La inauguración del actual gobierno en temas de movilización social estuvo mediada tanto por declaraciones públicas poco afortunadas del propio Presidente y de algunos de sus ministros, como por algunos asuntos que ya han incitado a la protesta social o que están a punto de provocarla, y en los cuales algunos miembros del gabinete (ministros y funcionarios, usuarios de las puertas giratorias) han tenido alguna injerencia, hoy o en el pasado reciente. Este artículo pone en el contexto de la movilización social dichas palabras y acciones, y sus implicaciones.
En el primer discurso del presidente Duque, el día de su elección en segunda vuelta, dijo que la protesta social incentiva odios, que esta tiene lugar en zonas rurales y simplificó la mirada al campo colombiano:
Ese país será también el país que en el campo colombiano en lugar de propiciar siempre la fractura y la protesta social incentivando odios, lo que va a hacer es generar la fraternidad entre empleadores y trabajadores, y generará la armonía vigorosa entre la agroindustria y el pequeño productor (…).
El Espectador, 18 de junio de 2018
Frente a la primera afirmación presidencial respecto a la protesta social, hay que recordar que esta es una acción política no institucional que expresa inconformidades y desacuerdos; denuncia injusticias y violaciones a derechos fundamentales, y pide bienes, servicios y garantías. Además, entre sus propósitos no está el de “incentivar odios”, aunque sí delinear adversarios.
Con relación al segundo aserto, se entendería entonces que las ciudades no son un escenario propicio para la protesta, pero nada más lejano de las evidencias. Piénsese tan solo en las marchas de octubre y noviembre de este año en defensa de la educación superior pública, realizadas en varias ciudades del país
En lo que respecta a la tercera afirmación, los habitantes del campo ni son mano de obra disponible ni se definen únicamente por su actividad económica. Como bien lo han venido señalando con sus demandas de reconocimiento cultural y político, las comunidades étnicas y campesinas tienen sus propios proyectos de vida y en la mayoría de casos esos proyectos trascienden la necesidad de empleo rural. Pero eso será discusión de otro artículo completo.
“Los datos del Cinep presentan dos picos recientes en el número de protestas: uno en 2007, cuando se registraron 1015, y otro en 2013, cuando estas acciones llegaron a 1027. Desde entonces, año a año, se ha presentado un descenso”.
Un mes después de ese discurso, Guillermo Botero, aún presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y próximo Ministro de Defensa, anunció durante la cumbre Concordia Américas 2018 que el gobierno entrante promovería una ley para organizar la protesta social, y que esta debería representar los intereses de toda la sociedad y no solo los de un grupo. En su momento, Mauricio Archila, investigador del Cinep, respondió que regular la protesta es una manera de cercenar la posibilidad de que diversos grupos expresen de manera pública las carencias e injusticias que padecen y, por esa misma razón, es imposible que las manifestaciones obedezcan a un único interés general (Jaimes Vargas, 2018). Según Botero, el aumento de las protestas requiere tal regulación ya que “de acuerdo con las cifras del Cinep, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1019” (Olaya, 2018)1Los datos y las categorías que el ministro Botero endilga al Cinep en esa intervención pública son apócrifos.. Sin embargo, la Base de Datos de Luchas Sociales del Centro contiene unas cifras distintas a las entregadas por el Ministro (825 para el primer año citado y 777 para el segundo) y contradicen su pretensión de mostrar un crecimiento sostenido de las protestas sociales durante los dos cuatrienios de Juan Manuel Santos. Los datos del Cinep presentan dos picos recientes en el número de protestas: uno en 2007, cuando se registraron 1015, y otro en 2013, cuando estas acciones llegaron a 1027. Desde entonces, año a año, se ha presentado un descenso. El decrecimiento de las protestas no significa que se hayan atendido las demandas que estas planteaban. Los datos hablan más de la esperanza que algunos grupos sociales fijaron en las posibles transformaciones que podrían derivarse del acuerdo de paz tras los diálogos de La Habana, acompañada, en muchas regiones, del descenso de los índices de violencia letal y, por ende, del declive de algunos de los motivos de movilización social relacionados con el clamor de la paz y el rechazo a las acciones de guerra de grupos armados y a sus consecuencias sobre la conculcación de derechos, en particular a la vida, la integridad y la libertad
Ya posesionado en su cargo como ministro de Defensa, Botero volvió a arremeter contra la protesta social, esta vez para criminalizarla al asegurar que es financiada con dineros ilícitos de cinco grupos armados organizados (Revista Semana, septiembre de 2018). Esta temeraria afirmación impacta la opción de que múltiples y diversos grupos sociales tengan voz y visibilidad; niega la autonomía de grupos, organizaciones y movimientos sociales para expresar desacuerdos, necesidades y propuestas; ocluye la posibilidad del diálogo social al que tantas veces se ha referido el actual presidente; y, lo que es peor, pone en riesgo la integridad y la vida de los protagonistas de esas protestas.
Tres desafortunadas intervenciones públicas sobre la movilización social en un corto lapso de tres meses obligan a estar alerta frente al incierto futuro de las acciones sociales colectivas contenciosas y de las respuestas a las demandas que estas plantean, a pesar de que tres días antes del cambio de gobierno se emitiera el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía de la protesta pacífica”, con resolución número 1190 de 2018 del Ministerio del Interior2Más información: https://www.elespectador.com/sites/default/files/pdf-file/resol-1190-18-adopta_protocolo_protesta_pacifica.pdf. Aunque este documento se reconoció como un avance en el tratamiento de la movilización social, la normativa se concentra en garantizar la realización de la protesta, como un evento único y performático, como una puesta en escena, y no contempla la atención a las demandas que las luchas sociales llevan consigo ni las redes de conflictos que estas evidencian
Este protocolo fue duramente criticado por las agremiaciones, que ya se habían opuesto tanto a este como a las consultas populares, y que abogan por las consultas previas exprés: las asociaciones de Petróleo y Minería; la Sociedad Colombiana de Agricultura; y, además, los alcaldes de las principales ciudades. Todos estos actores argumentaron que la imposición del protocolo les impidió expresar sus observaciones, a saber, que la normativa se excedió en la creación de disposiciones legales y de nuevas instancias y, lo que es peor, le asignó funciones a la sociedad civil desconociendo las instituciones estatales (El Espectador, 3 de agosto de 2018). Por su parte, el Consejo Gremial agregó que este protocolo desconoce los derechos de quienes no protestan, que son los verdaderos “afectados”, entre los que sobresalen los pobres y Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), aseveró que garantizar el derecho constitucional a la protesta es una muestra de que la Constitución Política de 1991 permite más la defensa de las minorías que de las mayorías (Rueda, 2018)
A pesar de los malos augurios para la protesta social, esta no se ha detenido como lo confirman algunas movilizaciones a las que nos referiremos a continuación:
“Se avisa al público de la república que la educación pública se extinguió…”
Esta fue una de tantas rimas coreada por los estudiantes en la noche del viernes 20 de octubre durante la marcha de antorchas que recorrió varias calles de la capital del país. Era la tercera manifestación realizada dentro del paro nacional de universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas de educación superior para exigirle al gobierno Duque atender el inmenso hueco presupuestal que amenaza su existencia: cerca de 20 billones de pesos que hacen falta para las 61 instituciones. Dicho déficit deriva del modelo de financiamiento impuesto por la Ley 30 de 1992, agravado desde entonces por la asignación presupuestal dentro de los planes de desarrollo, por algunos puntos contenidos en la reforma tributaria reciente que permitirían el desvío de recursos públicos hacia las universidades privadas vía becas y créditos educativos otorgados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), y el programa Ser Pilo Paga
“El presidente Duque demuestra, al desconocer las demandas de estudiantes y profesores, su convencimiento de haber hecho lo suficiente por la educación superior pública”.
Algunas de las acciones colectivas que han fortalecido al movimiento de la comunidad académica de la educación superior pública han sido el paro nacional de las 32 universidades públicas3El magisterio también se movilizó de manera casi simultánea: la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocó a una jornada nacional de protesta el 23 de octubre para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2017 sobre mejoramiento de la calidad de los servicios de salud para los maestros, el descongelamiento de los ascensos en el escalafón, la revisión de la imposición de la jornada única, el mejoramiento del Plan de Alimentación Escolar, los planes de formación magisterial, la protección de los maestros amenazados, y el rediseño del sistema financiero de la educación. (iniciado el 11 de octubre); las inmensas marchas adelantadas en varias ciudades del país con el apoyo de estudiantes de secundaria (quienes aspiran a continuar sus estudios superiores dentro del sistema público), universitarios del sistema privado y una parte importante de la población; y la intensa actividad académica extramuros “Clase a la calle”. Dichas acciones se constituyeron en catalizadores del acuerdo al que llegaron los rectores del Sistema Universitario Estatal con el presidente Duque y su Ministra de Educación, el 26 de octubre.
