La implementación del Acuerdo de Paz: una tarea inaplazable

Cien Días vistos por Cinep/PPP

EDICIÓN 107 ENE-ABR 2023

Por: Vera Samudio

Durante los primeros meses de gobierno, el presidente Gustavo Petro ha manifestado en numerosas ocasiones su compromiso ineludible con la implementación del Acuerdo de Paz, firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP en 2016. Desde su discurso de posesión, expresó: “Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con dos siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede. Cumpliremos el Acuerdo de Paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad (…) No podemos seguir en el país de la muerte, tenemos que construir el país de la vida” (Petro, 2022). Esta afirmación, ampliamente reseñada en su momento por los medios de comunicación, resonó como una voz de esperanza, tras cuatro años del gobierno Duque, caracterizados por una implementación débil, fragmentada y selectiva, acompañada por un aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas y en diversos territorios del país.

Este mismo planteamiento ha sido formulado por altos funcionarios del Estado, quienes desde sus respectivas áreas, han manifestado su compromiso por avanzar en la implementación de diferentes puntos del Acuerdo. Sobre este asunto, algunos ministros, entre ellos la ministra de Agricultura (López, 2022) y el ministro de Relaciones  Exteriores (Leyva, 2022), han planteado su interés en desarrollarlo, y, de manera permanente, el Alto Comisionado para la Paz ha expuesto públicamente que su cumplimiento es la base central para edificar la política de la “Paz Total” (Rueda, marzo) (JEP, 2023). Estos anuncios también han sido reconocidos por el Secretario General de las Naciones Unidas, quien en el último Informe de seguimiento se declaró complacido porque la implementación de este Acuerdo de Paz, esté en el centro de los esfuerzos del gobierno nacional (Guterres, 2023).

Al respecto pueden identificarse acciones relevantes para el cumplimiento del Acuerdo de Paz durante estos primeros meses de gobierno. Eventos como el acuerdo firmado con la Federación Nacional de Ganaderos -Fedegán- para la compra de tierras que coadyuven en los propósitos de la Reforma Rural Integral; la apertura de espacios de participación para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND); la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías, de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación -CSIVI- y del Consejo Nacional de Reincorporación, y el impulso para la implementación del Capítulo étnico en manos de la Vicepresidenta de la Nación, entre otros hechos, permiten mantener el optimismo en que el gobierno Petro cumplirá sus compromisos con el Acuerdo de Paz, con los reincorporados, el partido Comunes y la paz de Colombia.

Estos avances, si bien ha sido recibidos positivamente por un sector importante de la ciudadanía, para otros no alcanzan a traducirse en hechos concretos de implementación. Han sido variados los pronunciamientos críticos sobre la real capacidad del gobierno para cumplir con la implementación del Acuerdo de Paz, pero tal vez los más consistentes, se pueden situar en los siguientes asuntos: la ausencia en el Plan Nacional de Desarrollo, de un capítulo específico para la paz, el debilitamiento de la arquitectura institucional para la paz, las deficiencias en la protección de excombatientes, el desconocimiento de las funciones otorgadas a la CSIVI luego de un importante impulso mediante su reactivación, y un sensible debilitamiento del Acuerdo firmado con las FARC-EP para darle paso y fortalecer la política de  la “Paz Total”. De manera concreta, desde el partido Comunes se ha hecho un llamado al gobierno Petro para que atienda de manera más contundente los compromisos con el Acuerdo, haciendo una serie de recomendaciones que permitan apresurar su implementación (blue Radio, 2023).

De allí que el compromiso anunciado y sostenido del gobierno nacional para implementar el Acuerdo de Paz, y varias acciones en esta dirección, no implican, en cualquier caso, que se deba considerar solventado este tema. Algunos aspectos que deben atenderse con urgencia y diligencia, para no malograr este propósito nacional, han sido identificados en el más reciente informe de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional y presentados en diferentes escenarios de incidencia política (STCIV, CINEP-CERAC. 2023) (STCIV, 2022).

