Pese a lo sabido y previsto, a nueve meses de la llegada de Duque a la presidencia y teniendo en cuenta los sectores políticos, económicos y sociales que representa, ya es posible analizar de mejor forma cuáles son sus principales apuestas para el sector rural y, particularmente, qué respuestas ofrece frente a las demandas específicas que históricamente —a través de pliegos, movilizaciones, mesas de diálogo y negociación, y acciones de incidencia—, han enarbolado los movimientos rurales populares para lograr su reconocimiento y obtener mayores garantías de sus derechos. Estas demandas que reflejan aspectos estructurales del mundo rural colombiano, como la desigualdad en la distribución en la tierra y el desprecio por lo campesino, también se han reconfigurado para dar paso a reclamos por reconocimiento de grupos específicos, para enfrentar amenazas representadas en el acaparamiento de tierras y las nuevas manifestaciones del modelo extractivo, entre otras, y para proponer cambios institucionales y políticas públicas no regresivas.
Con la firma del Acuerdo Final de Paz, y el compromiso del Estado colombiano de implementar la Reforma Rural Integral; el reconocimiento a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, o por lo menos una mesa de diálogo; y la creación, sin suficiente presupuesto, de la Dirección de Mujer Rural al interior del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el anterior gobierno desarrollaba una agenda centrada en el extractivismo y la agroindustria como modelo hegemónico de desarrollo en el país. Este modelo continúa con el nuevo gobierno, en donde podemos encontrar más similitudes que diferencias, pese a que mediáticamente se ha querido tomar distancia.
A propósito de la coyuntura representada en Duque, la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas para el sector rural, Cien Días Vistos por Cinep entrevistó a Hada Marlen Alfonso, de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas1Marlen Alfonso es también consejera por el sector mujer rural en el Consejo Nacional de Planeación. , y a Robert Daza, Coordinador Nacional Agrario (CNA). Con Marlen y Robert hemos trabajado desde el equipo de Tierras y Derecho al Territorio en diversas iniciativas que buscan la garantía de los derechos de las mujeres rurales y el reconocimiento del campesinado como sujetos de derechos.
Robert Daza: “el campesinado tiene que movilizarse porque no hay otra forma de interlocutar”
Coordinador Nacional Agrario (CNA)
Somos una organización nacional, un movimiento agrario que articula organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y agromineras de 23 departamentos. Somos 43 procesos locales y regionales que están asociados, entre los cuales está, por ejemplo, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), al cual yo pertenezco; el movimiento campesino del Centro Oriente; y el movimiento del Catatumbo, entre otros.
La política agraria del gobierno Duque
Nosotros caracterizamos la política agraria de Duque como la continuidad del modelo agrario que se viene implementando desde la apertura económica: un modelo globalizante basado en la práctica de los agronegocios, que hace referencia a monocultivos en grandes extensiones; y en el extractivismo, que no es más que el saqueo de todos los bienes naturales comunes. Una de las consecuencias de estos proyectos frente al campesinado es que desconoce que tenemos capacidad de decidir en nuestros territorios. Para nosotros, como sectores campesinos, no hay consulta para la implementación de ningún proyecto, a diferencia de los pueblos indígenas y los afrodescendientes a quienes sí se les reconoce este derecho gracias al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)
Asimismo, este modelo va en contra de la soberanía alimentaria. La agricultura que se desarrolla es únicamente para producir materia prima, y tal vez algunos productos de consumo, pero la mayoría están enfocados en la agroexportación. Antes de la apertura que se generó en el gobierno del expresidente César Gaviria no se importaban ni 500 mil toneladas de alimentos; éramos autosustentables en cereales, leche, y otros productos. Luego de la apertura económica, y hasta el año pasado, se ha llegado a los 14 millones de toneladas de importación de alimentos. Para señalar un ejemplo de este caso, hay que indicar que hemos perdido la capacidad de producción de cereales, pues los que se utilizan aquí para la agroindustria y el consumo animal y el de las personas son importados.
