Por: Guillermo Cardona, S.J.
Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido el 30 de octubre como presidente del Brasil, en un país polarizado, lo que se reflejó en los apretados resultados electorales.
Ha sido una victoria esperada, reconocida y acogida con entusiasmo, por muchos países de América Latina y de todo el mundo, después de la mala imagen de los cuatro años del gobierno de Bolsonaro.
Lula ganó las elecciones con propuestas de gobierno tales como: impulsar la inversión pública, mejorar el salario mínimo, reindustrializar el país, revertir la privatización de empresas estatales como los Correos y la Electrobras, rescatar el programa de combate al hambre Bolsa Familia, combatir la minería ilegal y la deforestación de la selva amazónica; así como emprender las reformas laboral y tributaria que disminuyan las desigualdades.
En su discurso de victoria se comprometió a gobernar para los 215 millones de brasileros y no únicamente para aquellos que lo eligieron, porque no existen dos brasiles, sino un único pueblo, una gran nación. “A ninguno le interesa vivir en una familia donde reina la discordia. Es hora de reunir de nuevo las familias, rehacer los lazos de amistad, rotos por la propaganda criminal del odio. A nadie le interesa vivir en un país dividido, en permanente estado de guerra. Este país necesita de paz y de unión”, y esto es lo que trata de negociar con todas las fuerzas sociales y políticas del país.
A pesar de su victoria en las urnas, Lula debe enfrentar un país más dividido que aquel que encontró en sus otros mandatos. Para derrotar a Bolsonaro, fue necesario construir una alianza muy amplia de 10 partidos, incluyendo adversarios históricos como el propio vicepresidente elegido, Geraldo Alckmin del PSB, Partido Socialista Brasilero. Pero Lula ha mostrado una gran capacidad de negociación para articular esos intereses tan disímiles.
Después del triunfo de Lula se han dado varios frentes de trabajo, a fin de hacer la transición en medio de las estrategias de los grupos civiles y algunos militares seguidores de Bolsonaro, quienes están por un golpe militar. Los hechos más relevantes son: la aceptación de los diferentes países de la vuelta del Brasil al escenario internacional, la serie de encuentros republicanos y políticos para que den inicio a las negociaciones para un nuevo gobierno, la reacción de los bolsonaristas de pedir a las fuerzas armadas un “golpe de estado”, las desconfianzas de las elites y del mercado en este periodo de transición, la defensa institucional ante las fuerzas que se resisten a aceptar los resultados, los trabajos del gran equipo de transición, y las negociaciones en el Congreso para tramitar la PEC, Propuesta de Enmienda Constitucional, que posibilite la realización de las propuestas del nuevo gobierno.
Reacciones de los bolsonaristas ante la pérdida de la presidencia de la República, pidiendo a las fuerzas armadas dar un “golpe de estado” y la respuesta de la justicia electoral
La petición de un golpe se veía venir desde 2019, cuando se expresaba la nostalgia de la dictadura y se militarizaba el gobierno para acabar con la oposición liderada por los partidos de izquierda y el comunismo del Partido de los Trabajadores, el PT.
Varias amenazas e intentos de golpe militar se dieron mientras se continuaban implementando las estrategias de militarización y privatización del Estado: nombrar en ministerios y cargos de segundo escalón, a militares y exmilitares; liberar la compra y el “porte de amas”; establecer el llamado “escritorio del odio” en el tercer piso de la casa presidencial, coordinado por un hijo del presidente, para diseminar propaganda contra todo lo que fuera de izquierda y social, produciendo en masa noticias falsas (fake news); controlar las policías militares que dependen de los estados y nombrar en las líneas de comando de la Policía Federal y de la Policía Federal de Carreteras a partidarios del presidente de la República; elevar los salarios de los militares de alto y medio rango; aceptar toda la agenda de agronegocio de beneficios económicos y de decretos para permitir el uso de pesticidas prohibidos nacional e internacionalmente; desprestigiar y perseguir al Supremo Tribunal Federal (STF), al Tribunal Superior Electoral (TSE) y a sus ministros; crear dudas sobre las urnas electrónicas, y la necesidad de un comprobante en papel sobre la votación, por considerar que las urnas electrónicas no son confiables; la creación del “presupuesto secreto” para poder repartir “mermelada”, sobre todo, a los parlamentarios para que votaran las leyes y alimentaran sus bastiones electorales; favorecer hasta económicamente las iglesias evangélicas para que hagan el adoctrinamiento en masa en favor de las causas fundamentalistas del “capitán” Bolsonaro; apropiarse hasta de la bandera nacional como símbolo del movimiento. En fin, favorecer los grandes medios de comunicación para que no divulguen información sobre los diversos esquemas de corrupción del gobierno y sus aliados, y el favorecimiento del sistema financiero con medidas económicas.
