Violencia en el Cauca y territorialidades sociales

EDICIÓN 111 MAY-AGO 2024

Hablar del ¨recrudecimiento¨ de la violencia en el Cauca se convirtió en un lugar común y vacío de sentido. El escalamiento de las acciones violentas durante los meses recientes, ha apuntalado la idea de un incremento inusitado y generalizado del fenómeno en el departamento. Sin embargo, es un estado de cosas, cuyas causas responden a unas dinámicas de gobernanza territorial, que no han sido atendidas.

El pasado 17 de marzo de 2024, el Presidente decretó la suspensión del cese bilateral del fuego con las disidencias agrupadas alrededor del Estado Mayor Central (EMC) en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo[1], la confrontación entre los distintos grupos armados ilegales ha tenido profundas afectaciones en la población civil, principalmente rural.

La persistencia de la violencia en el Cauca se debe a la disputa entre grupos armados ilegales, cuyo crecimiento y consolidación responde a su vez al debilitamiento de las territorialidades sociales en el departamento. Así pues, el afianzamiento de una estructura de gobernanza armada, sostenida en la disputa entre grupos armados, y el control territorial asociado a economías ilegales, se ha abierto paso a costa del debilitamiento de una estructura de gobernanza social —étnica y campesina— del territorio.

El punto de partida para el análisis, es la firma del Acuerdo de Paz de 2016, por considerarlo el momento bisagra para que el Estado impulsara un proceso de transformación territorial. Sin embargo, esto no sucedió, y desde entonces se ha visto un aumento en los diferentes índices de medición de la violencia en el departamento, los cuales, en todo caso, no han seguido un patrón regular.

El fenómeno de la violencia en el Cauca no puede leerse de manera unidimensional; esto es, solo a través de la óptica de la tasa de homicidios, pues la violencia que ejercen estos grupos armados se manifiesta de diferentes formas, no siempre lineales o coincidentes. Por lo anterior, hemos tomado seis (6) variables de análisis: a) tasa de homicidios, b) extorsiones, c) acciones terroristas, d) secuestros, e) amenazas, y f) victimizaciones individuales, relacionadas con violencia política; y las hemos proyectado para el período 2016-2023.

Lo primero que se advierte, es que la tasa de homicidios por cien mil habitantes en el Cauca es considerablemente superior respecto de la medida nacional: entre +12 y +26 puntos. Para el año 2019 -el pico más alto- esto significa que, en promedio, murieron el doble de personas que en el resto del país (Gráfica 1).

Gráfica 1. Tasa de homicidios por cien mil habitantes en el Cauca (2016-2019)

Entre 2018 y 2019, aconteció el mayor aumento de homicidios en el Cauca. Desde 2018, el número de homicidios nunca fue inferior a 532 por año, siendo 2019 el año de mayores asesinatos (732); y desde el 2019, la cifra de homicidios supera los 700 por año, lo que indica que la tasa se ha mantenido alta y constante. Este pico parece coincidir con las cifras del CINEP respecto a victimizaciones individuales por violencia política, ya que en 2019 se registraron 723 casos, el número más alto en todo el período (Gráfica 2).

Gráfica 2. Número de victimizaciones individuales relacionadas con violencia política en el Cauca (2014-2023)

Por su parte, las extorsiones han tenido un comportamiento oscilatorio, teniendo dos períodos de crecimiento (2016 a 2018 y 2021 a 2022), así como un período de decrecimiento (2018 a 2021). Recientemente, el número de extorsiones se ha mantenido constante entre 2022 y 2023 (435) (Gráfica 3).

Gráfica 3. Número de homicidios y extorsiones anuales en el departamento del Cauca

El mayor número de acciones terroristas -por amplia diferencia-, se registró en el 2020 (50), una situación llamativa, pues corresponde al año de la pandemia del COVID-19, cuando el Gobierno decretó las restricciones en la movilidad de las personas. Así mismo, en 2023 se registró el menor número de acciones terroristas de los últimos siete años (Gráfica 4).  Los secuestros, en contraste, experimentaron un decrecimiento importante entre 2018 y 2019 (más de la mitad), pero luego presentaron un crecimiento hasta 2023, siendo el año en el que más secuestros se registraron desde 2016 (27).