Como campesinos y campesinas hemos sustentado la alimentación de los países, y principalmente de nuestro país. Para el 2012 se hizo un estudio que verificó y certificó que el 68 % de la comida que se consume proviene de las fincas campesinas. Precisamente en ese año entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y al siguiente la aplicación del firmado con la Unión Europea; lo que trajo consecuencias bastante graves para el campesinado, pues estos acuerdos generan una política agroexportadora de grandes producciones.
Toda esa política agraria y productiva la ponen bajo unos estándares internacionales de “calidad” y de normas de producción; aquí se encuentran todas las normas, decretos, resoluciones que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de semillas e insumos, y con las razas de animales para producción. Todo esto se estandariza bajo la norma de paquetes tecnológicos trasnacionales, pero no quiere decir que las semillas y las razas que ellos utilizan sean buenas para la alimentación humana. Sabemos nosotros que la mayoría de esas semillas son cuando menos híbridas, por no decir que la mayoría son transgénicas. Igualmente pasa con la crianza de pollo, res y cerdo: las razas que están criando y la alimentación que les están dando son a base en soya y cereales transgénicos, y tienen inoculación con hormonas y paquetes de antibióticos que, seguramente, llegan luego a los consumidores; para la alimentación eso es bastante grave.
Duque, frente a Santos, representa algunas diferencias y es que este último, entre comillas, dio un poco de juego para que haya un poco de paz en los territorios campesinos, y el foco, con dificultades, también se puso en la reparación a las víctimas. El gobierno actual acaba totalmente con esa posibilidad, tiene una política de retorno a la guerra y al control militar absoluto sobre los territorios. Esta política de consolidación del territorio busca crear zonas administrativas, como el Catatumbo como zona piloto que queda en cabeza de un general, con militares ejerciendo autoridad civil en los territorios. Esto para nosotros es preocupante porque nos lleva a recordar la época cuando el paramilitarismo campaba en nuestros campos, y nosotros no olvidamos aún los más de 6 millones de víctimas que ha habido en Colombia; no únicamente desplazados, sino asesinados, falsos positivos y desaparecidos, con violaciones de derechos humanos. Nosotros sabemos que en ese momento el Ejército actuó en coordinación con el paramilitarismo, que el Ejército en los territorios campesinos era quien iba adelante abriendo campo para que los paramilitares luego llegaran y se posicionaran. Las listas, por ejemplo, de líderes que los paramilitares tenían eran de inteligencia del Ejército, y sobre ellas los paramilitares actuaron. Cuando el gobierno de Duque nos anuncia este tipo de política, nosotros lo que auguramos es que en el territorio va a volver otra vez el genocidio para el campesinado.
Estos antecedentes es necesario comprenderlos, porque esta política del gobierno de Duque es la continuidad de este modelo. Ni siquiera en Naciones Unidas, en diciembre pasado, el gobierno colombiano votó afirmativamente por la adopción de la Declaración de Derechos Campesinos; ellos se fueron por la abstención, que en la práctica es votar negativamente. Cuando nosotros le preguntamos al gobierno de Duque, en cabeza del viceministro del Interior, por qué no habían votado, nos dijo que no se iban a someter a una consulta previa ni a que los campesinos se crean dueños del agua y del territorio. Es por esto que afirmamos, además, que a los territorios campesinos los tienen planificados para seguir con el extractivismo.
Sobre el Plan Nacional de Desarrollo y otras propuestas normativas.
Nosotros asumimos la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo (PND) no solo como continuidad, sino como consolidación de ese modelo agrario. Esa consolidación fue la que se pensó Andrés Felipe Arias cuando fue ministro de Agricultura: un campo sin campesinos, en la que los grandes empresarios utilizan la mano de obra campesina; ya no seríamos campesinos sino trabajadores rurales u obreros.