“Mejor imposible”, así calificó la Rectora de la Universidad Nacional el acuerdo que contempla que durante el cuatrienio Duque las transferencias del gobierno nacional a las instituciones de educación superior (IES) crezcan en un Índice de Precios al Consumidor (IPC) más tres puntos porcentuales en 2019, y en IPC más cuatro por ciento de 2020 a 2022. Además, el pacto compromete 300 mil millones de pesos con cargo al presupuesto nacional para inversión cada año, desde 2019 hasta 2022; y negociar con gobernadores, alcaldes y el Congreso la transferencia en 2019 y 2020 de un billón de pesos de las regalías para inversión en infraestructura de las IES.
Pero, para la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), este resultó “un muy mal acuerdo” porque no permite superar la crisis para garantizar el cumplimiento ni de las funciones misionales de las universidades (docencia, investigación y proyección social), ni del régimen salarial y prestacional de los profesores universitarios (ASPU, 2018). De igual forma, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) y la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles Colombianos (Fenares) desaprobaron el pacto porque desconoció tanto a quienes han sostenido la movilización (estudiantes y profesores) como el pliego presentado por la comunidad educativa, que contiene tres puntos: 1. Financiación, 2. Autonomía, y 3. Democracia y garantías para la movilización (especialmente, el no ingreso ni actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios [Esmad] y la fuerza pública dentro de los campus universitarios, y la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación pública superior en cualquier reforma a Ley 30) (El Espectador, 2 de octubre de 2018).
El componente financiero del pliego fue atendido parcialmente porque no contempló la demanda de condonación de deudas con el Icetex y el programa Ser Pilo Paga; el déficit presupuestal del SENA; el plan de pago de la deuda histórica de las universidades públicas; ni el aumento del presupuesto de Colciencias. Además, se dejó a voluntad de los entes regionales el traspaso de regalías cuyo monto depende del precio del barril de petróleo. Por estas razones, las organizaciones estudiantiles llamaron a seguir en paro y en las calles para presionar la instalación de una mesa de negociación intersectorial para abordar el pliego completo y convocaron a la marcha-carnaval “La muerte de la educación pública” el 31 de octubre
La mesa de diálogo se instaló el primero de noviembre con la participación de los representantes de las organizaciones estudiantiles y de profesores, y el Viceministro de Educación Superior con un equipo técnico. El 7 de noviembre, sin llegar a un solo acuerdo, se suspendieron las conversaciones. Los manifestantes ataron su reanudación a la presencia del presidente Duque, pero él no ha tenido tiempo para atenderlos porque, además de sus múltiples ocupaciones y viajes, ha estado recibiendo en palacio a deportistas y cantantes, entre los que se cuenta un reguetonero cuyas canciones han sido cuestionadas por objetualizar a las mujeres e hipersexualizar las relaciones entre seres humanos.
El presidente Duque demuestra, al desconocer las demandas de estudiantes y profesores, su convencimiento de haber hecho lo suficiente por la educación superior pública, y por ello le resultan intolerables las manifestaciones callejeras y las responde –con la anuencia de algunos alcaldes– con represión impartida por la fuerza pública. Desde el momento en que se suspendieron las conversaciones, se produjo un cambio radical de actitud del Esmad ante las manifestaciones estudiantiles: de la presencia discreta, del saludo de mano y de la entrega de flores, se pasó a acorralar a los manifestantes en los campus con bombas aturdidoras, chorros de agua y detenciones, y ahora el escuadrón es acompañado por la caballería que ayuda a intimidar y disolver las marchas.
Los estudiantes han recurrido a las tomas de entidades públicas, la fuerza pública continúa sitiándolos, los rectores amenazan con cancelar el semestre… Este es un círculo vicioso que trae a la memoria la aciaga época de finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, cuando las protestas estudiantiles fueron respondidas con la persecución a los manifestantes y con la difamación y cierre de varias universidades, cuyos campus fueron dejados al cuidado de la caballería. Esta situación generó nuevas movilizaciones que exigían reapertura y salida de la fuerza pública de las universidades y la liberación de estudiantes detenidos.