Dado el marco actual de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, es necesario mantener un capítulo específico para su implementación integral, a un nivel desagregado de planes, programas y proyectos, que además identifique, en el plan plurianual de inversiones, las partidas de gasto relacionadas. Así mismo, es necesario mantener el trazador presupuestal, y en particular, señalar cuáles son los recursos adicionales que se destinarán específicamente para este propósito. Urge también la evaluación y actualización del Plan Marco de Implementación, y la adecuación correspondiente del Sistema de Información gubernamental para el seguimiento a la Implementación (SIIPO).

A este nivel, la discusión sobre la arquitectura institucional para la paz toma un lugar protagónico. En particular, es perentorio que, primero, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz pueda dirigir y coordinar las acciones respectivas, entre diversas entidades e institucional del Estado, así como incidir directamente en la destinación de los recursos para la paz. Segundo, es estratégico que las instancias creadas para el impulso, seguimiento y verificación, desarrollen a plenitud sus funciones. El cumplimiento de las mismas, por parte de la CSIVI y las instancias de género y etnia, no solamente son compromisos imperativos, sino que además, pueden generar el impulso que requiere en este momento la implementación del Acuerdo de Paz.

Un tercer asunto de trascendencia es la armonización entre la implementación del Acuerdo Final y la política de “Paz Total”, más allá del reconocimiento público de la relación intrínseca expresada con insistencia por el gobierno nacional. Una planeación capaz de identificar correctamente los aspectos del Acuerdo de Paz e impulse rápidamente condiciones para avanzar territorial y nacionalmente en exploraciones y posibles diálogos, puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de estos nuevos procesos de paz.

Ahora bien, en cada punto del Acuerdo de Paz existen asuntos que, por no cumplirse en el cuatrienio pasado, ahora ya no dan espera. Sin tener la intención de hacer una lista exhaustiva, y atendiendo exclusivamente los puntos del Acuerdo que son de experticia del CINEP-PPP, se enumeran algunos aspectos sobre los cuales es perentorio trabajar con celeridad.

En primer lugar, en relación con la Reforma Rural Integral debe mejorarse el acceso al Fondo de tierras, acelerar la caracterización de los predios y diferenciar allí, las hectáreas destinadas a la cuenta étnica. También debe darse un impulso decidido a la aprobación y puesta en marcha del Plan Nacional de Formalización de Tierras, trabajar por la seguridad jurídica que otorga esta formalización, avanzar en los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) y en la constitución del Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO). Y, finalmente, avanzar en las normas pendientes, entre ellas, la Jurisdicción Agraria.

Frente a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se debe acelerar la ejecución de los proyectos, examinar y corregir las causas del desequilibrio en la implementación que se viene generando entre subregiones y poblaciones beneficiadas, asegurando la participación efectiva de las comunidades en la priorización de las iniciativas y su ejecución. En particular, es importante fortalecer la institucionalidad local y regional, así como los mecanismos de articulación con las entidades de carácter nacional y la institucionalidad étnica.

En relación con los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (PNRRI) es necesario desarrollar un trabajo minucioso de articulación con los PDET y ponerlos rápidamente en marcha. Respecto a los Planes de Acción Territorial (PATR), el retraso en su diseño y aplicación, viene generando obstáculos y no credibilidad en la producción de las transformaciones necesarias y esperadas en los territorios.

En segundo lugar, en el marco de los compromisos sobre Participación Política, debe insistirse en la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), más allá de la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías, que, siendo bienvenida, no es suficiente para producir el impacto que se requiere en esta materia. En particular, es preciso avanzar en la puesta en marcha de la Instancia de Alto nivel y de otras instancias de soporte que aún siguen pendientes, y armonizarlas con los diálogos de paz y los procesos que se adelantan para el acogimiento a la justicia de las estructuras criminales, en el marco de la “Paz Total”. En este mismo contexto, se hacen pertinentes la búsqueda de alivios humanitarios concretos en los territorios y el avance decidido en las reformas que se requieren para las negociaciones.

Frente a las medidas pactadas para promover una mayor participación ciudadana, debe continuarse trabajando en la articulación entre la institucionalidad y las organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo escenarios como el de la Mesa Nacional de Garantías para la movilización pacífica. También es necesario mantener el impulso legislativo para la reforma al órgano electoral, que incluya la despolitización del Consejo Nacional electoral, la desconcentración del poder de la Registraduría Nacional y el fortalecimiento de la Jurisdicción Electoral, así como revisar las propuestas del proyecto de Reforma Política para fortalecer el sistema de partidos, evitando la inclusión de fórmulas que alimenten el trasfuguismo o la eliminación del conflicto de intereses.