Gráfica 4. Número de acciones terroristas y secuestros anuales en el departamento del Cauca

Las amenazas registraron un crecimiento exponencial entre los años 2016 y 2018. Este período está sucedido por otro con una caída exponencial del fenómeno, entre 2018 y 2020, para luego empezar una nueva fase de crecimiento sostenido (2020 a 2023), en la cual las amenazas ascendieron progresivamente, hasta superar las 2.950 en el 2023. Esta tendencia no parece que vaya a disminuir, y por el contrario, va en aumento (Gráfica 5).

Gráfica 5. Número de amenazas anuales en el departamento del Cauca

Como se evidencia, el fenómeno de la violencia en el Cauca no sigue un patrón definido o uniforme. Las distintas dinámicas asociadas al ejercicio de la violencia tienen comportamientos disímiles, lo que podría ser el reflejo de un escenario caótico de la confrontación entre los grupos armados, en el que todavía no se impone un actor sobre los otros, pero sí toma forma una estructura de gobernanza territorial armada.  

En resumen, entre los años 2016 y 2018, crecieron rápidamente las amenazas, las extorsiones y también los secuestros (en menor grado). Esto se podría explicar por el proceso de penetración de los grupos armados en el territorio, copando el vacío dejado por las extintas FARC-EP. Esto dio paso a un momento posterior de confrontación abierta entre los grupos armados, en el que buscan agrupar la atomización de las expresiones armadas. Podríamos ubicar este segundo momento entre 2019 y 2020. El 2019 presentó la mayor tasa de homicidios en los últimos siete años, que coincide con la conformación de la ¨Segunda Marquetalia¨ por parte de ex comandantes firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, mientras que en 2020 se presentó el mayor número de acciones terroristas en el departamento.

Para afianzar su control territorial, los grupos armados dislocan las estructuras sociales de gobernanza territorial. No olvidemos que la suspensión de la tregua del Gobierno con el EMC, fue motivada por el asesinato de la Mayora indígena Carmelina Yule Pavi del Resguardo de Toribío. En 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales y defensores de DD. HH en todo el país; el Cauca lideró esta lista con 36 homicidios (Defensoría del Pueblo, 9 de enero de 2024).

La respuesta del Gobierno para recuperar el control territorial en el departamento es la Misión Cauca, una estrategia de intervención territorial, coordinada por el Departamento Nacional de Planeación, en la cual convergen Ministerios, la Gobernación, las alcaldías, agencias de cooperación, entre otros actores, con el objetivo de implementar un conjunto de acciones conducentes a la transformación social del departamento[3].

La Misión Cauca se plantea como una intervención integral, con un componente militar y uno de inversión social. El rol protagónico lo tendrán las Fuerzas Militares, a quienes además de combatir a los grupos armados, el Presidente les encargó la construcción de las obras públicas, por ejemplo, carreteras, hospital, escuelas, sedes universitarias y acueductos, así como un Puerto para la región. 

Si bien la Misión Cauca no cae en la falsa dicotomía entre botas y fusiles o inversión social y bienes públicos, parece reproducir el enfoque centralista de ¨llevar el Estado¨ al Cauca, en lugar de ¨construir el Estado¨ desde el Cauca. Esto último, mediante el impulso y fortalecimiento a las figuras de ordenamiento territorial, que se han configurado históricamente en este departamento, a saber: Resguardos Indígenas, Territorios colectivos de Consejos Comunitarios afro, Zonas de Reserva Campesina, y más recientemente, los Territorios Campesinos Agroalimentarios, todas las cuales son reconocidas dentro del marco normativo y constituyen la piedra de toque para la construcción del Estado en un territorio como el Cauca. 