Además del manifiesto desinterés presidencial por el profesorado y el estudiantado de las IES, la propuesta de negociar con gobernadores la asignación de una parte de las regalías a estas instituciones para mejoramiento de infraestructura es también objeto de preocupación: ¿es, acaso, una estrategia gubernamental para desatar una pugna frontal entre comunidades educativas que reclaman el derecho a la educación pública, estatal y gratuita, y pobladores que exigen su derecho a un ambiente sano, a un hábitat digno y a disfrutar sus territorios libres de extractivismo minero-energético? Y, ¿cómo hacer realidad el sueño expresado en una pancarta sostenida por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en la Plaza de Bolívar que decía: “Queremos la biodiversidad protegida y la educación pública para todos”?
“Tengo que convencer al presidente Duque sobre el fracking”: MinMinas
La Ministra tendrá que convencer al Presidente de que la fracturación hidráulica (en inglés, fracking) se puede hacer de manera responsable y segura porque, en su programa electoral, Duque prometió que el manejo y la protección del agua serían centrales en la agenda ambiental de su gobierno porque de ello depende el desarrollo rural, la sostenibilidad de la producción agropecuaria y la mitigación de efectos de la industria y la minería.
Sin duda, la Ministra logrará convencer al Presidente, pero no a los pobladores de municipios donde se rumora que ya se está haciendo hidrofracturación o que están bajo la amenaza de que pronto se iniciará la explotación de hidrocarburos utilizando ese método. No está de más recordar que este proceso está condenado por el alto consumo de agua; por su impacto en la salud humana por los gases que emana; por los efectos que tiene sobre el medio ambiente, sobre todo en las fuentes de agua que quedan contaminadas por metales pesados y, posiblemente, por elementos radioactivos; por contaminar la atmósfera, y por alterar las placas tectónicas generando temblores.
“La jefe de la cartera de Minas considera que los impactos citados hacen parte de un discurso que estigmatiza al fracking y que carece de conocimientos técnicos y de información veraz”.
La jefe de la cartera de Minas considera que los impactos citados hacen parte de un discurso que estigmatiza al fracking y que carece de conocimientos técnicos y de información veraz. Advierte que mientras muchos municipios lanzan fuertes críticas contra la extracción petrolera y se abanderan del “No al fracking”, se benefician de sus regalías sin cuestionarlas4La FM, 26 de septiembre de 2018., y sostiene que con estándares regulatorios exigentes se pueden realizar fracturas hidráulicas de manera responsable5El Espectador, 13 de agosto de 2018. Pero, ¿en manos de qué institución (o instituciones) quedará la aplicación, seguimiento y evaluación de tales estándares, y cuál será el papel de las comunidades que habitan las zonas donde se llevará a cabo la extracción de hidrocarburos con esta técnica?
Los pobladores se rehúsan a ser convidados de piedra en la toma de decisiones sobre sus territorios y quieren que las autoridades escuchen sus preocupaciones sobre la hidrofracturación, así como las advertencias sobre los riesgos y las solicitudes de tener en cuenta el principio de precaución hechas por organismos internacionales y nacionales.
Desde cuando se anunció públicamente que en diecinueve de los 98 bloques para explotación de hidrocarburos ofrecidos en la Ronda Colombia 2014 se podría hacer fracking, iniciaron las movilizaciones en su contra y el Foro Nacional Ambiental, el Fondo Mundial para la Naturaleza (siglas en inglés WWF) y Dejusticia pidieron a MinMinas, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) una moratoria en la implementación del uso de esta técnica con base en el principio de precaución sobre los posibles riesgos de la práctica para la salud humana y el hecho que tal daño sería grave e irreversible.
Dos años después, en 2016, la Corporación Defensora del Agua, el Territorio y los Ecosistemas (Cordatec) convocó a varias protestas en San Martín (Cesar), el municipio donde la empresa estadounidense ConocoPhillips inaugurará esta práctica en Colombia. Por ello, la multinacional acusó a los campesinos de las zonas rurales de influencia del proyecto de ser opositores y enemigos de la llegada del empleo a la región.
