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¡Por el agua y por la vida!: conflictividades socioambientales y defensa territorial en el Tolima

EDICIÓN 97 OCT-DIC 2019

Se ha dicho que en las calles y caminos de las comunidades tolimenses se vive en una tensa calma, que se viven las paradojas de la paz. En los últimos años, tras la salida negociada a la confrontación armada entre el Estado colombiano y las FARC – EP, en algunas regiones del departamento del Tolima se perciben aires de tranquilidad. Sin embargo, en paralelo al ‘desescalamiento’ de las dinámicas violentas asociadas al conflicto armado han venido emergiendo nuevas conflictividades trascendentales para la vida en el Tolima.

La historia de este departamento ha estado íntimamente ligada a los ciclos de violencia que han marcado la vida nacional durante más de medio siglo1Autores como Gutiérrez (2014) hacen referencia a distintos ciclos de violencia en la historia nacional. Arranca a mediados de la década de 1940 con el periodo de la Violencia; y posteriormente, la guerra contrainsurgente desde mediados de los 60 en contra de las guerrillas de las FARC-EP (principalmente) y el ELN, la cual recientemente finalizó con la firma del Acuerdo Final con las FARC. (Gutiérrez, 2014), sumado a que en algunas de sus subregiones la confrontación armada entre distintas estructuras guerrilleras2En la historia política del Tolima han hecho presencia diferentes estructuras guerrilleras. Al sur del departamento desde mediados del siglo XX aparecieron las primeras guerrillas liberales y comunistas, siendo las últimas la base para la aparición de las FARC -EP; al norte del departamento tuvo presencia el ELN y al oriente del Tolima, inicialmente, el Frente Democrático de Liberación Nacional y, recientemente, las FARC – EP., grupos paramilitares y la fuerza pública marcaron la agenda pública por décadas; por lo que esta temática ocupó los principales titulares de prensa en los medios locales y lideró gran parte de los discursos políticos en cada escenario electoral. Actualmente, en la agenda pública se han visibilizado viejos conflictos sociales que han prevalecido en el tiempo, los cuales bullían bajo la superficie del conflicto armado, y a su vez han emergido nuevas conflictividades resultado de la transformación de las dinámicas territoriales y nacionales. La evidencia que deja la dinámica de las luchas sociales para la última década en el departamento —caracterizadas por el protagonismo de los hechos de protesta asociados a las exigencias para la garantía de derechos fundamentales y la resistencia de comunidades indígenas y campesinas a la instalación de proyectos extractivos de minerales, hidrocarburos y fuentes hídricas— dan cuenta del carácter y la dimensión de las conflictividades latentes y emergentes en el Tolima.

En el Tolima, según la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) del Cinep/PPP, se registraron en la última década alrededor de 177 hechos de protesta asociados a los motivos anteriormente descritos (Figura 1), los cuales se caracterizaron principalmente por el predominio de las luchas asociadas a temas ambientales con 86 hechos de protesta; seguido por los asociados a la defensa de derechos con 62 eventos; y, finalmente, 29 relacionados a las exigencias por servicios públicos e infraestructura. Así pues, para este caso nos ocuparemos de revisar los distintos conflictos socioambientales que tienen lugar en algunas subregiones del departamento, con la intención de destacar los retos que suponen estas conflictividades a quienes resultaron electos en la jornada electoral del pasado 27 de octubre, para las nuevas administraciones departamentales y municipales.

Figura 1.
Eventos de protesta por motivos ambientales, de derechos y de servicios públicos. Tolima 2008 – 2018

Fuente: BDLS – Cinep/PPP – Elaboración propia.