Con todo este montaje se esperaba una fuerte reacción golpista y de no aceptación de los resultados electorales por parte de los partidarios de Bolsonaro al perder la elección presidencial, pese a la abierta compra de votos y a la acción de impedir a partidarios de Lula votar el día de las elecciones. Por eso, el 31 de octubre, día siguiente al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó la obstrucción de autopistas y carreteras, acción que se fue extendiendo por 15 estados de los 26 que tiene el Brasil y en el Distrito Federal de Brasilia. A esto se suman las manifestaciones, durante todo el mes de noviembre, junto a los cuarteles del ejército, pidiendo a los militares, con la connivencia del presidente en ejercicio, que den el golpe de estado.
Como los órganos de control del Estado, responsables de garantizar el derecho de libertad de locomoción, están en manos de partidarios de Bolsonaro, el único órgano que comenzó a actuar fue el Tribunal Superior Electoral. Su presidente, el ministro Alexandre de Moraes, ordenó a la Policía Federal de Carreteras (PRF) desobstruir las vías bloqueadas por los manifestantes, exigió la lista de las personas que estaban dirigiendo los bloqueos y las que estaban financiando estas protestas, para tomar las providencias debidas. Abrió proceso contra el comandante de la Policía Federal de Vías, permitió que las policías militares de los estados desobstruyeran las vías, abrió proceso judicial contra los organizadores de las protestas, dictó prisión para 19 de ellos y bloqueó 43 cuentas de empresarios que estaban financiando las protestas pidiendo “golpe de estado”, por ser delitos anticonstitucionales.
Con estas medidas menguó el bloqueo de las vías. La Policía Federal de Carreteras comenzó a actuar, veinte gobernadores dieron la orden a la policía militar y a los batallones de choque de despejar las vías públicas. Estas acciones continúan. En ciertos estados se dan todavía los bloqueos y hasta con violencia. También continúan las protestas delante de los cuarteles del ejército en espera del “golpe militar”, lo cual no ha dado resultados porque son pocos los militares que están a favor de él, los comandantes se han manifestado en contra de cualquier medida anticonstitucional y hasta algunos están pidiendo la retirada de los manifestantes que permanezcan frente a los cuarteles.
Como los golpistas no conseguían sus objetivos, debido a las acciones contundentes del presidente del TSE, ministro Alexandre de Moraes, se pasó a las acciones judiciales. El presidente del Partido Liberal (PL), al que pertenece el presidente Bolsonaro, presentó, incentivado por este último, una acción judicial solicitando anular los votos del 60% de las urnas electrónicas de la segunda vuelta electoral. El presidente del TSE dio 24 horas para presentar el informe de las mismas urnas usadas en la primera vuelta de la elecciones, ya que con estas se eligieron los diputados del PL. Dado que la petición del PL solo quería entorpecer la justicia, el presidente del TSE, el 24 de noviembre, no solo desestimó la petición, sino que impuso una multa a la coalición que votó por Bolsonaro en la segunda vuelta, al PL (Partido Liberal), al PP (Partido Progresista) y al PR (Partido Republicano), por “litigar de mala fe”, condenándolos al pago de más de 22 millones de reales (más o menos US 4.150.000). Como el PP (partido al que pertenece el presidente de la Cámara de Representantes) y el PR (partido al que pertenece el gobernador del estado de San Pablo) comunicaron inmediatamente que la decisión de presentar esta acción no fue consultada y que además ellos aceptan los resultados de las elecciones y de la segunda vuelta, la multa quedó para ser pagada solamente por el PL, donde está afiliado el presidente Bolsonaro.
Después quisieron instaurar una Comisión Parlamentar de Investigación (CPI) en contra de ministros del Tribunal Superior de Justicia (STJ), pero el presidente de la Cámara de Diputados no la aceptó. Quisieron luego adelantar un proceso contra Lula y la presidenta del PT por injurias durante la campaña electoral, pero este no prosperó.
