Colombia tiene una gran variedad de recursos minerales, siendo el carbón, el níquel, el hierro, el cobre, los metales, minerales preciosos (oro, plata, platino y esmeraldas) y los materiales para la industria y la construcción sus principales productos de exportación (Hidrolab, 2022). Según la Agencia Nacional de Minería para el 2023 el 90% de la producción de carbón se concentró en Cesar y La Guajira, mientras el 10% restante lo generaron pequeños y medianos mineros en otras regiones como Córdoba, Cundinamarca-Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Valle-Cauca. En cuanto al níquel, toda la producción del país proviene de una sola operación ubicada en el departamento de Córdoba: Cerro Matoso.
La plata, por su parte, se extrae de múltiples operaciones en Antioquia, Bolívar y Caldas. Los depósitos de oro están distribuidos en los departamentos de Antioquia, Santander, Tolima, Huila, Caldas, Nariño, Cauca, Bolívar, Chocó, Vaupés y Guainía, y aunque la misma agencia no proporciona información oficial sobre la actividad minera en el Amazonas, Insight Crime (2021) señala que en esta región se explota principalmente oro y coltán, en su mayoría de manera ilegal. La explotación de esmeraldas, por su parte, se concentra principalmente en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El cobre se encuentra en el cinturón del Pacífico que abarca Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Por último, la producción de hierro se concentra en pocas minas en Cundinamarca, Boyacá y Cauca.
La producción minera se desarrolla, de acuerdo con el Decreto 1666 de 2016, en tres escalas: gran minería, mediana minería y pequeña minería, en la que se incluye la minería de subsistencia. Para 2023 de los 7.071 títulos mineros, que abarcan un total de 3,12 millones de hectáreas, el 62,46 % correspondían a la pequeña minería, el 35,69% a la mediana y el 1,82% a la gran minería (ANM y UPME, 2024). A primera vista, estos porcentajes sugieren una mayor participación de la pequeña minería, pero en realidad es la gran minería la que concentra la mayor parte de los recursos, ya que el 1,82% asignado a esta escala equivale a 1.982.778,77 hectáreas, es decir, más de la mitad de las tierras nacionales destinadas a la actividad minera.
Esta realidad es fruto de una política minera que en las últimas tres décadas ha favorecido la explotación privada y la entrega de los recursos naturales al capital transnacional. El Código Minero vigente, promulgado a través de la ley 685 de 2001 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), amplió las facilidades para la explotación privada de los recursos nacionales y muestra una clara preferencia por la gran minería. En ello, la injerencia de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional jugó un papel importante, al ofrecer respaldo técnico y económico para su diseño e implementación, al tiempo que aseguró importantes beneficios para las compañías mineras transnacionales, especialmente para las canadienses (Gordon y Weber, 2008).
Los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022) mantuvieron la misma tendencia en la política minera, buscando posicionar al país como un destino clave para la inversión extranjera directa, a cambio de seguridad jurídica, flexibilidad tributaria para las empresas y endurecimiento de sanciones para la minería ilegal (Sankey, 2013; Betancur, 2019). El gobierno de Gustavo Petro (2022-actual), por su parte, ha intentado romper con esta tendencia promoviendo una reforma del Código Minero, que por ahora está archivada.
El aumento de la demanda de estos metales y minerales para la industria durante las primeras dos décadas del siglo XXI propició que la minería se situara en el centro de la estrategia de desarrollo nacional (Cárdenas y Reina, 2008), una tendencia que se mantiene en la actualidad con las decisiones de impulsar una transición hacia fuentes más limpias de energía. Según datos oficiales, para 2023 la minería contribuía con un 1,24% al PIB nacional y representaba el 28,4% del total de las exportaciones del país, alcanzando un valor de 14.067,9 millones de dólares (ANM, 2024). De igual forma, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (2023), este sector ofrece algunos de los salarios más competitivos en el país, genera alrededor de 160 mil empleos directos (60% corresponderían a mano de obra local) y contribuye a la creación de cerca 750 mil empleos indirectos. De la misma forma, en 2021 hubo inversiones importantes en programas de emprendimiento, salud, vivienda y educación.
Así las cosas, desde el sector minero y sus defensores, se argumenta que esta actividad hace un aporte fundamental para el desarrollo social de las regiones en las que hay proyectos y, en un sentido más amplio, a la consecución de algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2023, como la erradicación de la pobreza, el aseguramiento de energía asequible y limpia, la promoción del trabajo digno y el crecimiento económico. Sin embargo, este argumento es tremendamente limitado y desconoce de manera deliberada que el Estado colombiano ha favorecido los proyectos de la gran minería y la forma en que estos generan múltiples efectos negativos y conflictos en las comunidades locales.