La intención de consolidar la matriz productiva del país alrededor del extractivismo como pilar fundamental de la economía se remonta a varias décadas atrás; sin embargo, desde mediados del segundo periodo del gobierno de Álvaro Uribe (2006 – 2010), los dos periodos de Juan Manuel Santos (2010– 2014 y 2014 -2018) y, actualmente, el gobierno de Iván Duque3Si bien desde la década de los 80 se registraron los primeros mega proyectos extractivos en el país, y fue durante el gobierno Pastrana que se hicieron ajustes estructurales a la política minera del país con la Ley 685 de 2001, al gobierno de Uribe se le atribuyen el génesis de la mayoría de conflictos socioambientales en el país, distintas fuentes sostienen que durante su administración se adjudicaron cerca de 8.000 títulos mineros nuevos y el número de hectáreas con títulos mineros pasó de 1,13 millones a 8,53 millones,(Ronderos, 2011) en su mayoría a empresas extranjeras, en el marco de una apuesta por generar confianza a la inversión extranjera directa; además, de los ajustes significativos a la normatividad fiscal minera relacionados con el régimen de regalías y tributario.(Rodríguez, 2007), se han intensificado las acciones para consolidar el paradigma del extractivismo como la locomotora del crecimiento económico del país. En esa línea, vale la pena describir un poco algunos de los conflictos socioambientales que han derivado de la puesta en marcha de estas políticas y la materialización de algunos proyectos de este tipo.

“ La intención de consolidar la matriz productiva del país alrededor del extractivismo como pilar fundamental de la economía se remonta a varias décadas atrás.”

De los 86 hechos de protesta asociados a temas ambientales en el Tolima desde 2008 hasta el 20184Se toma este periodo por dos razones: la primera razón es estratégica, en la cual se identifica al gobierno de Álvaro Uribe (dos periodos) como en el que se hizo más evidente la apuesta por un modelo de desarrollo sustentado en la producción minera (extractiva), y supone al 2008 como el año en el que en el Tolima ocurrieron dos hechos importantes relacionados a este hecho; sale a la luz el interés por explorar en La Colosa y la instalación de HidroAmoyá. La segunda es una razón meramente práctica sujeta al alcance de esta breve reflexión., los niveles más altos se registraron durante el 2014 (21) y, recientemente, en el 2018 (17). Al revisar por provincias, los mayores registros se dan en la provincia centro con 41 hechos, seguidos de la provincia sur (13) y la provincia de los nevados (10). Además, al analizar por tipos de lucha, se destacó que predominan las movilizaciones con cerca del 80 %, seguido de los bloqueos de vías y, finalmente, los paros.

Marcha carnava en Ibagué Fuente: Comité Ambiental Tolima

De La Esmeralda hasta La Colosa: minería en la provincia de Ibagué.

Para el caso de la provincia centro, los municipios de Cajamarca, Ibagué y Piedras tienen los registros más altos, asociados en la mayoría de los casos a las acciones de protesta en contra del proyecto de extracción minera a cielo abierto La Colosa, que pretendía explotar la empresa multinacional Anglo Gold Ashanti. Este proyecto actualmente se encuentra suspendido debido a los efectos jurídicos y sociales de las consultas populares de Piedras y Cajamarca5La consulta popular de Piedras se llevó a cabo el 28 de julio de 2013, en la que 2.971 votos fueron por el No a proyectos mineros de esta envergadura y 24 votos fueron por el Sí(Registraduría Nacional, 2013); mientras que en Cajamarca, se efectúo el 26 de marzo de 2017, donde el 97 % del censo electoral le dijo No a la explotación minera (Semana, 2017)., resultado de diez años de movilizaciones lideradas por el Comité Ambiental del Tolima y el Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca); estos líos jurídicos persisten hoy alrededor de los resultados de la consulta popular, lo que abre la puerta a reactivar el interés en el proyecto de Anglo Gold Ashanti (El Nuevo Día, 2019).

Ahora bien, en el caso de algunos municipios como San Luis se presentan registros más bajos de movilización, pero con un nivel de complejidad alto con respecto a los conflictos por los que se llevan a cabo estas movilizaciones. En este municipio, especialmente en el corregimiento de Payandé, se encuentra una de las minas a cielo abierto más antiguas del país, llamada “La Esmeralda”, explotada por la empresa cementera Cemex, que, según voceros de las comunidades, ha traído impactos ambientales severos como la contaminación, la disminución de caudales de fuentes hídricas, la reducción de la calidad del aire por la emisión de material particulado, y la desaparición de flora y fauna en los ecosistemas circundantes al proyecto. Todo esto ha suscitado marchas, bloqueos de vías y acciones jurídicas (El Nuevo Día, 2011), convocadas principalmente por organizaciones campesinas y comunales, como la Junta de Acción Comunal de las veredas La Flor y El Porvenir, y la asociación Nuevo Liderazgo Campesino(Pérez, Cortés, & Rodríguez, 2015).