En abril de 2018, la ANLA decidió suspender el trámite de varias licencias ambientales de proyectos petroleros en el Magdalena Medio por la tragedia ambiental causada por el derrame de petróleo emanado del pozo Lizama 158, entre ellas la del proyecto piloto de fracking de Ecopetrol entre Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Es probable que en esta decisión hayan tenido que ver las movilizaciones promovidas por campesinos, indígenas, comunidades afro y hasta pobladores urbanos pocos días después del derrame de esta excavación, en las que pidieron a Ecopetrol sepultar la idea de los pozos pilotos de fracking debido a los desastres ambientales que ya estaban causando en el país.
En 2018 se realizaron otras protestas en municipios de Boyacá donde la compañía polaca Geofizyka Torun pretende hacer estudios del subsuelo. Allí, las comunidades le expresaron a la empresa que no es bien recibida y que no le permitirán hacer prospección sísmica porque luego se le otorgará licencia de exploración con fines mineros y, posteriormente, vendrá la inevitable explotación de hidrocarburos. Ante la polémica que han despertado los estudios de exploración sísmica que se propone hacer esta empresa europea en doce municipios del departamento (en las provincias de Occidente, Centro y Ricaurte), el Vicepresidente Técnico de la ANH aseguró que la información que se obtendrá en ese proyecto no tiene nada que ver con fracturación hidráulica porque no hay licencias que lo aprueben (Boyacá Sie7e Días, 19 de junio de 2018).
Estas son apenas un par de muestras de la capacidad de lucha de las poblaciones cuando sienten amenazado su territorio y, en particular, sus fuentes de agua, entendidas como fuentes de vida. ¿Habrá posibilidades de que la Ministra de Minas y Energía escuche esos temores y actúe en consecuencia, sobre todo, después de que el Consejo de Estado suspendió los actos administrativos mediante los cuales el gobierno nacional fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, mediante estimulación hidráulica, mientras estudia una demanda de precaución? (Redacción Judicial, 2018).
Ahogados en deudas y sin agua
Entre el momento en que 117 municipios del país se enredaron con los ya famosos bonos de agua que prometían financiar proyectos de agua potable y saneamiento, hacia 2008, y hoy, 2018, la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep ha registrado 67 protestas en 30 de esos entes territoriales. Esas movilizaciones han denunciado la ausencia de acueducto y alcantarillado, por lo que parte de su población muere de sed o está inundada de aguas servidas, situaciones que requirieron en muchas oportunidades la declaratoria de emergencia sanitaria; han develado la incapacidad de las empresas prestatarias para proveer un servicio de calidad, y, lo que es peor, las muy pocas posibilidades de cambiar esa situación.
“La descertificación significa que esos municipios no pueden administrar los recursos sectoriales, ni adjudicarse nuevos compromisos con cargo a los mismos, y que los departamentos deben asumir la administración de las transferencias de ese sector”.
Treinta y cinco de los 117 municipios han sido descertificados por la Superintendencia de Servicios Públicos6Competencia otorgada por la Ley 1176 de 2007, como parte de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control del uso de los recursos del Sistema General de Participaciones en el sector de agua potable y saneamiento básico. por presentar problemas en la planeación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones en el sector de agua potable y saneamiento básico, y déficit en cobertura y calidad de prestación de esos servicios públicos, especialmente en áreas rurales. La descertificación significa que esos municipios no pueden administrar los recursos sectoriales, ni adjudicarse nuevos compromisos con cargo a los mismos, y que los departamentos deben asumir la administración de las transferencias de ese sector, giradas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Buenaventura, Valle del Cauca, el ente territorial que tiene el mayor saldo pendiente de la deuda por bonos de agua (según Vega Barbosa, 2018, $41.045.771.510, casi el doble del que tiene Bello, Antioquia, que ocupa el segundo lugar entre los deudores), también es el municipio donde se han registrado más protestas por la falta de agua, el pésimo servicio prestado por la empresa antioqueña Hidropacífico y el incumplimiento de promesas hechas tiempo atrás sobre la ampliación y adecuación del acueducto. Las protestas llegaron a tal punto que explotaron en un paro cívico en mayo de 2017 que duró 21 días para exigir el cumplimiento de un largo petitorio cuyo primer punto se refería al agua. Pero ya no se pidió como servicio público domiciliario, sino que se exigió la garantía de acceso al agua como un derecho humano fundamental.
Con el paro, los bonaverenses obtuvieron un fondo con 1,5 billones de pesos para invertir a diez años en un plan de desarrollo integral del distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura, administrado por el Ministerio de Hacienda (Ley 1872 de diciembre de 2017). Lo que aún no es claro es si buena parte de ese dinero se irá en pago de intereses y amortización de la inmensa deuda que tiene el puerto gracias a los bonos de agua.
Los pobladores de los municipios endeudados con los bonos de agua denuncian en sus protestas cortes del servicio de agua potable hasta por cinco meses; especulación de parte de los vendedores de agua en bidones; alza desmesurada de las tarifas y cobros de las mismas sin obtener el servicio, y parálisis de acueductos por cortes del suministro de energía por millonarias deudas con las electrificadoras regionales. Así mismo, añaden que se producen enfermedades por el consumo de agua de pozos y que hay retrasos en la construcción de acueductos y alcantarillados, muchas veces porque los trabajadores entran en huelga por el no pago de sus salarios. Otras de las denuncias incluyen inundaciones con aguas servidas que, de paso, contaminan cuerpos de agua; irregularidades en la propiedad de terrenos donde se construyó la infraestructura de los acueductos; descertificación por imposibilidad de pago de las deudas del sector de agua potable y saneamiento básico, y deficiente administración departamental de los recursos para este sector.
Queda claro que los bonos de agua, planteados como un mecanismo financiero que permitiría conseguir recursos para financiar infraestructura en agua potable y saneamiento básico a aquellos municipios que no tenían acceso a créditos, tienen “ahogada” a una buena parte de estos entes territoriales, que hoy no tienen cómo pagar las deudas ni cómo dotar de acueducto y alcantarillado a sus poblaciones, ya que el negocio de estos bonos amarró el pago de la deuda a la pignoración de los recursos del Sistema General de Participaciones. ¿Cómo solucionará este problema el Ministro de Hacienda?
Las protestas en zonas de cultivos de uso ilícito no son por mantener el negocio
Desde hace más de treinta años tenemos registros de movilizaciones contra el uso del glifosato y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep. La protesta más antigua es la del 20 de noviembre de 1986 en Magdalena, en la que cerca de dos mil campesinos e indígenas de la Sierra Nevada marcharon hasta Fundación para exigir la suspensión inmediata de las fumigaciones que afectaron sus cultivos de pancoger. En el otro lado del país, un par de años después, el 9 de octubre de 1988, los campesinos de Corinto, Cauca, se concentraron en la escuela del municipio para protestar por la fumigación con glifosato de 2500 hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito y para exigir asistencia técnica y créditos para sustituir sus plantaciones.
Las movilizaciones cocaleras en Colombia han sido constantes desde entonces, pero tres hitos muestran las erráticas prácticas del gobierno (discursivas y no discursivas) en este campo: 1. El fracaso del programa Plante denunciado por los cultivadores (1996), 2. La acusación de terroristas a los cultivadores (2011) y 3. La desidia gubernamental frente al cumplimiento del punto 1 “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” del Acuerdo de Paz firmado con las FARC, que más allá de incumplimiento se convirtió en negación de lo acordado (2017).
“Los campesinos cocaleros no se han cansado de insistir en que no se oponen a la sustitución de los cultivos de uso ilícito, pero sí a las fumigaciones aéreas y a la erradicación forzada”.