La Agenda 2030, junto con el Acuerdo de París (ratificado por Colombia en 2017), implica un compromiso con la exploración y el desarrollo de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles, que permitan una transición hacia una menor emisión de gases de efecto invernadero. En esta búsqueda, organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Panel Internacional sobre Recursos de Naciones Unidas, han señalado la importancia de la explotación de distintos metales y minerales fundamentales para este desarrollo. Así, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica y las baterías de almacenamiento de energía requieren de metales y minerales como aluminio, cobalto, cobre, mineral de hierro, plomo, litio, níquel, manganeso, metales del grupo del platino, tierras raras (cadmio, molibdeno, neodimio, indio), plata, oro, acero, titanio y zinc (World Bank, 2017).
Muchos de estos metales y minerales tienden a estar concentrados en regiones o países concretos, donde prima la conflictividad social en las áreas de extracción debido a fallas administrativas, falta de presencia de los Estados, legados de degradación ambiental, impactos negativos en la salud humana, conflictos laborales y daños en los ecosistemas que muchas corporaciones mineras han dejado en sus actividades previas (Sovacool et al., 2020).
De acuerdo con el Environmental Justice Atlas, para agosto de 2025, Colombia tiene 183 conflictos derivados de las actividades extractivas en el territorio nacional. Las causas de estos conflictos son tan diversas como la contaminación de fuentes de agua, los cambios en los patrones de agricultura y ganadería, la represión a la protesta social, el cierre de carreteras y vías de acceso, el desvío del cauce de ríos, los efectos negativos en la salud humana y animal, la presencia de grupos armados, la minería ilegal, la criminalización de la minería artesanal, la violación de las normas sobre consulta previa o desconocimiento de formas de gobierno ancestrales de pueblos indígenas y afrodescendientes, entre muchos otros. En la mayoría de los casos son las comunidades locales organizadas las que han avanzado en la búsqueda de soluciones a sus conflictos y han resistido a las respuestas de las corporaciones transnacionales y el Estado, que han oscilado entre la cooptación y la coerción en casi todas las situaciones.
Esta situación de conflictividad social no puede desconocerse y debe abordarse desde las distintas agencias del Estado colombiano, especialmente si se tiene en cuenta que el gobierno nacional ha hecho una apuesta por la transición energética y está en proceso de implementar distintos proyectos de alcance local y nacional orientados hacia ello.
Referencias
Agencia Nacional de Minería. (2024). Proyectos mineros Colombia. https://mineriaencolombia.anm.gov.co/proyectos
Agencia Nacional de Minería [ANM], & Unidad de Planeación Minero Energética [UPME]. (2024). Boletín estadístico informativo: Minería en cifras, datos económicos, precios, contexto y normatividad.
https://mineriaencolombia.anm.gov.co/sites/default/files/docupromocion/Bolet%C3%ADn%20Miner%C3%ADa%20en%20Cifras%20-%20enero%202024.%20%28V1%29.pdf
Asociación Colombiana de Minería [ACM]. (2023). Minería en cifras.
https://acmineria.com.co/sitio/wp-content/uploads/2023/06/ACM-MineriaEnCifras-2023.pdf
Betancur, M. S. (2019). Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia: Retos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Heinrich-Böll-Stiftung; Instituto Popular de Capacitación (IPC); Germanwatch; Broederlijk Delen.
https://co.boell.org/es/2019/12/09/mineria-del-oro-territorio-y-conflicto-en-colombia-retos-y-recomendaciones-para-la
Cárdenas, M., & Reina, M. (2008). La minería en Colombia: Impacto socioeconómico y fiscal. Fedesarrollo.
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/893/CDF_No_25_Abril_2008_Esp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Gordon, T., & Webber, J. (2008). Imperialism and resistance: Canadian mining companies in Latin America. Third World Quarterly, 29(1), 63–87.
Hidrolab. (2022). ¿Cuáles son los minerales que se explotan en Colombia?
https://www.hidrolab.com/blog/cuales-son-los-minerales-que-se-explotan-en-colombia/
InSight Crime. (2021). La minería ilegal en la Amazonía colombiana.
https://insightcrime.org/es/investigaciones/mineria-ilegal-amazonia-colombiana/
Sankey, K. (2013). El boom minero en Colombia: ¿Locomotora del desarrollo o de la resistencia? Estudios Críticos del Desarrollo, 3(4), 113–144.
Sovacool, B. K., Ali, S. H., Bazilian, M., Radley, B., Nemery, B., Okatz, J., & Mulvaney, D. (2020). Sustainable minerals and metals for a low-carbon future. Science, 367(6473), 30–33. https://doi.org/10.1126/science.aaz6003
World Bank. (2017). The growing role of minerals and metals for a low carbon future.
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/207371500386458722/the-growing-role-of-minerals-and-metals-for-a-low-carbon-future
Imagen de encabezado: Límite entre Cerrejón y bosque seco tropical. Fotografía de Juanjosé Gutiérrez