Asimismo, emergen nuevas conflictividades relacionadas con la extracción de material de arrastre en los ríos Luisa y Coello (Pérez, Cortés, & Rodríguez, 2015), lo que afecta considerablemente no solo a los habitantes de San Luis, sino que además se convierte en una amenaza para las poblaciones del Guamo y Ortega. Actualmente, distintas organizaciones ambientalistas, campesinas y comunales han venido convergiendo alrededor de acciones de incidencia para poner en el debate público departamental la situación ambiental de la región (El Nuevo Día, 2017).

Figura 2. Vista satelital de mina “La Esmeralda”, centro poblado Payande y cantera Caracolí.
Fuente: Atlas de justicia Ambiental.

Centrales hidroeléctricas: la amenaza a los ríos ‘protegidos’ por las FARC-EP

Al sur del Tolima, la desactivación de las estructuras armadas de las FARC-EP6En caseríos y centros poblados de la ruralidad del Tolima, la ausencia de un actor que regule la cotidianidad de sus habitantes ha derivado en el incremento de hurtos a viviendas, en el acelerado consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y jóvenes, y en el aumento de las cifras de abuso sexual, feminicidios y otros homicidios relacionados a riñas vecinales (Semana Rural, 2019)., que ejercían control en la zona, ha implicado para los habitantes de la región la amenaza sobre sus fuentes hídricas ante la instalación de proyectos hidroeléctricos. La riqueza hídrica de la región estuvo durante años ‘protegida’ de proyectos de este tipo, pues la presencia de las FARC impedía el acceso de empresas nacionales o extranjeras a esta región y, adicionalmente, fungían como autoridades ambientales al impartir normas dirigidas al cuidado de ríos y quebradas, a la delimitación de zonas de tala de bosques, al cuidado de animales, etc. (Jhonson, 2019). La arremetida contrainsurgente del Estado a mediados de la primera década del siglo XXI significó para los habitantes de varios de sus municipios la entrada de proyectos hidroeléctricos como el proyecto HidroCucuana en Roncesvalles e HidroAmoyá en el corregimiento de San José de Las Hermosas (FIP, 2016), operados por EPSA e ISAGEN, respectivamente. Después de la firma del Acuerdo Final las comunidades del sur se han movilizado ante la amenaza de la instalación de nuevos proyectos en los corregimientos de La Marina (Chaparral) y Herrera (Rioblanco), y han optado por los bloqueos de vías ante el agotamiento de los canales institucionales, como los cabildos abiertos, debido a los incumplimientos de las autoridades ambientales y de la empresa Unión de los Andes a los compromisos adquiridos en estos espacios; así lo indica una líder ambiental de Chaparral (Las 2 ORILLAS, 2016):

“La riqueza hídrica de la región estuvo durante años ‘protegida’ de proyectos de este tipo, pues la presencia de las FARC impedía el acceso de empresas nacionales o extranjeras a esta región.”

(…) ahí se han hecho reuniones, movilizaciones, se hizo un cabildo abierto en el 2016, que nos marcó porque fue donde tuvimos un acompañamiento como de ocho cientos mil personas allá en La Marina, con indígenas y con asociaciones que llegaban de muchos lados a La Marina a apoyarnos a decirle NO a la hidroeléctrica y que están ahí diciéndonos “nosotros estamos con ustedes”, y pues el tema de la hidroeléctrica es que no solo a nosotros nos va a afectar, sino que además los indígenas están muy preocupados porque en la parte de abajo también van a estar afectados a medida que el río se vaya secando7Relato tomado de entrevista realizada en el marco del proyecto “Transformación de conflictos y paz territorial” adelantado por el Cinep/PPP..

