El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No 63, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de enero y 30 de junio del año 2021, ha podido acceder a información cualificada sobre las violencias políticas permanentes en el país, que bien podrían calificarse como la continuidad del fenómeno de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de la implementación de los Acuerdos de La Habana como en el Paro Nacional que comenzó el 28 de abril de 2021.
La información que publicamos es solamente una aproximación a la realidad que vivimos, pues la misma violencia, los mecanismos de silenciamiento de las víctimas y sus familiares y los mecanismos de impunidad instaurados, impiden recoger la totalidad de los hechos, y como dice el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, en la presentación de la revista -a propósito de las manifestaciones del Paro- la Red de Bancos de Datos “[…] no hace estadísticas ni tiene la posibilidad de registrar la totalidad de violaciones graves a los derechos humanos que son perpetradas en el país cada semestre. Sin embargo, hace un esfuerzo por recaudar el máximo posible de violaciones a los derechos fundamentales y ponerlos ante la mirada del país y del mundo para que se comprenda la tragedia de nuestro pueblo. A veces, como en esta ocasión, en que somos conscientes de que la monumental cantidad de atropellos contra los manifestantes desborda con mucho nuestras capacidades de registro, ofrecemos lo recaudado sólo como una pequeña muestra o “unos destellos”.”
A lo largo de las últimas décadas del siglo XX y las dos primeras del XXI, hemos registrado la permanencia de las agresiones contra la dignidad de la personas, pueblos, comunidades, organizaciones y movimientos sociales de base, ataques que han tenido altibajos. A continuación, hacemos un breve acercamiento al panorama reconstruido en el primer semestre del año 2021, atravesado por la perdurabilidad de la emergencia sanitaria de la pandemia del Covid y las dificultades sociales y económicas de la mayoría de la población que reventó al final del cuarto mes con la sacudida social del Paro Nacional.
En materia de derechos humanos hemos podido documentar un alto reporte de las agresiones o victimizaciones1El número de victimizaciones corresponde al tipo de agresiones infligidas a una persona, entre ellas están las amenazas, ejecuciones, atentados, detenciones, desapariciones, desplazamientos, lesiones, tortura, entre otras. en tres modalidades de violaciones principalmente: detenciones arbitrarias, lesiones físicas y amenazas. La información reportada desde las organizaciones sociales de base de la Red Nacional de Bancos de Datos regionales y que reposa en nuestro sistema, nos permite señalar que durante los meses de abril, mayo y junio se presentaron la mayoría de las detenciones arbitrarias con 133, 167 y 47 victimizaciones respectivamente. En cuanto a las lesiones físicas en los mismos meses se presentó la mayor concentración con 63, 181 y 83 casos. Por su parte, las amenazas se concentran en febrero con 38 victimizaciones, y en los meses de abril y mayo con 53 y 61. Las agresiones estuvieron motivadas en un porcentaje alto por móviles de persecución política al dar un tratamiento de guerra a las justas protestas que se presentaron especialmente entre abril 28 y junio 30 de 2021.
Ahora bien, con respecto a los departamentos que reportan mayores violaciones a los derechos humanos están: Santander (304), Bogotá (149), Cauca (107), Boyacá (106), Cundinamarca (97), Valle del Cauca (84) y Antioquia (52).
Respecto a los Presuntos Responsables de las violaciones a los derechos humanos, resultan preocupantes las acciones de las unidades de la Policía Nacional, quienes durante enero-junio de 2021 causaron heridas a 358 personas, detuvieron arbitrariamente a 351 personas, amenazaron de muerte a 137 personas, torturaron a 38 personas, ejecutaron extrajudicialmente a 26 ciudadanos, perpetraron acciones de violencia sexual contra 10 personas y desaparecieron a 6 más. Muchas de estas victimizaciones fueron cometidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD. Total: 926 víctimas.
Igualmente, es muy grave el evidente fortalecimiento del paramilitarismo a nivel nacional, regional y local. Se registraron 86 amenazas de muerte, ejecuciones extrajudiciales de 24 ciudadanos, 11 personas desaparecidas, 7 víctimas de violencia sexual, 3 personas torturadas y 3 personas heridas, como hechos cometidos por grupos paramilitares. Total: 134 víctimas.
Así mismo, resultan muy alarmantes las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2021 fueron responsables de 20 detenciones arbitrarias, 19 amenazas de muerte, 2 desapariciones forzadas, 2 personas torturadas, 1 ejecución extrajudicial, 1 ciudadano herido y una persona víctima de violencia sexual. Total: 46 víctimas.
