Regiones

Amazonía: riesgos y amenazas

EDICIÓN 97 OCT-DIC 2019

La región de la Amazonía es un territorio que cubre nueve países: Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Brasil y Colombia. Allí habitan por lo menos 380 pueblos indígenas, además de otros diversos pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario y en contacto inicial1Sobre los términos “Pueblos indígenas en estado de aislamiento voluntario y contacto inicial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica: “Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos sostenidos con la población mayoritaria no indígena, y que suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su pueblo. También pueden ser pueblos o segmentos de pueblos previamente contactados y que, tras un contacto intermitente con las sociedades no indígenas han vuelto a una situación de aislamiento, y rompen las relaciones de contacto que pudieran tener con dichas sociedades”. “Los pueblos indígenas en situación de contacto inicial son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que mantienen un contacto intermitente o esporádico con la población mayoritaria no indígena, por lo general referido a aquellos que han iniciado un proceso de contacto recientemente. No obstante, se advierte que “inicial” no debe entenderse necesariamente como un término temporal, sino como una referencia al poco grado de contacto e interacción con la sociedad mayoritaria no indígena. Los pueblos indígenas en contacto inicial anteriormente fueron pueblos en aislamiento voluntario, que por alguna razón, voluntaria o no, entraron en contacto con miembros de la población envolvente, y aunque mantienen un cierto nivel de contacto, no conocen plenamente ni comparten los patrones y códigos de interrelación social de la población mayoritaria”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas: Recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos / [Preparado por la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos], 2013.. La riqueza en términos culturales y ambientales de este territorio es un factor determinante cuando se habla de sus potencialidades y es, a su vez, un elemento relacionado con amenazas y riesgos.

“La diversidad de conflictos que tienen lugar en la Amazonía no es nueva. Estos sucesos se relacionan actualmente con situaciones que afectan a los pueblos que habitan este territorio; lo que además lleva a realizar un análisis desde una perspectiva histórica de mediana duración.”

La diversidad de conflictos que tienen lugar en la Amazonía no es nueva. Estos sucesos se relacionan actualmente con situaciones que afectan a los pueblos que habitan este territorio; lo que además lleva a realizar un análisis desde una perspectiva histórica de mediana duración. Es por esto, que en este artículo se abordarán algunos elementos contextuales que hacen que hoy en día sea necesario reflexionar acerca del quehacer de diversos actores en la Amazonía, derivado de la necesidad de posicionar el tema en las agendas políticas y a su vez, proponer análisis respecto a las amenazas y retos a las que se enfrenta.

Históricamente la Amazonía ha sido un espacio de disputa entre diversos actores, ya que múltiples conflictos se han desarrollado en este territorio: la colonización, la minería, el narcotráfico y la educación de tipo convencional, entre otros. El no reconocimiento de las epistemologías propias de los pueblos indígenas, por ejemplo, es un factor que hasta hoy en día ha sido generador de violencias silenciosas y simbólicas. La tensión entre un modelo de desarrollo impuesto desde la centralidad, exógeno y asociado al libre mercado, y la explotación de recursos naturales, con formas y visiones de vida y del territorio propias de los pueblos indígenas que allí tienen presencia generan la imposibilidad de consolidar proyectos territoriales que reconozcan y privilegien a quienes allí habitan.

Las políticas institucionales promovidas desde los Estados nación se han enfocado en pensarse esta región como una zona periférica y frontera de extracción de recursos y expansión territorial; es así que las miradas centralistas, externas y ajenas, construidas desde las grandes ciudades, no responden ni a los intereses, ni a las necesidades ni a las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Recientemente, debido a los hechos sucedidos con los incendios en la Amazonía brasileña y boliviana, la sociedad se ha vuelto a cuestionar acerca de las políticas nacionales respecto al manejo ambiental, del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de la apertura que se da a la presencia de empresas mineras y aquellas extractivas de madera, y de ganaderos como en los casos de Brasil, Ecuador y Colombia.

Las propuestas que Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, presentó durante su camino a la candidatura presidencial favorecían a ganaderos y agricultores, retomaban el discurso ‘civilizador’ hacia los pueblos indígenas y apostaban por una ‘integración’ territorial. En los discursos de campaña de Bolsonaro, su postura anti ambientalista quedó en evidencia con ideas como que “Brasil saldría del Acuerdo de París” (lo que finalmente no sucedió); situación que puso en jaque la apuesta regional-territorial del Corredor Triple A (Andes-Amazonía-Atlántico2Este corredor Andes – Amazonía – Atlántico es una iniciativa impulsada por la Fundación Gaia Amazonas que busca generar conectividad ecosistémica entre los diferentes entornos naturales de la cuenca al norte del Río Amazonas, incluyendo a los países que la componen. La iniciativa propone el trabajo conjunto entre los pueblos indígenas, las poblaciones locales, los gobiernos nacionales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil y los sectores productivos para generar acciones de conservación y cuidado de los servicios ecosistémicos, como alternativa de mitigación del cambio climático; todas estas acciones articuladas a procesos sociales culturales y económicos que propendan por el respeto y la valoración de la diversidad cultural y biológica. La propuesta se enmarca en los diversos acuerdos entre los países, tales como aquellos alcanzados en la COP 21 (París 2015), los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y el plan estratégico para la diversidad biológica (metas AICHI), y busca potenciar la conectividad ecosistémica, territorial y cultural de áreas que en los últimos años se han venido consolidando como territorios indígenas y/o como áreas protegidas.) (Semana, 2019).

Otros aspectos vinculados a la transformación institucional brasileña han sido determinantes respecto al manejo de este territorio: “acabar con las secretarías de Cambio Climático, trasladar el Servicio Forestal Brasileño del Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Agricultura, terminar con la Agencia Nacional del Agua, desmantelar los organismos de protección a los pueblos indígenas y extinguir las unidades de conservación” (Semana, 2019). Estos son detonantes de tensiones internacionales, de violaciones a los derechos humanos hacia los pueblos indígenas y de riesgos en términos ambientales.

En el caso de Ecuador, con el gobierno de Rafael Correa y su política de desarrollo en alianza con las empresas chinas, la Amazonía ecuatoriana se enfrentó a nuevos retos, particularmente las localidades de cantones San Juan Bosco y Limón Indanza de la provincia de Morona Santiago, territorios con presencia de pueblos indígenas como el Shuar Arutam3La explotación de yacimientos mineros por diversas empresas, entre ellas Explorcobres S.A (EXSA) que pertenece a la compañía china CRCC Tongguan Investment CO, asociada a la extracción de cobre abarca un permiso de exploración de 41.000 hectáreas.. “La conflictividad tomó un giro drástico el 11 de agosto de 2016, ya que por pedido de la empresa se procedió a desalojar a una de las comunidades Shuar”, comenta Carlos Mazabanda de Amazon Watch a Mongabay Latam (Paz, 2018).

Las diversas vulneraciones a la integridad organizativa del pueblo Shuar, además de las violaciones a los derechos humanos son un elemento de suma preocupación, pues si bien se han llevado a cabo diversos informes4En informes como el de la Repam: Informe regional de vulneración de derechos humanos en la Panamazonía, tejiendo redes de resistencia y lucha en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia; o el informe de Evaluación de las obligaciones extraterritoriales de la República Popular de China desde la sociedad civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. que ponen en cuestionamiento el accionar de  estas empresas y su articulación con las fuerzas militares y policiales, no se han tomado decisiones adicionales respecto al rol de este tipo de empresas (COICA, 2018).

Este ejemplo sumado a la presencia de monocultivos vinculados a la deforestación en Brasil como la soya, ponen en entredicho nuevamente el rol de países que deberían proteger este bioma5“El 15 % del bioma amazónico tiene concesiones mineras y contratos para la extracción de petróleo y gas, y las áreas protegidas no son la excepción: más de 800 concesiones mineras se han otorgado en estas zonas y alrededor de 6. 800 solicitudes están pendientes para su aprobación. De acuerdo con el informe, después de analizar 439 áreas protegidas se encontró que más de la mitad se solapa parcial o totalmente con concesiones mineras, y los contratos en estas zonas podrían afectar 24 millones de hectáreas” (WWF, s.f). A esto se suman las dudas sobre los objetivos de reducción respecto a las tasas de deforestación y la posibilidad efectiva de promover políticas regionales de integración, que garanticen la protección del territorio y el ejercicio autónomo de las autoridades indígenas que allí tienen presencia.

En el caso de Colombia, desde el 2017 se cuenta con una política oficial de cambio climático que comprende cinco líneas estratégicas para el desarrollo rural, urbano, minero energético, de infraestructura y de manejo y conservación de ecosistemas, mediante las cuales se busca avanzar en la adaptación al cambio climático y en la gestión de acciones de mitigación (política nacional baja en carbono). El reciente desarrollo legislativo en la materia incluye el impuesto al carbono (Ley 1819/2016) y su mecanismo de no-causación (Decreto 926 de 2017); la ratificación del Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017); la Ley de cambio climático (Ley 1931 de 2018), y la reciente plataforma de registro nacional de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (RENARE, Resolución 1447 de 2018). Este conjunto de políticas y normatividad ha generado una nueva institucionalidad, así como instrumentos y sistemas de información fundamentales para la gestión y la toma de decisiones sobre el cambio climático.

“A pesar de este importante desarrollo normativo y de políticas públicas, no hay que olvidar que la Amazonía colombiana durante varios años estuvo desprotegida y sumida en el desconocimiento de las implicaciones de mecanismos internacionales de mitigación de cambio climático como REDD.”

A pesar de este importante desarrollo normativo y de políticas públicas, no hay que olvidar que la Amazonía colombiana durante varios años estuvo desprotegida y sumida en el desconocimiento de las implicaciones de mecanismos internacionales de mitigación de cambio climático como REDD+(Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques más conservación, aumento de las reservas de carbono y manejo sostenible de los bosques), lo que generó que los llamados carbon cowboys —empresas que entraron a la Amazonía a negociar de manera temprana bonos de carbono— se aprovecharan de las comunidades haciendo tratos inequitativos sobre sus bosques y firmando documentos con las autoridades indígenas, los cuales resultaban siendo ilegales y asimétricos. Esta situación ha sido denunciada en varias ocasiones por el movimiento indígena, tanto de manera oficial ante los Ministerios de Ambiente y del Interior, como en los espacios de diálogo con el Gobierno –Mesa Regional Amazónica  (MRA) y Mesa Indígena Amazónica Ambiental y de Cambio Climático – (MIAACC)–.

Frente al mecanismo internacional REDD+ los pueblos indígenas amazónicos reconocen tanto oportunidades como riesgos. En cuanto a las primeras, estos pueblos identifican la posibilidad de utilizar los recursos provenientes de iniciativas REDD+ dentro de sus prioridades en los planes de vida, aprovechar la contribución que el mecanismo puede brindar en términos de la consolidación de los territorios indígenas y en el fortalecimiento de sus gobiernos propios; así como la protección de la biodiversidad y de los medios de subsistencia indígenas, y la ventana de oportunidad para lograr políticas públicas que beneficien a los pueblos indígenas.

“Algunos de estos riesgos reconocidos por los pueblos indígenas giran en torno a la pérdida de autonomía; la invisibilización de la identidad y la pérdida de prácticas tradicionales; los conflictos internos que se pueden generar a partir de una incorrecta distribución de beneficios o de toma de decisiones.”

Sin embargo, se han identificado también algunos riesgos que, como se mencionó, ya se han cristalizado con la entrada de empresas de carbono en el territorio. Algunos de estos riesgos reconocidos por los pueblos indígenas giran en torno a la pérdida de autonomía; la invisibilización de la identidad y la pérdida de prácticas tradicionales; los conflictos internos que se pueden generar a partir de una incorrecta distribución de beneficios o de toma de decisiones; la falta de capacidad técnica y financiera de las organizaciones indígenas para manejar estos proyectos (lo cual puede generar intermediaciones no provechosas para los pueblos) y la presión de grupos armados por la entrada de recursos económicos, entre otros.

Conclusiones

Hoy más que nunca existe la necesidad de que diversos sectores sociales, actores internacionales, gobiernos e iglesias repiensen sus acciones y el modo en el que han tenido presencia históricamente en la Amazonía, con la conciencia de los múltiples retos y las diversas formas de actuar necesarias para proteger este territorio. Ejemplo de esto han sido las apuestas de diálogo entre países en torno a estas temáticas, y el reciente Sínodo de la Amazonía enfocado no solo a repensarse el lugar de la Iglesia, sino a su vez, a generar una consciencia ecológica y ambiental respecto al cuidado de lo que se puede llamar ‘la casa común’. Los diversos actores que tienen presencia en el territorio deberían unir esfuerzos para garantizar la protección ambiental, socio-cultural y territorial de esta región. La presencia de organizaciones no gubernamentales y de la Iglesia católica resulta esencial en función de pensarse nuevos estamentos, para promover la participación de estas, y su articulación con los pueblos indígenas.

La nueva perspectiva propuesta por el Papa Francisco, por ejemplo, es un comienzo en términos de cómo se propone una relación mucho más horizontal e incluyente, que parte del reconocimiento del otro como igual. En este sentido, es fundamental también que los gobiernos de turno posibiliten la consolidación de políticas estatales que promuevan la preservación y conservación del bioma, y potencien la gobernanza de los pueblos que allí tienen presencia y a las organizaciones que los representan (como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) o la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COIACA), etc.).


Historiadora con énfasis en historia política y económica y politóloga con énfasis en resolución de conflictos, Magistra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana. Dentro de sus temas de interés se encuentran: la historia política y social, la investigación para la paz y los estudios sociales de la memoria. Investigadora Cinep/Programa por la Paz, Equipo Iniciativas de Paz.

Antropóloga Social con experiencia en Antropología Aplicada y pueblos indígenas.