Esto no ocurre únicamente con el Proyecto de Ley de PND, sino con los proyectos de ley que ha impulsado el gobierno Duque; por ejemplo, el año pasado metieron un proyecto que se llamaba el piso mínimo legal, que hablaba del jornal integral. Aquí se especificaba que los obreros rurales tendrían que pagar su propia salud, pensión y seguridad social; y eso es una descarga de la responsabilidad que tienen los patrones. También habla de una pensión básica de vejez para la población rural con base en una cotización que tendría que hacer la población rural sin ningún tipo de apoyo o subsidio del Estado, situación que hemos reclamado siempre.
En materia de tierras, el proyecto de reforma a la Ley 160 de 1994 cambia el sujeto de la reforma agraria. Nosotros constitucionalmente como campesinos somos los sujetos de dicha reforma agraria, pero en esta iniciativa legislativa se pretende que los sujetos de reforma agraria también sean empresarios y privados; es decir, de una vez abrir el camino normativo para que los que se han apoderado de los baldíos —que en este momento lo tienen sembrados de palma, caucho o forestales— tengan la oportunidad de legalizarlos. También encontramos la reforma propuesta por la senadora Cabal a la Ley 1448 del 2011, que busca desconocer a las víctimas de despojo, y reconocer a muchos de los actuales poseedores de esas tierras como de buena fe y darles también el estatus de víctimas. Esto quiere decir que a quienes se robaron las tierras les dan reconocimiento para legalizárselas; tierras que, por ejemplo, en la Costa Pacífica y en el Magdalena Medio están sembradas de palma, llenas de ganadería extensiva y muchísimos proyectos de agroindustria, porque ellos necesitan tener una seguridad jurídica sobre sus tierras, como ellos mismos lo dicen. Este es más o menos el modelo.
“Nosotros constitucionalmente como campesinos somos los sujetos de dicha reforma agraria, pero en esta iniciativa legislativa se pretende que los sujetos de reforma agraria también sean empresarios y privados”.
En el PND también se proyecta consolidar el Plan Colombia 2019, Colombia País Minero, donde el objetivo es que los 19.000 permisos que existen para la exploración, de los cuales faltan más de 9.000 por titular, se consoliden. ¿Por qué nosotros hablamos de esto?, porque más del 70 % de estos proyectos mineros están sobre la zona Andina y sobre territorios agroalimentarios de los campesinos; y las consecuencias inmediatas son el desplazamiento, el cambio de vocación de esos territorios y el desastre ambiental, esto último conlleva a acabar con esos territorios que son para la agricultura, y volverlos un desierto, que es el resultado final de la explotación minera.
Asimismo, es importante resaltar que en las bases del PND lo que se le ofrece al campesinado es agricultura por contrato, alianzas productivas, y agricultura inteligente y planificada. Nosotros sabemos que todas esas propuestas y todos esos modelos de agricultura, en primer lugar, acaban con la autonomía del campesinado, y que contravienen nuestras prácticas históricas y culturales; y, en segundo lugar, empobrecen al campesinado, dejándolo sin la poca tierra que tenía y sin comida, y a merced de la gran empresa, que en últimas es la que se queda con la tierra y con todo el trabajo que le ha costado al campesino, y este no tiene capacidad para solventar su alimentación y sus necesidades mientras que pasan los ocho años que necesita el cultivo para empezar a dar su producción. Ese es un modelo que para nosotros como campesinos no es atractivo, porque vamos jugando con los riesgos más grandes en cuanto a la inversión; ya que son unos contratos en los que nos colocan unas cláusulas de mayor riesgo que a los empresarios, y eso para nosotros no es una propuesta seria.
La propuesta del Pacto Campesino y las negativas del gobierno a incluirlo en el PND
En el PND para el campesinado no hay ni pacto ni equidad, y esto no quiere decir que nosotros no hayamos hecho propuestas, hicimos una propuesta completa de un capítulo relacionado con el campesino. Esta propuesta surgió como iniciativa de la Mesa Agraria del Cauca, de la que hacen parte organizaciones de la Cumbre Agraria y de todas las gestiones de incidencia que ellos han venido haciendo frente al reconocimiento del campesinado como sujetos de derechos. Es así que los compañeros del Cauca propusieron: “que eso se traduzca en un documento que sea parte de las bases del PND y de la Ley del Plan”.
