Mucho se ha hablado en estos últimos meses de que hay una oleada de protesta en América Latina, e incluso se ha usado la ya manida expresión de una “primavera” en la región. Estas apreciaciones surgen de la visibilidad de las inmensas movilizaciones en Ecuador entre el 2 y el 13 de octubre, las de Chile iniciadas el 6 de octubre que aún continúan1Ver los artículos sobre estos dos países en este mismo número de Cien Días., las de Bolivia que en forma contradictoria brotaron en torno a la reelección de Evo Morales el 20 de octubre, y lo visto en Colombia desde el 21 de noviembre. Pero está un poco temprano para hablar metafóricamente de estaciones anímicas y o de oleadas de comportamiento, y menos concentrarlas en los últimos tiempos, pues si algo salta a la vista es que no arrancaron en octubre, algunas vienen de inicios de este año, cuando no de tiempo anterior. Tal es el caso de Haití, que desde febrero está oponiéndose a la corrupción encarnada en el presidente Jovenel Moïse. En Honduras la gente salió a las calles desde agosto por algo similar contra el mandatario Juan O. Hernández, mientras la movilización ciudadana de Puerto Rico, por el mismo tiempo, tumbó al gobernador Ricardo Roselló. La agitación también se ha dado en el Perú por el cierre del congreso, acusado de corrupto, en un golpe de sabor fujimorista del presidente Martín Vizcarra a inicios de septiembre, sabor que se acentúa con la salida de la cárcel de Keiko Fujimori. En Argentina recientemente ganó la presidencia la fórmula peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, mientras del otro lado del río de La Plata en Uruguay el Frente Amplio perdió el poder ante el candidato conservador Luis Lacalle. Y en Brasil las barbaridades del presidente Bolsonaro han causado conmoción cuando no estupor, mientras la salida de prisión de Lula promete agitar de nuevo al gigante latinoamericano. Esto para no dejar de lado las ya conocidas movilizaciones en Venezuela, a favor o en contra del gobierno de Maduro, y las de Nicaragua desde abril del año pasado, contra la dinastía de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sin duda la agitación social y política en América Latina, que viene de hace un tiempo pero se ha incrementado en los últimos meses, es un fenómeno transnacional y continental. Sin embargo, este fenómeno no responde a que haya un complot internacional convocado por “tenebrosos agitadores” financiados por el Foro de Sao Paulo o por Maduro directamente, y menos agenciado por migrantes pobres venezolanos acusados de castro-chavistas o por exguerrilleros de las Farc supuestamente regados por nuestra geografía. Sin duda, tiene una dimensión continental no solo porque compartimos procesos históricos desde la invasión europea y la construcción de diversas formas de colonialismo que todavía nos subyugan, sino porque enfrentamos problemas comunes recientes en torno al neoliberalismo con sus privatizaciones, desregulación laboral y aumento de la brecha social; la precariedad democrática y la crisis de representación de los partidos políticos; el narcotráfico y la violencia cada vez menos soterrada contra lideres sociales. Incluso se puede reconocer que hay repertorios y modalidades de protesta que han circulado por las redes sociales, pero que se usan con particularidades nacionales. Tal es el caso de los cacerolazos, para nada nuevos en el continente, pero revividos ahora con un signo político distinto o el performance chileno contra la violencia de género, que se ha vuelto viral. También son comunes ciertas modalidades de saqueo y de ataque a espacios públicos, pero sobre todo de represión oficial. Porque si algo ha sido generalizado en el continente en este tiempo, ha sido no solo el despertar del pueblo, sino de formas brutales de represión, independientemente del color político de los gobiernos.
En este artículo nos queremos concentrar en la riqueza de demandas enarboladas por la gente en las masivas marchas del 21 de noviembre y días siguientes en Colombia, lo que da cuenta no solo de la multiplicidad de actores que convergieron en las protestas, sino de la cantidad de reclamos provenientes de distintos ámbitos espaciales y sectoriales, que desbordan cualquier intento de centralización de la protesta proyectándola más allá de un listado reivindicativo de corto plazo hacia un horizonte de cambios estructurales. En esto nos acercamos a los vecinos latinoamericanos, pero con particularidades debidas a nuestro contexto nacional. Veamos.
1. Pliego de peticiones
La actual coyuntura de movilización social que inició el 21 de noviembre empezó con la convocatoria a una jornada nacional de protesta lanzada por el Encuentro Nacional de Emergencia del Movimiento Social y Sindical. Dicho encuentro, que se realizó en Bogotá el 4 de octubre del presente año, fue presidido por el Comando Nacional Unitario (el conjunto de centrales sindicales junto a las organizaciones de pensionados) y por representantes de diversas organizaciones sociales, como las estudiantiles Uness y Acrees, el Cric, la Onic, la Cumbre Agraria y más de cien organizaciones sociales. En una serie de encuentros previos al 21 de noviembre, se conformó el Comité Nacional de Paro, compuesto por el Comando Nacional Unitario y un representante de cada organización presente el 4 de octubre.
Los motivos del paro, como los concebían originalmente los convocantes, estaban claros desde inicios de octubre; se trataba de rechazar lo que denominaron el “paquetazo” de Duque y de exigir el cumplimiento integral de los acuerdos de paz y de los demás acuerdos con sectores sociales. El “paquetazo” se refería a un conjunto de iniciativas gubernamentales (algunas anunciadas y otras ya en curso) tendientes a profundizar el neoliberalismo2Ver la declaración del Encuentro Nacional de Emergencia del 4 de octubre https://www.polodemocratico.net/nuestras-noticias/103-nacionales/13658-declaracion-del-encuentro-nacional-de-emergencia-del-movimiento-social-y-sindical-4-de-octubre.
Respecto a las reformas anunciadas, miembros del gabinete de gobierno y representantes gremiales afines al uribismo revelaron los posibles contenidos de la reforma laboral y la pensional. La laboral permitiría la contratación por horas, el pago a los jóvenes por debajo del mínimo y el establecimiento de un salario mínimo diferencial por regiones, continuando así con la política absolutamente fracasada de reducir los costos laborales como herramienta para generar empleo y reducir la informalidad. Y la pensional implicaría aumentos en la edad de pensión y en la cotización así como la eliminación del régimen público de prima media y la obligatoriedad del sistema de ahorros individual, lo que implicaría la subordinación del derecho a la pensión a los intereses de los dueños de los fondos privados de pensiones.
Otras iniciativas ya se encontraban en curso, como la creación de un “holding financiero” estatal con 19 entidades del sector público, medida que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo y que, para los convocantes del paro, implicaba una posible masacre laboral en dichas entidades así como la trasformación de la estructura corporativa de las empresas estatales en función de su privatización futura. De igual forma, denunciaban otros artículos ya aprobados del Plan Nacional de Desarrollo que implicaban elementos velados de reforma laboral y pensional. Respecto al proceso de paz, los convocantes le exigían al gobierno el cumplimiento de los acuerdos, el respeto a las instituciones emanadas del mismo, y medidas urgentes para detener el asesinato de líderes sociales y de excombatientes. Sin embargo, el pliego que el Comité Nacional de Paro presentó al presidente Duque el 26 de noviembre, tras varios días de movilizaciones que desbordaron las expectativas de los convocantes y del gobierno, incluyó exigencias adicionales como la eliminación del Esmad y la depuración de la policía, la definición de las políticas ambientales con las organizaciones del sector, el trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción, y el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados con estudiantes, indígenas, campesinos, maestros y otros sectores sociales3Ver pliego presentado al presidente: http://www.paronacional.com/agenda-del-comite-nacional-de-paro-con-presidencia-de-la-republica/.
2. La multiplicidad de demandas previas4Fotografías de Martha Cecilia García V. Tomadas en Bogotá el 21 de noviembre de 2019.
El Paro Nacional, desde el primer día, concitó la presencia de múltiples sectores sociales que desplegaron una enorme diversidad de demandas que no estaban (y no están) contempladas en el pliego de peticiones, como vimos en el acápite anterior. Este es un hecho frecuente en los paros cívicos5sí puede constatarse en la información recopilada en la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) del Cinep y en los análisis que sobre los paros cívicos realizaron Medófilo Medina, Alvaro Delgado, Javier Giraldo, Santiago Camargo, Pedro Santana, Camilo González, entre otros. por las características de los mismos: no es un solo actor el que convoca sino una convergencia de actores sociales, lo que posibilita la participación de una miríada de sujetos sociales. No hay una sola demanda sino un conjunto de reivindicaciones que, en ocasiones, logran articularse en petitorios acotados pero, casi siempre, se expresan grupos sociales cuyas vindicaciones exceden por mucho los marcos de petitorios concertados. Y es que los paros generales, antes llamados cívicos, son entendidos por muchos como la ocasión propicia para pedir lo suyo, se conciben como paraguas bajo los cuales cabe la expresión de disensos, necesidades, carencias, aspiraciones y sueños.
Las demandas presentadas el 21 de noviembre (21N) tienen una larga historia. Algunas mostraron el cansancio por asuntos irresueltos o agravados, pero de larga data. Pusieron en evidencia que la copa se ha rebosado, que no se aguantan más situaciones de inequidad, violencia, injusticia. Aquí se hará referencia a algunas demandas, que tuvieron expresión previa al 21N, apoyándonos en información de la BDLS.
Esta pancarta recordaba que del 5 al 12 de agosto de 2019, una Caravana humanitaria se desplazó desde Medellín hasta Riosucio (Bajo Atratato), con el objetivo de visibilizar la grave crisis humanitaria y el abandono estatal que padece esta zona del país. En ella participaron 38 brigadistas internacionales provenientes de 12 países, representantes de más de 70 organizaciones nacionales, pobladores locales y líderes sociales.
Poco antes, el 9 de julio de 2019, en Riohacha, durante la Audiencia Pública Regional sobre “Conflictos ambientales y vulneración a los derechos a la salud, agua, soberanía alimentaria y a la participación”, convocada por los senadores Jorge Robledo, Iván Cepeda, Aída Avella, Alberto Castilla, Feliciano Valencia y el representante Alexander López Maya, indígenas wayuú vecinos del arroyo Bruno en Albania, gritaron la consigna “Queremos salud, no carbón”. Comunidades étnicas y campesinas de La Guajira hacían un llamado para que el gobierno frenara el proyecto de Carbones del Cerrejón6El conjunto de todas las centrales de carbón del planeta consumen una cantidad de agua equivalente al de mil millones de personas, y estas centrales ejercen una enorme presión sobre las principales cuencas hidrográficas del mundo y sobre las poblaciones que viven en sus inmediaciones, afirmó Greenpeace en su informe “La gran apropiación del agua: cómo la industria del carbón está agravando la crisis global del agua”, 2019. de desviar el arroyo Bruno para sacar carbón de su lecho porque, como expresó la lideresa wayuú Aura Robles: “Tristemente el arroyo Bruno entra al complejo minero y no saldrá de allí. Nos están matando porque no tenemos agua, nuestros campos ya no los tenemos nosotros por eso necesitamos que liberen el arroyo y dejen de sacar carbón en La Guajira”. Eso también es violencia como reza la pancarta.
Durante el segundo semestre de 2019, ambientalistas y colectivos escénicos llevaron a cabo movilizaciones en Bogotá y Pasto para rechazar la tragedia ambiental ocurrida en la Amazonía, producto de los incendios forestales a gran escala, tomar conciencia de la catastrófica deforestación del pulmón del mundo, y reclamar al gobierno de Jair Bolsonaro una acción urgente ante el daño. También solicitaron al gobierno de Duque que cumpla los compromisos del Acuerdo de París, encaminados a proteger áreas de especial cuidado ambiental.
En el primer año de gobierno de Duque se han llevado a cabo cinco movilizaciones campesinas contra el uso de glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito y, de paso, exigir el cumplimiento del Punto Uno del Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral, plan de sustitución voluntaria, gradual y concertada con los pequeños sembradores de coca.
Durante el primer semestre de 2018 se realizaron seis protestas contra el fracking y para pedir a Ecopetrol que sepultara la idea de abrir pozos pilotos con esta técnica. Y tras una protesta en Caldas, Boyacá, de cientos de campesinos del norte de Cundinamarca y Boyacá en contra del inicio de la exploración de hidrocarburos con la técnica del fracking en esa región, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que allí no se tenía previsto desarrollar ninguna actividad con la técnica del fracking.
Detener el asesinato de líderes ambientales y sociales, la protección de los páramos, el agua y el respeto a las consultas populares también fueron motivos para que los ambientalistas salieran el 21 de noviembre a las calles.
Niñas, niños, adolescentes también marcharon el 21 de noviembre para recordarnos que tan solo entre 2018 y 2019 se han registrado 14 movilizaciones, nueve de ellas en lo que va corrido de este gobierno, en las cuales se denunció el maltrato y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, incluidas la explotación sexual, la violación sexual y en cinco movilizaciones se denunció que tal violencia terminó en asesinato. Los hechos ocurrieron en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Maicao, El Retorno, San Martín y Sibundoy.
Entre 2018 y 2019, 39 movilizaciones han ocurrido para denunciar la violencia de género y feminicidios, y para develar que la guerra contra las mujeres ha arreciado. El artículo de Daniela López “Por el derecho a existir: No más feminicidios”, en esta misma revista, da cuenta del aumento de las denuncias de este tipo de violencia en contra de las mujeres.
Una de las poblaciones más afectadas por el desconocimiento de su “otredad” es la LGBTIQ. Entre 2018 y 2019 realizó siete manifestaciones y en todas pidieron no ser discriminada. En enero de este año, en Cali, la población transgénero realizó “La Marcha de lxs Indignadxs” para protestar contra los seis asesinatos de miembros de esta colectividad ocurridos en los primeros días del año, y para exigir que no haya más impunidad en esos crímenes. En julio de 2019, colectivas trans convocaron a la movilización “Yo marcho trans” en un intento de diferenciarse de los colectivos LGB, y para ratificar su petición de no ser discriminados.
El paro nacional 21N también ha posibilitado la expresión de inconformidades locales y particulares de ciertos sectores sociales. Por ejemplo, los recicladores de Bogotá se manifestaron el 21 de noviembre y recordaron protestas anteriores. El 21 de mayo de 2019, asociaciones de recicladores de Bogotá hicieron un plantón ante el SuperCade para pedir a la administración distrital que les amplíe el plazo para poder cumplir con las normas urbanísticas que les exige para la regularización de bodegas: que tengan más de 12 metros de ancho, lo que dicen es imposible. Planeación Distrital les dio 11 meses más de plazo.
En el sector académico, desde finales de septiembre de 2019, estudiantes de la Universidad Distrital protestaron contra la corrupción en ese centro educativo, tras conocerse públicamente que un exdirector de Extensión de esa institución aparentemente utilizó una tarjeta de crédito a nombre de la universidad para realizar compras personales. A comienzos de noviembre se declararon en paro indefinido y protestaron en la Alcaldía de Bogotá para pedir acciones concretas frente a los actos de corrupción. Simultáneamente, varios alumnos de esa misma universidad se tomaron la sede principal de la Distrital, como parte de su protesta por esos manejos irregulares. La represión a esas marchas involucró a estudiantes de la Universidad Javeriana que solidarios se sumaron a las protestas. Esto produjo un significativo acercamiento entre estudiantes de instituciones de educación superior privadas y públicas, algo que también continuó en el 21N.
La petición de desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no es nueva. Sobre todo, la muerte de indígenas y estudiantes a manos de miembros de ese escuadrón policivo ha incentivado esta petición734 muertos por la acción de agentes del Esmad en 20 años de creación de ese cuerpo policial. ONG Temblores, “Silencio oficial: un grito aturdido de justicia en el marco de los veinte años del Esmad”. El Espectador, 2 de diciembre de 2019, pg. 4.. A lo que se sumó el rechazo por la violencia con la que fueron reprimidas las marchas estudiantiles del semestre anterior, en especial en Popayán donde el estudiante de música de la Universidad del Cauca, Esteban Mosquera, perdió un ojo por la explosión de una bomba aturdidora lanzada por un agente del Esmad. Luego, desde finales de septiembre de 2019, universitarios marcharon para ratificar la petición de desmontar ese cuerpo policial, después de la manera violenta como intentaron acallar una manifestación de la Universidad Distrital con la que se solidarizaron estudiantes de la Universidad Javeriana. Durante las actividades del paro nacional de noviembre, esta demanda no cesó de aparecer y se intensificó esta petición tras la muerte del estudiante Dilan Cruz a manos de un agente del Esmad el sabado 23 de noviembre en Bogotá.
Hubo otras protestas referidas a acciones policivas previas a la jornada del 21N: en concreto 27 diligencias de allanamiento que adelantó dos días antes del paro, la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en distintas ciudades del país, a medios alternativos y universitarios de comunicación, a centros culturales y colectivos artísticos a lo que se sumaron amenazas colectivas de distintos tipos que intentaban infundir miedo y frenar la movilización nacional. Pero ello tuvo un efecto contrario y hasta los títeres salieron a protestar:
“¿Quiénes somos?
¡Los títeres!
¿A qué vinimos?
¡A marchar!”
Muchos carteles como este se han visto durante las dos semanas que lleva el paro nacional. En ellos se expresa la intención de no parar el paro “hasta que la dignidad se haga costumbre”, lo que debe pasar por un diálogo que se base en escuchar los reclamos sociales.
De esta forma hemos mostrado la riqueza de demandas expresadas en el 21N y días siguientes, muchas de las cuales no figuran en los pliegos presentados al gobierno ni tampoco en la mayoría de las agendas de organizaciones sindicales y sociales. Pero aquí no acaba el desborde de la protestas de estos días en Colombia.
3. El 21N en otros escenarios
Además del Paquetazo y del protagonismo de las ciudades principales, el Paro Nacional del 21 de Noviembre y días siguientes, tuvo dimensiones regionales y sectoriales que muestran la necesidad de hacerlos más visibles, comenzando por señalar que no fue una movilización exclusivamente urbana.
Así, por ejemplo, los pueblos indígenas Kogui, Kankuamo, Arhuaco, Wiwa, Embera, Mokaná, Muisca, Zenú, Misak, Nasa, Wayuú, Unuma, Awá, Bari, Bakori y Pijao marcharon y se concentraron, convocados por la ONIC o por sus autoridades propias en municipios de Antioquia, Cundinamarca, Casanare, Atlántico, Caquetá, Cauca, La Guajira, Cesar, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Valle del Cauca, Tolima y Amazonas. Sus demandas centrales fueron el freno al asesinato de indígenas, el cumplimiento de los acuerdos con la Minga y del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, denunciaron también el desplazamiento de la comunidad Embera de Dochama, exigieron la protección del agua y la biodiversidad y con esto denunciaron la afectación de sus territorios por el modelo de desarrollo extractivista. Éste fue particularmente el motivo central de la movilización de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada en Valledupar: “Salvemos el corazón del mundo” pues los megaproyectos, la explotación turística y minería amenazan a su territorio.
El pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero realizó igualmente grandes movilizaciones en San Andrés, Quibdó, Buenaventura, Bogotá y Pereira contra el “genocidio estadístico” del DANE, pues en el último censo la población afrodescendiente es mucho menor a la del censo anterior y esto se debe a la falta de una perspectiva étnica en la formulación del cuestionario y la recopilación de la información. También exigieron el cumplimiento de los acuerdos de los Paros Cívicos de Buenaventura y Quibdó mientras denunciaron el asesinato de líderes y lideresas sociales. Es importante resaltar que en la marcha del 21N en Bogotá, los pueblos étnicos decidieron salir en bloque: indígenas, afros y gitanos se unieron para exigir su reconocimiento y autodeterminación.
Se ha hablado mucho sobre la representatividad del campesinado en el Comité de Paro y sobre si demandas urbanas como el “paquetazo” de Duque interesan a las poblaciones rurales. La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas convocó a la movilización para exigir el cumplimiento de acuerdos que dieron fin a movilizaciones anteriores y el reconocimiento de los derechos campesinos. En ciudades como Pasto, la participación campesina fue también una forma de respaldo del mundo rural a las luchas urbanas.
Otras marchas dieron cuenta específicamente de problemas locales, principalmente de carácter urbano en poblaciones intermedias. En Popayán los marchantes denunciaron que esta ciudad tiene la tarifa de servicios públicos más alta del país; en El Carmen del Viboral (Antioquia) se rechazó la formación del Área Metropolitana del Oriente; en Soacha al grito de “Soacha está viva” se recordaron las luchas contra doña Juana, los POT y la difícil situación de garantía de derechos humanos en el municipio, para no hablar de las carencias de transporte público. Y en ciudades como Bucaramanga, Neiva e Ibagué los movimientos cívicos y ambientalistas que han rechazado la minería, los megaproyectos y otras formas de explotación del territorio, no dejaron pasar la oportunidad para defender una vez más el medio ambiente.
Finalmente es importante resaltar el protagonismo que los movimientos y organizaciones de mujeres tuvieron en subregiones como Montes de María y en el municipio de San Vicente del Caguán, donde las luchas por los derechos de las mujeres rurales y urbanas, entre ellos el derecho a una vida libre de violencias, lideraron la convocatoria. En Medellín, el recientemente creado Movimiento Político Estamos Listas también convocó a un Paro de carácter feminista. Esta actividad no quiere decir que solo allí se hicieron visibles las mujeres; por el contrario en muchas marchas fueron el rostro mayoritario de las multitudes.
Conclusión
Lo que este artículo ha mostrado es el desborde de las peticiones proclamadas por la gente en las marchas del 21N y días siguientes. Aun teniendo en cuenta la ampliación del pliego, las movilizaciones han rebasado por mucho a las organizaciones sociales y políticas que convocaron el paro ¿Qué hay detrás de este desborde? No hay duda de que los efectos de décadas de neoliberalismo juegan un papel significativo; Colombia es el tercer país más desigual del mundo, solo superado por Haití y Angola, y según la Ocde se requieren 11 generaciones para que un niño nacido en la pobreza alcance un ingreso medio8“El estudio, que se extendió por cuatro años e incluyó a más de 20 países en distintas partes del mundo, señala que la movilidad social se estancó y la desigualdad aumentó en la última década. Entre sus conclusiones, el informe establece que para salir de la pobreza un niño tendrá que esperar 2 generaciones en Dinamarca, 3 en Finlandia y 5 en Estados Unidos. En América Latina, deberá esperar 6 generaciones en Chile y 9 en Argentina. En Brasil serán 9 y 11 en Colombia.” BBC News Mundo, 2 de agosto de 2018. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45022393. También, coyunturalmente, hay factores económicos que inciden en el descontento, como el aumento del desempleo a 10,2%.9“El DANE informó que la tasa de desempleo en Colombia aumentó a 10,2% en septiembre de este año, frente al 9.5% registrado en el noveno mes del año pasado.” Dataifx, 31 de octubre de 2019. Recuperado de: https://www.dataifx.com/noticias/sube-desempleo-en-el-total-nacional-pero-cae-en-las-principales-ciudades-durante-septiembre La persistencia del modelo extractivista y depredador del medio ambiente y de las poblaciones que lo sufren, es otro motivo de disputa desde hace años y se expresó también en los reclamos del 21N. Sin embargo, la situación socio-económica oprobiosa no es una novedad y en cualquier caso no permitiría explicar mecánicamente el surgimiento de unas movilizaciones de esta magnitud.
También se aducen razones como una crisis temprana del régimen político derivada no tanto de la inexperiencia de Duque para gobernar, sino por estar sometido al mandato del jefe de su partido, Álvaro Uribe Vélez. La ausencia de pactos con los partidos de centro-derecha limita su capacidad de maniobra en el congreso y con las cortes tampoco ha tenido un acercamiento armonioso. Esto no es sino la expresión en Colombia del desgaste de la democracia parlamentaria y la recuperación de las calles como espacios de participación ciudadana.
Otra interpretación posible es que dichos factores económicos, políticos y sociales se han articulado con la transición que implicó en fin de la guerra con las Farc. Los años de negociación y de implementación, a pesar de las dificultades, transformaron la agenda política del país y han permitido no solo que se le pierda miedo a la violencia en las calles sino que emerjan con mayor ímpetu demandas sociales postergadas. En este contexto, realidades como el retorno del uribismo, la persistencia y agudización de la violencia contra lideres sociales y la renuncia a la implementación integral del acuerdo de paz y la precaria negociación con varios actores sociales, solo profundizan el malestar de una parte considerable de la sociedad colombiana, pues son hechos que no se sintonizan con las expectativas generadas con la transición política.
En todo caso parece que más allá de los motivos plasmados en las pancartas o los consignados en los pliegos formales de petición, hay una multiplicidad de demandas que no van a poder ser negociadas, no tanto por su amplitud, sino porque apuntan a modificaciones fundamentales del modelo de desarrollo y de democracia colombianos. En eso nos acercamos a las movilizaciones recientes de países vecinos, especialmente en Ecuador, Chile y Bolivia, como decíamos al inicio. No decimos que las multitudes colombianas sean de izquierda o que estén por una forma de socialismo, pero que ciertamente los variopintos motivos de la movilización nos llevan a un horizonte muy amplio de expectativas, como tal vez no se había visto desde finales del siglo XX y comienzos del XXI. Seguramente muchas de esas demandas van a seguir sin ser satisfechas, al menos en lo que resta de este gobierno, pero algo que se ha logrado es perderle el miedo a protestar en las calles y seguramente lo ocurrido en estos días se va a reproducir en el futuro, y de pronto con creces. De modo que sería bueno que el gobierno comenzara a escuchar este masivo clamor popular y sobre todo que comprenda la necesidad de negociar y de cumplir lo pactado.
Fotos del artículo: Martha Cecilia García.
Profesor Titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, e investigador asociado del Cinep. Licenciado en Historia con maestría en economía por la Universidad Javeriana y Ph. D. en Historia por la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) en Stony Brook (USA). Especialista en la historia social contemporánea de Colombia y América Latina, y en temas historiográficos. Dentro de sus publicaciones se destacan: Cultura e identidad obrera: Colombia 1910-1945 (1991), Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990 (2003) –obra que obtuvo en 2004 el Premio Nacional en Ciencias Sociales.
Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo de Movimientos Sociales. Socióloga y magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Temas de interés: movilización social, procesos de urbanización, extractivismos, memorias.
Investigador del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Movimientos sociales, área Territorio, interculturalidad y movilización. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, y magister en Estudios Laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa (México). Temas de interés: Sociología del trabajo, acción colectiva de trabajadoras y trabajadores no clásicos y estrategias de control de las subjetividades laborales en el capitalismo contemporáneo.
Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Movimientos Sociales. Historiadora y magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en Geografía Humana del Colegio de Michoacán. Temas de Interés: movilización social, territorialidades, mujeres rurales, identidades y memoria.
