¿Son convenientes las reformas de Petro?

EDICIÓN 113 ENE-ABR 2025

Desbrozada la hojarasca, el personalismo y la manipulación mediática, el quid del gobierno del cambio se ha centrado en las reformas pensional, a la salud, laboral y la redistribución de tierras en favor del campesinado. Estas reformas fueron peticiones del Comité Nacional de Paro del 2021, contra las empobrecedoras políticas neoliberales, cuyo detonante fue una abusiva reforma tributaria que gravaba con IVA toda la canasta familiar, los arriendos, servicios públicos y hasta los funerales, en plena pandemia. El gobierno Duque tuvo que echar para atrás la inequitativa reforma tributaria y prometer que se revisarían las peticiones planteadas. La multitudinaria y persistente movilización popular se reprimió con un saldo de por lo menos ochenta (80) muertos, tal y como lo denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“…la CIDH observa que las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La Comisión constató un amplio consenso frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género.” (CIDH, junio 2021).

Paro Cívico Nacional

Las principales peticiones del Comité Nacional del Paro eran las siguientes: “Renta básica de emergencia para personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis”; “intervención del Estado al sistema de salud y formalización laboral para todos los trabajadores de ese sector”; “defensa de la producción nacional y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria”; “apoyo al sistema educativo público, dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación pública y apoyo al sector cultural.” (El Espectador, mayo 28 de 2021).   

El gobierno Petro ha tratado de hacer realidad dichas peticiones, a pesar de que desde un principio se le cercenaron los recursos para implementarlas. Recuérdese el absurdo fallo que exoneró a las multinacionales petroleras y mineras de pagar impuestos sobre las regalías. (Corte Constitucional, sentencia C- 489 de 2023).

Reforma pensional

LaLey 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones”, instituye un sistema de pilares para que Colpensiones deje de financiar a los fondos privados de pensiones que tienen 18.9 millones de afiliados, en tanto que Colpensiones cuenta con 6.7 millones; pero de los 1.7 millones de pensionados, solo 300.000 están a cargo de los fondos privados. Además, apenas uno de cada cuatro adultos mayores se pensiona en el país. (Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, en: ConsultorSalud, diciembre 6 de 2023).

Como en Colpensiones la pensión es más alta, debido al régimen de prima media que garantiza por lo menos una pensión igual al salario mínimo legal, lo que no ocurre en los fondos privados, cuyo monto depende de lo que se haya ahorrado, la mayoría de los cotizantes se traslada a Colpensiones para quedar mejor pensionados. Así mismo, las “megapensiones” de exmagistrados y excongresistas están en su mayor parte a cargo de Colpensiones.

Para financiar a Colpensiones y que pueda cumplir con su misión de brindar protección a la vejez, se estableció el pilar contributivo: para quienes ganan hasta 2.3 salarios mínimos, $3.274.050, cotizarán en Colpensiones; y quienes devengan más de dicha suma, ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos, el excedente será administrado por los fondos privados de pensiones. El pilar solidario “entregará una Renta Básica Solidaria mensual, equivalente al valor mínimo para superar la pobreza extrema ($223.800 para el 2024). Este pilar será administrado por el Departamento Administrativo de Prosperidad Social”. El pilar semicontributivo, “ofrece una oportunidad para quienes al llegar a los 60 años (mujeres) o 65 años (hombres) y no han alcanzado las semanas mínimas de cotización para obtener una pensión”, tengan una Renta Vitalicia. (Colpensiones, Nueva Ley Pensional, 2381 de 2024).

Nótese bien cómo el objetivo es brindar una protección efectiva en la vejez, respondiendo a una de las peticiones del Comité Nacional del Paro 2021 y cumpliendo con lo prometido durante la campaña electoral del gobierno del cambio. Esta Ley comenzará a regir a partir del próximo 1 de julio, pero aún está pendiente que la Corte Constitucional se pronuncie, y ojalá en esta ocasión se aparte de su excesiva interpretación exegética y cumpla con el mandato constitucional de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre lo formal, sin abstraerse en el mundo conceptual del logicismo jurídico por encima de las finalidades esenciales del Estado Social de Derecho. 

El contraste con las propuestas de reforma que se hacían durante los anteriores gobiernos es abismal. Se pretendía elevar la edad de pensión a los 65 años y el número de semanas cotizadas a 1.500 o incluso a 2.000, dizque para asegurar la financiación del sistema, así como promediar desde el primer sueldo o ingreso, para determinar el monto de la mesada pensional. ¡Ahí sí los medios corporativos guardaban un silencio cómplice!    

Reforma agraria

“Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las tierras adquiridas para la Reforma Agraria en los dos primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro –entre 2022 y 2024– ya alcanzan las 166 mil hectáreas. Esto significa que, a tan solo la mitad del mandato, el Gobierno del Cambio supera el total de los gobiernos que le antecedieron: entre 2016 y 2018, la administración de Juan Manuel Santos adquirió 17.882 hectáreas y entre 2018 y 2022 la de Iván Duque adquirió 18.159 hectáreas.” (Presidencia, Prensa, octubre 4 de 2024).

Así mismo, los inmuebles provenientes de actividades ilícitas que administra y gestiona la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por fin están teniendo una función social, como es el caso del Castillo Marroquín, en la sabana de Bogotá, entregado a la Universidad Pedagógica Nacional. Lo mismo ha sucedido con fincas y haciendas que, en vez de seguir arrendadas a precios irrisorios, han sido entregadas a organizaciones y familias campesinas para que cumplan con su natural destinación productiva. “La entrega de predios como la Hacienda Taotau representa un paso crucial en la restitución de tierras para comunidades campesinas y étnicas, en contraposición al modelo instaurado por el Pacto de Chicoral de 1972, que abandonó la redistribución de tierras en favor de intereses empresariales.” (SAE, “entrega de Hacienda Taotau, de 1.262 hectáreas, en Tolima, febrero 21 de 2025).

Todo esto a pesar del bloqueo de las propuestas legislativas para agilizar este proceso, estigmatizándolas como “expropiación express” y que, para desventura del agro colombiano, encontró eco en la Corte Constitucional, que tumbó un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía a la Agencia Nacional de Tierras esclarecer la propiedad de predios y adquirir también la posesión de los mismos, con miras a su redistribución. De todas formas, este acto administrativo estaría sujeto a control por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, como ocurre cuando se adelantan obras públicas en las ciudades, por ejemplo, con el metro de Bogotá. Téngase presente que gran parte de la propiedad agraria no está debidamente titulada y que forzar a acudir a la jurisdicción agraria, aún pendiente de reglamentación, es entorpecer y dilatar la muy necesaria reforma agraria. (Corte Constitucional, sentencia C-294 de 2024).          

Preservar un latifundismo improductivo, negándole al campesinado su derecho a la tierra, es sacrificar la seguridad y soberanía alimentarias para conservar una estructura semifeudal, perpetuando la pobreza e impidiendo el desarrollo de un mercado interno que sustente la reindustrialización selectiva, que permita superar el nefasto legado de los gobiernos neoliberales que acabaron hasta con los ferrocarriles nacionales.

Reforma a la salud

Las engañifas mediáticas pretenden culpar al actual gobierno de la crisis en el sistema de salud, pero cualquiera que no tenga amnesia sabe que esto es una gran mentira. Numerosos han sido los casos de famosas EPS (Entidad Promotora de Salud) que han quebrado. SaludCoop, Cafesalud, Medimás, Coosalud, entre otras, han defraudado el erario público dejando millonarias deudas. Sabido es que las EPS se financian con el aporte de los trabajadores, empresas, pensionados y con la unidad de pago por capitación (UPC), dinero que sale del presupuesto nacional para cubrir el costo de salud de los afiliados a las diferentes EPS.     

De múltiples formas ha sido el latrocinio: carteles de la hemofilia, del síndrome de Down, de la terapia equina, facturación fraudulenta, sobrecostos en medicamentos, en tratamientos, dobles cobros y/o cobros por pacientes fallecidos o inexistentes, falsedad contable, contrataciones ficticias, acuerdos de fijación de precios, y un largo etcétera. La integración vertical se toleró y arrojó el resultado de verdaderos conglomerados o emporios económicos de la salud. Las EPS también son propietarias o accionistas de las IPS (Institución Prestadora de Servicios de Salud), de los laboratorios de exámenes y diagnósticos, de las compañías que intermedian la compra y suministro de medicamentos, y hasta de las facultades o centros de formación de médicos y enfermeras. Por lo mismo, primero que todo pagan los servicios de su red y dejan acumular deudas con los hospitales públicos, que el año pasado alcanzaban la suma de $18.9 billones. (Portafolio, noviembre 28 de 2024).       

La ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), denunció que se habían cobrado servicios por personas fallecidas por más de $79.000 millones (Infobae, enero 11 de 2025), y que IPS “fantasmas” o inexistentes han facturado cobros en la región Caribe por valor de más de $79 mil millones de pesos (ADRES, marzo 3 de 2025).

En fin, no bastándoles con la negación de servicios y medicamentos, obligando a los pacientes a interponer miles de tutelas, los dineros públicos de la salud son desfalcados mediante infinidad de triquiñuelas. Refinanciar el sistema, como se ha hecho en el pasado, es seguir alcahueteando este latrocionio, por lo que se impone reformar de tajo la seguridad social en salud, y el primer gran paso es eliminar la intermediación de las EPS, para que la ADRES gire en forma directa a las IPS por los servicios prestados a los pacientes. Las EPS se transformarán en gestoras de salud coadyuvando a la administración del sistema.   

La creación de los Centros de Atención Primaria en Salud, tiene por finalidad garantizar la atención oportuna de los pacientes, sin la angustiosa espera de “agendas” y “autorizaciones”, pues de allí serán remitidos, de ser necesario, a clínicas y hospitales de mayor complejidad. La reforma también promoverá la medicina preventiva, lo que se traducirá en una atención oportuna y no tardía, como sucede en la actualidad. Otro aspecto importante es la protección de los derechos de los trabajadores del sector salud, hoy precarizados.

Reforma laboral

Restablece derechos que le fueron cercenados a los trabajadores en el año 2002, durante el gobierno Uribe, por la misma época en que se fusionó el Ministerio de Trabajo con el de Salud. Pago íntegro, al 100%, de horas extras, dominicales y festivos. El recargo nocturno volverá a ser desde las 6 p.m. y no desde las 10 p.m. como en forma absurda se estableció. En aras de concertar, el Proyecto de Reforma Laboral fijó la hora a partir de las 7 p.m., pero en vista de la intransigencia de un puñado de senadores que en forma abusiva y prepotente decidió archivar el Proyecto, se ha vuelto a plantear que en la consulta popular, la hora de inicio para que opere el recargo nocturno será a partir de las 6 p.m.

La reforma contempla restablecer los derechos de los aprendices del SENA para que se les remunere al 100% y tengan las prerrogativas del contrato laboral, lo que se les quitó en el 2002. Para ponerle freno a la tercerización, subcontratación o simulación de contratos de prestación de servicios que eluden el pago de la seguridad social, dejando a los trabajadores sin prestaciones, el contrato de trabajo volvería a ser, por regla general, a término indefinido. Los trabajadores de plataformas digitales tendrán que estar afiliados al sistema de seguridad social en salud, para que estén amparados en caso de accidentes laborales. La licencia de paternidad se amplía a seis (6) semanas para precaver la discriminación por género y fomentar la unión familiar. 

Lo insólito es que esta reforma, que en su mayor parte restablece derechos que se tuvieron durante muchos años antes del auge neoliberal, haya sido rechazada con el peregrino argumento de que acaba con el empleo. Todo lo contrario. La precarización laboral materializada en el 2002 no incentivó el empleo y así se quedó, a pesar de la promesa de derogarla si no tenía efectos positivos. En forma similar se decía que no se podía subir el salario mínimo por encima del costo de vida porque se dispararía la inflación, lo cual es por completo falso, pues el gobierno Petro lo ha reajustado sustancialmente y no sucedió la debacle anunciada.

El llamado al constituyente primario para que se pronuncie sobre las reformas representa un gran reto de comunicación y movilización popular. ¿Pasará lo mismo que con el plebiscito? ¿Se votará por el no, “para que los niños no nazcan con cola”? ¿los trabajadores dirán que no quieren sus derechos? ¿la maquinaria electoral mantendrá incólumes unos partidos que carecen de ideología distinta a cómo repartirse la burocracia y los contratos? Por fin, ¿quedará al descubierto la falsedad informativa? ¿volverá el fascismo a sembrar de sangre el suelo patrio?

A última hora y contra todo pronóstico, el Senado mediante torticera maniobra decidió revivir la reforma laboral, que con seguridad se ahogará en el trámite, y hundir la consulta popular. Al mismo tiempo, el Consejo de Estado cita a veintiocho (28) congresistas del Pacto Histórico a audiencia de pérdida de investidura por presunto conflicto de intereses. Se consolida así, el bloqueo contra el gobierno del cambio y se da al traste con la justicia social. Pero, como decía Rafael Uribe Uribe, “a pesar de todo, ¡nuestro es el porvenir!”

Referencias