Reacción de las élites y del mercado en este periodo de transición
La gran prensa sigue siendo golpista, al mostrar reparos a las propuestas del presidente elegido Luiz Inácio Lula da Silva, lo mismo que el sector financiero, que ve la gran dificultad de realizar políticas sociales y el peligro de sobrepasar el “techo de gastos”, ante las declaraciones de Lula en la COP27, donde afirmó:
No basta pensar solamente en responsabilidad fiscal, se tiene que comenzar a pensar en responsabilidad social. ¿En qué consiste el ‘techo de gastos’ en un país? Si el techo de gastos fuera para discutir que no se pagara la cantidad de intereses al sistema financiero que se paga cada año, y para que se mantuvieran intactas las políticas sociales, yo concordaría. Pero si usted coloca una cosa llamada techo de gastos como primero, lo que pasa es que usted saca el dinero de la salud, de la educación, de la ciencia y tecnología, de la cultura, etc., usted trata de desmontar todo lo que hace parte de lo social y no toca para nada lo que tiene que ver con el sistema financiero.
Tres economistas brasileros en la carta publicada el 17 de noviembre dicen compartir las preocupaciones sociales y civilizatorias de Lula, pero resaltan que “el desafío es tomar medidas que no creen problemas mayores a los que se quieren resolver”. Ellos afirman que
La subida del dólar, la caída de la Bolsa no son producto de la acción de un grupo de especuladores mal intencionados. La responsabilidad fiscal no es un obstáculo al noble deseo de responsabilidad social. El techo de gastos no quita dinero de la educación, de la salud, de la cultura, para pagar intereses a los banqueros gananciosos. No es una conspiración para desmontar el área social.
A ellos preocupa que un gasto desenfrenado de la nueva administración lleve a una depreciación del dinero y a una presión inflacionaria, lo que podría traducirse en alza de los intereses por más tiempo y en dificultades para crecer.
Los grandes medios de comunicación se unen a las críticas de los economistas neoliberales contra las propuestas económicas sociales del gobierno elegido, sabiendo que ellos fueron conniventes con muchas de las acciones del presidente en ejercicio y no le hicieron el debido control social, que ahora pretenden hacer al gobierno elegido.
Negociaciones en el Congreso para tramitar la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de la transición, sobre el “techo de gastos” para la aprobación del presupuesto para el año de 2023
El equipo de transición está, con muchas dificultades, recibiendo los informes incompletos y que esconden datos, al punto que deben buscar en otras dependencias como el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). Tiene subequipos que están asesorando también las propuestas, especialmente la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de la transición.
El tiempo apremia porque se debe tramitar hasta el 18 de diciembre, pasando dos veces por aprobación de la Cámara de Representantes y dos veces por el Senado de la República. La esperanza es que se van encontrando consensos y que la base de respaldo al gobierno elegido se va ampliando.
El 28 de noviembre viajó Lula a Brasilia para comenzar a definir quienes ocuparán los ministerios y para encargarse de negociar la PEC de la transición.
La posesión del presidente elegido, el primero de enero
Se está disponiendo toda la estrategia de seguridad para la posesión del nuevo presidente, donde se esperan unas 150.000 personas. A la Policía Federal se sumarán las policías del Senado, la Cámara de Representantes y del Poder Judicial. Los controles serán rigurosos y se prohibirá la entrada a la Explanada de los Ministerios a los seguidores de Bolsonaro. Un problema latente es la falta de recursos para pagar todo este esquema de seguridad. Lo paradójico es que, si fuese la posesión del actual presidente, sí se tendría recursos. La pregunta que se debe hacer es sobre dónde están los dineros requeridos.
Se espera que, en medio de las tensiones, el presidente electo se posesione y que las Fuerzas Armadas también participen en garantizar la seguridad de este gran acto, propio de un Estado Democrático de Derecho
cien-dias-106-regreso-lulaGuillermo Cardona Grisales, S.J.
Sacerdote Jesuita Colombiano, excoordinador del Departamento de Religiosidad Popular del Cinep/PPP, fundador y excoordinador del Centro de Derechos Humanos en la Arquidiócesis de Manaos, Brasil, exdirector del SARES, Servicio de Acción y Reflexión
Socioambiental, Manaos, Brasil.