En 1996 en Simití, San Pablo, Cantagallo, Morales, Regidor, Río Viejo, Santa Rosa del Sur, Arenal, Morales, Magangué, San Martín de Loba, Barranco de Loba (Bolívar), Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís y San Miguel (Putumayo), Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Valparaíso, Solita, Curillo, Albania, San José de Fragua, La Montañita, Morelia, El Paujil y San Vicente del Caguán (Caquetá) protestaron por el fracaso del programa Plante. De acuerdo con el documento Conpes 2835, este programa estaba “orientado a brindar, a partir de la erradicación de los cultivos ilícitos, una alternativa económica de vida, dentro de la ley, a los pequeños productores de dichos cultivos” (DNP, 1996, p. 2). Con el Plante, el gobierno tenía la intención de lograr la sustitución de cultivos con base en la participación comunitaria, sin embargo, lo que denunciaban los manifestantes era que no existían políticas que propiciaran la producción agrícola, pues no veían en sus entornos arreglos de vías para sacar sus cultivos, ni acceso a servicios públicos (como energía y agua) ni sociales (como educación y salud). Y, sobre todo, los campesinos denunciaban que no tenían créditos blandos para reiniciar la producción a pesar de que las aspersiones aéreas acababan con sus cultivos de pancoger, contaminaban las fuentes de agua y ya empezaban a afectar su salud. En estas y en las siguientes marchas, los campesinos cocaleros no se han cansado de insistir en que no se oponen a la sustitución de los cultivos de uso ilícito, pero sí a las fumigaciones aéreas y a la erradicación forzada, pues “no es fácil cambiar de forma de sustento”, como dijo un manifestante en la protesta del 11 de noviembre de 2010 en Cúcuta, Norte de Santander y quedó registrado en la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep.
Entre 1996 y 2011 se realizaron cerca de 40 acciones de protesta básicamente por las mismas demandas, pero en el año 2011 a estas se les sumó la exigencia de no criminalización. El gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) habló de terroristas cuando las comunidades negras y afrocolombianas, indígenas y campesinos de los departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba, Chocó y Nariño protestaron para exigir la sustitución concertada, la reparación por la pérdida de sus cultivos de pancoger y de comercialización, y la exigencia de consulta previa en territorios étnicos antes de cualquier intento de fumigación aérea o de erradicación forzada.
Pero además en 2011 se revelaron las inconsistencias de la política agraria. El 21 de noviembre, en Tumaco, Nariño, pequeños y medianos palmicultores bloquearon la vía de entrada al municipio porque la fumigación con glifosato ultra (una composición química más fuerte) afectó los cultivos de palma aceitera.
Seis años después, en 2017, las movilizaciones cocaleras volvieron a aparecer como una constante del movimiento campesino. En los departamentos del Cauca, Antioquia, Cesar, Nariño y Norte de Santander se vivieron grandes movilizaciones porque se aceleró la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC (“Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”), sin haberse definido nada del punto 1. Sobre el paro del Catatumbo, la acción más larga de todas las del año, el gobierno afirmó que detrás estaban la guerrilla del ELN y bandas criminales. Esto fue un claro desconocimiento de los motivos de la protesta, pues las comunidades rurales han sido firmes en su decisión de sustituir cultivos, pero siempre y cuando se les garantice que podrán vivir de las nuevas siembras.
Del mismo año vale la pena resaltar el lanzamiento de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana en enero de 2017. Este proceso de organización, que está al frente (no detrás) de las movilizaciones del último año, recoge los más de treinta años de movilización y demuestra que se buscan vías de diálogo para solucionar el conflicto con los cultivadores.
A manera de cierre
La relación entre el gobierno del presidente Duque y la protesta social empezó muy mal. Como retrató este artículo, algunos miembros del gabinete (MinDefensa, MinEducación, MinMinas y MinHacienda) han dado muestras de no escuchar a las comunidades, las han acusado de estar influenciadas (y financiadas) por grupos armados, han pretendido solucionar problemas estructurales con paños de agua tibia, y, sobre todo, han criminalizado, deslegitimado y constreñido la movilización social, lo que tiene serias consecuencias. Durante todo 2018 han continuado las protestas contra la erradicación forzada y a favor de la implementación de la sustitución voluntaria acordada en La Habana. Sin embargo, al cierre de este artículo nos enteramos del asesinato de Luis Tarazona, décimo líder asesinado de Tibú y cuarto de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quien se destacó por sus luchas contra la minería en la región del Catatumbo y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. El asesinato de Luis Tarazona es resultado de palabras dichas y acciones que deslegitiman y estigmatizan la protesta social. Si bien este panorama de persecución no es reciente, el gobierno de Duque en sus primeros cien días ha profundizado el marco de persecución a quienes defienden el derecho propio y de sus comunidades a permanecer en sus espacios de vida y lucha.
Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Movimientos Sociales. Historiadora y magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en Geografía Humana del Colegio de Michoacán. Temas de Interés: movilización social, territorialidades, mujeres rurales, identidades y memoria.
Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo de Movimientos Sociales. Socióloga y magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Temas de interés: movilización social, procesos de urbanización, extractivismos, memorias.
