La Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana (en adelante EPCC) del Cinep/PPP ha desarrollado a lo largo de 2025 un diplomado en capacidades deliberativas dirigido a los profesores de la Institución Educativa Bilingüe Calarcá (en adelante IEBC) y del Centro Educativo Bachaco (en adelante CEB), ubicados en Puerto Carreño, Vichada. Si bien las necesidades formativas del diplomado se fundamentan en un diagnóstico participativo realizado en 2024, su ejecución ha estado interpelada por acontecimientos que han hecho que la EPCC tenga que reconfigurar sus planeaciones pedagógicas. Es precisamente una de estas reconfiguraciones —originada por un paro-movilización local que narraremos a lo largo de este artículo— la que nos permite ver algunos de los problemas estructurales que enfrenta la educación en Vichada. Asumimos la movilización como una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones en las que se sostiene la educación y la labor docente en el territorio.
El paro docente como escenario pedagógico
El inicio de las actividades del diplomado estuvo atravesado por la decisión de los docentes de la IEBC de ir a paro. Lo que al principio parecía ser un obstáculo para el desarrollo del diplomado, fue aprovechado por la EPCC como una oportunidad para involucrar a los participantes en la elaboración de preguntas, problemas y propuestas que realmente les importaran. De este modo, los profesores decidieron conjuntamente hacer un taller de análisis del conflicto que fue facilitado y acompañado por los integrantes de la EPCC, cuyo objetivo fue pensar el problema que estaban atravesando para prepararse para la movilización planeada para el día siguiente.
Y el salario, ¿pa’ cuándo?
El paro convocado por los profesores tuvo su motivación inicial en el retraso del pago de sus salarios. Para entender este retraso es importante tener en cuenta que estas instituciones se acogen a la la modalidad de contratación del servicio público educativo contemplada en el decreto 1851 de 2015, la cual es una medida excepcional que permite a las entidades territoriales competentes celebrar contratos con terceros idóneos y con experiencia —por ejemplo, una organización religiosa— para garantizar el derecho a la educación preescolar, básica y media, cuando el estado no tiene la capacidad suficiente para hacerlo directamente.
En 2020, año en el que la cobertura neta departamental apenas alcanzaba el 60%ii, estas instituciones comenzaron a operar bajo la modalidad contratada, la cual es actualmente administrada por el Vicariato Apostólico de Puerto Carreño. Esto implica que el desembolso de los recursos para pagar los salarios conlleva una serie de procesos administrativos particularesiii. En este caso, el retraso en los pagos se debió principalmente a que el equipo técnico encargado de supervisar el contrato, que depende de la Secretaría de Educación y es responsable de autorizar el desembolso, no estaba contratado en ese momento. Esta ausencia del equipo está relacionada con la rotación de funcionarios públicos por el cambio de administración departamental, luego de las elecciones atípicas convocadas tras la condena por corrupción del anterior gobernador.
Una decisión difícil
A pesar del inexorable malestar de los profesores, la decisión de ir a paro no fue fácil. Había miedo, angustia y preocupación, pues era la primera vez que iban a realizar una movilización acompañada de un paro. Además, les generaba inseguridad enfrentar las consecuencias derivadas de suspender las actividades, como un posible descuento de nómina. La decisión era aún más difícil al considerar que, en este territorio, la escuela no sólo es el lugar en el que se garantiza el derecho a la educación, sino que es un espacio de cuidado frente a los riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y jóvenes, como el trabajo infantil, el reclutamiento forzado, la explotación sexual, el riesgo de caer en prácticas de mendicidad, el consumo de drogas y la desatención emocional (Cárdenas, 2025,pp. 22-32). Además, no asistir a clases significaba perder la alimentación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo cual es crítico al ser Vichada el departamento con el índice más alto de pobreza multidimensional en Colombia (DANE, 2025, p.11). Sin embargo, los profesores decidieron asumir riesgos y ensayar con nuevos encuentros y formas de organización.
Crisis de sostenibilidad de la educación
Asentados en su decisión, los maestros continuaron elaborando el problema que los convocaba. De acuerdo con el decreto 1851 de 2015, los montos establecidos para el pago de salarios hacen parte de la canasta pedagógica, que es el conjunto de bienes, servicios e insumos que constituyen el componente pedagógico esencial en los contratos de prestación del servicio educativo. Para el caso de este contrato particular, los recursos estipulados para los salarios de los profesores representan el 80% de la canasta.