En correspondencia con lo sucedido durante este primer semestre, los sectores sociales que fueron victimizados por violaciones a los derechos humanos están: campesino (63), indígena (35), líder o lideresa social de base (31), personas pertenecientes a la población LGBTIQ+ (20) y profesional (20). Hay un número enorme de personas de quienes no ha sido posible identificar su pertenencia a algún sector social (892). Sin embargo, pensamos que entre estas, están las y los jóvenes manifestantes de los tres meses de Paro Nacional y puntos de resistencia de las diversas ciudades donde se concentraron.
El país paró, pero el conflicto armado no
Sobre la continuidad de la guerra en Colombia, desde la Red Nacional de Bancos de Datos se pudo documentar las acciones armadas que se apartan de las normas básicas de la guerra, y por lo tanto, infringen el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC). Así, durante el primer semestre de 2021, los departamentos donde se registraron más victimizaciones fueron: Cauca con 81 y Antioquia con 37.
De igual manera, los meses que reportaron más acciones que infringen el DIHC, fueron febrero, marzo y abril. En el mes de febrero, hubo el mayor número de acciones de reclutamiento de menores (14 casos). En marzo, hubo 19 muertos por objetivos, métodos y/o medios ilícitos de guerra y 11 lesiones con métodos y/o medios ilícitos de guerra; mientras que en abril se dio el mayor número de amenazas con 32 victimizaciones.
Con relación a los presuntos responsables de las acciones infractoras del DIHC fueron:
Guerrilla2Bajo la palabra GUERRILLA, como presunto responsable, denunciamos hechos violentos cometidos por disidencias de las FARC-EP, el ELN y/o grupos guerrilleros no identificados, si bien somos conscientes de la ambigüedad que han ido asumiendo las llamadas “disidencias”, pues en algunas regiones se han revelado, en la práctica, muy cercanas a la fuerza pública y a estructuras paramilitares.: 47 amenazas de muerte, 13 homicidios, 20 heridos, 7 víctimas de reclutamiento forzado y 4 víctimas de tortura. Total: 91 víctimas.
Paramilitares: 23 víctimas de reclutamiento forzado, 3 amenazas de muerte, 2 heridos, 1 homicidio, 1 persona torturada. Total: 30 víctimas.
Policía nacional: 14 víctimas, entre ellas 9 víctimas de reclutamiento forzado. (casos con autoría conjunta).
Ejército nacional: 13 víctimas, entre ellas 9 víctimas de reclutamiento forzado. (casos con autoría conjunta).
Los sectores sociales más victimizados por las infracciones graves al DIHC, están: Campesino, indígena y líder o lideresa social de base. Quienes presentaron amenazas, reclutamiento, homicidios y lesiones por métodos y medios ilícitos de guerra o lesiones por causa de acciones bélicas.
Finalmente, documentamos y registramos las agresiones por acciones de la Violencia Político-Social, que se caracteriza por no tener un presunto responsable claramente definido. En esta categoría según la ubicación geográfica se presentan los territorios con mayor número de victimizaciones: Cauca (150), Norte de Santander (62), Huila (53), Valle del Cauca (39), Nariño (29), Antioquia (17), Caquetá (14), Meta (12) y Putumayo (11). En estos territorios se presentaron 200 asesinatos políticos, 101 lesiones físicas, 85 amenazas, 19 eventos de tortura, 15 atentados y 17 raptos.
Siendo el sector social de líder o lideresa social de base el más agredido (56 victimizaciones), seguido del sector indígena (51), campesino (39), población LGBTIQ+ (14), desmovilizados (7) y comunidades negras o afrodescendientes (5). Los meses donde se reportó más victimizaciones fueron: mayo (88) enero (87), abril (85), junio (72), marzo (67) y febrero (50).
La crisis social y humanitaria, en Colombia, es una realidad inocultable, este primer informe del año 2021, así lo deja ver, las modalidades de violencia política que (85), junio (72), marzo (67) y febrero (50). La crisis social y humanitaria, en Colombia, es una realidad inocultable, este primer informe del año 2021, así lo deja ver, las modalidades de violencia política que continúan siendo practicadas en el país, nos dan cuenta de las diversas prácticas sociales de genocidio que operan en las diferentes regiones del país contra sectores sociales particulares. Prácticas que han ido caminando hacia la configuración de un modelo de relaciones sociales que nos conduce a la destrucción ética y moral.