Entonces se hizo un ejercicio donde se construyó ese Pacto, se le presentó al Consejo Nacional de Planeación y, mientras tanto, compañeros de la Junta Agraria hablaron con el Departamento Nacional de Planeación directamente y también con el viceministro del Interior. Es así que recibieron el documento, pero luego en las bases o en el texto del Proyecto de Ley no apareció nada. Este documento queda como constancia de que como campesinado nosotros no estamos haciendo unas reclamaciones infundadas, sino que tenemos unas propuestas sustentadas y argumentadas, y que ya es falta de voluntad política y de desconocimiento del gobierno el no tenerlas en cuenta.
Desde el gobierno nos dicen que lo que nosotros presentamos allí es transversal en sus políticas, pero la transversalidad que ellos allí refieren es solo de diagnósticos. El Estado colombiano y la academia reconocen una situación de atraso, de abandono y de vulnerabilidad social, económica y cultural del campesinado, pero cuando se trata de solucionar, las soluciones no van a atacar esos problemas; por el contrario, lo que vemos es que utilizan como argumento la pobreza del campesinado, su falta de educación y su falta de capacidad económica para generar empresa, con el fin de hacer unas propuestas que llevan al campesinado, cada vez más, a ser esclavos de las empresas agroindustriales.
Hacia una territorialidad campesina propia
La propuesta que tenemos como CNA es que esos territorios campesinos donde producimos alimentos sean territorios que se respeten, y que nosotros tengamos la posibilidad de constituir allí autoridades, como organizaciones campesinas, que puedan proyectar las transformaciones, hacer un ordenamiento y un plan de vida digno. Es tener la posibilidad de decir cuáles son y cuáles no son las transformaciones que se hacen en nuestros paisajes y regular la vida campesina; eso lo hemos presentado más de mil veces en las mesas de negociación, en los ministerios y en Naciones Unidas.
La propuesta que tenemos como CNA es que esos territorios campesinos donde producimos alimentos sean territorios que se respeten, y que nosotros tengamos la posibilidad de constituir allí autoridades, como organizaciones campesinas.”
Por eso ya hemos iniciado la construcción de los territorios campesinos agroalimentarios, ya que entendimos que no porque el gobierno nos niegue la posibilidad de los territorios campesinos nosotros no podamos construirlos. El CNA tiene siete territorios ya constituidos, cuatro en Nariño y tres en Arauca, y tenemos otros veinte en proceso de constitución. Su proceso de construcción es el siguiente: hacemos asambleas; identificamos el territorio y lo delimitamos; en las asambleas nombramos una junta del gobierno; trabajamos un plan de vida; y empezamos la construcción de una guardia campesina para la protección de ese territorio.
Frente a toda esa propuesta de conflictividad a la que nos va a llevar este gobierno, a nosotros no nos queda otra cosa que acudir a nuestro derecho legítimo de subsistir y vivir en nuestros territorios, y prepararnos para defender eso; que significa defender la comida y el agua, que no solo es una cosa para el campesinado sino para todo el país.
La movilización frente al actual gobierno
Actualmente enfrentamos una situación crítica, la cual se ve reflejada, por ejemplo, en el sector cafetero. Se tiene pensado hacer una movilización a finales de abril o en mayo, si no es ahora, será después, pero el campesinado tiene que movilizarse porque no hay otra forma de interlocutar. Los campesinos y campesinas estamos totalmente invisibilizados, y nuestras banderas son políticas y van más allá de conseguir unos pocos recursos. La movilización tiene que seguir avanzando en el reconocimiento completo de los derechos del campesinado. Esto es necesario porque para negar derechos existe una batería grande de argumentos.