A pesar de que los salarios representan el principal recurso que sostiene la prestación del servicio educativo, estos se han retrasado frecuentemente en la historia del contrato, lo cual ha implicado que los maestros tengan que hacer grandes esfuerzos personales para sostener el día a día de las actividades de las instituciones educativas; esfuerzos que en este territorio son más intensos si consideramos que, de acuerdo con un informe publicado por el Laboratorio de Economía de la Educación (en adelante LEE), Vichada es el departamento que tiene la más alta tasa de número de estudiantes por docente en el país (2024, p. 6)iv.
Muchos profesores argumentaban en el taller de Análisis de conflicto que el contrato les exige continuidad en la prestación del servicio educativo con calidad, lo que implica disponer y mantener sus cuerpos diariamente para trabajar, pero sin contar con las condiciones mínimas para garantizar esta continuidad, pues dejar de recibir el salario implica hambre, incomodidad, angustia, preocupación, problemas familiares, deudas y pérdida de capacidad para responder por otras responsabilidades.
Si el 80% de los recursos que sostienen y garantizan el derecho a la educación de los aproximadamente 1.400 estudiantes que acogen estas instituciones suele llegar tarde, sobrecargando así a los profesores para mantener la continuidad de las actividades, ¿cómo está el otro 20% de la canasta educativa que sostiene las actividades que garantizan el derecho a la educación? Estos recursos son destinados para kits escolares, objetos deportivos, implementos de aseo, recursos tecnológicos, mantenimiento de la estructura actual de las sedes, entre otros. Sin embargo, los montos estipulados para cada rubro son escasos e insuficientes. Para dimensionar la insuficiencia de esto es revelador el hecho de que los recursos mensuales por estudiante contemplados en la canasta educativa del contrato son apenas de $234.000 COP, de los cuales $187.200 COP cubren los gastos de nómina y sólo $46.800 COP están destinados para insumos pedagógicos, tecnológicos, deportivos y de mantenimiento de las sedes.
A esta realidad se suma el hecho de que la canasta educativa del contrato no contempla recursos para infraestructura nueva. Actualmente, la IEBC tiene dos cursos que no cuentan con salón; esto implica que deben tomar clases al aire libre. Adicionalmente, las instituciones y sus aulas anexas no cuentan con energía eléctrica estable ni con acceso a internet. Según datos del LEE, el 99,1% de las sedes educativas rurales del departamento del Vichada no cuentan con internet y el 69,7% de estas no cuentan con cobertura de electricidad (2024, pp. 10-11). En ese sentido, para cubrir estas necesidades es necesario realizar gestiones con otras entidades territoriales o nacionales para obtener recursos que renueven y completen la infraestructura actual deficiente, pero los intentos de obtener recursos para la IEBC, el CEB y sus respectivas sedes anexas han sido fallidos.
A pesar de que el gobierno nacional del periodo 2015-2018 diseñó el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), con el objetivo de superar el déficit de aulas y contribuir a la implementación de la Jornada Única Escolarv, el departamento del Vichada ha sido uno de los departamentos menos beneficiados del PNIE y de los recursos que dispone para mejorar y ampliar la infraestructura de los colegios públicos. De acuerdo con el LEE, de los 4,84 billones de pesos invertidos en proyectos de infraestructura a través del PNIE, menos del 1% de estos recursos se ha destinado al departamento del Vichada entre los años 2016 y 2024, mientras que el 34% se ha concentrado en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca (2025, p.6) Estas cifras muestran condiciones desiguales en el Vichada con respecto al resto del país.
¿Y la autonomía educativa?
Ahora bien, el 60% de la población estudiantil de la IEBC y del CEB pertenece a alguna comunidad indígena, entre las cuales se encuentran la Sikuani, Piapoco, Amorúa, Kurripaco, Piaroa, Sáliva, entre otras. En consecuencia, estas instituciones pretenden realizar un enfoque etnoeducativo que, en la práctica, parece no estar aún consolidado. Recordemos que la etnoeducación tiene una de sus raíces políticas en la lucha por otra escuela, la cual fue iniciada por algunas organizaciones indígenas en el siglo XX que rechazaron las formas de escolarización que les fueron impuestas desde el siglo XVI (Castillo, 2008). En ese sentido, la etnoeducación tiene como objetivo que los grupos étnicos estructuren y desarrollen propuestas educativas que estén alineadas con sus necesidades, sus aspiraciones y sus planes de vida propios, redimiendo así su autonomía educativa. La etnoeducación requiere entonces del involucramiento de las comunidades en la construcción de Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) que sean relevantes para ellas. Sin embargo, según testimonios de integrantes de la IEBC, aún no se ha logrado una articulación entre las comunidades indígenas y estas instituciones educativas. Con esto no se quiere decir que las comunidades no tengan el interés ni la capacidad para redimir su autonomía; las causas de esta falta de articulación constituyen aún una pregunta viva para la EPCC. En este contexto, una pregunta central que se abre para la reflexión pedagógica es: ¿qué capacidades y factores organizativos se necesitan para lograr una articulación real y sostenida entre las comunidades indígenas y las instituciones educativas?