De otro lado, se requiere avanzar en los debates alrededor del Nuevo Código Electoral, incluyendo, entre otros asuntos, mecanismos para generar una mayor paridad de género en las listas, fijar topes financieros de las campañas, mayor veeduría en los puestos de votación y herramientas para la modernización del proceso electoral a través de nuevas y rigurosas tecnologías. En relación con los Consejos Territoriales de Paz, escenario pactado para la participación activa de la sociedad civil en los procesos de reconciliación, se requiere poner en marcha una apuesta más clara desde el gobierno nacional para su impulso y fortalecimiento.  

En tercer lugar, frente a los compromisos con las Víctimas, si bien hay avances ciertos en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación Integral y No Repetición, en este momento se enfrentan retos históricos.

De un lado, es inaplazable visibilizar el Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y construir una planeación estratégica para su implementación, de tal manera que lleve a reformas institucionales, así como a políticas, planes y proyectos concretos. Igualmente es relevante  dar cumplimiento a las medidas de custodia y administración de los archivos de la CEV, que actualmente está en manos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y el Archivo General de la Nación, en el marco de una política de Memoria respetuosa de este archivo y de todos los demás procesos que al respecto, se desarrollan  actualmente en el país, así como la puesta en marcha del Museo de la Memoria, que sigue en obra y sin un desarrollo territorial acorde con las expectativas de las víctimas.

También es necesario materializar el compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas, mediante la conformación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda, en cabeza de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), y rodear de garantías la implementación de las sanciones propias, próximas a ser expedidas por la JEP, y que requieren para su correcto desarrollo, del concurso activo y decidido del gobierno nacional y de los gobiernos locales.

Finalmente, y como ya se ha hecho costumbre cuando se plantean las urgencias de la implementación del Acuerdo de paz, es necesario dar cumplimiento a las medidas de reparación integral de las víctimas, que en diferentes órdenes sigue siendo el asunto más retrasado en la implementación.

Por tanto, aunque la implementación del Acuerdo de Paz parezca una labor titánica, es una tarea urgente, vital e inaplazable.

Blue Radio. (4 de febrero de 2023). Partido Comunes denuncia que implementación de paz no tiene capitulo en Plan Nacional de Desarrollo. Obtenido de https://www.bluradio.com/nacion/paz/partido-comunes-denuncia-que-implementacion-de-paz-no-tiene-capitulo-en-plan-nacional-de-desarrollo-rg10

Guterres, Antonio. (enero de 2023). EL SECRETARIO GENERAL SALUDA LA DETERMINACIÓN DE COLOMBIA DE AVANZAR HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ. Obtenido de https://colombia.unmissions.org/el-secretario-general-saluda-la-determinaci%C3%B3n-de-colombia-de-avanzar-hacia-la-consolidaci%C3%B3n-de-la

JEP. (28 de febrero de 2023). Audiencia de seguimiento a medidas cautelares para proteger a firmantes del Acuerdo Final de Paz. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=EjEOqwivt4g

Leyva, Álvaro. (agosto de 2022). “El país no puede seguir marchando sobre una cultura de violencia”: Ministro Álvaro Leyva Durán. (C. Colombia, Entrevistador)

López, Cecilia. (octubre de 2022). INSIDE con Cecilia López, ministra de Agricultura. (D. l. República, Entrevistador)

Petro, Gustavo. (7 de agosto de 2022). Palabras del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, al tomar posesión como Jefe de Estado. Obtenido de https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/palabras-presidente-republica-gustavo-petro-urrego-tomar-posesion-jefe-estado

Rueda, Danilo. (marzo de 2023). Danilo Rueda: Gustavo Petro “no tiene nada que ver” con lo de narcos que buscan colarse en paz total. (N. Caracol, Entrevistador)

STCIV. (diciembre de 2022). Duodécimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Obtenido de https://www.cinep.org.co/informes-generales/