Cuando se habla de campesinado salen los congresistas a decir “yo también soy campesino” y “el campesino está cobijado por todos los derechos que tenemos los colombianos bajo la Constitución”, pero nunca discuten sobre la esencia de nuestro reclamo: un derecho con un enfoque diferencial, que a nosotros como campesinos nos reconozcan una condición particular como grupo social. Eso es lo difícil porque saben las consecuencias de ese reconocimiento; por ejemplo, si nos reconocen el agua, no van a poder hacer negocio porque el agua en nuestros territorios es un bien común y un derecho. A pesar de toda la persecución, el campesinado sigue sustentando la alimentación del país, de los territorios campesinos sigue llegando el agua que se consume en las grandes ciudades, y seguimos con una agricultura que favorece la diversidad biológica; por todo esto es que estamos caminando.
Hada Marlen Alfonso: “lo que habíamos ganado nos lo quitaron”
La Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas
La Plataforma de Incidencia empezó hace más o menos ocho años. Varias organizaciones nos organizamos alrededor de una apuesta colectiva para la exigencia de la implementación y seguimiento a la Ley 731 de 2002 que dicta normas para favorecer a las mujeres rurales. Ahí estaba la Asociación de mujeres por la paz y la defensa de los derechos de la mujer colombiana(ASODEMUC) y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Cundinamarca (FEDEMUCC), entre otras organizaciones de carácter nacional y departamental con enfoque hacia las mujeres. En este momento somos más de 850 organizaciones que estamos en 28 departamentos, cada una con unos temas específicos de agendas en los territorios, pero todas anudadas en el mismo proceso de incidencia a la Ley 731.
Logros del movimiento de mujeres rurales colombianas.
En el pasado Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuando empezamos a hacer la discusión sobre una ley (731) que no está reglamentada y sobre los incumplimientos de la institucionalidad, nos preguntamos cómo íbamos a poner nuestras agendas en el PND 2014-2018. En ese momento estaba el proceso de paz ocurriendo, lo que facilitó que nos encontráramos alrededor del tema de paz, y eso nos permitió de alguna manera decir “queremos esto”, y ese “esto” fue apoyado por el legislativo y por la bancada de mujeres del Congreso. Hicimos entonces todo un ejercicio de acompañamiento a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), sobre todo en el marco normativo, para poder crear un artículo especial sobre la construcción participativa de la política pública de la mujer rural, el cual quedó.
Luego soñamos con algo más alto, que era tener un referente de género de mujer rural, y se crea la Dirección de Mujer Rural con un artículo especial. Fue un rompecabezas que se movió, confluyó y se armonizó tan maravillosamente para que tuviéramos dos artículos, y el Artículo de la Dirección de Mujer Rural se metió estratégicamente cuando se le dieron facultades al presidente en el marco de la paz para fusionar y crear institucionalidad. Es decir, ganamos dos artículos en el PND, con infinidad de eventos de posicionamientos y organización de agenda.
Yo quiero poner en manifiesto lo que pasó cuando se creó la Dirección y toda la política pública de mujer rural. En el 2016, un año después, no teníamos todavía institucionalidad formalmente creada ni mucho menos una mujer que estuviera allí. Así que tocó ejercer mucha presión para que se nombrara a una compañera que sintiéramos par y para que le pusieran plata. Fue un entramado de apuestas por incidir, hablar, exigir y hacer control político, hablamos con Claudia López y Ángela María Robledo, y con todas las mujeres que han venido siendo nuestro apoyo.
Por fin se crea la institucionalidad y ocho meses después de una ardua negociación con el ministro de Agricultura de esa época, Iragorri, –nombran a Visitación Asprilla Cuesta de lascomunidades afro. El liderazgo de ella y la representación de las mujeres no fue nada fácil. En la actualidad ella ya no está, porque este gobierno no la mantuvo.
Por otro lado, sobre la política pública solamente se dejaron unos lineamientos que no tienen las bases suficientes en soportes técnicos, porque no hay ni siquiera una caracterización. La Dirección de Mujer Rural sigue actualmente, pero sin muchos recursos. Lo que queríamos no alcanzó a nutrirse, aunque sí se hizo un comité interinstitucional de seguimiento a la Ley 731, con más de 20 organizaciones, incluyendo la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y varias organizaciones de mujeres; este comité es el que garantiza que se cumpla la Ley 731. Las mujeres estuvimos presentes en la creación de ese comité, así como estuvimos presentes en todo el proceso del gobierno anterior.
