actividades que se han realizado en Santander de Quilichao, Toribío, Argelia y El Tambo, por mencionar algunos municipios. Por tanto, se puede afirmar que estos frentes tienen una alta capacidad de acumulación de recursos, que ha sido aprovechada para consolidarse como estructuras fuertes y con pocos incentivos para negociar.
Conclusiones
Los altos niveles de violencia en el departamento del Cauca por parte de los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño, sumados a los constantes incumplimientos del cese al fuego y al antagonismo con los pueblos indígenas, ponen en cuestión su voluntad real de paz. Lo anterior es evidencia de que su comportamiento puede ser considerado como el de saboteadores de la negociación con el Gobierno nacional.
Es necesario reconocer que, a pesar de que la Paz Total ha tenido impactos positivos a nivel nacional, en términos de desescalamiento del conflicto armado y la aparición de “alivios humanitarios parciales”, como lo planteó recientemente la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (2023), aún hay retos territoriales, como en el caso del departamento del Cauca, que dificultan el avance en las negociaciones de paz.
En esa medida, la decisión de suspender el cese al fuego puede ser acertada, ya que debe exigirse cierto nivel de voluntad y compromiso por parte de algunas subestructuras del EMC, que constantemente atentan contra la integridad, libertad y seguridad de las comunidades en el territorio. Por tal motivo, la constante vulneración de los ceses al fuego pactados, ha desgastado el proceso de negociación.
Bibliografía
ACIN. (2024). Defensa de la vida, el gobierno y la justicia propia reafirmamos la asamblea permanente. Disponible en: https://nasaacin.org/por-la-defensa-de-la-vida-el-gobierno-y-la-justicia-propia-reafirmamos-la-asamblea-permanente/
Caracol Radio (2023). Disidencias de la Farc estarían detrás del envío de Marihuana del Cauca al Quindío y Valle. Disponible en: https://caracol.com.co/2023/07/17/disidencias-de-la-farc-estarian-detras-del-envio-de-marihuana-del-cauca-al-quindio-y-valle/
CNN. (2022). ¿Qué es la “paz total” que propone Petro y qué grupos armados han mostrado interés en acogerse? Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/10/27/colombia-paz-total-petro-grupos-armados-ilegales-interes-orix/
CRIC. (2024). Dagoberto ramos secuestra a autoridad indígena en Corinto y a guardia indígena en Miranda. Disponible en: https://www.cric-colombia.org/portal/dagoberto-ramos-secuestra-autoridad-indigena-corinto-guerdia-miranda/
El Espectador. (2023a). El polémico acuerdo de Gobierno y disidencia para sacar a Ejército de El Plateado. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/el-plateado-disidencia-de-mordisco-gobierno-petro-y-ejercito-firmaron-acuerdo-para-salida-de-militares-elecciones/
El Espectador. (2023b). El Estado Mayor Central sabotea la “paz total”. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-estado-mayor-central-sabotea-la-paz-total/
Unidad de Investigación y Acusación. (2023). Análisis de la situación de derechos humanos y seguridad en Colombia: impactos de los ceses al fuego y la política de Paz Total. Disponible en: https://www.jep.gov.co/JEP/documents1/Informe%20An%C3%A1lisis%20de%20la%20situaci%C3%B3n%20de%20Derechos%20Humanos%20seguridad%20en%20Colombia%20impactos%20e%20los%20ceses%20al%20fuego%20y%20la%20Paz%20Total.pdf
[i] Es una herramienta web que visualiza los incidentes de seguridad que afectan a las víctimas, los desmovilizados y las organizaciones sociales que participan en el Sistema Integral para la Paz. Este mecanismo es coordinado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. La información sistematizada es proveniente del monitoreo diario de 197 medios de comunicación, 637 cuentas de X (antes Twitter) de organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades del Estado y organismos multilaterales interesados en la implementación del Acuerdo de Paz, así como las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Disponible en https://www.jep.gov.co/uia/Paginas/mecanismo_monitoreo/index.aspx
Foto de encabezado: Matildelina/Flickr.
