106 / SEP-DIC 2022

100 días para plantear un proyecto

EDICIÓN 105 MAY-AGO 2022

Por: [autor del artículo]

Educación, quizás la cartera menos compleja para analizar tras apenas cien días del nuevo gobierno: no tiene en marcha ninguna reforma en el Congreso, no confluyen fuerzas políticas contradictorias, no requiere firmar ningún tratado y nadie ha tenido que salir a rectificar al ministro ante unas declaraciones incómodas. Por lo tanto, a continuación se ofrece no una evaluación imposible, sino unos puntos abiertos a la discusión y de cara a los años restantes del gobierno Petro.

¿Qué se recibe?

La administración Duque deja un balance poco notable, pues no generó ninguna política pública que sea reconocida en el sector ni por la población en general[1]. Al cerrar sus puertas, el respectivo Ministerio entregaba 5 colegios que se sumaron a los 298 que se construyeron o ampliaron durante su mandato y a otras obras de infraestructura, como salas de lectura para la primera infancia. Durante el pasado cuatrienio se tuvo que resolver el problema de las clases durante la pandemia, lo que requirió que las secretarías de educación generaran estrategias de atención remota a clases; una ampliación del Programa de Alimentación Escolar para que llegara directamente a los hogares; y, ya en 2022, la iniciativa Evaluar para Avanzar, que buscaba medir las pérdidas de aprendizaje en esos dos años de incertidumbre. El apoyo de la empresa privada contribuyó sensiblemente al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en las instituciones educativas, lo que se ratificó, al cierre del mandato con nuevas entregas de recursos tecnológicos. Si bien esto es indispensable, sirve de poco si no está acompañado de la respectiva conectividad, ante lo cual aún resuena en el país el escándalo del MinTIC con la Unión Temporal Centros Poblados.

Un elemento importante para este tiempo de transición de mando es el urgente proceso de cualificación, ascenso y renovación de la planta docente. La presión del Magisterio sobre la administración de María Victoria Angulo logró, en los últimos meses, la apertura del proceso de formación que permitirá el ascenso o reubicación salarial de casi ocho mil profesores en todo el país y, lo que es aún más importante, movilizó el proceso de concurso para ingresar a la carrera docente, que estaba pendiente desde el gobierno Santos. Más de 378.000 licenciados y profesionales de otras áreas aspiran a los 37.480 cargos de planta, 13.911 en zona rural y 23.569 en zona no rural, lo que significará un reto para los procesos de vinculación laboral y desarrollo profesional docente en las secretarías de educación y en los colegios.

Por otra parte, si bien la noticia salió publicada después del 7 de agosto, la ministra dejó firmada la resolución que sanciona a la Universidad Sergio Arboleda con la pérdida de su acreditación de alta calidad, lo que envía una clara señal de la preocupación estatal por el sistema de acreditación de calidad de la educación superior, que a su vez coincide con el interés que ha expresado el nuevo ministro.

Un mensaje de liderazgo

Al inicio de su gobierno, el presidente Petro sorprendió gratamente con su liderazgo en la ONU durante la Cumbre de Transformación de la Educación. En ella reafirmó el compromiso nacional no solo con la educación, sino con reimaginarla dado el rezago educativo que dejó en todo el mundo la pandemia de la COVID-19. En nombre de todo el país, ante la Asamblea de la ONU, el presidente presentó con claridad las tres líneas de política educativa: primera, una educación como camino hacia la paz total, en contra de la exclusión y la violencia, y a favor de las oportunidades para que los jóvenes “no le tengan miedo al futuro”. Segunda, la educación como puerta para la democratización de la cultura, en el marco de la diversidad y la construcción de identidad(es), lo cual representa una oportunidad para “juntar la razón con el corazón”. Y tercera, la educación como base de la transformación productiva del país, encaminada a la construcción de una sociedad del conocimiento, elemento de especial relevancia ante la notable discusión sobre el cambio en la base productiva nacional.

La construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo y la política sectorial correspondiente no son ideas nuevas, pero sí están logrando una resonancia particularmente fuerte, porque llegan a todos los rincones de la geografía nacional y se escuchan actores que poca representatividad han tenido, tales como niños, niñas y adolescentes, quienes ahora están participando directamente desde sus instituciones educativas. Esos Diálogos Vinculantes son una excelente iniciativa democrática, pero el Gobierno sabe que esa estrategia se agota pronto, pues tiende a convertirse en escenario de felicitaciones, peticiones, quejas y reclamos.

El ministerio tiene claro que, para lograr las metas propuestas, debe conseguir la concurrencia de todo el aparato estatal, especialmente en el tema presupuestal, y hacia allí se orientan las alocuciones presidenciales y ministeriales, así como las propuestas de revisar el Sistema General de Participaciones y la manera como se distribuye el erario. Por ejemplo, en este corto tiempo, ya se logró incrementar el presupuesto de esta cartera en un billón de pesos para 2023.

El equipo que arranca

La figura principal del sistema educativo es el ministro Alejandro Gaviria Uribe, un hombre con trayectoria académica, que ha derivado hacia la política con un éxito relativo. Este comprensible interés por su carrera política es un criterio que no se debe perder de vista durante su gestión, y ya se evidencia en sus numerosas apariciones públicas. En el breve tiempo transcurrido, ha participado en decenas de eventos[2], en los que aprovecha cada oportunidad para ganarse la simpatía del público, con un discurso claro, informado y cargado de propuestas interesantes e, incluso, pertinentes. La pregunta que aparecerá cuando baje la espuma de estos primeros meses del gobierno del vivir sabroso es si tales propuestas podrán materializarse.

Gaviria Uribe cuenta con las condiciones profesionales, personales y de contexto que le permiten arrancar en medio de un ambiente positivo, labrado por su experiencia como ministro y rector, por su paso por la academia y, recientemente, por la política. Su carisma es evidente, y no se debe solo a su hoja de vida, sino también a su historia personal, la cual incluye con frecuencia en sus discursos. Así, gracias a su capacidad de leer los contextos y públicos, y adaptarse a ellos con facilidad, puede presentarse como sobreviviente al cáncer, como exrector de la universidad privada más importante del país, como un académico o como un exministro, según el escenario. Lo que sí no es frecuente es que se presente como excandidato presidencial, quizás porque aún lo sigue siendo, aunque en una carrera electoral mucho más larga.

Hasta el momento, el equipo del ministerio está conformado por caras jóvenes y frescas, pero con experiencia en el sector, lo que augura un resto de cuatrienio con trabajo intenso para quienes quieren consolidar sus carreras y proyectarlas. Los dos viceministros y el director del ICFES cuentan con sendos doctorados, pasaron por Harvard de distintas maneras y se han caracterizado por interesarse en temas educativos y sociales, tanto académica como laboralmente. Un excelente equipo que estará enfrentando retos notables, los cuales se vienen resumiendo en: ¡brechas!, la palabra que circula por todo el sistema.

Brechas

La pandemia dará para rato y servirá para explicar muchas dificultades en distintas áreas, pero las brechas no datan de hace 3 años, tan solo se agudizaron o se hicieron más evidentes. En educación, las brechas son múltiples y obedecen fundamentalmente a factores de calidad y de acceso: universidades de garaje o de élite, públicas acreditadas o de provincia; colegios públicos o privados, y dentro de estos, los privados campestres o de barrio; educación urbana o rural, y en casi todos los casos, oficial; jardines infantiles sofisticados, populares o simplemente en la casa. Es lamentable que el acceso a una u otra institución determine la calidad del servicio que se recibe, lo que significó para muchos que durante dos años, la educación fuera poca y de baja calidad. De ahí que la prioridad de este gobierno se haya enunciado como “recuperar las pérdidas de aprendizaje”, en coincidencia con la percepción medida por una reciente encuesta de opinión sobre educación[3].

Distintas instituciones como Unicef, el Banco Mundial y el BID, han tratado de “medir” el impacto de la pandemia y sus efectos en términos de pérdidas de aprendizaje o pérdida educativa, y se habla de años educativos perdidos y sus consecuencias, respecto de los salarios más bajos y el menor desempeño que tendrán quienes transitaron parte de su vida escolar desde sus hogares. Esto también varía según las edades de los afectados, de manera que durante este 2022 se ha escuchado la angustia de docentes: “a primer grado llegaron sin los fundamentos del preescolar, los de tercero no sabían leer ni escribir, los de quinto no habían alcanzado los aprendizajes básicos para pasar a secundaria, pero los que llegaron a sexto sentían que todavía estaban en primaria”. En bachillerato se sintió de igual manera; y más aún, en las universidades donde al bajo nivel de matrícula se sumó que los primeros semestres se concentraran en remediar carencias en el aprendizaje. Durante el proceso también aumentaron la pérdida del año escolar y la repitencia[4], lo que rompe la trayectoria escolar de niños y niñas e incrementa el riesgo de deserción del sistema.

El ICFES se está concentrando en este tema, con una iniciativa interesante que combina los reportes de las pruebas Saber, con la medición Evaluar para Avanzar y otros instrumentos que se proyectan en el marco de un ecosistema de evaluación[5], bajo una idea interesante de “reconocer al individuo completo” y no solo según su desempeño en una u otra área. Es pertinente señalar que la preocupación por las brechas y el aprendizaje perdido pronto va a conducir a la carrera por volver al punto de origen, olvidando que Colombia ya estaba rezagado, respecto de los otros países de la OCDE, en temas educativos. Además, resulta llamativa, pero riesgosa, la convocatoria ministerial para cubrir tales brechas desde el voluntariado, más en un país que no tiene experiencia en ello.

Aniversarios de las políticas públicas

Durante, lo que sigue de este cuatrienio, se cumplirán varios aniversarios de políticas públicas que marcaron el derrotero de lo que hoy tenemos como sistema, pero que deben ser objeto de revisión y actualización o de transformación. Sea el momento para recordar con cariño y gratitud a uno de los más insignes Maestros del país, quien ayudó a trazar varias de esas políticas: Carlos Eduardo Vasco Uribe, fallecido el pasado 27 de septiembre. Hace 40 años, el profesor Vasco lideró la reforma curricular de 1984 que aún hoy, a pesar de toda la tinta que ha corrido hacia otras rutas, sigue definiendo los planes de estudios de la mayoría de colegios. Hace tres décadas, entre 1993 y 1994, el Maestro Vasco fue el coordinador de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, que anunció que Colombia se encontraba “al filo de la oportunidad”. A pesar de la frustración que expresó recientemente, al llegar a la conclusión de que el país dejó escapar esa oportunidad sin pena ni gloria, el legado de Vasco es indeleble y perdura entre sus estudiantes, discípulos, amigos, y en varias generaciones de docentes en Colombia y otros países.

De la misma época también son la Ley de Educación Superior y la Ley General de Educación, resultado de la transformación del Estado promovida por la Constitución Política de 1991. Hace años que las universidades vienen llamando al Gobierno para que se renueve la Ley 30 de 1992, lo cual les permitiría responder de manera dinámica y creativa a las necesidades de la sociedad, empezando por la financiación de las universidades púbicas y el modelo de acreditación. Por su parte, la Ley 115 de 1994 va a cumplir 30 años sin terminar de implementarse o apropiarse, fungiendo como un marco poco claro para el funcionamiento de las instituciones de educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media. Además, ambas leyes dejan en el limbo la transición entre la educación secundaria y la terciaria, lo que es muy evidente para los estudiantes de 9º y 11º, quienes no encuentran oportunidades y “le tienen miedo al futuro”, como han insistido el presidente y el ministro, citando a una joven estudiante de La Guajira.

La política de diseño curricular que siguió a la Ley 115 tuvo su punto culmen hace 20 años, con los Estándares Básicos de Competencias, que hoy conservan resonancia y recordación entre la población docente de todo el país, aunque en una extraña simbiosis con la reforma del 84. Se espera que este gobierno tome decisiones al respecto, pero en estos cien días no se han escuchado voces al respecto. Para posicionar las competencias surgieron los Foros Educativos, tanto institucionales y locales, como el Nacional, que precisamente ocurrió durante los pasados 10 y 11 de noviembre[6], con la participación de líderes y lideresas sociales de distintas comunidades y edades, lo que es una buena señal en pos de la representatividad de la población.

Problemas agazapados

Este gobierno debe asumir otros problemas que no se han priorizado. Por ejemplo, una brecha poco visible es la de la salud mental,tanto de estudiantes en todos los niveles como de sus docentes. Al parecer, el ministro sí la tiene presente, dada su experiencia en el sector salud, y reconoce el agobio que significó la pandemia, aunque esto aún no se materializa en una propuesta concreta. A ello debe sumarse la pandemia silenciosa de las violencias que afectan a niños, niñas y adolescentes, en especial la violencia de género que se profundizó hacia las menores de edad; de esto, los registros son pocos, pese a que las consecuencias son inmensas y de larga duración.

Las noticias y redes sociales insisten en otros problemas de violencia dentro del sistema educativo a todo nivel, con expresiones como el bullying o acoso escolar, las situaciones de acoso docente-estudiante o estudiante-estudiante, los suicidios tanto de escolares como de docentes, y una creciente pauperización del rol del educador. ¡Qué reto para un gobierno que presenta la paz total y el humanismo como sus pilares!

Otro problema latente es la unificación del Estatuto Docente, que también cumplió 20 años (Decreto 1278 de 2002) conviviendo con el antiguo escalafón (Decreto 2277 de 1979). Los más de 37.000 profesionales que pronto ingresarán a la carrera docente se encontrarán con un sistema de salud en crisis y con un mecanismo de ascenso cada vez más competitivo, toda vez que hoy cerca del 50% de los ya nombrados tienen formación posgradual. Será muy interesante ver la manera como el ministro resuelve la normal tensión con un gremio docente, que esta vez siente que jugó un papel determinante en la elección del actual gobierno, y así se lo hará saber con su apoyo, pero también con una postura crítica y con la exigencia de que se cumplan las numerosas promesas de campaña.

De igual forma, sería necesario que el gobierno atienda las necesidades focalizadas de las secretarías de educación, en un país que no termina de entender la descentralización; no se trata solo de los recursos, sino también de la autonomía de los territorios para consolidar sistemas educativos regionales que promuevan las trayectorias educativas completas. Y ya es hora de atender al sistema de educación privado, que si bien, a la fecha opera como una rueda suelta, tiene una cobertura creciente.

Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

La sociedad en general espera que, durante lo que resta del cuatrienio, el sistema educativo a todo nivel aborde la recomendación de la Comisión de la Verdad “Educación para la reconciliación de Colombia, en busca de un relato común que nos una y nos permita vivir en paz”[7]. La Comisión indica que el Gobierno deberá “realizar los ajustes normativos, institucionales y presupuestales necesarios”, pero en esta tarea no está solo: numerosas organizaciones sociales y no gubernamentales, así como la empresa pública, han expresado su preocupación al respecto y su interés por participar de las acciones, con el liderazgo del Ministerio. Esta es una oportunidad invaluable para que el sistema educativo estructure las acciones encaminadas hacia esa formación de colombianos y colombianas capaces de vivir en paz, y que incorpore en su currículo el Informe Final, al igual que muchas otras fuentes primarias y secundarias, como objeto de estudio.

El énfasis que pone la Comisión en “elementos de ciudadanía, reconciliación, habilidades socioemocionales y educación en Derechos Humanos, que incluya enfoques interculturales, de género y de derechos de las mujeres” requiere la confluencia de múltiples y diversos actores. La cercanía del Pacto Histórico con entidades como Educapaz y amplios sectores de la academia puede representar una base sólida para avanzar en esa dirección.

El proceso de construir las condiciones para que se logre un país en y para la paz requiere incorporar elementos del Sistema Integral para la Paz, que además de la Comisión, incluye la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y —especialmente— la Jurisdicción Especial para la Paz. Será un gran logro si esta administración incluye elementos de justicia restaurativa dentro de las prácticas escolares, otorgando mayor agencia al estudiantado de todas las edades, en la regulación de su convivencia. Hace falta recorrer un largo camino, pero la experiencia “La escuela abraza la verdad”, al cierre de la Comisión, ya insinuó rutas posibles para lograrlo.

En síntesis

No es difícil vaticinar las prioridades del MinEducación del Pacto Histórico: cerrar las brechas que se ampliaron durante la pandemia, consolidar el PAE, fortalecer la educación superior y seguir mejorando la infraestructura. Fácil también es conservar las políticas y medidas que han sido exitosas como el Programa Todos a Aprender (PTA), la jornada única, las alianzas público-privadas que fortalecen los sistemas desde las diferencias regionales y anunciar el incremento de cupos para la educación superior, lo que le conviene también a las IES ante el bajo nivel de matrícula. Lo difícil será lograr el propósito de una educación humanista en el siglo XXI, que construya los cimientos de una Paz Total con proyección sostenible; y que la energía y el entusiasmo le alcancen al ministro y a su equipo, no solo para seguir en su periplo, sino para consolidar políticas viables y creativas que reemplacen las que, claramente, ya cumplieron su ciclo.


[1] Al respecto, ver el análisis en https://www.obsgestioneducativa.com/one-page/.

[2] https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/

[3] https://www.obsgestioneducativa.com/gran-encuesta-educacion/

[4] https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/repitencia-escolar-durante-pandemia/

[5] https://www.icfes.gov.co/documents/39286/17803708/VF_apuntes_Icfes_para_la_politica_educativa.pdf

[6] https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/412942:Las-perdidas-de-aprendizaje-por-la-pandemia-nos-han-llevado-a-la-peor-crisis-de-la-educacion-en-dos-generaciones-Mineducacion-en-Foro-Educativo-Nacional-2022

[7] https://www.comisiondelaverdad.co/recomendaciones-if

cien-dias-106-plantear-proyecto

Freddy Ernesto Velandia

Educador con más de 20 años de experiencia en el sector educativo desde distintas perspectivas. Ha sido docente de educación básica y superior, consultor para entidades públicas y privadas, formador de docentes en servicio en cinco países de Latinoamérica, y desarrollador de contenidos pedagógicos análogos y digitales.

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