La primera experiencia de movilización de la IEBC y el CEB
Con más seguridad para defender su lucha, derivada del trabajo en el taller de Análisis del conflicto, los profesores se movilizaron el viernes 5 de septiembre por las calles principales de Puerto Carreño. Si bien esta no es la primera protesta por la educación en los últimos años del municipio, sí fue la primera vez de la IEBC y del CEB. En Puerto Carreño, las protestas recientes han puesto en evidencia la crisis estructural que vive la educación en Vichada. En septiembre de 2023, estudiantes de varios colegios reclamaron por la falta de personal, problemas en el PAE, en el transporte y en la infraestructuravi; en mayo del 2024, la suspensión del transporte escolar y la ausencia de docentes en El Viento desataron movilizaciones de padres y alumnosvii; y en junio de 2025, maestras de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) denunciaron el no pago de sus salarios y la suspensión de servicios de atención a la primera infanciaviii. Estos hechos denuncian un estado de precariedad en el sector educativo de Puerto Carreño que los casos de la IEBC y del CEB reflejan de manera particular; primero, por ser instituciones que funcionan bajo la modalidad de prestación del servicio educativo; segundo, por ser instituciones que atienden mayoritariamente a población indígena.
Después de más o menos tres horas de movilización, de hacerse sentir por las calles de Puerto Carreño y viajar hasta las afueras del municipio en una caravana de motos hasta donde se encontraban reunidos el gobernador y el secretario de educación con algunos delegados de distintos ministerios y autoridades indígenas, los profesores lograron entablar un diálogo con el secretario de educación y el gobernador, que resultó en soluciones rápidas y concretas, cuanto menos, para los problemas de más cercana solución. En ese sentido, el paro y la movilización fueron parcialmente resolutivos, pues los profesores lograron que el gobierno realizara el desembolso del pago de los salarios dentro de los 5 días siguientes a la marcha y lograron que contrataran al equipo técnico encargado de la supervisión del contrato. Decimos “parcialmente resolutivo” porque, aunque se logró solucionar el problema más inmediato, la IEBC y el CEB, y en general el sector educativo en Vichada, enfrentan una serie de problemas estructurales, como los que se enuncian en este artículo, que constituyen todo un campo posible de reconfiguraciones, ensayos y errores, formas de organización, construcción de capacidades y relaciones nuevas que aún hay por explorar y ensayar.
Por lo pronto, se concluye anotando dos reflexiones que resultan de esta primera experiencia de movilización de la Institución Educativa Bilingüe Calarcá y del Centro Educativo Bachaco. Por un lado, esta experiencia muestra la gestación de una capacidad organizativa colectiva que es capaz de posicionarse y decir “no” ante las condiciones injustas que los obligan a trabajar sin los recursos concretos suficientes para hacerlo; es también una capacidad de ejercer resistencia, de poner en tensión a las entidades territoriales y constituirse como jugadores capaces de lograr cosas juntos en un juego de fuerzas. Correlativamente, esta experiencia muestra la configuración de otros arreglos afectivos, distintos a la desesperanza aprendida que sucumbe al “estamos muy mal, no hay nada que podamos hacer”, que posibilitan nuevas realidades. Estos otros arreglos afectivos salieron a la luz en las jornadas del diplomado: el miedo y la confianza, la alegría y la rabia, el orgullo y la seguridad.
⚠️En Vichada unas elecciones atípicas afectaron procesos administrativos, retrasando los pagos a profesores de más de 1.400 niños, niñas y adolescentes. Hoy #DíaMundialDeLosDocentes, llamamos la atención sobre las garantias laborales de ellos y ellas. 👩🏫👨🏫 pic.twitter.com/9rQb3Pcvt7
— CINEP/PPP (@CINEP_PPP) October 5, 2025
Notas
ii Este dato fue obtenido del Observatorio de la Fundación Empresarios por la Educación (EXE) y puede consultarse en https://www.fundacionexe.org.co/datos-del-sector-educativo/#1725545946987-55637fe3-49ab
iii Esto debido a que esta modalidad implica la interacción y la coordinación de los siguientes actores para el desembolso de los recursos: la gobernación del departamento del Vichada, la secretaría de educación de Puerto Carreño, la gerencia administrada por el Vicariato Apostólico de Puerto Carreño y, por último, la Institución Educativa Bilingüe Calarcá y el Centro Educativo Bachaco.
iv En el Vichada hay alrededor de 26,8 estudiantes por cada docente, mientras la media en Colombia es de 17,6 estudiantes por docente.
v Según el Ministerio de Educación Nacional, “La Jornada Única (JU) es una estrategia de calidad educativa orientada a fortalecer los proyectos educativos institucionales a partir de la ampliación de la jornada escolar y de las intensidades académicas dedicadas a la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fomentando estrategias enfocadas en el desarrollo de las competencias básicas, socioemocionales y ciudadanas así como en el impulso a los proyectos de vida de los estudiantes y el fortalecimiento de aprendizajes fundamentales”. https://www.mineducacion.gov.co/portal/especiales/Jornada-unica/
vi La noticia puede ser consultada en https://youtu.be/1bNM551TbNc?si=z572rTmsyfMXKUfu
vii La noticia puede ser consultada en https://elmorichal.com/suspension-de-transporte-escolar-y-falta-de-docentes-desatan-protestas-en-vichada/
viii La noticia puede ser consultada en https://elmorichal.com/agentes-educativas-denuncian-falta-de-pago-y-suspension-de-servicios-a-la-primera-infancia-en-puerto-carreno/
Referencias
Castillo Guzmán, E. (2008). Etnoeducación y políticas educativas en Colombia: la fragmentación de los derechos. Revista Educación y Pedagogía, núm. 52, (septiembre–diciembre), 15–26.
Cárdenas, M. (2025). Diagnóstico participativo: Aproximaciones e ideas sobre la juventud y la educación para la ciudadanía en Puerto Carreño, Vichada. Cinep/PPP. https://cinep.org.co/publicaciones/producto/diagnostico-participativo-aproximaciones-e-ideas/
DANE. (2025). Pobreza multidimensional en Colombia año 2024. En DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional
Laboratorio de Economía de la Educación [LEE] de la Pontificia Universidad Javeriana. (2024). Informe No. 102. La etnoeducación en Colombia 1994-2024: una forma de visibilizar y fortalecer las identidades culturales de los grupos étnicos. https://lee.javeriana.edu.co/publicaciones-y-documentos
Laboratorio de Economía de la Educación [LEE] de la Pontificia Universidad Javeriana. (2024). Informe No. 98. Calidad educativa en zonas rurales de Colombia: un camino por recorrer. https://lee.javeriana.edu.co/publicaciones-y-documentos
Laboratorio de Economía de la Educación [LEE] de la Pontificia Universidad Javeriana. (2025). Informe No. 112. Espacios que educan: Desafíos en la infraestructura de la educación. https://lee.javeriana.edu.co/publicaciones-y-documentos
Observatorio ExE Gestión Educativa. (2025, 29 de agosto). Fundación Empresarios por la Educación FExE. https://www.fundacionexe.org.co/datos-del-sector-educativo/#1725545946987-55637fe3-49ab
Periódico El Morichal. (2023, 11 de septiembre). Protesta estudiantil en Puerto Carreño [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1bNM551TbNc
Periódico El Morichal. (2024, 27 de mayo). Suspensión de transporte escolar y falta de docentes desatan protestas en Vichada. El Morichal. https://elmorichal.com/suspension-de-transporte-escolar-y-falta-de-docentes-desatan-protestas-en-vichada/
Periódico El Morichal. (2025, 5 de agosto). Agentes educativos denuncian falta de pago y suspensión de servicios a la primera infancia en Puerto Carreño. El Morichal. https://elmorichal.com/agentes-educativas-denuncian-falta-de-pago-y-suspension-de-servicios-a-la-primera-infancia-en-puerto-carreno/
Imagen de encabezado: Aula de la Institución Educativa Bilingüe Calarca. Fotografía tomada por Juanjosé Gutiérrez.