Desafortunadamente, esta segunda visión se ha ido desdibujando. Por paradójico que parezca, el departamento del Cauca, con un índice de Gini de propiedad de la tierra de 0,8717, no ha sido focalizado para la implementación de la reforma agraria. El actual Gobierno definió 82 núcleos territoriales de reforma agraria en el país, y ninguno de estos se localiza en el Cauca. Así como tampoco se ha declarado hasta ahora, ninguna Zona de Protección para la Producción de Alimentos en el departamento[4].

En lo que se refiere a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), el Gobierno Petro imprimió un ritmo acelerado a su constitución. En lo corrido de su administración, se han constituido siete (7) nuevas ZRC[5], el mismo número de ZRC que fueron establecidas en un período de 25 años.  Sin embargo, en el Cauca, el departamento del país con más solicitudes (14), no se han concluido estos procesos (La Silla Vacía, 3 de mayo de 2023).

En esa misma línea, es preciso advertir que la consolidación de una estructura de gobernanza armada, tiene lugar en un escenario de alta conflictividad territorial, no resuelta en el departamento. La ANT (2023) tiene identificado un universo de 168 casos de conflictos, asociados al uso y tenencia de la tierra en el país, de los cuales el Cauca reporta 31 de ellos, siendo el departamento que más casos registra, doblando al segundo departamento que es Meta con 15 (Gráfica 6).

Gráfica 6. Distribución por departamentos de conflictos territoriales identificados por ANT (2023)

Al revisar los 33 casos de conflictividad territorial que reportó la ANT, se pudo establecer 24 situaciones de conflictividad diferentes (Tabla 1). El conflicto territorial más frecuente en el Cauca tiene que ver con la Oposición campesina a la constitución/ampliación de Resguardo Indígena (5); seguido de Ocupación de indígenas en predio de particular (3); y Ocupación de indígenas en predio adjudicado a campesinos (3).

Tabla 1. Conflictos territoriales identificados por la ANT en el Cauca

En este escenario de conflictividad territorial, las territorialidades sociales no logran asentarse como parte de una estructura de gobernanza territorial y se ven expuestas y subordinadas al poder del actor armado.  En ese sentido, el Gobierno central debe entender que el fomento y reconocimiento de estas figuras de ordenamiento territorial, no es una cuestión puramente reivindicativa o simbólica, sino que tiene importantes implicaciones en la gobernabilidad y estabilidad de dichos territorios. La discusión sobre la violencia y la paz en el Cauca, no puede ignorar esta dimensión territorial de fondo, y reducirla a una cuestión sobre suspender o reanudar un cese al fuego. Si la intención es erradicar una trepidante estructura de gobernanza territorial armada, ¿con qué tipo de modelo de gobernanza del territorio se va a reemplazar?  

Referencias

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[1] Alertas Tempranas No. 005-24, No. 013-24, No. 005-23.

[2] Estadística Delictiva. Policía Nacional de Colombia. https://www.policia.gov.co/estadistica-delictiva

[3] La Misión Cauca fue lanzada el pasado 21 de junio de 2024 en Popayán, y contempla 117 iniciativas focalizadas en 7 subregiones, entre las que se encuentran el acceso a agua potable, alcantarillado, saneamiento básico, proyectos productivos, garantía del derecho a la salud, vías terciarias y educación (DNP, 21 de junio de 2024).

[4] A la fecha se han declarado solamente dos Zonas de Protección para la Producción de Alimentos, siendo en La Guajira (La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo) (Resolución 230 de 2023 del MADR); y en la Provincia Sabana Centro en Cundinamarca (Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá) (Resolución No. 000507 de 2023 del MADR).

[5] Las ZRC constituidas desde agosto de 2022 a la fecha son: Sumapaz (Bogotá); Losada Guayabero (Meta); Guejar-Cafre (Meta); La Tuna (Cauca); Togüí (Boyacá); Venecia Parte Alta (Cundinamarca); y Tuluá (Valle del Cauca).  Si bien la ZRC La Tuna, localizada en la bota caucana, se constituyó por parte del Gobierno Petro, este era un proceso muy avanzado en administraciones anteriores, y solo faltaba su aprobación por parte del Consejo Directivo de la ANT.