Las mujeres rurales y el gobierno Duque
Realmente es muy triste y desalentador ver cómo en un Estado garante de derechos, se derogan artículos que tienen que ver con la misma garantía de derechos, lo que es un mensaje muy grave para las mujeres de este país, es realmente desacertado por parte del gobierno de Duque. Ya no está el artículo que construía la política pública de mujer rural: lo que habíamos ganado nos lo quitaron. La única propuesta que dejaron fue la de María Rosario Guerra, que es del Centro Democrático, quien radicó una propuesta sobre los trazadores presupuestales en el Departamento Nacional de Planeación. Esos trazadores para la equidad y los trazadores en el tema de paz para las mujeres quedaron en el Artículo 263 (es decir que solamente quedó un artículo), y no tienen el enfoque de género que hemos venido construyendo desde el movimiento de mujeres. Si nos ponemos a analizar cada línea, realmente todo va con la misma conclusión: el fortalecimiento institucional tiene diagnóstico y estrategias, pero no tiene metas, ¿sobre qué se va a medir entonces?
“Realmente es muy triste y desalentador ver cómo en un Estado garante de derechos, se derogan artículos que tienen que ver con la misma garantía de derechos, lo que es un mensaje muy grave para las mujeres de este país”.
Nosotros hicimos una propuesta clara para el PND 2018 – 2022: queremos la construcción participativa de un Conpes; inclusión de las actividades de cuidado a las mujeres rurales en el sistema de cuentas nacional; crear un sistema de información de mujer rural; tener un fortalecimiento institucional y técnico para la Dirección de Mujer Rural; y fortalecimiento, operabilidad y reglamentación a la Ley 731. De todo esto no quedó nada. Quedaron incluidas tres metas que tienen que ver con temas productivos y un tema de tierras, pero de lo que pedimos, el gobierno no puso nada.
En el tema de equidad está el emprendimiento para las mujeres y el acceso al crédito; aunque hay que poner en consideración que solo hay una visión de las mujeres rurales: lo productivo, ¿y dónde están las otras dimensiones como mujeres?
Sobre la Dirección de Mujer Rural nos preocupa que no se termine el trabajo que se venía haciendo; le faltan recursos para moverse y extender sus brazos en el territorio, apoyar las políticas públicas en el territorio con lo que tiene que ver con mujer rural, y hacer acompañamiento técnico al gobierno, a las instituciones y a las mujeres rurales. A la Dirección le hace falta mucho recurso humano cualificado en temas de género y de mujer rural. Yo creo que si esto no se prioriza va a pasar a ser otra instancia más.
En general, el pacto respecto a los temas de mujer muestra que el gobierno está ciego ante el ejercicio pleno de la garantía de los derechos humanos de las mujeres rurales desde un enfoque integral, territorial y étnico. El gobierno no quiere asumir este enfoque porque su mirada tiene que ver más con unas necesidades básicas, que con unos intereses estratégicos. Sí hay un aporte interesante cuando hablan de un pacto, pero si se mira el contenido la lectura es regresiva en los temas de derechos desde la línea integral.
Lo que el Gobierno habla de la transversalidad es que en cada institucionalidad hay unos temas específicos que deben incluir a las mujeres, pero para nosotros ese “ser transversal” es todo y es nada, porque se va perdiendo la fuerza con la que se debe implementar la Ley 731. Nuestra apuesta es el Conpes porque es un bloque al cual se le puede hacer seguimiento, y tendría un plan de acción claro para su implementación.
*Las entrevistas fueron realizadas por Laura Cristina Vásquez, del Equipo de Comunicaciones. Las preguntas guías fueron sugeridas por Javier Medina y Ana María Restrepo, del Equipo Tierra y Derecho al Territorio.
Equipo de Comunicaciones Cinep/Programa por la Paz.