Petróleo en zonas protegidas: comunidades Pijao y el Bosque Galilea

Las comunidades indígenas Pijao8Las comunidades de los resguardos de la Mesa Cucuana Santa Rita, Kiloka, Playa Verde, Pijaos de Cunirco, Bocas del Kumej, Pijaos de Taquilla y Guayaquil los Pijaos, del Pueblo Pijao de Ortega, Tolima. en el municipio de Ortega se han venido oponiendo a la explotación petrolera que realiza la empresa HOCOL S.A, con la exigencia del respeto por la consulta previa y los derechos de las comunidades que se han visto vulnerados por la ejecución del proyecto desde 1986. En el 2018, los cabildos de la zona ratificaron la minga permanente (ONIC, 2018) que se había declarado desde el 2016 en oposición a este proyecto, además, de manera complementaria, ante incumplimientos y falta de respuestas de las autoridades competentes han acudido a bloqueos de vías para impedir el acceso de funcionarios y equipos al campo petrolero. En otro caso, al sur oriente del departamento recientemente se hizo público el interés de la empresa brasilera Petrobras, por la exploración y la explotación de petróleo en el área del bosque Galilea (La Pipa, 2018), en la jurisdicción de los municipios de Villarrica, Dolores, Prado, Purificación, Cunday e Icononzo, situación que provocó que durante 2018 y 2019 el comité ambiental del sur y oriente del Tolima, junto a otras organizaciones defensoras de DDHH, impulsaran la convocatoria a consulta popular en los municipios en los que se encuentra el bosque de niebla más importante del departamento.

El caso del Tolima resulta paradójico, la potencia del movimiento social que tumbó proyectos mineros de escala internacional y que ha alentado una ola de movilizaciones por la justicia ambiental en todo el país, contrasta con el adormecimiento cómplice de la clase política del departamento. Ante esta situación y las particularidades de cada caso, surgen cuestionamientos sobre el papel de cada actor involucrado de cara a la dinámica de estas conflictividades. En cuanto a la institucionalidad, las alcaldías y los concejos municipales, estos tienen el reto de tramitar efectivamente las demandas de una base social que en su mayoría exige modelos de ordenamiento territorial que respondan a su visión de territorio y el direccionamiento de programas de desarrollo económico que se fundamenten en la producción agrícola y pecuaria de cada municipio. Esto podría suponer otro reto, relacionado con la apertura de escenarios de participación que involucren a las distintas plataformas sociales en la construcción de estos instrumentos de planeación; en un contexto donde alcaldes y alcaldesas deben conciliar las políticas nacionales que chocan política y técnicamente con las realidades territoriales en cada municipio.

Asimismo, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) tiene el reto de involucrar a las comunidades en la construcción de nuevos modelos de gobernanza ambiental que reconozcan efectivamente las experiencias locales y las representaciones de las comunidades relacionados con la naturaleza, lo que podría aumentar la representación de estos sectores en los consejos directivos y demás espacios de toma de decisión de la entidad; en ese orden, actuar con transparencia en los trámites para el otorgamiento de licencias y el manejo de recursos puede contribuir a generar confianza en las comunidades locales.

En cuanto a las organizaciones sociales, principalmente se perfilan tres retos importantes: primero, el sostenimiento de su base social que pasa por la innovación en repertorios y escenarios de las luchas sociales y el involucramiento en la toma de decisiones a las comunidades cuando se han alcanzado curules en concejos municipales y asamblea departamental; segundo, los ejercicios de valoración crítica del trabajo propio, lo que podría contribuir a mejorar en las formas de actuar al momento —aquí la sistematización de las prácticas propias podrían contribuir a identificar las potencialidades y los aspectos a mejorar en cada organización—; y tercero, persistir en la articulación con otros actores a nivel nacional e internacional para visibilizar las vulneraciones a los DDHH que se presentan en el marco de estas conflictividades.


Politólogo, especialista en gerencia de proyectos. Temas de interés: territorialidades, conflictos socioambientales, educación y territorio, resistencias yconstrucción de paz. Investigador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP.