¿La violencia política en Colombia, disminuye? Análisis del registro de casos de 2024

EDICIÓN 113 ENE-ABR 2025

Un muerto es una tristeza, un millón de muertos es una información.

Tzvetan Todorov

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, con el que cuenta el Cinep[i], ha observado en los últimos años una disminución en el número global de casos registrados, lo cual, a primera vista podría significar que está mermando la violencia crónica y se vislumbra la posibilidad de un panorama más esperanzador. Sin embargo, surgen preguntas como: ¿por qué no se percibe una disminución en la angustia de las comunidades campesinas, indígenas y afro que viven la violencia? ¿Hay dificultades para acceder a la información o temor para sacarla a la luz? Tal vez, ¿los casos que se han podido registrar presentan una tendencia hacia el recrudecimiento en el menoscabo de la dignidad humana? ¿Persisten o se agudizan ciertas características de la violencia contra algunos sectores, lo que mantiene la intranquilidad y desconfianza? ¿Las cifras nos distraen de los impactos humanos que se genera en cada caso y en cada víctima? ¿Calificamos de manera diferenciada la gravedad de ciertos casos crueles, dependiendo del sector social de las víctimas?

Aunque no se pretende responder a estas preguntas, se busca brindar algunos aportes para el análisis. En el registro publicado en las Revistas Noche y Niebla N.º 69 y 70, correspondientes al año 2024, se encuentran 813 casos[ii]; en el año 2023, 967 casos, y en el año 2022, 1039 casos[iii]. Con la información disponible hoy, se observa una disminución en el número de casos, que no es tan clara o constante en el número de victimizaciones individuales, es decir, el número de agresiones contra la vida, libertad o integridad que se pueden presentar en un mismo caso. Por ejemplo, en 2022, se registraron 1.738 victimizaciones individuales, en 2023, 1.277, y en 2024, vuelve a subir la cifra a 1315. Una hipótesis que puede explicar este dato numérico proviene de la lectura de los casos, donde se observa que se están produciendo múltiples tipos de violencia en un mismo evento, lo que representa un recrudecimiento en la manera de ejercerla. Esto se expresa, por ejemplo, en el aumento de victimizaciones como la tortura, la amenaza o algunas relacionadas con la afectación de la libertad.

Es así como el registro de las personas torturadas aumentó: en 2022, 49, en 2023, 29 y en 2024, 61. En cuanto a las personas amenazadas, en 2022, 533, en 2023, 457 y en 2024, 481. O las personas que vieron afectada su libertad mediante desapariciones, raptos, secuestros o reclutamiento: en 2022, 124, en 2023, 98 y en 2024, 142.  Posiblemente, la agudización de estas victimizaciones tiene relación con la persistencia de la percepción de vulnerabilidad, zozobra y miedo que se expresa por parte de quienes se encuentran en las zonas más afectadas. Adicionalmente, se observa que los departamentos con mayores registros de victimizaciones en general son Cauca, Antioquia, Putumayo y La Guajira; y es llamativo el aumento de victimizaciones en ciertos departamentos respecto a 2023; por ejemplo, La Guajira pasó de 39 a 101, Casanare de 20 a 68, Bogotá de 35 a 79, Putumayo de 70 a 113, Cesar de 39 a 60, Chocó de 8 a 35. En esta ocasión, se profundizará en algunas características identificadas en los casos registrados: la crueldad de las agresiones contra el cuerpo, las marcas de género presentes en la violencia política y las agresiones a menores de edad y jóvenes.

La afrenta contra el cuerpo

La manera de encarnar la existencia y la humanidad es el cuerpo. Incluso según algunas creencias religiosas, los cuerpos sin vida siguen teniendo el atributo de dignidad humana de lo que fueron o lo que pueden llegar a encarnar. La relevancia generalizada en torno a garantizar determinado manejo de los cadáveres y los rituales fúnebres también representa esa idea[iv]. Durante 2024, llaman la atención tres elementos dentro de los casos relacionados con la violencia extrema contra los cuerpos: la crueldad y dimensión comunicativa de las muertes, la asimilación de los cadáveres de los combatientes como botín de guerra y el ensañamiento contra el sector de los habitantes de calle. 

En primer lugar, se registraron varios casos de crueldad contra el cuerpo que, no solo es asesinado, además, es torturado, destrozado y exhibido públicamente. Se trata de personas que están siendo sistemáticamente asesinadas, desmembradas y sus cuerpos envueltos entre bolsas plásticas, bolsas de café, dejados a orillas de las carreteras, en lugares públicos e, incluso, en algunos casos con letreros que anuncian explícitamente el “motivo” de la agresión y los autores. Nos referimos, por ejemplo, a los casos ocurridos en dos zonas del país, en La Guajira y Magdalena, subregión de La Sierra Nevada, en el marco de las disputas territoriales entre los actores armados ACSN y EGC, y en Risaralda.

En La Guajira y Magdalena, se registraron 29 víctimas de este tipo de asesinatos específicos y, se sabe que en lo corrido de 2025, se siguen produciendo estos casos. En cuanto a Risaralda, se registraron 6 víctimas de este tipo de hechos y, según fuentes de prensa, estos casos se siguen presentando en 2025 en la zona y este año fueron halladas dos “casas de pique” en Pereira y Dosquebradas (Rodríguez, 3 de abril de 2025, Infobae; Cifuentes, 3 de abril de 2025, Caracol). Algunos de estos casos son:

El 06 de mayo de 2024, en Fundación, Magdalena, “Paramilitares torturaron, ejecutaron y desmembraron a Andrés Barros Contreras, conocido con el sobrenombre de ‘Sasi’, y los restos de su cuerpo fueron abandonados en una caja de icopor y una bolsa plástica en una carretera de Fundación, en el barrio Vera Judith, por parte de dos hombres en motocicleta. Fuentes de prensa dieron a conocer que: “La banda responsable conocida como ‘Los Primos’, que tendrían negocios ilegales en la zona, se atribuyó la tortura, asesinato, desmembramiento y posterior abandono del cuerpo. …Se trata de un grupo delictivo organizado que opera en el departamento del Magdalena. Su principal actividad es el microtráfico y la extorsión, de acuerdo a las autoridades. Además, estarían afiliados a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como ‘Clan del Golfo’…”. En las fotos de la caja de icopor se observa un aviso escrito a mano con el siguiente mensaje: “Esto es lo que le va a pasar todas las personas que intenten vender o distribuir drogas, cobrar extorsiones o ejecutar cualquier clase de renta ilegal. Todo aquí pertenece a Los Primos y todo el que le compre a los Conquistadores de La Sierra se muere” (Noche y Niebla N.º 69, p. 161)

El 11 de septiembre en Dibulla, La Guajira, “desconocidos asesinaron a un joven de 23 años de edad llamado Julio Cesar. Su cuerpo fue encontrado en horas de la mañana entre un saco a la orilla de la vía en la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 14 de la vía Río Ancho-Mingueo. Según fuentes de prensa, fue abandonado por una camioneta de alta gama que llegó a la zona. La víctima residía en el centro poblado de Palomino, jurisdicción de Dibulla” (Noche y Niebla N.º 70, p. 129)

El 10 de diciembre de 2024, en Pereira, Risaralda, “desconocidos torturaron y asesinaron a los jóvenes Juan Esteban Castro Herrera, de 20 años de edad, oriundo de Dosquebradas y a Dominic François Betancur Ayala, de 22 años de edad, oriundo de Pereira, residente en Dosquebradas. Inicialmente las autoridades recibieron el reporte de un cuerpo hallado a la orilla del río Otún, cuando llegaron encontraron que había dos costales que tenían las partes de un cuerpo, pero además, había una maleta con otro cuerpo más…” (Noche y Niebla N.º 70 p. 192)

La función comunicativa de ese conjunto de muertes hace que cada uno de los casos se pueda interpretar como una amenaza colectiva. Aquí, la dimensión expresiva de la violencia es un elemento a tener en cuenta puesto que, además de ejercer un poder vertical, que dispone de la vida y el cuerpo del otro, también predomina la intención comunicativa[v]. Igualmente, refleja la degradación de la violencia que busca, sin ningún decoro, generar el peor daño posible a los cuerpos de los adversarios mediante prácticas hasta hace un tiempo conocidas en zonas del país como Buenaventura, que ahora están replicándose en otras regiones.

En segundo lugar, en el registro de casos de 2024 se observa la persistencia de prácticas de los actores armados, relacionadas con convertir los cadáveres de los combatientes en botín e instrumento de guerra, al impedir la recuperación y sepultura de los cuerpos o usarlos como carnada. Después de que los combatientes o adversarios de uno u otro bando han sido neutralizados, incluso mediante la misma muerte, sus oponentes usan el poder de disponer de los cuerpos para acentuar la derrota del adversario e infundir terror[vi]. Uno de los casos que ejemplifica lo anterior ocurrió en Antioquia:

El 18 de diciembre de 2024, en Valdivia, Antioquia, “Combatientes causaron la muerte del líder comunitario Jaime Alexander Betancur, campesino residente en la vereda La Coposa. Según la fuente: “Los hechos ocurrieron cuando la víctima fue obligada por parte de un grupo armado a recuperar el cuerpo de un combatiente presuntamente del Ejército Gaitanista o Clan del Golfo, en una zona minada. Respecto a la causa exacta de la muerte, unas fuentes señalan que la víctima pisó una mina y otras fuentes señalan que el cuerpo que fue a recuperar estaba cargado con explosivos que fueron activados cuando él manipuló el cadáver”. Agrega la fuente: “Este hecho ocurrió en medio de las confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las Farc contra el Clan del Golfo, dejando en esta semana al menos ocho personas muertas, incluyendo un civil… ”. (Noche y Niebla 70, p. 195)

“A pesar de que las personas ya hayan fallecido, hay que tratarlos con respeto porque son seres humanos”, señaló Miguel Ángel en un reportaje sobre su historia, publicado en un canal de YouTube, cinco meses antes de ser asesinado. En el video, resaltaba que su labor humanitaria consistía en  desempeñarse como embalsamador, funerario y recoger cuerpos sin vida, a veces, en lugares donde las autoridades no podían llegar por seguridad. En enero de 2025, en Tibú, Norte de Santander, asesinan a Miguel Ángel, su pareja y su hijo de pocos meses de edad, en un caso paradigmático de esta característica de degradación del conflicto armado[vii]. Fuentes de prensa han señalado que él recibía amenazas de todos los actores armados debido a su labor de recoger, preparar y enterrar a las personas fallecidas, entre ellos, las víctimas de uno y otro bando armado.

Finalmente, otro tipo de casos a resaltar, son las agresiones en el marco de las campañas de exterminio social contra la población considerada incómoda para la sociedad por parte de algunos sectores. Nos referimos a habitantes de calle, consumidores de droga y personas que ejercen la prostitución. Se registraron 24 casos relacionados con estos móviles, especialmente, amenazas individuales o colectivas, asesinatos, raptos, ejecuciones. De estas, nos centramos en las agresiones contra habitantes de calle, que también están revestidas de un grado particular de crueldad y de un nivel de aceptación o, por lo menos, menor grado de reproche por parte de algunas personas. Se registraron 10 víctimas de esta población que perdieron la vida, en los departamentos de Caquetá, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander.

De estos, llaman la atención las cuatro víctimas asesinadas en Cúcuta, teniendo en cuenta que, en 2025, las agresiones contra este sector continúan en esa ciudad. Recientemente fue publicado un artículo donde se afirma que, hasta el 14 de marzo, 16 habitantes de calle han sido asesinados (Granados, 14 marzo 2025). Los homicidios fueron cometidos contra una víctima en enero, dos en agosto y una en septiembre, este último se perpetró contra una mujer trans habitante de calle. Además, es importante resaltar que estos asesinatos se producen en un contexto de amenazas, estigmatización y lesiones cometidas por grupos paramilitares y por la Policía, contra esta población y contra quienes han denunciado estas agresiones[viii].

En este apartado se resalta que conviene no perder la capacidad de asombro e indignación frente a los niveles de crueldad que se están presentando en estos casos, sin importar las trayectorias, antecedentes personales, políticos, ocupacionales, el grado de reconocimiento o de anonimato de las víctimas.

Violencia política con marcas de género contra mujeres

En los casos registrados en el 2024, persiste la existencia de características diferenciadas en el ejercicio de la violencia política contra las mujeres. Nos referiremos a dos tipos de victimizaciones: la manera de proferir las amenazas y la violencia sexual. En cuanto a las amenazas, de los 167 casos registrados, 70 incluyen a víctimas mujeres. En algunos de estos casos es notoria la presencia de rasgos de violencia diferenciada por la condición de ser mujeres, lo cual se expresa mediante el uso de lenguaje sexista, amenazas de ejercer violencia sexual contra sus cuerpos y amenazas de atentar contra su vida e integridad por el solo hecho de sostener relaciones familiares o afectivas con los adversarios, asemejando los cuerpos de las mujeres como arma de confrontación para atacar o sancionar al rival y para aleccionar a la comunidad.