La Revista Noche y Niebla, para esta edición N.º 63 tuvo un enfoque regional dirigido al departamento de Boyacá, mediante la participación del Grupo de Víctimas de Crímenes de Estado de Boyacá Vida, Memoria y Dignidad, que hace parte de la Red Nacional de Bancos de Datos. Este Grupo elaboró el artículo publicado en la revista, que pone la lupa en la situación de los derechos humanos en el departamento de Boyacá, y además seleccionó las fotos que ilustran la revista. Para la elaboración del artículo, el Grupo contó con los aportes de la Mesa Departamental de Salud por Boyacá y el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, el cual invitamos a leer en la Revista.
BOYACÁ: ¿REMANSO DE PAZ?
Mural que lleva el nombre del Grupo Vida, Memoria y Dignidad, elaborado en el año 2018 de manera colectiva en el Páramo de La Sarna (Sogamoso, Boyacá). El grupo tiene los objetivos de preservar la memoria de las víctimas de crímenes de Estado y exigir verdad, justicia y reparación. La imagen central del mural es el retrato de una de las mujeres del grupo que está conformado principalmente por mujeres. El mural constituye un reconocimiento a todas las integrantes del grupo y sus procesos de resiliencia.
El Paro Nacional de 2021 también se vivió en Boyacá. Diversos sectores de la población boyacense salieron a protestar exigiendo el cumplimiento de derechos como la vida, la salud, la educación, la alimentación y el ambiente; pero los manifestantes también fueron reprimidos por parte de la fuerza pública. En un ejercicio preliminar de documentación, se pudieron recopilar 22 casos de agresiones cometidas en el marco del paro nacional, que dejaron 106 violaciones de derechos humanos, lo cual hizo ubicar a Boyacá como el cuarto departamento con mayor número de violaciones de Derechos Humanos durante este semestre, precedido por Santander, Bogotá y Cauca.
Se registraron detenciones, amenazas, lesiones y torturas en municipios como Sogamoso, Paipa, Duitama, Tunja y Monguí. Se resaltan casos de hombres que amenazan e intimidan a los manifestantes desde camionetas, jóvenes lesionados y torturados, como el caso del estudiante de Comunicación Social, Santiago Amaya, detenido, lesionado y torturado en Duitama el 1 de mayo de 2021, de dos personas con heridas oculares el 28 de junio de 2021 en Paipa, o las mujeres de Tunja agredidas el 15 de mayo de 2021 cuando salieron a protestar en rechazo a los abusos sexuales cometidos por la Policía Nacional en el marco del paro nacional.
Siempre se ha escuchado hablar de la región boyacense como un “Remanso de paz”. Pero, ¿podemos llamar así a un territorio donde algunos de sus habitantes han sido víctimas de diferentes hechos como masacres, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzadas, agresiones injustificadas y excesivas en el marco de las protestas y ejecuciones bajo la modalidad de “exterminio social”?
Como antecedentes podemos mencionar uno de los hechos que, no solo generó tristeza para los familiares de sus víctimas, sino además consternó y generó terror entre la población, fue la masacre del Páramo de La Sarna cometida el 1 de diciembre de 2001. En esta masacre fueron ejecutadas 15 personas, quienes eran estudiantes, campesinos, trabajadores, profesionales, personas que llevaban una vida normal sin que tuvieran ningún nexo con actores armados. Durante la investigación y a través de las sentencias proferidas por el Juzgado 56 Penal del Circuito, Programa de Descongestión OIT en el año 2015 y el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el año 2019, se pudo confirmar que esta masacre fue planeada y coordinada entre integrantes de la Primera Brigada del Ejército Nacional, la SIJIN de la Policía Nacional y paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare. Según la base de datos SIVEL-CINEP, se han registrado alrededor de 143 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y/o paramilitares, desde el año 1982 hasta el 2015 en el departamento de Boyacá.
Y según la investigación que recopila varias fuentes, realizada para el informe Boyacá: sembrando justicia, memoria y dignidad, presentado por el grupo Grupo Vida, Memoria y Dignidad y varias ONG ante la JEP y la CEV en agosto de 2020, entre 2001 y 2008 se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de “falsos positivos” que dejaron 86 víctimas, es decir, personas inocentes que hicieron pasar por muertas en combate, donde se identificó la participación de al menos 175 integrantes de unidades militares adscritas a la Primera Brigada del Ejército Nacional. También, se registraron 18 personas ejecutadas bajo la modalidad de “exterminio social”, donde cinco sentencias condenatorias y el acervo probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, revelaron una alianza entre la sección de inteligencia de la Primera Brigada y las Autodefensas Campesinas del Casanare
(ACC), donde esta primera le entregaba listas a las ACC con información de las personas que debían ser asesinadas; la mayoría de ellas habitantes de calle, consumidores de estupefacientes o personas que habían sido señaladas arbitrariamente de cometer algún delito, o de ser colaboradores o integrantes de las guerrillas. Todo, obedeciendo a una política de Estado en donde el afán de obtener resultados importó más que la vida, paz y tranquilidad de la población civil.
La desaparición forzada ha sido uno de los crímenes que ha azotado al departamento, especialmente en la provincia de Lengupá. Según la consulta de la base de Datos SIVEL-CINEP, se han documentado casos de 37 víctimas de desaparición forzada en Miraflores, Zetaquirá, Páez, Campohermoso, San Eduardo, Berbeo, Boyacá, Chiscas, Puerto Boyacá, Pajarito y Guateque, de los que en su mayoría se tiene muy poca información.
Las medidas de política pública en el departamento de Boyacá y dentro de éstas los planes de desarrollo municipales y departamentales, no se han orientado a la garantía y protección de los derechos de la población boyacense, como tampoco a reparar los daños y consecuencias derivadas de las medidas políticas y económicas como los Tratados de Libre Comercio o la explotación minera y de hidrocarburos, que han conllevado la pérdida de cultivos, el encarecimiento de la producción, el abandono de tierras, el incumplimiento de obligaciones crediticias, el remate de tierras, la precarización de la calidad de vida, y la migración de la población más joven. El Departamento tampoco ha sido ajeno a las problemáticas y conflictos ambientales. El Lago de Tota es uno de los ecosistemas más importantes de Boyacá y, sin lugar a duda, es el más importante de la provincia de Sugamuxi, pero esta zona ha sido afectada por dos actividades extractivas como la minería y el petróleo.
La población boyacense se ha levantado a protestar por la desigualdad socioeconómica y las consecuencias de la permisividad frente a la explotación de recursos naturales, pero cuando lo ha hecho, ha sido duramente reprimida. En el marco de las jornadas de protesta social, tales como el paro agrario en el año 2013, el paro camionero en el año 2016 y el reciente paro nacional de 2021, se registra una ejecución extrajudicial contra Luis Orlando Saiz quien perdió la vida por el impacto de un gas lacrimógeno en su cabeza que fue arrojado por integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios-Esmad de la Policía Nacional cuando se encontraba cerca del lugar donde se concentraban los manifestantes durante el paro camionero, y, alrededor de 95 casos relacionados con lesiones durante estas protestas.
Sabemos de la existencia de otros hechos que aún no se han documentado, o de otros que, aunque ocurrieron en otros departamentos, afectaron directamente a familias boyacenses. Pero los casos ya documentados son desconocidos para el país e incluso para algunas personas dentro del mismo territorio.
En el año 2015 se conformó el Grupo de víctimas de Crímenes de Estado de Boyacá Vida, Memoria y Dignidad, ante los crímenes cometidos contra sus familiares; motivados por el amor a sus seres queridos y por el deseo de verdad y de justicia, iniciamos un proceso organizativo donde nació este colectivo, que también hace parte de la Red Nacional de Bancos de Datos, desde el año 2016 se vinculó formalmente al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) como Capítulo Movice Boyacá, y desde este año, por las conmemoraciones públicas y simbólicas que impulsan, forma parte de la Red Colombiana de Lugares de Memoria.
Algunas de las peticiones que se hacen desde este Grupo, están relacionadas con exigir: Que las políticas públicas y medidas administrativas que afectan al departamento respeten el Ambiente, promuevan y garanticen los derechos humanos integrales de la población boyacense. Que la Comisión de la Verdad en su informe, analice y evidencie la violencia en Boyacá y la relación entre los agentes del Estado y los paramilitares.
Que la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras peticiones, reconozca la calidad de víctimas a las personas nombradas en el informe presentado a la JEP en agosto de 2020; priorice el estudio de los casos del departamento, dentro del caso 003 sobre Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado; promueva la realización de “actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y perdón” y el restablecimiento de la dignidad y buen nombre de las víctimas, previamente concertados con ellas; y le dé seguimiento a sentencias que ordenan a las unidades tácticas de la Primera Brigada la realización de este tipo de actos. Igualmente, que se abra un Macrocaso sobre la relación entre la Fuerza Pública y los paramilitares, y se reconozca la existencia de crímenes de Estado donde se analice, esclarezca y visibilice la responsabilidad colectiva y agravada del Estado respecto de los hechos documentados en dicho informe; que exista mayor transparencia y participación de las víctimas en los procesos de sometimiento individuales de miembros de la Fuerza Pública dentro de la JEP, ya que en Boyacá, no se tiene claridad sobre la manera en que se están cumpliendo las obligaciones de algunos de los militares que están siendo acogidos por la JEP.
Foto portada: Grupo vida, memoria y dignidad