Esto, se evidencia en las amenazas proferidas en Chocó donde, además, la mayoría de mujeres son afrodescendientes. En septiembre se hizo pública la existencia de amenazas de atentar contra los cuerpos de las mujeres, lo cual, lamentablemente, se ha concretado en varios casos:

“…las mujeres de Chocó vienen siendo amenazadas mediante mensajes emitidos por grupos armados que operan en la zona, los cuales han circulado en redes sociales y vía WhatsApp. Según la fuente, uno de los mensajes señala: “Para que vean que hasta a las mujeres les entra, se viene el plan feminicidio. Ya tenemos ubicadas a casi todas las campaneras de los mexicanos, sepan que en este pueblo todo se sabe. Tienen 24 horas para abandonar la ciudad porque ya están en la lista de objetivos militares…”. La estrategia reúne en una lista infame los nombres de 27 mujeres … sus fotografías y un mensaje que las obliga, de nuevo, a dejar su territorio para salvar su vida. Con esa amenaza, ser madre, esposa, hija, amiga o simplemente mujer se les ha convertido en una condena. También, se señala que han circulado fotografías de los cadáveres de mujeres que ya han sido asesinadas” (Noche y Niebla, N.º 70 p. 119)

En Chocó, el riesgo para las mujeres se ha materializado en casos anteriores y posteriores a estas amenazas; por ejemplo, el 23 de marzo de 2024, en Quibdó, desconocidos asesinaron a Yirleana Lorena Moreno Cuesta, reconocida lideresa social, perteneciente a la Red de Madres Cuidadoras de Jóvenes Víctimas de Homicidios en Quibdó; el 1 de agosto, el caso atroz de la violencia sexual ejercida contra una niña de 11 años de edad en Carmen del Darién, quien además fue torturada y asesinada; y el 7 de septiembre de 2024, cuando paramilitares autodenominados Clan del Golfo desaparecieron a cinco mujeres indígenas de entre 14 y 19 años de edad, de la comunidad Embera en Alto Baudó. Según la denuncia: “Los hechos ocurrieron en la comunidad de Punto Viejo… Siendo las 4 de la tarde llegaron miembros de los paramilitares intimidando y amenazando a sus habitantes, se pusieron a consumir bebidas alcohólicas, obligando a las mujeres de la comunidad a bailar de manera forzada. Por miedo a estas intimidaciones, algunas mujeres tuvieron que huir en horas de la noche, pero 5 de ellas no pudieron hacerlo” (Noche y Niebla N.º 70, p. 124)

En Bogotá, llaman la atención dos de las amenazas. Una contra una reconocida funcionaria y ex comisionada de la CEV, donde se hace referencia explícitamente a amenazas de violación y lenguaje sexista. El 18 de septiembre de 2024, Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, fue amenazada después de que se difundiera un video donde ella aparece conversando con el excomandante de las FARC Pastor Alape en un sitio público:

Indica la fuente que: “…Según la funcionaria, los insultos que han llegado en su contra son peligrosos y ponen en riesgo su integridad, además de estigmatizar su labor como directora de una agencia en la que se requiere constante comunicación con los excombatientes de las FARC que avanzan el proceso de reincorporación. Me han dicho que lo que deberían hacer es violarme, me han dicho que era proxeneta o que yo era la moza de Pastor Alape. Todos estos mensajes de odio cargados de misoginia. Para Miller todas estas expresiones en su contra son peligrosas, no solo porque representan un rechazo contra la paz, sino porque que también son amenazas que ponen en riesgo la vida de las mujeres y contribuyen un discurso de odio y de violencia sexual”. (Noche y Niebla N° 70 p. 134)

Otro tipo de amenazas, que se han registrado en este y en años anteriores, son las proferidas contra las personas que ejercen la defensa de derechos de mujeres y de población LGBTIQ+. El 06 de enero de 2024, en Bogotá, se conocieron amenazas contra la abogada Paula Márquez, defensora de derechos humanos que ha sido atacada explícitamente por defender derechos de las mujeres.

… Mientras la abogada se desplazaba para su casa, fue seguida y hostigada por un motociclista durante buena parte del camino… desde el año 2022 ha reportado amenazas debido a su trabajo como defensora de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTIQ+ y señala que “es común que las abogadas que representan casos de violencia basada en género sean también agredidas”, mediante amenazas, seguimiento, llamadas, robo de un expediente de casos de mujeres víctimas de violencia sexual y de género, en los cuales se encontraban casos contra personas de la fuerza pública. Y señala: “tengo conocimiento, de primera mano, de que no fui a la única abogada a la que los agresores siguieron hasta sus casas, amenazaron, intimidaron y hostigaron a las representantes, acompañantes y cuidadoras de mujeres víctimas”… (Noche y Niebla N°69 p. 61-62)

En este tipo de casos converge una triple fuente agravante del riesgo, al tratarse de: primero, personas que ejercen como defensoras de derechos humanos, que es un sector atacado en el país; segundo, por el hecho de ser mujer defensora que, como hemos visto, puede generar unas marcas diferenciadas a la hora de ejercer la violencia en su contra, y tercero, por el tipo de derechos y sector social al que defienden, al tratarse de derechos de mujeres y población LGBTIQ+, cuya defensa es estigmatizada y criminalizada, tanto en algunos sectores de la sociedad como desde las mismas autoridades y medios de comunicación[ix].

En cuanto a la violencia sexual, el número de casos registrados ha sido: en 2022, 5 casos que involucraban 14 victimizaciones, y en 2023, 4 casos que involucraban 5 victimizaciones. Y de los cinco casos de violencia sexual en sus distintas modalidades registrados en 2024, todos ocurrieron contra mujeres. Además, en los registros de los últimos tres años, los autores son Ejército, Policía o paramilitares. Además de ser un tipo de violencia al que se hace alusión en las amenazas contra mujeres para aumentar el temor, en 2024 se ha llegado a materializar en los casos registrados, por parte del Ejército y paramilitares contra la población civil, o en el contexto de protesta social por parte de la Policía e, incluso, entre los mismos integrantes de las fuerzas militares. En cuanto a este último escenario la JEP señaló, desde 2023, que estos casos al interior de las fuerzas armadas no son poco usuales y forman parte de lo que está investigando (Pardo, 28 septiembre de 2023, Infobae).

Llama la atención que cuatro de estos cinco casos ocurrieron en agosto: uno por presuntos paramilitares en Chocó contra una menor de edad, tres casos cometidos por integrantes del Ejército en Meta, Arauca y Cauca; y un caso de tocamientos en septiembre cometido por parte de la Policía en el marco de protesta social. Uno de los casos es el ocurrido el 4 de agosto de 2024, cuando un integrante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional abusó sexualmente de una joven de 18 años de edad, al interior de las instalaciones militares de Villavicencio, Meta. La víctima prestaba su servicio militar y hacía parte del primer contingente de mujeres en la Policía Militar…” (Noche y Niebla 70, p. 93) o el caso del 12 de agosto de 2024, cuando integrantes del Batallón de la Fuerza de Tarea Quirón, de la Octava División del Ejército abusaron sexualmente de una mujer de 25 años, en Puerto Rondón, Arauca. La persistencia de estas victimizaciones denota que los esfuerzos para reprochar este tipo de violencia, y de las instituciones para generar garantías de no repetición, especialmente por parte de la fuerza pública, aun no son suficientes.

Afectaciones a menores de edad y jóvenes

Las agresiones contra menores de edad y jóvenes causan preocupación por las afectaciones en cadena que se generan. Para el registro de 2024, en la mayoría de los casos no se logró acceder a la edad de las víctimas, pero cuando esto fue posible, se conoció que la mayoría de victimizaciones de derechos humanos, violencia político social y DIH, corresponden a víctimas del rango de los 0 a los 25 años de edad y que, de las 177 víctimas de esta edad, 78 perdieron la vida. Todos los casos cometidos contra menores de edad resultan especialmente  impactantes, pero de estos, algunos que llamaron la atención y sirven para ejemplificar la magnitud de lo que está ocurriendo, corresponden especialmente a Chocó:

El 26 de mayo de 2024, en Riosucio, Choco, voceros de la Comisión de Justicia y Paz denunciaron la tortura y asesinato del joven de 16 años, Pedro Campaña Domicó: “Encuentran cuerpo sin vida de menor de edad y con signos de tortura en Cuenca del Río Salaquí-Pavarandó, Ríosucio, Chocó… estudiante y guardia indígena de la comunidad Unión Chami, perteneciente al Resguardo indígena de Peña Blanca… fue encontrado por sus padres… al regresar a su casa de su jornada de siembra. Al abrir la nevera encontraron a su hijo amarrado, doblado, con marcados signos de tortura en su cuerpo y doblado para ser introducido en el electrodoméstico. El joven había sido objeto de amenazas por parte de la estructura armada autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia… ” (Noche y Niebla N 69 p. 171)

El 01 de agosto de 2024, en la comunidad Quebrada Montería consejo comunitario del Curvaradó, Carmen del Darién, fue hallado el cuerpo de la niña Liseth Paola Peralta Medellín, de 11 años de edad, en hechos cometidos por presuntos paramilitares. Según la Comisión de Justicia y Paz: “fue hallado cerca de su casa, con signos de violación y heridas mortales de arma blanca. La niña salió de su casa en horas de la mañana del jueves 01 de agosto hacia la escuela de la comunidad de Quebrada Montería… no regresó a su casa por lo que su mamá se dirigió a la escuela donde el docente le informó que la niña asistió a las dos primeras horas de clase y se regresó a su casa. Su madre consternada inició la búsqueda con ayuda de algunos miembros de la comunidad para dar con el paradero de su hija. Las comunidades de esta zona viven en total indefensión bajo el control socio territorial de la estructura armada EGC, ante la ausencia del Estado y la indiferencia de las entidades gubernamentales garantes de los derechos humanos. Según información recibida por nuestra Comisión, desde hace 15 días se vienen presentando desapariciones de menores de edad sin que autoridad alguna se encargue de esta dramática situación…” (Noche y Niebla 70 p. 89) [x]

Aunque solo se pudieron registrar 5 casos de reclutamiento forzado contra menores de 15 años, se registraron otras 10 víctimas de desaparición o rapto cometidos por presuntos grupos armados contra menores en este rango etario y otras 2 víctimas de desapariciones o raptos de menores de 18 años, así como el caso de 5 menores desparecidas en Choco. Aunque la normatividad internacional y nacional califica el reclutamiento forzado hasta los 15 o 18 años, según el caso, varios jóvenes que superan esta edad están siendo desaparecidos o raptados con posibles fines de reclutamiento usando mecanismos difíciles de rastrear. En otros circunstancias, el reclutamiento ha devenido en asesinato, como en los casos ocurridos el 24 de diciembre de 2024, en Argelia, Cauca, cuando integrantes de las Disidencias de las FARC-EP asesinaron a un niño de 15 años de edad por resistirse a ser reclutado forzadamente: “Los hombres armados sacaron al menor de su vivienda queriendo obligarlo a unirse a sus filas. Sin embargo, el niño logró escapar, pero después fue alcanzado por ellos y recibió cuatro impactos de arma de fuego” (Noche y Niebla N°70, p. 199); o el caso ocurrido el 21 de noviembre de 2024 en Buenos Aires, Cauca, donde, según la fuente:

Integrantes de la comunidad de la vereda El Ceral, denunciaron que en la zona habían encontrado 5 cadáveres en una fosa común, correspondiente a tres mujeres y dos hombres, al parecer eran jóvenes menores de edad y posiblemente eran integrantes de un grupo armado quienes perdieron la vida en combates. Según la información, estas personas fueron reclutadas forzosamente como es el caso de la joven de 14 años de edad Mauren Alejandra Ulchur, quien fue reclutada en el mes de septiembre de 2024 en el municipio de La Plata – Huila. De las demás personas no se ha logrado dar con su identificación o familiar que pueda confirmar la información del reclutamiento (Noche y Niebla N.º 70, p. 177)

Adicionalmente, la situación de los menores de edad, los jóvenes, y su protección, se ha convertido en uno de los detonantes y móviles presentes en la violencia ejercida contra lideres y lideresas. Estos y los familiares de los menores, buscan ganarle el pulso a los actores armados que los quieren llevar a tomar las armas, pero sufren las represalias por desarrollar labores de oposición y prevención del reclutamiento[xi]. Finalmente, se observa que los menores de edad no solo son afectados como víctimas directas de los hechos de violencia contra sus cuerpos, sino también, en no pocos casos, han tenido que presenciar los asesinatos, amenazas y demás agresiones contra sus familiares, lo cual, genera graves impactos emocionales, sin que exista la certeza de que estén siendo tratados y garantizados desde la institucionalidad. 

En este escrito se insistió en que, afirmar que existe una disminución de la violencia puede ser cuestionable, si se tienen en cuenta aristas distintas de la medición numérica global, tales como el grado de intensidad de la violencia, el amedrantamiento colectivo, la crueldad contra el cuerpo y la dignidad humana y los impactos que tiene la respectiva afectación para cada víctima. Por ahora, para las organizaciones que hacen registro de casos desde la sociedad civil, es importante continuarlo y contrarrestar los efectos de la disminución de apoyos y recursos con los que se cuenta para desarrollar esta labor. Además, abogar para que, acorde con la frase de Todorov que encabeza este escrito, los cientos de víctimas que se causan y registran cada año, no sean consideradas como una información más dentro del mar de las cifras.

Referencias

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[i] Este registra, junto con la Red Nacional de Bancos de Datos y, sin pretender hacer un seguimiento exhaustivo o estadístico, los casos de violencia política, entendida como: “Aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado”; es decir el conflicto armado es solo una parte de ésta. Los casos registrados corresponden a violaciones de derechos humanos, infracciones al DIH, hechos de violencia político-social y acciones bélicas, que han sido publicados en las Revistas Noche y Niebla, y en una base de datos pública.

[ii] Que involucran a 570 víctimas individuales, y de estas, 452 perdieron la vida. Uno de los sectores que continúa afectado es el de las personas que ejercen liderazgos sociales, con el 28,5% de quienes perdieron la vida, es decir 129, sin tener en cuenta que 4 más fueron desaparecidas o raptadas. Para el año 2023, esa relación fue del 23,5%. La mayor parte de estos asesinatos se causaron en agosto, con 24 víctimas, mientras que en los otros meses se registraron máximo 13 víctimas.

[iii] El volumen de casos de cada año puede ir aumentando, dado el proceso de actualización de las bases de datos, a medida que se tiene acceso a nueva información; por ejemplo, los casos publicados en el año 2023 inicialmente fueron 947 y hoy son 967.

[iv] Recordemos la conocida tragedia griega donde Antígona sepulta a su hermano Polinices, pese a que el rey tebano Creonte lo prohibió y esto le trajo consecuencias que le causaron la muerte. O también una de las versiones de la leyenda del Dorado, según la cual, indígenas enterraban a sus muertos en la Laguna de Guatavita, para lo cual los envolvían en sábanas, los colocaban en una canoa y los rodeaban de velas, flores y joyas, para luego hundir esa canoa con todo lo que había en esta. Incluso, independientemente de las concepciones religiosas, las manifestaciones de voluntad que se hacen en vida, relacionadas con la disposición del cuerpo después de la muerte, tales como la cremación, la donación de órganos, etc., están relacionadas con ese “derecho” de asegurar determinado devenir del cuerpo después de la muerte.

[v] Para comprender la violencia ejercida en estos casos, resultan útiles los análisis de Segato y Agamben. Si bien es cierto la investigación de Rita Segato (2004) trata sobre los feminicidios de Ciudad Juárez (México), su análisis se puede extrapolar a lo hechos aquí tratados, ya que hace referencia a cierto tipo de crímenes donde no solo es procedente tener en cuenta las coordenadas verticales (como el odio y la intención de aniquilamiento), sino también horizontales, que consisten en los efectos que se espera que estas produzcan en relación con otros actores. Además, en estos conjuntos de casos, también están presentes los preceptos que conciben la existencia de “nudas vidas”,  de cuya existencia es factible prescindir impunemente (Agamben,1998).

[vi] En el marco de los conflictos armados, las infracciones al DIH que se recogen en el marco conceptual del Banco de Datos y están relacionadas con este aspecto son algunas Normas del DIH Consuetudinario recopilado por el CICR, como la Norma 112 que prescribe a las partes en conflicto buscar, recoger y evacuar los muertos luego de un combate, sin distinciones desfavorables; la Norma 113 que prohíbe despojar los cadáveres de sus pertenencias o mutilarlos; la Norma 114 que prescribe repatriar los restos cuando el conflicto es internacional; o las Normas 15 y 16  que prescribe sepultar los muertos con respeto y tomar medidas para facilitar su posterior identificación.

[vii] El asesinato de Miguel Ángel López, su pareja Zulay Durán y su hijo de pocos meses de edad, fue uno de los primeros casos que se conocieron cuando comenzó la reciente crisis humanitaria en el Catatumbo en 2025. Aunque falta precisión, fuentes de prensa señalaron inicialmente que, según informes de inteligencia, el hecho podía haber sido cometido por el ELN, porque su trabajo era catalogado por este grupo como un incumplimiento a sus directrices, teniendo en cuenta que, había avisado que no se permitiría recoger cuerpos en la zona; pero posteriormente, fueron detenidos algunos integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC, por su presunta responsabilidad en estos hechos (Gamboa, 24 de febrero de 2025, El Tiempo; Salazar, 18 enero 2025, Infobae)

[viii] Tales como los casos ocurridos el 5 de mayo, cuando paramilitares de la banda denominada “Los AK 47” amenazaron al abogado, docente y defensor de derechos humanos de los habitantes de calle y población LGBTI, Carlos Andrés Muñoz, quien ha denunciado la instrumentalización de estas comunidades por parte de la banda AK-47, para la comisión de delitos y distribución de estupefacientes; el 26 de junio, cuando paramilitares de las AGC anunciaron mediante redes sociales una “limpieza social” contra varios pobladores de ese municipio; y en el mes de noviembre, cuando el abogado señalado anteriormente denunció la existencia de un video publicado por un integrante de la Policía, donde éste aparece persiguiendo y burlándose de varios habitantes de calle, en el mismo sector donde se han presentado los asesinatos. Este último se suma a otros 16 casos de abuso policial registrados a nivel nacional durante lo corrido del año.

[ix] Por ejemplo, en marzo de 2025, organizaciones de Antioquia dieron a conocer que dos jóvenes feministas están siendo judicializadas arbitrariamente desde el 17 de febrero por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público y terrorismo: “las autoridades y medios de comunicación han venido dando un tratamiento desproporcionado, criminalizando los símbolos y reivindicaciones de las luchas de las mujeres y las apuestas feministas…  Algunos medios de comunicación han hecho referencia a los elementos incautados como “un pendón de un grupo feminista”, “cuatro pañoletas con logos de colectivos radicales”, “pañoletas con mensajes feministas”. Llama la atención que estos símbolos y recursos propios de las manifestaciones, que en sí mismos no representan un riesgo, ni tienen la facultad de causar daños, hayan sido presentados como elementos materiales probatorios y de investigación de los delitos referidos…” (Corporación Jurídica Libertad y otras. Pronunciamiento de marzo de 2025)

[x] Otros casos contra menores son de febrero, en Toribio, donde fue asesinado el joven comunero indígena Brayan Andrés Tenorio Achicué de 15 años, quien era sobrino del comunero indígena Raúl Tenorio Mestizo, asesinado presuntamente por Disidencias de las Farc en enero, después de tenerlo 17 días en cautiverio; o un caso de abril, en Quibdó, cuando desconocidos asesinaron a dos jóvenes, uno de ellos Yarlinton Robledo Rentería, de 16 años de edad, líder social juvenil, estudiante de Derecho en la Universidad Tecnológica del Chocó, integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Desplazados Nueva Imagen en Unión e integrante del proyecto no gubernamental Manos Unidas. También, el caso ocurrido en agosto en San Vicente del Caguán, cuando una menor de edad resultó herida luego de pisar una mina en inmediaciones de la escuela de la vereda Cristo Rey. Y el caso de octubre en Cimitarra, donde tres menores de edad fueron asesinados en una vivienda, eran dos hermanos y otro menor, de 12, 15 y 16 años. Varios medios regionales señalan que la madre de los dos menores fue golpeada y dejada en el lugar.

[xi] Algunos de estos casos son: las amenazas proferidas por paramilitares contra una líder social e integrante de la Junta de Acción Comunal y defensora de los derechos de las mujeres campesinas de la vereda Renegado Valle, el 20 de octubre en Peque, Antioquia; las amenazas de grupos armados a un líder presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Cecilia Castro, ubicado en la comuna 6 y representante legal de la Corporación Organización de Servicio Estudiantil Alternativo Colombiano, por parte de desconocidos el 8 de julio de 2024, en San José de Cúcuta; o el asesinato cometido por paramilitares del grupo denominado Clan del Golfo contra el líder social Jackson Emilio Romaña Cuesta, el 20 de febrero de 2024, en Quibdó, cuando hombres armados ingresaron a su vivienda aproximadamente a las 2:30 de la mañana.